La historia de la protección de la infancia en Chile ha estado marcada por décadas de vulneraciones sistemáticas, negligencias institucionales y una deuda histórica que el Estado aún intenta saldar. La transición desde el Servicio Nacional de Menores (Sename) hacia el nuevo sistema, Mejor Niñez, representa un desafío complejo frente a una realidad donde los derechos de niños, niñas y adolescentes han sido frecuentemente ignorados.
Crisis de la comisión de verdad y reparación
Recientemente, Soledad Larraín, Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner renunciaron a la instancia creada a fines de 2024 para esclarecer vulneraciones a niños bajo custodia del Estado. Esta comisión, impulsada por el entonces Presidente Gabriel Boric, tenía como objetivo reconstruir la verdad y proponer medidas de reparación. Sin embargo, la falta de respaldo institucional y el cuestionamiento directo hacia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat, precipitaron su salida.
En una carta pública, los renunciados sostuvieron que presentaron propuestas de ajuste presupuestario y antecedentes técnicos, advirtiendo que la comisión no puede ser tratada como una simple estructura administrativa. Según los especialistas, el debilitamiento de esta instancia compromete la respuesta del Estado ante una realidad innegable: en los centros de menores, los derechos humanos han sido violados reiteradamente.
La experiencia en el sistema residencial
La institucionalización ha sido el mecanismo predominante de protección desde 1758. No obstante, lejos de ser un entorno seguro, los centros a menudo funcionan bajo lógicas de segregación y violencia institucional. Un estudio de 2010 sobre la focalización de la atención infantil evidenció que el tiempo promedio de permanencia en residencias es de 2,7 años, transformando lo que debería ser una medida transitoria en una situación prolongada o permanente.
Testimonios: el peso del trauma
Relatos de quienes vivieron dentro del sistema, como Cheyenne Rezzio y Eva Viera, revelan un patrón de abusos, consumo forzado de psicofármacos y carencia de afecto. En muchos casos, las residencias operan como espacios de violencia institucional donde el castigo sustituye a la protección.
- Sobremedicación: La administración de fármacos sin supervisión adecuada se ha utilizado para controlar comportamientos, provocando graves riesgos para la salud física y mental de los menores.
- Ruptura de vínculos: Las condiciones de visita limitadas y la distancia geográfica impiden el mantenimiento de relaciones familiares, factor esencial para la reparación.
- Violencia entre pares: La falta de entornos terapéuticos provoca que la supervivencia se base en la adopción de conductas agresivas y defensivas.
"Institucionalización de niños, niñas y adolescentes."
Desafíos para el futuro y la reinserción
El tránsito hacia el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Mejor Niñez pone de manifiesto que el problema no se resuelve solo mediante la eficiencia técnica. Es necesario abandonar la "infantilización" de la infancia, reconociendo a los menores como sujetos plenos de derechos y no solo como usuarios de prestaciones.
| Aspecto | Problemática en el Sename | Desafío para el nuevo sistema |
|---|---|---|
| Salud Mental | Abuso de fármacos y negligencia. | Tratamiento basado en el trauma. |
| Vínculos | Separación forzada y prolongada. | Reintegración y apoyo familiar. |
| Estructura | Segregación y desconfianza. | Coordinación interinstitucional efectiva. |
La restitución de derechos requiere de un compromiso que trascienda la sustitución de un adulto por otro. La comunidad, las familias y las instituciones deben alinearse para que el niño sea reconocido más allá de sus antecedentes, rompiendo el estigma que históricamente ha condenado a miles de jóvenes en el país.