Los integrantes de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, manifestaron su preocupación tras escuchar a la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, quien expuso los resultados de una auditoría social en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) del país.
Problemas Detectados en los CREAD
La auditoría social, realizada en once CREAD a nivel nacional (Arica, Playa Ancha, Casa Nacional, Galvarino, Pudahuel, Entre Silos, Arrullo, Capullo, Nuevo Amanecer, Belén y Alborada), revisó 490 casos de menores y reveló una serie de deficiencias críticas:
- Graves patologías de salud mental y consumo de drogas.
- Baja inserción escolar de los menores.
- Deficiencias en la intervención individualizada que se proporciona a los niños, niñas y adolescentes.
- Errores en la gestión administrativa de los centros.
Susana Tonda explicó que la idea es conocer la situación física, psicológica y educativa de cada niño residente en estos centros para mejorar los planes de intervención.
Hallazgos Específicos de la Auditoría Social
La auditoría social detalló fallas significativas en la atención y gestión:
- En un 20% de los casos, no existe coherencia entre el diagnóstico y el tratamiento (plan de intervención individual).
- En un 25% de los casos no se han evaluado las competencias parentales en el diagnóstico.
- En un 33,2% de los casos no se han evaluado los planes de intervención.
- En un 30,8% de los casos no se presta atención psicológica.
- En un 40% de los casos la intervención no se centra en el avance y logro de los objetivos.
- En un 52% de los casos no existe terapia ocupacional.
Asimismo, Tonda admitió malos resultados en los indicadores de gestión interna, con equipos técnicos desarticulados, falta de registros y debilidad en las funciones directivas. Se ha establecido un plazo de 90 días para subsanar estas deficiencias.
Situación de los Menores Internados
La auditoría también arrojó luz sobre el estado de los menores bajo la tutela del SENAME:
- Un 55% ha sido diagnosticado con patología de salud mental.
- Un 58% recibe algún tratamiento farmacológico.
- Un 34,4% no ha sido matriculado en algún establecimiento educativo.
- Un 40% tiene problemas de consumo de alcohol y drogas.
- Un 20% han sido declarados en "abandono del sistema".
Cierre del CREAD Playa Ancha y Reacciones Gubernamentales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó el cierre del CREAD de Playa Ancha, Valparaíso, debido a múltiples denuncias de vulneraciones. Tonda confirmó que se está trabajando en su cierre definitivo para 2019, habilitando nuevas residencias para los 80 menores allí acogidos.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos.
Los dramáticos resultados de la auditoría generaron reacciones en el Gobierno de Sebastián Piñera y en la organización de funcionarios del SENAME. El oficialismo aseguró que estos datos servirán como "insumo" para la Comisión de Infancia del Parlamento. Sebastián Piñera afirmó que las conclusiones son "tristes y a veces dramáticas" y que el Estado de Chile no está cumpliendo con su deber de proteger a los niños. Mencionó que un 34% de los niños bajo el cuidado del SENAME no asiste a la escuela, un 44% tiene retraso escolar, un 58% padece problemas de salud mental y un 48% presenta consumo problemático de alcohol o drogas.
Propuestas del Gobierno y Críticas
Piñera anunció una política de aumento de subvenciones a organismos colaboradores del SENAME, agilizar los procesos de adopción y reducir la cantidad de menores por hogar. Sin embargo, esta medida fue criticada por la Asociación de Funcionarios del SENAME, a través de Alicia del Basto, quien enfatizó la necesidad de intersectorialidad en salud, drogas y educación, señalando que la externalización de servicios precariza las condiciones de los niños, convirtiendo su cuidado en un negocio.
Desde la Asociación de Funcionarios del SENAME, Alicia del Basto, valoró que "hoy día empieza a operar la intersectorialidad que tiene que ver con salud, el tema de las drogas, el tema de educación", esperando que esto sirva para que las instituciones "empiecen a cumplir el rol que a ellos les corresponde".
