Desde finales de 2015 se documentaron atroces irregularidades en una residencia para adultos mayores, el mismo año en que la fundación Agrupación Médica y Social Chile Ayuda (AMSCA) firmó un convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). En ese entonces, se alertó a la Dirección Nacional del SENAMA, a cargo de Rayén Inglés, sobre serias deficiencias en la alimentación de los ancianos, algunos en evidente estado de desnutrición y sin las sondas requeridas para alimentarse.
Una denuncia posterior, con registros fotográficos de tres ancianos residentes lesionados, implicó una supervisión urgente al hogar. Se verificó que, además de lo investigado, no existía un registro fidedigno de las fichas clínicas de los residentes ni de las personas fallecidas. En el período investigado (2015-2016), de un total de 82 adultos mayores, fallecieron 31 sin un mínimo de regulación por parte del servicio público. Mientras se vulneraba la dignidad y la vida de los ancianos, el jefe del programa que controla los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) era el actual Director del SENAMA, Rubén Valenzuela, y el recinto sumariado dependía de su control. A pesar de estar violando sistemáticamente el derecho de los abuelos -en la falta de higiene o al dejarlos bajo el cuidado de alumnos inexpertos en práctica-, el convenio firmado por un total de $517.448.676 se pagó en su totalidad.
Cronología de Alertas y la Demora en la Acción Institucional
La primera alerta llegó en agosto de 2015, apenas un mes después de que la Fundación AMSCA se hiciera cargo de uno de los hogares para adultos mayores más grandes del país, el Centro Cordillera en Puente Alto, con más de 80 residentes. El informe de supervisión del SENAMA advirtió que algo andaba mal: "Falta de insumos como, por ejemplo, medicamentos, pañales, materiales de enfermería". Desde entonces, mes a mes las alertas se repitieron y cada vez más duras. A pesar de ello, solo un año después el SENAMA puso fin a su relación con AMSCA.
El SENAMA solo actuó en febrero de 2016, cuando el marco de una puerta del hogar cayó sobre la cabeza de Margarita Lobos, de 83 años, provocándole la muerte. Tres meses más tarde, en mayo, el servicio puso fin al convenio y estampó una denuncia ante la Fiscalía de Puente Alto por la muerte de cinco ancianos durante la administración de AMSCA. Una investigación de CIPER reconstruyó la ruta de las advertencias que tuvo en sus manos la cúpula del SENAMA, recogiendo testimonios y documentos que evidencian que, a pesar de la gravedad de las alertas, la Dirección Nacional de ese servicio no solo no ordenó una respuesta inmediata, sino que le bajó el perfil a la situación.
La investigación de CIPER determinó que tanto el jefe de la División de Gestión y Coordinación Territorial, Rubén Valenzuela, como la entonces directora nacional, la socióloga Rayen Inglés, estaban informados desde el principio de las peligrosas falencias en la administración de la fundación. Valenzuela deslindó responsabilidades, afirmando que, a diferencia del resto de las entidades, la Fundación AMSCA se entendía directamente con la ex directora nacional, Rayen Inglés. Por su parte, Rayen Inglés afirmó que supo lo que ocurría en el hogar recién en diciembre de 2015, negó tajantemente haber brindado un trato preferente a la fundación y sostuvo no tener vínculos personales con directivos de AMSCA. Su versión difiere completamente de la de Rubén Valenzuela, generando la necesidad de solicitar al SENAMA oficios y correos electrónicos relacionados con el centro Cordillera para intentar aclarar quiénes estuvieron informados y qué medidas adoptaron. La coordinadora regional Metropolitana del SENAMA, Natalia Zúñiga, encendió una alerta importante en diciembre de 2015, enviando un oficio a la directora nacional informando de graves falencias e irregularidades.
CIPER preguntó a Rubén Valenzuela por qué la dirección del servicio no actuó con carácter de urgencia tras conocer la situación. Su respuesta fue concisa: "porque el contrato suscrito con Fundación AMSCA no lo permitía". Sin embargo, el contrato permitía el fin anticipado por al menos dos razones que ya se habían constatado. Tuvieron que pasar diez meses y aumentar a 29 los ancianos fallecidos para que se hiciera la fiscalización de la Seremi de Salud.
