La historia de niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado en Chile, a través del Servicio Nacional de Menores (Sename) y ahora Mejor Niñez, ha sido marcada por una profunda crisis de vulneración de derechos, que incluye desde el abandono post-egreso hasta graves casos de abuso sexual y violencia.
La experiencia de Catalina: un "salto al vacío" tras el egreso
Catalina Farías, una joven que pasó gran parte de su niñez y adolescencia en dispositivos del Sename desde los tres años, relata una experiencia que pone de manifiesto las deficiencias del sistema. Tras vivir en la Protectora de la Infancia y luego con una familia de acogida entre los 9 y 11 años, donde sintió preocupación por sus estudios y necesidades, su situación cambió drásticamente al cumplir 18 años.
Falta de apoyo y conocimiento de derechos al egresar
Cuando Catalina cumplió la mayoría de edad en una residencia de María Ayuda, se le celebró su cumpleaños y, acto seguido, se quedó sin ninguna ayuda estatal. Según ella, "nadie les dice con claridad cuáles son sus derechos, como que si están estudiando, el Estado debe continuar protegiéndolos hasta los 24 años". Ella no conocía esta obligación estatal, nadie se la explicó, y aunque el ambiente en una residencia de menores no era ideal para una joven universitaria, se sintió desamparada. Al egresarla, la dejaron en una casa de acogida en La Pintana, sin ningún acompañamiento post-egreso ni preocupación por sus estudios o manutención. Esta vivencia la llevó a sentir "mucha rabia", pues aunque reconoce que el problema de base son las familias, es responsabilidad del Estado hacerse cargo de los menores bajo su tutela.
Abuso sexual y vulneración de niñas en residencias
Catalina destaca una problemática alarmante: la hipersexualización y el abuso sexual en las residencias. "Lamentablemente, el tema sexual se ve mucho en las residencias. Niñas de 6, de 7 años están hablando de eso todo el tiempo. Hiper sexualizadas". Afirma que muchas niñas llegan a las residencias precisamente por abuso sexual reiterado, y lo peor es que "lo ven como si fuera normal, que no se sientan ni se perciban a sí mismas como víctimas". Esta situación se agrava por la falta de educación, charlas y talleres que les permitan salir de ese círculo. Según Catalina, el país está "muy atrasado en la persecución de estos delitos", y el daño para estas niñas es "para toda la vida", incrementado por la ausencia de acompañamiento y asistencia especializada.
Activismo y visión crítica del sistema
Motivada por su propia historia y el deseo de generar cambios, Catalina se ha convertido en activista por las mujeres, las niñas y la infancia vulnerada. Critica la "falta de priorización que se da a la infancia" y la "carencia de un acompañamiento profesional serio y dedicado, con permanencia en el tiempo para los niños y jóvenes en residencias". Sugiere que la atención debe ser "dedicada, centrada en cada niño". Hoy, como controladora de tráfico aéreo en formación, dedica su tiempo a sus estudios, a la Red Egresa, y a la Fundación Pléyades, acompañando a niños vulnerados. Su experiencia en Red Egresa, una fundación creada por jóvenes ex Sename, demuestra que el apoyo entre pares es fundamental para los que "saltan sin paracaídas" a la vida independiente.
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Casos emblemáticos de violencia y negligencia en el Sename
La crisis del Sename se ha hecho visible a través de numerosos casos, muchos de ellos relacionados con violencia, abuso y negligencia que han llevado a muertes y a un cuestionamiento profundo del rol del Estado.
El caso de "J": Un laberinto de violencia y desamparo
La historia de "J", un joven que vivió en las calles desde los 11 años con breves retornos a su hogar materno y pasó por programas del Sename, ilustra la extrema vulnerabilidad de estos niños. A lo largo de siete años, ningún organismo logró sacarlo del "laberinto violento" de su vida. Su historial judicial revela su implicación en delitos durante las protestas del estallido social, incluyendo saqueo e incendio. Durante su internación provisoria en el CIP de Antofagasta, "J" sufrió golpizas, vejámenes sexuales, lesiones cortopunzantes, sobremedicación psiquiátrica, ideación suicida y lesiones autoinferidas. Los informes internos advertían de ideas suicidas desde su llegada en octubre de 2020, pero no fueron tomados en serio.
- Intentos de suicidio: El 9 de noviembre de 2020, "J" intentó ahorcarse.
- Agresiones constantes: Sufrió golpizas por parte de compañeros, fue hostigado y orinado en su cama y cuerpo.
- Automutilaciones: Se cortó los brazos, mordió sus dedos hasta sangrar, y se hizo cortes profundos con un tubo fluorescente.
- Consumo de sustancias: Bebió alcohol gel con Coca Cola para embriagarse y robó medicamentos psiquiátricos.
A pesar de las repetidas agresiones y autolesiones, y las denuncias a la Fiscalía, la situación de "J" no mejoró significativamente. El 29 de julio, un psiquiatra del CIP emitió un informe solicitando su traslado por "riesgo vital".
El caso de "R": Víctima de la violencia estatal y la justicia
"R", otro adolescente internado en el CIP del Sename por delitos durante las protestas, sufrió el impacto de la violencia estatal antes de su internación. A los 14 años, recibió tres perdigones de Carabineros, uno en la ingle, otro en la cara y el tercero en el ojo derecho. Posteriormente, fue condenado a 3 años en libertad asistida especial por su participación en la quema de las puertas de la catedral de Antofagasta. Al igual que otros adolescentes en el Sename, fue medicado con psicofármacos.
