Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad

La inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad son pilares fundamentales para una sociedad equitativa. A nivel global, la conciencia sobre el desarrollo inclusivo de personas con discapacidad es cada vez mayor, impulsada por marcos internacionales y legislaciones nacionales.

Panorama Global de la Discapacidad

Aproximadamente el 15 % de la población mundial, es decir, 1000 millones de personas, sufren algún tipo de discapacidad. La prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo, donde las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar resultados socioeconómicos adversos, como menos educación, resultados de salud más deficientes, menores niveles de empleo y mayores tasas de pobreza.

La relación entre discapacidad y pobreza es bidireccional: la pobreza puede aumentar el riesgo de sufrir una discapacidad a través de la malnutrición, el acceso inadecuado a educación y atención de salud, condiciones laborales inseguras, un ambiente contaminado y la falta de acceso a agua potable y saneamiento. A su vez, la discapacidad también puede aumentar el riesgo de pobreza por la falta de oportunidades de empleo y educación, los salarios más bajos y el mayor costo de vida que supone vivir con una discapacidad.

Entre los obstáculos a la plena inclusión social y económica de las personas con discapacidad se encuentran los entornos físicos y el transporte inaccesibles, la falta de disponibilidad de dispositivos y tecnologías de apoyo, los medios de comunicación no adaptados, las deficiencias en la prestación de servicios, y los prejuicios y estigmas discriminatorios en la sociedad.

Marcos Internacionales de Apoyo

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPRD), ratificada por 185 países, promueve la plena integración de este grupo en la sociedad. Este documento se refiere específicamente a la importancia del desarrollo internacional en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. El marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contiene siete metas referidas explícitamente a las personas con discapacidad y otras seis que se focalizan en las personas en situaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad.

Impacto de la COVID-19 en Personas con Discapacidad

Los impactos considerables de la COVID-19 siguen afectando a las personas con discapacidad, incluso a nivel de consideraciones relacionadas con los sectores de la salud, la educación y el transporte.

En el ámbito de la salud

Muchas personas con discapacidad tienen necesidades sanitarias subyacentes adicionales que las hacen especialmente vulnerables a los síntomas graves de la COVID-19, si la contraen. Además, corrieron un mayor riesgo de contraer el virus porque la información sobre la enfermedad, incluidos los síntomas y las formas de prevención, no se proporcionó normalmente en formatos accesibles como materiales impresos en braille, interpretación de lenguaje de señas, subtítulos, contenidos audibles y materiales gráficos.

En el ámbito de la educación

Debido al cierre generalizado de las escuelas, los niños con discapacidad no tuvieron acceso a servicios básicos, como programas de alimentación, tecnologías de asistencia, personal de apoyo, programas de recreación, actividades extracurriculares, y programas de agua, saneamiento e higiene.

Derechos Clave y Promoción en Chile

La Carta Fundamental establece las bases de la institucionalidad chilena en su artículo 1, señalando que en Chile todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Este principio fundamental sienta las bases de toda la regulación normativa, promoviendo la igualdad de todos los individuos en el ejercicio de sus derechos. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad busca que los Estados partes eliminen progresivamente toda forma de discriminación que vaya en contra de la dignidad, trato y ejercicio de los derechos de las Personas con Discapacidad.

Reconocimiento y Evaluación de la Discapacidad

La persona con discapacidad tiene derecho a ser evaluada médicamente, tanto en el sector público como en el privado, para obtener la calificación de la discapacidad. Al reconocer la discapacidad, las personas reciben la atención médica necesaria, sin importar si la entidad es pública o privada. Esta atención es fundamental para identificar la discapacidad y es certificada por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez.

Acceso a la Salud y Rehabilitación

Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a programas estatales o a prestaciones en la salud pública destinadas a su rehabilitación. El derecho a la salud asegura atención médica integral y el derecho a opinar sobre tratamientos, salvo en casos de trastornos mentales. En el caso de las personas con discapacidad psíquica o intelectual, tienen derecho a que se resguarde la reserva de su ficha clínica.

Inclusión Educativa

Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los establecimientos públicos y privados de enseñanza regular o de educación especial que reciban subvenciones del Estado. Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, deben tener planes para alumnos con necesidades especiales. Además, los establecimientos de enseñanza regular deben implementar adecuaciones de currículum, infraestructura y materiales de apoyo para permitir el acceso de personas con discapacidad.

El Estado de Chile reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda, lo que es fundamental para la inclusión educativa y social.

Derechos Laborales y Ley de Inclusión Laboral

La Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad, que comenzó a regir el 1 de abril de 2018, promueve la inclusión en entidades públicas y privadas, con el objetivo de alcanzar un 4% de inclusión, similar a otros países. Cerca de 7.600 empresas deberán cumplir con esta normativa. Las empresas o servicios no pueden optar por una discapacidad en particular en la contratación, garantizando la igualdad de oportunidades sin importar el tipo de discapacidad. Además, las personas con discapacidad tienen derecho a celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo.

Derecho al Voto y Participación Cívica

Las personas con discapacidad pueden votar de manera independiente o con asistencia. Existen sanciones penales para quienes impidan, obstaculicen o dificulten maliciosamente el voto de un elector con discapacidad, asegurando el derecho fundamental a votar sin presiones.

Subsidios de Vivienda y Acceso a Edificios

Existen subsidios especiales del Ministerio de Vivienda para adquirir viviendas que serán permanentemente habitadas por personas con discapacidad. Asimismo, los usuarios de sillas de ruedas tienen derecho al fácil acceso y tránsito en edificios de uso público o que presten servicios a la comunidad. Las infraestructuras públicas, como edificios y estacionamientos, deben contar con accesos adecuados para el desplazamiento urbano de todas las personas.

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