Casos Emblemáticos de Fallecimientos y Maltrato
Las muertes y condiciones de vida en el hogar Cordillera revelaron una profunda crisis. Entre el 1 de julio de 2015 y el 15 de junio de 2016, fallecieron 31 adultos mayores, cuyas edades oscilaban entre los 63 y 90 años, una cifra que escapa de las tasas de muerte usuales en este tipo de centros. Durante 2017 se registraron 51 fallecidos en los ELEAM, 100 en 2016, 110 en 2015 y 103 en 2014, sumando un total de 418 entre 2012 y 2017 en 12 ELEAM del país.
Muerte de Margarita Lobos por Caída de Puerta
El fallecimiento de Margarita del Carmen Lobos el 15 de febrero de 2016 en el Hospital Sótero del Río, luego de que una puerta le cayera encima, fue un evento que "removió el piso". Según diversas fuentes, las supervisiones desde que llegó AMSCA se dejaron de hacer por falta de personal y presupuesto del SENAMA, retomándose solo tras este incidente fatal y el reclamo de la familia. Los problemas y denuncias de los propios funcionarios del ELEAM Cordillera de los Andes, que apuntaban a las malas condiciones generadas por recortes administrativos y un progresivo deterioro de los servicios, se arrastraban meses antes de la fiscalización sanitaria.
El Caso de Raúl González: Nueve Días sin Alimentación
El 28 de abril de 2016, Raúl González, de 84 años, murió en el centro residencial Cordillera. Tres días antes de su fallecimiento, se constató que el anciano se encontraba "en evidente estado de desnutrición" y no estaba recibiendo alimentación ni medicación desde el 19 de abril, es decir, estuvo nueve días sin comer. El informe de la Seremi detalló que ni siquiera contaba con la sonda nasogástrica a través de la cual debían alimentarlo, ya que no podía hacerlo por sí mismo. Desde el SENAMA, se sospecha que una de las causales de su fallecimiento podría ser la no asistencia e incumplimiento por parte de la Fundación AMSCA de las indicaciones de tratamiento dadas por el Hospital Sótero del Río. Un reportaje de El Mostrador narró que mientras los examinadores visitaban el hogar, falleció Raúl González, y los funcionarios de AMSCA lo envolvieron y mantuvieron en una pieza hasta que los supervisores se fueron un par de horas después. Lamentablemente, no era la primera vez que Raúl González enfrentaba maltrato en un hogar de ancianos, habiendo sido noticia nacional por maltratos en un asilo privado de Melipilla donde estuvo postrado con una úlcera por presión. El traslado a Puente Alto se veía como una luz de esperanza.
Pablo Henríquez: Abandono y Maltrato Severo
Tres días antes del deceso de Raúl González Figueroa, Pablo Henríquez Avello moría a los 62 años en el Hospital San José de Maipo. Tetrapléjico desde los 18 años, Pablo había vivido toda su vida con su hermana Olga. Tras ser hospitalizado, volvió con escaras que se fueron agrandando por falta de tratamiento adecuado. Su hermana Olga relató que un día lo encontró "lleno de moscas. Entero mojado porque sus heridas supuraban hasta el cuello." Además, las comidas eran "horribles" y Pablo "pedía no reclamar porque tenía miedo". En otra visita, Olga lo encontró "gritaba, gritaba" al intentar moverlo, y "los protectores de la cama estaban verdes". El personal de atención era escaso. En el sanatorio de San José de Maipo, donde fue trasladado, recibió un "trato totalmente distinto, humano".
Otros Fallecimientos Reportados
En abril de 2016, además de Raúl González, fallecieron Clemira Cortés (79) el 27 de abril, Pablo Henríquez (63) el 25 de abril, Carlos Díaz (90) el 23 de abril y Mercedes Acevedo (78) el 18 de abril. También, Ubaldo Rojas y Jesús Ortiz, aun con vida, figuran en la lista de ancianos que podrían ser víctimas de delitos por las malas condiciones en que llegaron a los hospitales, nombres entregados por SENAMA a la Fiscalía.
Irregularidades en la Gestión de la Fundación AMSCA
Deficiencias en Atención y Suministros
Los problemas detectados incluían la cantidad y calidad de la alimentación, con residentes en desnutrición y sin las sondas adecuadas. Una nutricionista del lugar detalló que el Hogar de Cristo había dejado unos 60 tarros de alimento especial para residentes dependientes de "fórmula polimérica para su alimentación por sonda nasogástrica (SNG)". Cuando se acabó, Lepe Valenzuela se negó a comprar más, usando el PACAM, que es un beneficio gratuito pero solo un complemento. La profesional denunció que "no hay utensilios para el lavado de manos, no hay guantes suficientes para realizar procedimientos, no hay matraces para alimentación por SNG, no tengo materiales necesarios para realizar evaluaciones nutricionales." Además, los desayunos y onces estaban restringidos a "solo una taza de té, leche o pan" por la negativa del Sr. Lepe Valenzuela a pagar un poco más.
