El Servicio Nacional de Menores (Sename) fue un organismo estatal chileno, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en 1979. Durante décadas, el Sename estuvo bajo el escrutinio público y de organismos internacionales debido a una gran cantidad de negligencias y vulneraciones de derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes bajo su tutela. La magnitud de la crisis se evidenció con la lamentable cifra de 1.313 muertes de menores ocurridas entre 2005 y 2016 mientras se encontraban en algún programa de su red. Estos hechos, que trascienden administraciones gubernamentales, revelaron un sistema en "estado terminal", según María Estela Ortiz, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
El Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021, siendo reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con la esperanza de poner fin a un historial de fallas sistémicas.
La Comisión de Verdad y Niñez: Un Esfuerzo de Esclarecimiento
Creación y Función
La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas a niñas, niños y adolescentes en recintos del Sename entre 1979 y 2021 ha sido el objetivo central de la Comisión de Verdad y Niñez. Esta instancia estatal de asesoría presidencial fue creada a fines de 2024 por el gobierno de Gabriel Boric, iniciando sus operaciones a partir de 2025, tras una categórica resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su función principal es permitir a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondientes para ser objeto de investigación. Se incluyen también los casos de abuso eclesiástico. La Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informados al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.
Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de la existencia del Sename, según un informe de UNICEF. Entre 1979 y 2024, se calcula que unos 700 mil menores pasaron por centros del Sename.
Contexto de Desafíos y Ajustes
Pese a su trascendental misión, la Comisión de Verdad y Niñez ha enfrentado diversos desafíos. Su eventual decisión de finalizar en abril de 2026, según informaron los propios funcionarios de la instancia oficial, se enmarcó en un contexto de recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast, que se ejecutarían a distintos organismos estatales por igual. Sin embargo, el subsecretario de DDHH, Pablo Mira, aclaró que esto no respondía a recortes presupuestarios, sino a una propuesta de continuidad y fortalecimiento, aunque algunos comisionados prefirieron renunciar por razones distintas.
La tarea de la Comisión es titánica, no solo por lo extenso del período que abarca sino por las complejidades del trabajo en cuanto al acceso a la información, la dificultad de obtener testimonios y la necesidad de acompañamiento continuo para evitar la revictimización. Desde su creación, ha habido críticas transversales a su funcionamiento, incluyendo poca difusión, bajo conocimiento, dificultades de acceso a datos, falta de liderazgo y acompañamiento político, uso ineficiente de recursos y poca participación de la red de egresados. Se propusieron mejoras para su eficiencia y desarrollo, como equipos macrozonales y una mejor coordinación intersectorial, con el compromiso de mantener el sentido y alcance de la Comisión, que busca levantar la mirada, reconocer y aprender del pasado, acompañar a las víctimas y dar garantías de no repetición.
Sentencia de la CIDH y Casos Emblemáticos
El Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión de Verdad y Niñez nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la CIDH que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer”, ocurrida en 2007 bajo la tutela del Sename. A este trágico evento se sumó una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país: Limache, Rancagua, San Miguel y el mismo centro "Tiempo de Crecer".
El fallo internacional no solo abordó las consecuencias del incendio, sino que también puso el foco en un problema estructural más amplio. Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento, en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país. De acuerdo con los antecedentes, estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal.
Previo a la resolución de la CIDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos y, a través de informes, reforzó la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado. Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros administrados por el Sename. Una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió años antes que “siguen ocurriendo hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior”. Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
El Caso de Lissette
Uno de los casos que detonó la crisis por los fallecimientos fue el de Lissette, de 11 años. Pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, con evaluaciones del Sename que incluían maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Lissette, sin embargo, no dejaba de escribir cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, en el Centro Galvarino, donde Lissette estaba internada, sus cuidadoras pensaron que la crisis que vivía era otra de sus "pataletas". En medio de una crisis, la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera que estaban a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, intentaron reanimarla y buscar ayuda, pero Lissette ya estaba muerta. La institución no aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver, una explicación considerada poco satisfactoria y que le costó el puesto.
El Caso de Guillermina
En agosto de 2012, Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Sename. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina, quien ya había intentado suicidarse anteriormente, se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para verificar su estado o realizarle un chequeo completo. La querella no prosperó, y su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente. A pesar de haber estado mucho tiempo en situación de calle, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave, lo que resalta la falta de atención especializada.
Problemáticas Estructurales del Sistema Sename
Una serie de investigaciones ha evidenciado que el Sename operaba bajo un sistema con graves deficiencias, no solo en casos puntuales, sino de manera estructural, lo que llevó a la vulneración sistemática de los derechos de los niños bajo su custodia.
Caos Estadístico y Falta de Transparencia
La falta de claridad respecto al número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado fue una de las problemáticas más notorias. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. Un análisis de BBC Mundo sobre los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que, sumados a 77 de la lista de Justicia, darían un total de 395.
María Estela Ortiz y el diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, señalaron que el Estado de Chile no cumplía con sus compromisos internacionales en materia de infancia, al no saber cuántos niños había en sus establecimientos, cuántos habían fallecido ni cuáles eran sus causales. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explicó a BBC Mundo que es posible que la información estuviera replicada debido a la complejidad del servicio.
