La Residencia Alihuén de Buin, administrada por la Fundación Coanil y colaboradora del Servicio Nacional de Menores (Sename), fue objeto de graves cuestionamientos por presuntos maltratos a niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual severa. A raíz de estas denuncias y las acciones judiciales interpuestas, el Sename anunció el cierre definitivo del centro tras una administración provisional, reubicando a sus residentes y abriendo un profundo debate sobre la protección de las personas con discapacidad en el sistema chileno.
Antecedentes: Las Denuncias de Maltrato en la Residencia Alihuén
Administración y Cuestionamientos Iniciales
Desde el sábado 6 de mayo de 2017, y por un período de 30 días, el Servicio Nacional de Menores (Sename) tomó la administración provisional del centro residencial Alihuén de Buin. Esta acción se llevó a cabo tras una petición interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), debido a que el recinto, bajo administración de Coanil, era cuestionado por malos tratos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. El 5 de mayo se destapó ante la justicia y la opinión pública un video con menores residentes siendo amarrados a tablas de contención. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recibió los antecedentes en forma previa, el pasado 28 de abril.
Sin embargo, las primeras alertas para el organismo llegaron semanas antes: el 23 de marzo de 2017, personal del INDH intentó realizar una visita de inspección a la Residencia Alihuén, destinada al cuidado de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidades intelectuales de distinto tipo. Dicho lugar es administrado por la Fundación Coanil como organismo colaborador del Sename. Al llegar, al equipo del INDH le fue negado el ingreso por los directivos del recinto y de la directiva de la fundación. Según la descripción de los hechos en el recurso de protección presentado por el INDH ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el ingreso fue posible cinco horas después gracias a las gestiones del Juez del Tribunal de Familia, don Rodolfo Medalla, quien autorizó la intervención de Carabineros para efectuar la visita.
Naturaleza de los Maltratos y Evidencias
Las denuncias se centraron en la aplicación de contenciones físicas extremas a algunos adolescentes y adultos con discapacidad intelectual severa. En los videos de prueba, proporcionados por un grupo de trabajadoras que dieron cuenta de los hechos, según indica un recurso de amparo del INDH, se ve al equipo técnico realizando contenciones fuera de protocolo, consistentes en amarrar a los jóvenes boca abajo sobre una camilla, por un lapso de dos a tres horas, y sin permitirles ir al baño. Los profesionales grabados realizando estas maniobras fueron identificados como Gonzalo Recabarren García (director), Daniela Venegas (sicóloga), Belén Guerra (trabajadora social) e Ignacio Rosales (educador de trato directo y terapeuta ocupacional).
Para el INDH, los hechos configuraban el delito de tortura, avalado por el propio director del centro Alihuén, Gonzalo Recabarren, quien ocupaba el cargo desde marzo de ese año. Coanil, sobre esta acusación que recaía sobre el jefe del centro, no quiso opinar ni actualizar sus declaraciones. La fundación solo se remitió a un comunicado emitido previamente, donde indicó que las contenciones expuestas en los videos "carecen de contexto, toda vez que no dan cuenta de los hechos previos" y que eran métodos "indicados por los médicos tratantes para situaciones de crisis conductuales agresivas". Pese a ello, las cinco personas identificadas por los denunciantes fueron apartadas de sus funciones.
Acciones Legales y Respuestas
El director del INDH, Branislav Marelic, indicó que estos hechos corresponden a una grave vulneración de los derechos de niños y adultos con discapacidad bajo la tutela del Estado, premisa que fue acogida por el Juzgado de Familia de Buin. El INDH presentó tres acciones judiciales: un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel (que deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago), una querella en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por presuntas torturas, y una tercera ante el tribunal de Buin.
Dicha resolución judicial de Buin ordenó, además, la separación inmediata del equipo técnico del centro. El Sename, por su parte, se haría cargo del centro por 30 días, designando un administrador provisional. La directora regional metropolitana del Sename, María José Montero, afirmó que “lo sucedido en esa residencia de Coanil son hechos muy graves y el servicio está trabajando en el resguardo de la integridad y derechos de los jóvenes que se encuentran en el centro". Calificó las maniobras realizadas por los aludidos como "torturas", enfatizando que estas no son respaldadas por la institución. Montero declaró: "eso ni siquiera es una contención. No hay ningún protocolo médico establecido de manera estándar que valide eso como una contención. Esto no es una contención, es tortura."
Desde el sindicato de trabajadores de estas residencias, se denunció que los administradores nunca les habían informado cómo debían actuar para calmar a los pacientes. Evelyn Andrade, presidenta del Sindicato Nacional de la Fundación Educacional Coanil, denunció que los funcionarios son maltratados por los pacientes y que incluso no se les han hecho las inducciones para que puedan hacer correctamente su trabajo. En tanto, el abogado que representaba a Coanil, Miguel Chávez, aseguró que “no hay ninguna vulneración”.
El Cierre Definitivo y la Reubicación de Residentes
Decisión del Sename y Plan de Reubicación
Tras un análisis técnico, el servicio informó que la Residencia Alihuén no contaba con las condiciones para seguir funcionando. Cerca del mediodía del martes 9 de mayo de 2017, la directora regional metropolitana del Sename, María José Montero, anunció el cierre definitivo del centro Alihuén. Esta decisión fue comunicada a Coanil y significó el traslado de los 16 jóvenes con discapacidad intelectual que atendía el centro, de los cuales 6 eran menores de edad.