Otras deficiencias comprendían la falta de insumos como medicamentos y pañales, así como una evidente falta de personal, tanto de trato directo como de profesionales, y una permanente rotación de los que sí tenían disponibles. Las contrataciones no correspondían a las solicitadas en las bases y había una falta de protocolos. Se reportó que las duchas se encontraban en mal estado, utilizándose baldes para el aseo de los adultos mayores, y que los procedimientos de salud no se realizaban correctamente, incumpliendo la norma sanitaria. Las fichas de los residentes estaban desactualizadas, desordenadas y sin seguimiento, y los profesionales contratados no cumplían con el perfil de experiencia en trabajo con adultos mayores.
Reportaje: Las largas listas de espera que colapsan los hogares para adultos mayores
Irregularidades Financieras y Contrataciones
El convenio firmado por un total de $517.448.676 se pagó en su totalidad. De esta cifra, la Contraloría cuestiona el uso de $117 millones, donde más de $14 millones están detallados como "almuerzo de los funcionarios" y el arriendo de un chofer. El hogar recibe $450.000 por residente y podía quedarse con el 85% de sus pensiones para el supuesto cuidado de estos pacientes, "parte de la generación más vulnerada por la precariedad y la desprotección social". Una inspección constató que los responsables de la Fundación AMSCA no entregaban a los ancianos el 15% de sus pensiones, como correspondía. El informe de gestión de SENAMA detectó una falta de control y registro "que amerita una profunda revisión, ya que existen muchos reclamos y no existe un protocolo y menos un registro adecuado para los dineros de los residentes".
Las irregularidades con las platas incluso irían más allá. Una trabajadora social describió en una carta haber recibido una llamada del director nacional de la Fundación, Antonio Lepe Valenzuela, solicitando claves de las tarjetas bancarias de los adultos mayores para retirar "todos los dineros de las cuentas [...] aludiendo ‘tener’ que pagar sueldos". La forma en que se aplicó este sistema también cuenta con observaciones en el informe de gestión, que señala que "esta materia constituye otra fuente de ingresos adicionales para la gestión de este ELEAM y se desconoce el uso o destino que se le ha otorgado a dichos recursos financieros".
Cuando más de la mitad de los funcionarios del hogar renunciaron en febrero de 2016 por no tener las condiciones mínimas para trabajar, Antonio Lepe puso en su reemplazo a familiares. Su padre, Antonio Lepe Alegría, asumió como director administrativo; su hermana, Catherine Lepe Valenzuela, como encargada de recursos humanos con un sueldo de $1.950.000; su cuñado, Óscar Argomedo, como responsable de los convenios. También se mencionó a Marcela San Martín, supuesta pareja de Lepe Valenzuela, como "encargada de Protocolo y Ceremonial". Llama la atención que el automóvil arrendado para traslados de adultos mayores se haya arrendado a un particular, cuyo valor "es excesivo para el tipo de vehículo sedán cuatro puertas, es poco adecuado para el traslado de adultos mayores en sillas de ruedas".
Versiones y Descargos de los Involucrados
La Versión de Antonio Lepe (Director de AMSCA)
Antonio Lepe Valenzuela, director de la Fundación AMSCA, ofreció una versión muy distinta a las de los funcionarios del SENAMA. Afirmó que "las condiciones en que recibimos el hogar eran deplorables, recibimos unos 80 adultos mayores y la mitad estaba en pésimas condiciones. Doce de ellos escarados, 26 estaban postrados". Argumentó que un hogar como el que administraban "no tiene -por definición- la capacidad de hacerse cargo de postrados que requieren grados de hospitalización". Lepe también hizo una acusación grave: "Todo lo que pusieron en las fichas de supervisión es falso". Además, alegó que SENAMA no cumplió con su parte del contrato: "Se demoraron dos meses en entregarnos los recursos. Prometieron capacitarnos y no lo hicieron. No nos entregaron las fichas clínicas de los residentes, no sabíamos nada de ellos. Tuvimos que empezar de cero, y recién en febrero de 2016 nos entregaron los computadores, pero sin Windows." Lepe se defendió, señalando que todo está en regla y que han hecho una "excelente administración pese a los pocos recursos con que cuentan", asegurando que los "poco más de 43 millones de pesos mensuales" son insuficientes y que se necesitarían "al menos 70 millones" para la calidad exigida.
