La muerte de Lissette Villa Poblete, una niña de 11 años que falleció en abril de 2016 en el hogar Galvarino del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Estación Central, desató una profunda crisis y un intenso debate público en Chile sobre las condiciones de los centros de acogida y la protección de la infancia vulnerable. Su caso, inicialmente atribuido a un paro cardiogénico o arritmia, fue posteriormente esclarecido como asfixia por sofocación debido a la contención inapropiada por parte de sus cuidadoras. Esta tragedia puso de manifiesto graves falencias estructurales, negligencias y la necesidad urgente de reformas en el sistema de protección de menores del país.
Contexto de la Muerte de Lissette Villa
Lissette Villa falleció alrededor de las 20:00 horas del martes 12 de abril de 2016. Se encontraba en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, un inmueble dependiente del Sename. En el momento de su muerte, Lissette estaba a punto de cumplir 12 años, una edad que, según se le había dicho, implicaría su traslado a otro centro más "duro" en Pudahuel, lo que le generaba gran angustia.
Versiones iniciales y revelaciones posteriores
Inicialmente, la entonces directora del Sename, Marcela Labraña, en una conferencia de prensa, atribuyó la muerte de Lissette a los traumas de un abuso sexual familiar y a la angustia por la imposibilidad de que su madre la visitara. Sin embargo, el psiquiatra y especialista en neurociencias clínicas, Rodrigo Paz, contactado por el equipo que veía a la menor un mes antes de su deceso, fue enfático en asegurar que Lissette estaba sobremedicada y que la combinación de psicofármacos era peligrosa.
El informe final del Servicio Médico Legal (SML), tras ocho meses de investigación, desmintió estas versiones. La causa de su muerte fue "asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa". La investigación reveló que dos cuidadoras, Conne Fritz y Thiare Oyarce, sin capacitación ni conocimiento de protocolos, intentaron contener a Lissette durante una crisis inmovilizándola boca abajo en el suelo y subiéndose sobre ella, comprimiendo su tórax y abdomen, impidiendo su respiración. Las maniobras de reanimación posteriores fueron infructuosas. La autopsia también reveló lesiones faciales, atribuidas a los intentos desesperados de la niña por liberarse.
Se aplazó para para marzo la formalización por la muerte de Lissette Villa
Historia de vida de Lissette
Lissette llegó al Sename a los cinco años, tras haber sido víctima de maltrato verbal y físico por parte de su padre y negligencia materna, lo que le generó un comportamiento agresivo y autoagresiones. Su ficha médica incluía diagnósticos como trastorno de estrés postraumático complejo, trastorno del desarrollo de la personalidad y retardo mental leve. Entre mayo de 2013 y diciembre de 2015, Lissette fue atendida 17 veces en servicios de urgencia por "crisis emocional", "constatación de lesiones" y "depresión y trastorno de personalidad, auto y heteroagresión". El psiquiatra Rodrigo Paz la describió como "una bomba de tiempo" dadas sus delicadas condiciones de salud mental y física.
Responsabilidades y acciones legales
Imputación por apremios ilegítimos y tortura
El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, solicitó audiencia para formalizar a las cuidadoras Conne Fritz Castillo, Thiare Oyarce García, y a la directora del Cread Galvarino, Mónica Monje Lutjens, por el delito de apremios ilegítimos y tormentos con resultado de muerte. Esta fue la primera vez que el Ministerio Público invocó un delito que, bajo la nueva legislación, sería caratulado como tortura cometida por funcionarios del Sename contra niños bajo resguardo del Estado. Esta decisión marcó un antes y un después en la forma en que la fiscalía abordaría los casos de muertes y lesiones en los centros del Sename.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respaldó esta hipótesis, presentando querellas por apremios ilegítimos. El abogado del INDH, Luis Torres, explicó que la noción de "privación de libertad" del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplica a niños bajo custodia del Estado, incluso por medidas de protección, lo que encuadra el caso en el tipo penal de tortura. El INDH anunció la preparación de una decena de querellas adicionales en todo el país.
Renuncia de Marcela Labraña y otras responsabilidades políticas
Producto de sus declaraciones iniciales sobre la muerte de Lissette y la creciente presión pública, Marcela Labraña presentó su renuncia a la dirección del Sename el 22 de abril, ocho días después del fallecimiento de la niña. Actualmente, la dirección del servicio está bajo la tutela de Solange Huerta. Sin embargo, la investigación también apuntó a las más altas autoridades de la institución. En las semanas posteriores, se barajó la posibilidad de citar nuevamente a Marcela Labraña, esta vez como imputada.
El debate público sobre las conclusiones de la segunda comisión investigadora del Sename en la Cámara de Diputados se centró en las responsabilidades políticas de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco; los ex directores del servicio, Marcela Labraña y Hugo Herrera; y la actual jefa del Sename, Solange Huerta. Expertos y funcionarios señalaron que el problema radicaba más profundamente en las prioridades del Sename para el destino de sus recursos.