Las acciones a seguir consistieron en trasladar a los jóvenes a otras residencias que cumplieran con el perfil de atención requerido. En el caso de los menores de edad, serían enviados a otros centros del servicio, mientras que los 10 adultos con discapacidad se reubicarían en otras dependencias de Coanil. En estos nuevos lugares se trabajaría un tratamiento reparatorio integral por el daño sufrido. Montero indicó que se intentaría contactar a las familias de los niños involucrados, pero reconoció que muy pocos de ellos tenían seres cercanos a quienes recurrir. Sobre la falta de fiscalización a esta corporación, la directora argumentó que es muy difícil para los supervisores del Sename encontrarse in situ con una contención irregular, aunque afirmó que "que (las contenciones grabadas) sean sacadas de contexto es imposible. Los videos están claros".
El Desafío de los Adultos con Discapacidad en la Red Sename
Una Problemática Estructural
Lo ocurrido a estos internos en situación de vulnerabilidad social y con deficiencias cognitivas en Alihuén abre una duda sobre la capacidad del sistema para acogerlos, especialmente a aquellos que alcanzan la mayoría de edad. Muchos entran al Servicio Nacional de Menores (Sename) siendo niños o adolescentes, y cuando cumplen la mayoría de edad no tienen la opción de salir. Son adultos con discapacidad abandonados por el sistema, ya que luego de cumplir 24 años, no hay ley que los ampare. Así, quedan a la deriva entre el Sename y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).
Un caso emblemático es el de Víctor Lizana (28), conocido como "Toco" por su familia, quien lleva 25 años atrapado en la red Sename. Víctor, que tiene epilepsia y retraso mental, ha pasado por cinco residencias. Solo el 3% de los adultos con discapacidad que se encuentran en residencias del Sename tienen una familia que se preocupe de ellos. Datos del Senadis confirman que hay 871 mayores de edad con discapacidad que viven en centros del Sename (información al momento de la investigación periodística), abandonados porque nadie se hace cargo de ellos.
Fallido Plan Piloto y Barreras Financieras
A partir de esta información, con antecedentes del Senadis, se detectó que el principal motivo para que estas personas sigan en centros para menores es el elevado costo de su traslado y mantención permanente en centros del Senadis. En 2016, el Sename y el Senadis comenzaron a gestionar un plan piloto para hacer un traslado desde el primero al segundo, buscando resolver esta situación. Sin embargo, esta iniciativa presentó fallas y provocó, en algunos casos, incluso que la salud de estas personas empeorara por falta de presupuesto o infraestructura adecuada.
Estos adultos con discapacidades, en su mayoría graves o severas, viven en centros dedicados al cuidado de menores y no cuentan con los profesionales adecuados para sus tratamientos, debido al costo que implica su contratación. El presupuesto inicial para la implementación del plan piloto era de $133 millones, pero después de negociaciones, se definieron $340 millones para alcanzar una cobertura de $550 mil mensuales por persona. Este monto dista mucho de los $300 mil al mes en promedio que gasta el Sename por adulto. Cristián Glenz, director ejecutivo de la Fundación Pequeño Cottolengo, estima que esta cifra no es suficiente, indicando que un hogar cualquiera de menores no puede vivir con menos de $750 mil mensuales por niño, lo mismo que el Estado gasta en un preso.
La Norma sobre Deficientes Mentales (Ley 18.600, artículo 18) dicta que el Estado debe hacerse cargo de la mantención completa de todas las personas con discapacidad intelectual hasta los 18 años, con la posibilidad de extender esta tutela hasta los 24 años. Cumplida esta edad, quien desee contar con una subvención estatal deberá tener un tutor legal responsable de gestionar dicho aporte.
Propuestas y Desafíos Futuros
El gobierno de Sebastián Piñera conformó una Mesa de Trabajo por la Infancia en marzo de 2018 para intentar resolver los problemas en el Sename. En dicha instancia se anunció que, en un período de cuatro años, se esperaba realizar el traslado efectivo de los 871 adultos en situación de discapacidad a centros dependientes del Senadis. El plan ejecutado casi en su totalidad (96%) durante 2017, se convirtió en 2018 en un proyecto permanente del Senadis, bajo el nombre "Modelos residenciales para adultos en situación de discapacidad", conservando el presupuesto de manutención de $550 mil pesos por persona.
Según la encargada del plan piloto por parte del Sename, Flora Vivanco, el programa de 2018 no estaba siendo trabajado en conjunto con el Servicio Nacional de Menores. El objetivo de este proyecto es generar un cambio de paradigma para “que los recursos no sean transferidos a instituciones, sino que cuando exista la posibilidad, se le puedan entregar a la familia”, explica la terapeuta ocupacional del Senadis, Sofía Troncoso. No obstante, este cambio se podría implementar a futuro, ya que la crítica actual se enfoca en la falta de personal adecuado e instruido en el cuidado de estos adultos. Troncoso comenta que "existen muchas residencias para menores con discapacidad donde envejecen y siguen siendo tratados como niños hasta el último día de sus vidas".
Si en 2017 el plan solo contempló a 56 personas, para 2018 se sumaron 92. El plan de gobierno 2018-2022 proyecta trasladar a todos los adultos o mejorar los hogares donde ya viven, lo que implica un aumento de presupuesto relevante. Por parte del Sename, Vivanco afirma que el traspaso de los adultos en situación de discapacidad es un “problema financiero; si hubiera voluntad política, se podría hacer”. Conseguir que el programa funcione no solo dependerá del financiamiento, sino de muchos otros factores, ya que "lograr un cambio en el modelo, de verdad toma mucho más tiempo y el riesgo es que si uno se apura y firma convenios con todos a cuatro años, replica la experiencia que ya han tenido otros servicios -como el de menores- donde solo se entregan recursos". La población de adultos con discapacidad sigue aumentando, con 236 menores de edad entre 14 y 17 años en 2018 que, en cuatro años, serán mayores de edad y deberían estar cubiertos por el nuevo programa del Senadis.
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