"A" y "C": Deterioro de la salud mental y condiciones de internación
"A", un joven que cursaba cuarto medio sin antecedentes penales ni consumo de drogas, desarrolló una depresión profunda durante su internación provisoria en el CIP. Su estado de salud mental se deterioró "producto de los efectos de la prisionización", llevando al psiquiatra a elevar su dosis diaria de psicofármacos. "C", otro joven de 16 años, también recibía una alta medicación psiquiátrica. Su defensa solicitó un permiso para pasar las noches de Navidad y Año Nuevo con su familia, pero fue rechazado. Un sacerdote lo encontró "esposado y amarrado con unas cadenas a la cama", en presencia de gendarmes.
Guillermina: Suicidio y la invisibilidad de las muertes en el Sename
La trágica muerte de Guillermina, de 16 años, en agosto de 2012, es otro ejemplo de la crisis. Tras resistirse violentamente al reingreso en el Centro de Protección Alborada del Sename, fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después. A pesar de un historial de intentos de suicidio y su estado al momento de llegar (a medio vestir y con dinero), no fue llevada a un hospital para estabilizarla o realizarle un chequeo, contraviniendo todo protocolo internacional. La querella de su familia no prosperó, y su muerte se sumó a la "larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama 'egresos' de su sistema".
El caos estadístico y la sobremedicación
La falta de transparencia y la inconsistencia en las cifras de menores fallecidos bajo la tutela del Estado han sido un problema recurrente.
Cifras contradictorias y falta de claridad
Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces el reportado. BBC Mundo, analizando anuarios oficiales, encontró 318 fallecimientos entre 2010 y 2014, lo que, sumado a la lista de Justicia, arrojaría un total de 395. La falta de fiabilidad de estas cifras es reconocida incluso por quienes las publican. El diputado René Saffirio critica que "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Sobremedicación y falta de personal especializado
La sobremedicación de los menores es una práctica extendida. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que la niña estaba sobremedicada con fármacos que, en la dosis administrada, actuaban como antipsicóticos y podían generar efectos adversos. Francisco Estrada, abogado experto en infancia, señala la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos en los centros, donde el stock está en cualquier parte y la dosificación es problemática. El senador Alejandro Navarro afirmó que "El 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado". Además, Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, sin camas para hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil.
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El Factor "Lissette" y la investigación de la PDI
La muerte de Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y detonó una serie de investigaciones que revelaron la brutalidad de la situación en el Sename.
La muerte de Lissette y la falta de protocolos
Lissette, de 11 años, pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename. Con antecedentes de maltrato físico, psicológico, abuso sexual y abandono, falleció en el Centro Galvarino. Las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos, no lograron contener su crisis. La entonces directora del Sename atribuyó su muerte a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto. Este caso puso en evidencia la ausencia de "protocolos ni normas de primer nivel" en la institución, sin un sistema de acreditación ni normativas con altos estándares.
Informe demoledor de la PDI: Violaciones sistemáticas de derechos
En 2017, un lapidario informe de la PDI, que investigó 240 hogares de menores a petición del fiscal Marcos Emilfork, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. El informe, de 257 páginas, reveló 2.071 abusos, 310 de ellos de connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. A pesar de haber sido entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, el informe no se hizo público en su momento. La PDI constató que la "violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename".
Hallazgos clave del informe de la PDI:
Vulneraciones graves: 2.071 casos, desglosados en 432 maltratos por adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por familiares dentro de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
Maltrato adulto: Gran parte en Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), y también en los CREAD y hogares de organismos colaboradores.
Abusos sexuales: 310 en total, con 123 cometidos por adultos (mayormente en hogares de organismos colaboradores) y 187 por otros menores (la mayoría en residencias para adolescentes).
Fallos en protocolos: El 44.5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. El 72.9% carece de protocolo ante conductas suicidas, y el 76.7% no tiene protocolo para sujeción y contención física.
Fiscalización deficiente: Aunque el 98.3% de los centros recibe fiscalización periódica, estas son mayormente coordinadas previamente. Tribunales de familia también fallan en visitar los centros cada seis meses.
Salud mental: El 37.3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica. Un 42% de los centros no tiene un encargado de salud, y en muchos, esta función es ejercida por personal no calificado.
Administración de fármacos: En el 66.3% de los centros, los fármacos son administrados por educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud.
Condiciones estructurales: El 93.8% de los centros no cuenta con las condiciones estructurales para el cuidado de residentes con perfil clínico o casos complejos.
El informe policial es categórico al afirmar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
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Conclusiones y llamados a la acción
La crisis del Sename, que ha motivado informes de la ONU, la PDI, el Informe Jeldres y diversas comisiones investigadoras, destaca la urgente necesidad de reformas estructurales y un cambio de enfoque en la protección de la infancia vulnerada en Chile.
Responsabilidad estatal y necesidad de reparación
El Comité de los Derechos del Niño, en 2018, afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, recomendando mecanismos de reparación y un plan de acción. La Defensoría de la Niñez, en 2020, solicitó la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, sin obtener respuesta. La impunidad de los abusadores y la falta de una política integral de infancia, donde las víctimas a menudo se convierten en victimarios, son problemas centrales.
Soluciones propuestas: Un enfoque integral
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:
Unidades polivalentes: Con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje también con las familias, sin aislarlas.
Reintegración familiar: El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el ciclo de maltrato a través de herramientas y acompañamiento.
Defensa jurídica adecuada: Niños con derechos vulnerados requieren una defensa que vele por el cumplimiento de su trabajo por parte de todos los actores del proceso.
La exsecretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz, destaca que la falta de recursos y la estigmatización de la pobreza hacen que los niños del Sename sean "los más pobres de los pobres", sin voz ni voto. A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transicionar a un nuevo servicio, con la esperanza de implementarlo antes de 2019, aunque reconoce que "los niños no pueden esperar".