Un contundente informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, realizado en 2017, revela la sistemática violación de los derechos de los niños y adolescentes bajo la tutela del Estado. La investigación abarcó 240 hogares de menores, constatando un total de 2.071 abusos en el 100% de los centros administrados directamente por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el 88% de aquellos gestionados por particulares. De estos abusos, 310 tuvieron connotación sexual.
Un aspecto particularmente grave del informe, que fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, es que no se hizo público. La muerte de la niña Lissette Villa en abril de 2016, un suceso que conmocionó al país y movilizó a diversas instituciones estatales, no logró detener la escalada de abusos en los hogares del Sename.
Hallazgos contundentes del informe policial
El documento de la PDI, de 257 páginas y basado en una investigación de 28 tomos, fue elaborado a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investigaba las 1.313 muertes ocurridas en centros del Sename entre 2005 y 2016. El informe policial es categórico: en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe, expresó su preocupación por la falta de difusión del documento y la posible omisión de información por parte de las autoridades, incluyendo al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Según el parlamentario, la gravedad de los hechos amerita la renuncia del ministro.
Comparación con informes previos
El reporte de la PDI se diferencia de otros informes, como uno previo de la ONU, por su alcance. Mientras el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, la policía chilena examinó 240 de las 241 existentes en todo el país, abarcando a aproximadamente 6.500 niños bajo el sistema de residencias del Sename. Esto subraya la magnitud del problema y la gravedad de que la violación de derechos sistemática se haya constatado en la totalidad de los hogares administrados directamente por el Sename.
El informe policial es el último eslabón de una serie de reportes elaborados por diversas instituciones en los últimos siete años. Entre ellos se destacan el Informe Jeldres, una investigación conjunta del Poder Judicial y Unicef, así como informes de la Contraloría y la Misión de Observación del Sename en 2017. A pesar de los anuncios de medidas y reformas tras cada informe, la situación de vulneración de derechos persiste.
Detalle de las vulneraciones constatadas
La investigación de la PDI detalló 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos, desglosados de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares dentro de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe especifica que los maltratos por parte de adultos se produjeron principalmente en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que acogen a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. En hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes, se registraron 137 casos similares.
Abusos sexuales: una realidad alarmante
Los abusos sexuales representaron un grave problema, constatándose en el 50% de los hogares. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual:
- 123 cometidos por adultos (92 en hogares de organismos colaboradores, 21 en Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros).
- 187 cometidos por otros menores, la mayoría en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe es enfático al señalar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Incumplimiento de protocolos y fiscalización deficiente
El informe de la PDI también puso de manifiesto un alto porcentaje de "deserciones del sistema" en los hogares, alcanzando el 62,9% a nivel general y un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados. Esto indica una falla significativa en la retención y el cuidado de los menores dentro del sistema.
Además, se constató que el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- El 76,7% de los hogares no tiene protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue precisamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica por parte del Sename, estas supervisiones suelen ser coordinadas previamente. Los tribunales de familia, que también deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales, según confirmó la PDI.
Policía Nacional informa el protocolo en casos de desaparición de menores
Problemas de salud y personal inadecuado
La PDI reportó una altísima prevalencia de enfermedades psiquiátricas entre los residentes del Sename, afectando al 37,3% de ellos. Otros problemas de salud incluyen patologías médicas (14,2%), enfermedades crónicas (13,9%), riesgo vital (0,4%) y discapacidades (19,8%).
La situación se agrava por la falta de personal cualificado. Un 42% de los centros no tiene un encargado de salud. De los que sí lo tienen, la función es ejercida por personal sin el perfil adecuado. En 159 centros (66,3%), la administración de medicamentos está a cargo de educadores de trato directo sin formación en salud, una figura que solo requiere tener estudios secundarios completos.
Una investigación previa de CIPER en 2016 ya había documentado la falta de control en el suministro de fármacos a niños y adolescentes del Sename, utilizados en ocasiones como medida de contención.
Finalmente, el 93,8% de los centros del Sename carece de las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfiles clínicos y/o casos complejos.