La preocupación por la seguridad y el bienestar de los menores bajo la tutela del Estado ha sido una constante en el debate público. Diversos informes y organismos han puesto el foco en la cifra de fallecimientos de personas vinculadas a los programas del Servicio Nacional de Menores (Sename), un tema que ha generado llamados urgentes a la verdad, justicia y reparación.
El informe "Muertes bajo custodia" y las cifras históricas
El informe “Muertes bajo custodia”, elaborado por el Observatorio Para la Confianza, visibiliza que en los últimos 15 años han fallecido 1.836 personas que se encontraban en programas del Sename. De este total, 1.188 corresponden a decesos de menores de edad y 648 a adultos que formaban parte de los programas del área de protección y del área de justicia juvenil.
Al analizar los datos de los niños, niñas y adolescentes, se observa que el 66% de los fallecimientos afectó a hombres, mientras que un 34% a mujeres. Respecto a la edad, el 55% de las muertes corresponden a adolescentes de 14 a 17 años, el 23% a niños y niñas de 0 a 5 años, y el 22% a menores entre 6 y 13 años. Asimismo, el 73% de los decesos ocurrió mientras las personas estaban en programas del área de protección y un 27% en programas del área de justicia juvenil.
Desafíos en la gestión de datos y causas de muerte
La precisión sobre estas cifras es un punto de debate constante. Según datos de la Defensoría de la Niñez, entre enero de 2005 y julio de 2016, de las 878 muertes registradas al interior de la red Sename, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos fueron investigados. Sofía Aliaga, coordinadora del Observatorio Para la Confianza, señala que los datos deben observarse con cautela, cuestionando como sociedad por qué la mayoría de las causas de muerte registradas son de naturaleza violenta.
El escenario se vuelve más complejo al analizar el fenómeno de los homicidios. Un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito reveló que, de 217 homicidios contra menores registrados en un periodo determinado, el 52,5% formaba parte de programas del Sename o del Servicio de Protección Especializada. No obstante, las instituciones advierten que existen dificultades para desagregar estos datos de manera oficial, ya que muchas cifras provienen de gestiones internas no depuradas o dependen de la categorización realizada por el Servicio Médico Legal y los tribunales.
Contexto institucional y recomendaciones internacionales
La historia del Sename, que inició su funcionamiento en 1980, ha estado marcada por hitos críticos, como el fallecimiento de Lissette Villa en 2016, evento que obligó a las autoridades a fiscalizar con mayor rigurosidad al servicio. Sobre estos 41 años de historia, José Andrés Murillo, director ejecutivo del Observatorio Para la Confianza, enfatiza la necesidad de trabajar como sociedad en la reconstrucción de esta historia.
En 2018, el Comité de los Derechos del Niño afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado. Entre las recomendaciones se incluyó:
- Establecer mecanismos de reparación para las víctimas, priorizando su derecho a ser oídas.
- Desarrollar un plan de acción de reparación integral.
- La creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, propuesta por la Defensoría de la Niñez en 2020 para esclarecer los hechos ocurridos en residencias de protección.
La realidad en las residencias y el sistema de protección
La problemática de los niños que abandonan las residencias de protección expone graves fallas en el sistema. El caso de María José, una joven que falleció tras escapar de su residencia, ilustra los riesgos que enfrentan los menores cuando el Estado no logra restituir efectivamente su derecho a vivir en familia. Especialistas del programa "Mi Abogado" advierten que las dificultades que sobrellevan los jóvenes por el abandono son tan profundas que el sistema actual, en muchas ocasiones, no cuenta con las herramientas necesarias para contenerlos y resguardarlos adecuadamente.