Además de su rol en AMSCA, Antonio Lepe aparece como Presidente de la Federación Estudiantil Chile Internacional (FECHI) y director ejecutivo de Ala Sedi, una empresa que ofrece servicios variados desde agencia de viajes hasta consultoría financiera.
La Postura de SENAMA: Rayén Inglés y Rubén Valenzuela
Rubén Valenzuela, al estallar la noticia, intentó liberarse de toda responsabilidad, diciendo que las fallas se debieron a que el SENAMA estuvo más de dos meses sin entregar los recursos. Ante la consulta de CIPER, Valenzuela evitó señalar explícitamente si era la entonces directora nacional, Rayen Inglés, la que "no le creía a los funcionarios". Respecto a si informó a su entonces jefa, Rayen Inglés, de lo ocurrido en el hogar, Valenzuela también respondió con evasivas y pidió remitirse a lo que declaró ante la Contraloría: "Desde el inicio de la operación de Amsca, la ex directora nacional del Senama, señora Rayen Inglés Hueche, apoyó el modelo de trabajo que tenía dicha entidad operadora, cuestionando los hallazgos encontrados por los profesionales de la División de Coordinación Territorial".
Por su parte, Rayen Inglés no considera haber minimizado el problema. En conversación con CIPER, dijo: "Nunca le he bajado el perfil a lo que pasaba en el hogar, todo lo contrario. Inmediatamente tomé acción." y afirmó haber enviado a "todo el equipo a terreno, con los asesores, el jefe de gabinete, a revisar, a visitar", y que hubo una reunión entre AMSCA y todos los jefes de división. Un mes después de la alerta de la coordinadora regional, la directora nacional solicitó una supervisión a la residencia. El documento de la Contraloría indica que se ordenó una "supervisión de emergencia debido a reclamos recibidos en el servicio, donde se presentaban fotografías de tres residentes con lesiones". Ese mismo mes, enero de 2016, Rayen Inglés presentó su renuncia.
Valenzuela dice que adoptó medidas correctivas apenas tuvo las atribuciones, primero cuando subrogó a Rayen Inglés y luego como director nacional. Solicitó una fiscalización de la Seremi de Salud para constatar lo que se advertía desde hacía meses. Ante la pregunta de por qué no antes, respondió: "Porque tomamos la decisión en marzo. Y ¿por qué no antes? Porque no lo hicimos."
Impacto y Acciones Tomadas
Estadísticas de Mortalidad Alarmantes
En el hogar Cordillera, con un promedio de 80 residentes, se registraron 31 fallecimientos entre julio de 2015 y junio de 2016. Esta cifra contrasta con un centro de iguales características del SENAMA en Puerto Montt, donde hubo 13 muertes en el mismo período. El centro de Puente Alto lidera el número de decesos a nivel nacional con 104, lo que equivale al 24% del total de los 418 residentes de SENAMA fallecidos entre 2012 y 2017 en los 12 ELEAM del país. Las causas de muerte más comunes son paro cardiorrespiratorio, neumonía, fallas multisistémicas e insuficiencia respiratoria. La diputada RN Marcela Sabat señaló que "estas cifras nos entristecen y alarman sobremanera".
Medidas Legales y Administrativas
La investigación, aún desformalizada, se inició cuando el SENAMA presentó antecedentes en mayo de 2016. El director de SENAMA, Rubén Valenzuela, detalló que se denunciaron a la Fiscalía de Puente Alto cinco casos en los que se consideró que podían existir elementos que constituyeran delitos, luego de la fiscalización de la Seremi de Salud. En total, se han realizado 15 sumarios administrativos para investigar la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en los decesos de adultos mayores, de los cuales tres están en trámite y corresponden a la Región Metropolitana (uno iniciado en 2016 y dos en 2017). Sin embargo, no se informó el resultado de los que ya están terminados. Específicamente, existen dos sumarios administrativos por la situación del Establecimiento Cordillera de los Andes durante la administración de la Fundación AMSCA (junio 2015 - junio 2016), buscando determinar responsabilidades administrativas en las deficiencias que derivaron en el término anticipado del convenio.
Ante la gravedad de los hechos, la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados decidió abrir una comisión investigadora por las muertes en los centros del SENAMA. La parlamentaria señaló, además, que hay una falta de proactividad de las autoridades en responder requerimientos de información sobre esta materia. "Esto que pasó es algo que muchos sabían. El silencio con el que la gente cuida su trabajo frente al maltrato, el abuso, el abandono [...] es lo que genera estas situaciones."