El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile ha estado en el centro de la atención pública y judicial debido a diversas controversias relacionadas con el trato y la protección de niños, niñas y adolescentes bajo su custodia. Estos casos a menudo involucran directamente a los educadores de trato directo y otros funcionarios, destacando la compleja realidad y los profundos desafíos sistémicos que enfrenta la institución.
El Caso de Lissette Villa: Un Hito en la Indagatoria
La muerte de Lissette Villa, una niña de 11 años, en abril de 2016 al interior de un centro del Sename, marcó un punto de inflexión en la discusión sobre la protección de la infancia en Chile. La mañana del lunes, ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se desarrolló la última jornada de alegatos de clausura por su caso.
Durante el juicio, se logró acreditar que el 11 de abril de 2016, la ausencia de su mamá a una visita y su posible traslado al Cread Pudahuel, provocaron que Lissette estuviera inestable emocionalmente.
Debate sobre la Recalificación de Delitos
En la primera jornada de alegatos de clausura, el tribunal informó sobre una posible recalificación de delitos, incluyendo el tipo penal de homicidio y cuasidelito de homicidio. Al respecto, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, señaló que "el llamado a recalificar estas conductas supone desconocer absolutamente las conductas previas ejecutadas por las imputadas, en el sentido de apremiar ilegítimamente y dolosamente a Lissette".
Sobre la situación de la ex directora del Cread, Mónica Monje, y de la coordinadora de turno de los educadores de trato directo, Jessica Figueroa, Santibáñez enfatizó: “su obligación era velar porque se respeten las reglas y se proteja la vida y la integridad física de los niños y niñas”.
Santibáñez aseguró que el único tipo penal capaz de absorber todo el desvalor de las conductas de los implicados es el de apremios ilegítimos. Esto se debe a que los hechos se tratarían de “un castigo corporal practicado con intención de castigo, pero aún más, de un castigo contra el primer sujeto de protección que tiene el Estado, esto es, niños. Aún más, niños que están en una situación de máxima desprotección, que no cuenta con redes familiares, y que por lo mismo ha tenido que ser objeto de la intervención del Estado, internándolos en estos centros especiales, ¿y qué hacen estas personas que encarnan al Estado, estos empleados públicos?”.
Después de cinco años, los alegatos por el triste fallecimiento de Lissette Villa están prontos a cerrarse. La niña estaba a cargo del Estado en un Centro del Sename, y su muerte ocurrió justamente en ese contexto de responsabilidad estatal.
La historia que remeció al Sename: A 5 años de la muerte de Lissete Villa
Formalizaciones por Apremios Ilegítimos en Cread Galvarino
En otro caso relacionado, la Fiscalía formalizó a tres funcionarios del Cread Galvarino, el mismo centro donde falleció Lissette Villa Poblete, como autores del delito consumado de apremios ilegítimos. Los hechos tuvieron lugar entre agosto de 2015 y mayo de 2016, según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Uno de los incidentes ocurrió el 25 de agosto de 2015, cuando el coordinador de turno, L. L. E., lanzó a un niño de 11 años fuera de la cama al tirar violentamente el colchón sobre el cual se encontraba, provocando que la víctima se golpeara en la cara.
Otro de los hechos formalizados se registró el 24 de marzo de 2016. En esa jornada, el educador de trato directo, L. C. S., le exigió a uno de los niños de ocho años que saliera de una de las casas del centro, para luego seguirlo y golpearlo por detrás con una patada en las piernas, cayendo el menor contra el suelo, lo que le causó llanto y dolor.
Mientras que el 4 de mayo de 2016 ocurrió el tercero de los hechos formalizados. Entonces, uno de los niños de siete años se encontraba boca arriba en el suelo y era sujetado de sus brazos por una educadora de trato directo del centro. El imputado J.A.B. presionó uno de sus pies contra el pecho del niño, provocándole una lesión equimótica en el tórax anterior, de carácter menos grave.