Fallos estructurales y negligencias en el Sename
El caso Lissette Villa reveló una serie de deficiencias sistémicas y negligencias que históricamente han afectado al Sename. En 2012, un informe de la jueza de familia Mónica Jeldres ya había alertado sobre graves abusos a menores en los hogares. Solange Huerta, al asumir la dirección en medio de la crisis, reveló cifras escalofriantes: entre 2005 y 2016, 865 niños, niñas y adolescentes fallecieron bajo la tutela del Sename, sumando 1.313 muertes si se incluyen a mayores de 18 años.
Falta de capacitación y personal inadecuado
Una de las fallas más críticas identificadas fue la drástica reducción del presupuesto destinado a capacitación y formación de los funcionarios. El informe preliminar de la comisión del Sename II indicó una disminución del 399% en este ítem. Conne Fritz, asistente de contador, nunca había trabajado como educadora de trato directo, y Thiare Oyarce, sin título y sin contrato, llevaba cinco meses sin recibir formación en protocolos ni criterios para atender a menores en crisis.
Christopher Simpson, educador de trato directo en un centro de menores infractores de ley, expresó su temor ante la falta de capacitación, habiendo recibido solo un curso insuficiente en casi cinco años. Luis Ortúzar, director de un hogar, afirmó que su centro no había recibido capacitación central en al menos cinco años, afectando las competencias de los educadores. Matías Marchant, psicólogo, añadió que los bajos sueldos y los turnos irracionales llevan al agotamiento del personal, incidiendo directamente en la calidad de la atención.
Deficiente fiscalización y uso de recursos
La fiscalización de los centros y programas, tanto públicos como privados, fue señalada como insuficiente y laxa. El diputado Ramón Farías afirmó que la falta de presupuesto afectaba directamente las fiscalizaciones, las cuales se limitaban a un "checklist" cuantitativo (número de niños, extintores, camarotes), sin ahondar en la calidad de la intervención. De 751 programas, algunos fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años. La situación se agravaría con la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto de ese año.
Un funcionario del área de licitaciones del Sename reveló que grandes montos destinados a la atención de niños permanecían sin ejecutar, ya que los Organismos Colaboradores Acreditados del Sename (OCAS) "guardaban" los fondos por si se cerraba el programa, desaprovechando los recursos. La supervisión financiera histórica del servicio carecía de control sobre la "glosa" presupuestaria, lo que significaba que se pagaba por el total de niños teóricamente atendidos, incluso si en la práctica eran menos.
Luis Ortúzar, director de un hogar, defendió el rol de los OCAS, señalando que la subvención de $180 mil mensuales por niño era insuficiente para garantizar un buen cuidado, especialmente para mantener un equipo estable con profesionales cualificados.
Falta de infraestructura y condiciones precarias
La Contraloría también detectó graves retrasos en la elaboración de planes de intervención y una alarmante falta de infraestructura. Se observó que en algunos hogares los dormitorios eran ocupados por personas de distintos sexos de entre 4 y 21 años, y que los baños carecían de jabón, toallas y papel higiénico. Las condiciones de vida en muchos centros eran deplorables, con camas sucias, rotas y falta de atención médica y apoyo a las inquietudes de los menores.
El "protocolo de muerte" y la necesidad de un cambio
A raíz de la polémica por la muerte de Lissette, se creó por primera vez en el Sename un "protocolo de muerte", que establece instrucciones explícitas en casos de decesos de niños o jóvenes. Antes de este protocolo, las muertes eran registradas como un "egreso administrativo" sin detallar causas ni lugares. El nuevo protocolo exige la denuncia inmediata al Ministerio Público, la notificación al director nacional, y la certificación del deceso, incluyendo todos los fallecimientos, no solo aquellos que puedan constituir delitos.
La sociedad chilena ha sido interpelada por estas revelaciones, reconociendo una "ceguera" frente a los derechos vulnerados de los niños. La presidenta Michelle Bachelet anunció una inyección adicional de 3.7 millones de dólares en el presupuesto de 2016 para los hogares de menores y el despacho de dos proyectos de ley para reformar la institucionalidad a cargo de la infancia. Sin embargo, expertos como Anuar Quesille de Unicef Chile, señalaron que, a pesar de importantes avances en derechos infantiles, el Estado había "olvidado" a los niños más desfavorecidos bajo su cuidado, quienes no accedían plenamente a beneficios de salud, educación y apoyo.
La psicóloga María José Ortúzar criticó que, en lugar de reparar el daño, el Sename "vuelve a vulnerar" a los niños debido a la insuficiencia de recursos, la escasez de cuidadores capacitados y las bajas remuneraciones. Hizo hincapié en que prácticas como amarrar a niños con agitaciones psicomotoras a la cama persistían por la falta de tratamientos farmacológicos y vínculos de confianza.
Para el juez de familia Pedro Maldonado, el caso de Lissette Villa marcó un "antes y un después" en la protección de la infancia en Chile. La esperanza es que, aunque lamentable, su muerte haya removido la conciencia del país para generar cambios permanentes. La sociedad chilena enfrenta el desafío de implementar políticas de prevención del delito y la violencia, fortalecer programas familiares y asegurar que los hogares de acogida sean pequeños, de alto estándar y con profesionales adecuadamente capacitados para atender a niños en contextos difíciles.