El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
La muerte de la pequeña Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
Contexto y actores involucrados
El diputado Rene Saffirio reveló la existencia del informe y señaló que es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan divulgado el documento en diciembre del año anterior. Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240, de un total de 241 residencias en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre: no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen?
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dio pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
Detalles de los hallazgos
La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, que comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
¿El objetivo de esa fuerza de tarea? El 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas). Solo una se negó a recibirlos.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños consttados por la PDI se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. En junio de 2018 la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename confeccionar un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores con alta complejidad médica y posible riesgo vital.
La apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, para que se adopten todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital. El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, 310 abusos con connotación sexual: 123 cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros) y 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial indica que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares presentaban casos de “deserciones del sistema”; si se excluyen lactantes y discapacitados, la cifra sube a 76,2%. El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. El equipo policial constató que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan.
La PDI señala que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es alta: 37,3% de los residentes; 14,2% presenta patología médica; 13,9% enfermedad crónica; 0,4% estado terminal o riesgo vital; 19,8% discapacidad. En 55 centros hay ausencia de un encargado de salud; en 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil; en 159 centros la administración de fármacos la realiza un educador sin formación en salud. Estos datos destacan fallas estructurales y de gestión.
Contexto histórico y reformas
El Sename fue creado en 1979 y ha estado en la mira por negligencias repetidas. Distintas reformas han sido anunciadas, pero las implementaciones han sido lentas o incompletas. El informe Jeldres (2012) señaló irregularidades y abusos sexuales, y dio lugar a múltiples investigaciones y discusiones sobre la necesidad de división y reforma del sistema. Tras la muerte de Lissette, la Defensoría de la Niñez y otros organismos exigieron verdad, justicia y reparación, proponiendo comisiones y mecanismos de reparación. En 2021 se debatió la creación de Mejor Niñez, y en 2023-2024 se avanzó hacia la creación de la Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que sustituyó parcialmente al Sename en su función de protección.
Los diagnósticos señalan que la precariedad del sistema ha llevado a una sobrecarga de centros, hacinamiento y falta de personal. Se han propuesto reformas para separar funciones entre protección y justicia juvenil, incrementar personal y recursos, y avanzar hacia una visión más integral de la infancia. Instituciones como UNICEF y la ONU destacaron la necesidad de un marco integral de protección de derechos, con atención médica, educativa y psicológica adecuada, y una verdadera participación de las familias y de la comunidad.
Bienestar y testimonios de la infancia
Un estudio sobre bienestar subjetivo en niños de residencias colaboradoras mostró que el 48% se declara poco o nada contento con vivir en la residencia y que el apoyo percibido del director es crucial para la satisfacción. Entre los hallazgos, se observó que tiempos de estancia prolongados se asocian a menor bienestar, y que la relación con adultos responsables es un factor determinante para la satisfacción general. Estos resultados subrayan la necesidad de una ley integral y de mayor especialización profesional para las residencias, así como la desvinculación del Sename del Ministerio de Justicia para evitar conflictos de intereses entre sistemas de protección y justicia juvenil.
Implicaciones estratégicas
La reparación de derechos vulnerados requiere de la familia cuando es posible, de las educadoras de trato directo, de profesionales y directivos, y de la comunidad. La protección infantil no puede limitarse a separar del entorno familiar sin buscar vínculos de apoyo y reintegración cuando sea posible. La institucionalidad debe avanzar hacia una protección integral que contemple necesidades materiales, afectivas, socioemocionales y educativas, y que trabaje de manera coordinada entre organismos estatales, entidades privadas y la sociedad civil.
En resumen, la evidencia recopilada muestra una violencia institucional sistémica que exige respuestas públicas efectivas, transparencia y una revisión profunda de las estructuras, recursos y prácticas que rigen la protección de la infancia en Chile.