Otras Indagatorias: Muerte de Niños Bajo Custodia Estatal
El "Caso Sename" es una indagatoria a nivel nacional dirigida por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, que investiga la muerte de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la custodia del Estado en centros de administración directa o indirecta del Servicio Nacional de Menores.
En el marco de esta causa, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para la directora de Aldeas SOS -institución colaboradora del Sename-, identificada con las iniciales C.D.A.S., y para la educadora de trato directo de la misma institución, I.M.P.N. Estas medidas se tomaron por la muerte de un niño de 4 años, ocurrida en octubre de 2013, cuyo caso corresponde al de L. M. L.
A la audiencia de formalización comparecieron el fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Sambuceti, su par por Antofagasta, Cristian Aguilar, y la abogada persecutora Macarena Gallardo.
Destitución de Educadora por Faltas a la Probidad en Temuco
En un reciente desarrollo, tras un proceso administrativo que duró más de tres años, en octubre de 2024 el Servicio Nacional de Menores (Sename, entidad que se encuentra en proceso de cierre) aplicó la sanción de destitución a una educadora de trato directo que ejercía en el centro semi cerrado de Temuco. En dicho recinto, los jóvenes cumplen sanciones decretadas por tribunales, con pernoctación obligatoria y desarrollo de actividades.
La destitución se dio por falta a la probidad administrativa. La investigación interna acreditó que la inculpada proveyó, avaló y facilitó el consumo de drogas, tanto al interior del recinto como fuera de este. Además, se comprobó que tuvo como allegada en su domicilio a una joven del mismo centro e invitó a otros adolescentes a participar en fiestas.
El documento que ordenó la sanción de destitución dio cuenta de que a la funcionaria se le formularon cinco cargos:
- Tres relacionados con proveer, avalar y facilitar el consumo de drogas tanto al interior como fuera del recinto del servicio.
- Los dos restantes por mantener como allegada en su domicilio a una joven del mismo centro y sostener un trato horizontal con otros adolescentes, invitándolos a fiestas en su domicilio.
La denunciada no presentó descargos, pero en los tres años y medio que duró la investigación cobró un sueldo promedio de $1,6 millón. El sumario acreditó que los hechos denunciados existieron y que la funcionaria tuvo participación en ellos.
Según el documento, desde el mes de diciembre de 2018 la educadora suministró droga a jóvenes del centro. La acusación detalla, además, que observó y avaló el consumo de sustancias ilícitas al interior del centro, estando de turno, sin reportar los hechos. La investigación determinó que existían múltiples antecedentes que sirvieron para acreditar los cargos imputados.
Actualmente, el Sename atraviesa un proceso de cierre, mientras en paralelo se instala el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. CIPER consultó al Sename sobre el caso de la educadora sancionada y a la Fiscalía Regional de La Araucanía si se realizó alguna indagatoria durante el proceso administrativo o posterior a este. Según la entidad, la causa “fue ingresada en el año 2021. Tres años después, cuando se aplicó la medida de destitución a la funcionaria, Sename volvió a notificar al Ministerio Público”.
Desafíos Sistémicos y Críticas a la Gestión del Sename
La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado fue abordada el pasado 21 de enero por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que recibió a distintas autoridades.
La directora nacional del Sename, María Eugenia Fernández, detalló ante la comisión que uno de los problemas que deben atender es el consumo de alcohol y drogas de los adolescentes que recibe la institución, situación que a veces es facilitada por familiares que los visitan: “Tenemos un 16% que presenta consumo habitual. El problema son las familias que ingresan a las visitas y que no ayudan”.
Otro problema que mencionó la autoridad es la demora en los sumarios administrativos. “Tiene el mismo tratamiento administrativo que a alguien se le haya perdido un celular y alguien que haya vulnerado”. Fernández lamentó la escasez de herramientas para tomar decisiones sobre la desvinculación de personal, señalando la necesidad de traspasar estos procesos por vía judicial, incluso en casos donde cuentan con todas las pruebas y la fiscalía pide esperar.