Deficiencias Institucionales y Falta de Fiscalización
Un informe de la Contraloría, fechado el 26 de marzo de 2019 (Auditoría 730/2018), reveló falencias persistentes entre enero y junio de 2018, incluyendo carpetas de niños incompletas, incumplimiento en proyectos de funcionamiento, falta de seguimiento a exigencias y préstamos entre proyectos. Se ordenó al SENAME iniciar un sumario administrativo.
Se detectó falta de seguridad en los perfiles de acceso al sistema informático "SENAINFO" y manejo de datos personales en computadores particulares de supervisores. También se constató que profesionales con experiencia insuficiente en infancia y adolescencia se desempeñan en organismos colaboradores del Sename.
La Defensoría de la Niñez, en su análisis, determinó que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas en la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 investigados.
El Caso Lissette Villa y la Reducción Presupuestaria
El caso de Lissette Villa, fallecida en el hogar Galvarino en 2016, puso en evidencia la falta de capacitación del personal. Conne Fritz y Thiare Oyarce, sus cuidadoras, carecían de formación adecuada y protocolos claros para manejar crisis. La comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó un informe que revela una drástica baja del 399% en el presupuesto destinado a capacitación y formación del Sename. Además, se encontró que 338 proyectos privados financiados por el Estado no han sido revisados en los últimos tres años, a pesar de que en 2017 se destinaron $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores por parte de privados.
Christopher Simpson, educador de trato directo en el Centro Metropolitano Norte del Sename, señaló que en casi cinco años ha recibido solo una capacitación, y que esta fue insuficiente. Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos, indicó que su centro no ha recibido capacitación de la administración central en al menos cinco años, afectando directamente las competencias de los educadores.
La Problema de la Fiscalización y la Gestión de Recursos
El diputado Ramón Farías afirmó que la falta de presupuesto incide directamente en la disminución de las fiscalizaciones, las cuales se limitan a un "checklist" cuantitativo. Todos los entrevistados coinciden en que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas colaboradoras (OCAS) es insuficiente.
La eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto de 2019 agrava este panorama. Un funcionario del área de licitaciones del Sename explicó que los OCAS "guardan" fondos por si los programas se cierran, lo que lleva a que los recursos se desaprovechen. Se ha denunciado que el 70% de los fondos va a los colaboradores y el 30% a los centros administrados directamente por el Sename, lo que hace "crítico" que se fiscalice menos a quienes reciben la mayor parte de los fondos.
Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, defiende el rol de los OCAS, explicando que con la subvención de $180 mil mensuales por niño, para 90 menores, es poco lo que pueden hacer para garantizar un buen cuidado, especialmente con un equipo de 35 funcionarios.
Recomendaciones y Necesidad de un Cambio Profundo
El Comité de los Derechos del Niño, en 2018, afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños y niñas bajo su cuidado, recomendando mecanismos de reparación y un plan de acción. En 2020, la Defensoría de la Niñez recomendó al gobierno la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, propuesta que no obtuvo respuesta.
Los resultados de las auditorías demuestran que las políticas públicas para el cuidado de niños están en una profunda crisis. El funcionamiento del Sename se ha enfocado en mantener y reproducir el sufrimiento, entregando a los niños a empresas privadas que buscan ganancias. Las reformas propuestas no resuelven el problema de fondo: la falta de una intervención directa y profesional del Estado en el cuidado de los menores, precarizando sus condiciones al tercerizar los servicios.
Es fundamental garantizar funcionarios y profesionales de trato directo en todas las áreas de educación y salud, con estabilidad laboral y capacitación constante. La precarización de la salud y educación pública también impacta negativamente en el cuidado de los niños. Un cambio de fondo en la concepción del derecho a la educación y la salud es necesario para garantizar el cuidado y una niñez justa y respetuosa.
tags: #resultados #auditoria #sename #y #consecuencias