La institucionalización de niños, niñas y adolescentes en Chile bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido objeto de múltiples investigaciones que denuncian una crisis sistémica. El Estado de Chile ha fallado sistemáticamente en su deber de protección, revelando un escenario donde el maltrato, el abuso sexual y la negligencia se han convertido en dinámicas cotidianas.
El Informe de la PDI: Radiografía de la violencia
Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, realizada a petición del fiscal Marcos Emilfork, analizó 240 hogares de menores. Los hallazgos fueron lapidarios: en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 casos de vulneración de derechos. De estos, 310 correspondieron a abusos con connotación sexual.
Desglose de los abusos constatados
| Tipo de maltrato | Cantidad de casos |
|---|---|
| Maltrato por parte de adultos | 432 |
| Maltrato entre pares | 1.265 |
| Maltrato por familiares al interior | 53 |
| Abusos sexuales por adultos | 123 |
| Abusos sexuales entre menores | 187 |
El documento destaca que, en muchos centros, la vulneración de derechos se ha instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los establecimientos. Además, se detectó un alto nivel de desprotección médica: el 37,3% de los residentes padece enfermedades psiquiátricas, mientras que el 44,5% de los centros incumple los protocolos básicos de seguridad.
La muerte de Lissette Villa como detonante
El caso de la pequeña Lissette Villa, fallecida en abril de 2016 tras una crisis emocional en el Centro Galvarino, conmocionó al país y visibilizó la precariedad del sistema. La falta de protocolos, la sobremedicación -frecuentemente utilizada como método de control conductual- y la ausencia de personal capacitado en primeros auxilios transformaron una crisis prevenible en una tragedia nacional. Este evento dio pie a la investigación sobre las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016.
Fallo histórico según Fiscalía: Tribunal declaró culpable a cuidadoras de Lissette Villa
Institucionalización y vulneración persistente
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras una misión de observación que abarcó 171 centros, corroboró hallazgos similares. La violencia institucionalizada se manifiesta a través de castigos como el aislamiento, la privación de comida o la restricción de visitas familiares, medidas que los niños perciben con una frecuencia muy superior a la que declaran los funcionarios.
- Violencia entre pares: El 48% de los niños declaró haber recibido algún tipo de bullying de forma reiterada.
- Falla en la fiscalización: Gran parte de las supervisiones del Sename son coordinadas previamente, limitando la efectividad del control.
- Carencias educativas y afectivas: Muchos menores no cuentan con espacios de lectura, recreación o posibilidades de mantener vínculos significativos con sus familias.
Desafíos y responsabilidad compartida
El sistema enfrenta una paradoja: la institucionalización, nacida para proteger, termina siendo un contexto de revictimización. Según el 5° Informe de Política Pública de la Defensoría de la Niñez (2021-2023), la tasa de victimización en residencias sigue siendo significativamente alta. La resolución de esta crisis requiere un esfuerzo intersectorial que involucre a policías, gobiernos locales, servicios de salud y actores judiciales, dejando atrás el modelo de gestión que ha demostrado ser ineficaz durante décadas.