Respecto al bienestar de las personas mayores, hoy existe un tránsito desde un enfoque asistencialista hacia uno de derechos. El Estado tiene la responsabilidad de brindar a las personas mayores la protección necesaria para mantener su integridad física, psíquica y social.
Principios fundamentales de protección
La normativa vigente garantiza una serie de derechos esenciales destinados a asegurar que el envejecimiento se desarrolle con plenitud y respeto. Estos derechos incluyen:
- Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad.
- Derecho a la vida y dignidad en la vejez.
- Derecho a la independencia y autonomía, permitiendo que cada individuo mantenga el control sobre sus decisiones.
- Derecho a la participación e integración comunitaria para evitar el aislamiento social.
- Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia, garantizando entornos protegidos.
- Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley y acceso a la justicia.
Derechos sociales, económicos y culturales
Para asegurar una calidad de vida integral, el marco legal contempla el acceso a diversos servicios y oportunidades de desarrollo personal:
- Derecho a la salud y derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito sanitario.
- Derecho a la seguridad social, al trabajo y a la propiedad.
- Derecho a la educación, cultura, recreación, esparcimiento y deporte.
- Derecho a la vivienda y a un medio ambiente sano.
- Derecho a la accesibilidad y movilidad personal, facilitando la integración urbana.
Derechos civiles y libertades individuales
El respeto a la esfera privada y a las libertades fundamentales constituye un pilar del bienestar del adulto mayor:
- Derecho a la libertad personal, a la nacionalidad y a la libertad de circulación.
- Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información.
- Derecho a la privacidad e intimidad personal y familiar.
- Derechos políticos, garantizando su voz en la sociedad.
Protección en contextos específicos
La normativa también establece salvaguardas particulares para situaciones de vulnerabilidad:
- Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo plazo, asegurando estándares de cuidado digno.
- Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, priorizando la atención de este grupo en momentos críticos.