Sobremedicación y Falta de Atención Especializada
La situación de Lissette puso de manifiesto un problema generalizado de sobremedicación. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, indicó que a la menor se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) en una dosis que actuaba como antipsicótico, y que había estado expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no se ha demostrado su efecto en niños. Otro fármaco, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada aseguró que la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros era "generalizada", con problemas graves de dosificación y sin personal especializado para su administración. El senador Alejandro Navarro destacó que el 63% de los niños estaban con tratamiento farmacológico y más de 3.000 sin la debida atención médica especializada. Este problema se agrava por la escasez de psiquiatras infantojuveniles, con la mayoría prefiriendo el sector privado, lo que deja regiones enteras sin cobertura.
Además, Chile presenta la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil, lo que exacerba la vulnerabilidad de estos menores, como en el caso de Guillermina, quien, a pesar de su historial complejo, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave.
Condiciones Deficientes y Vulneraciones Constantes
Más allá de los números exactos, las investigaciones revelaron un sistema en el que los niños vulnerables eran cuidados por personal sin ninguna capacitación, ni siquiera en primeros auxilios, y que había recibido quejas por maltratos, negligencia en el cuidado y abuso. Las causas de muerte determinadas por algunas autopsias sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
Las vulneraciones identificadas en 2017 fueron de todos los tipos y formas, principalmente centradas en una falta de atención generalizada. Esto implicaba descuidos tan básicos como controles médicos o educación; se encontró que 1.187 niños en residencias del Servicio no se encontraban inscritos en ningún establecimiento educacional. Un 69.1% de quienes estaban bajo el sistema de protección de derechos presentaba al menos un trastorno de salud mental.
El hacinamiento era un problema recurrente; el Centro Galvarino, donde murió Lissette, tenía capacidad para 70 menores, pero en la práctica operaba con un sobrecupo de más del 50%. Los casos de abuso sexual dentro de los centros eran una realidad llevada a cabo tanto por los mismos niños, niñas y adolescentes como por el personal. Historiadores Ximena Illanes y Miguel Morales, al analizar la crisis desde una perspectiva histórica, remarcaron que estos menores vulnerados e institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia", y que las situaciones de vulneración en residencias son frecuentes, seguidas de la negación y el silenciamiento.
El Modelo de Protección Residencial y la Separación Familiar
Impacto de la Separación en Niños y Familias
En Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada, manteniéndose vigente desde 1758 con la fundación de la primera casa de expósitos de Santiago. Se entiende que la separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria, dado los graves efectos psicológicos que tienen este tipo de acontecimientos. Sin embargo, un estudio de 2010 encargado por UNICEF y Sename señaló que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2.7 años, lo que transforma una situación provisoria en prolongada e incluso permanente.
Lo anterior se puede observar en el diseño del sistema de visitas, donde habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños o distancias excesivas entre la residencia y la casa de la familia. Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo, antes que como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos. Aunque la separación protege a los niños del maltrato de los padres, no cambia a los padres en sí misma.
Este contexto de gran adversidad genera una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Aquel desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado a través de la historia. El sistema, en su afán por proteger, repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales, generando un sistema de protección segregado donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el Sename y el Poder Judicial.
Un Sistema Segregado y la Estigmatización de la Pobreza
Existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados para ser protegidos por el sistema. Estos últimos son atendidos por abogados muy jóvenes, para quienes el niño es a menudo un trámite burocrático más que un sujeto de derecho. Estela Ortiz cuestionó esta disparidad: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?". La evidencia muestra que "los niños son internados por pobreza", y que sus padres, a menudo, también sufrieron maltrato en su infancia.
Hacia una Nueva Política de Infancia: Mejor Niñez y Desafíos Futuros
Reemplazo del Sename: Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez)
El 5 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.302, que crea el “Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica”, que viene a reemplazar el Sename. Para Branislav Marelic, la creación del Servicio Mejor Niñez es una declaración del Estado diciendo que se harán las cosas bien, pero "no asegura que cambie nada". Actualmente, cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros, y la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia trae aparejada otras formas de vulneraciones, como la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional.
Propuestas de Solución
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle.
- Reintegro familiar: El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen. La solución no es quitárselos, sino romper el círculo, entregarles herramientas y acompañarlos.
- Defensa jurídica adecuada: Es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo".
Se ha planteado la necesidad de una mirada más comunitaria respecto de los problemas de salud mental y sociales que tienen los niños, en lugar de un enfoque tan específico por cada problema. El Consejo para la Infancia, en el mediano plazo, planea cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio.
Abordar el maltrato infantil y las vulneraciones en instituciones de protección no puede desligarse de una discusión que piense el lugar de los niños en la sociedad y el contexto en que se desarrolla la violencia. La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a suplir las carencias afectivas y materiales del niño, ni a la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor; requiere de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad. Solo así la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.
Es imperativo asignar responsabilidades y revisar las políticas que hicieron posible no solo las muertes, sino también que la ciudadanía desconociera la realidad. Se propone revisar el sentido de la prisión para padres, especialmente madres, ya que el encarcelamiento parental es un factor de riesgo para múltiples problemas en niños y adolescentes. Además, el costo de una persona en prisión es aproximadamente tres veces lo que se asigna por niño al Sename. La crisis del Sename debe ser una oportunidad para priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, atendiendo a los problemas adyacentes que inciden directamente en que los niños lleguen a estos servicios y, peor aún, que salgan a la calle o a la cárcel.
