La Crisis Estructural del Sename
La muerte de Daniela Vargas, de 13 años, bajo custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chiloé, volvió a poner en el tapete la aguda crisis que padece dicho organismo. La menor padecía de una miocardiopatía dilatada y falleció luego de que se le negara un trasplante de corazón por su “precaria situación social, familiar y personal”. Los problemas del Sename han sido investigados y denunciados reiteradamente. Un aspecto clave estructural que devela la dispar forma en que se gastan los millonarios recursos públicos es el presupuestario.
El Presupuesto 2018: Cifras y Disparidades
Incremento Presupuestario
El Presupuesto 2018 para el Servicio Nacional de Menores considera un gasto de $319.410 millones, lo que significa $27.254 millones más que en el presupuesto anterior. Esto equivale a un incremento de 9,3%.
Distribución Desigual y Críticas de LyD
El presupuesto del Sename tiene una desigual distribución del gasto entre los menores que reciben subsidio directo del Estado y que son atendidos por entidades privadas, y los que son atendidos directamente por centros estatales, en los que están contratados funcionarios públicos.
Según un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD), el 91% de las plazas de los centros residenciales son privadas, y el 95% de las atenciones son llevadas a cabo por estos organismos colaboradores. No obstante, estas entidades reciben solo el 63% del presupuesto, pese a que los niños derivados a los centros estatales podrían corresponder a casos más complejos. LyD califica de “alarmante” dicha brecha, ya que la institución hace una diferenciación entre los recursos destinados a la atención de los niños administrados directamente por el servicio y los gestionados por los organismos colaboradores (sociedad civil), entre los cuales se encuentran los centros residenciales, oficinas de protección de derechos, diagnóstico y programas de intervención ambulatoria.
La Unidad de Subvención Sename (USS) tuvo un valor para 2017 de $15.480. Paulina Henoch, investigadora de LyD, plantea que el presupuesto del Sename para el próximo año “no asigna mayores recursos a los niños del Sename y eso también contribuye a que la atención que reciben los niños sea insuficiente”.
Gasto en Personal
Además, el presupuesto contempla un incremento importante en el gasto en personal, siendo que casi el 30% de los recursos del Sename son destinados a los funcionarios. Henoch señala que “los mayores aumentos se deben a cambios de grados para 104 funcionarios, por criterios de antigüedad y gradualidad definidos, en vez de criterios de competencias”.
El Problema del Artículo 80 bis
Otro aspecto que devela el estudio es que el artículo 80 bis permite a los Tribunales de Familia derivar casos urgentes, obligando a las instituciones a prestar el servicio de manera inmediata, aun cuando no exista oferta programática o plazas disponibles para la intervención requerida. El financiamiento del 80 bis se efectúa con meses y a veces años de retraso, lo que implica que las propias instituciones colaboradoras tengan que financiar las atenciones impuestas por esta norma.
Detalle del Gasto en Justicia Juvenil
Una sesión especial estuvo preparando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado para invitar a la entonces directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta. El objetivo de los parlamentarios era aclarar cómo se estaba trabajando al interior del servicio para reinsertar y rehabilitar a los menores infractores de ley, que actualmente están en el sistema de Justicia Juvenil del organismo. Esto, a raíz del último informe presupuestario que el Sename envió a la instancia, a través del Ministerio de Justicia, donde informó sobre el gasto promedio mensual destinado a cada niño.
En total, en los centros con menores infractores de ley, el organismo invirtió $23.102.214.977 en seis meses para un total de 13.055 niños. Al sacar cuánto se destinó por cada mes a los jóvenes se traduce en $294.934 en promedio por cada menor.
Disparidades Regionales y por Centro
Sin embargo, el presupuesto no se divide en partes iguales por cada uno de los 29 centros de Justicia Juvenil del Sename, lo que evidencia que hay algunos recintos de internación provisoria (para cumplir una medida cautelar) y de régimen cerrado que recibieron casi $170 mil mensuales por niño, como es el caso de Iquique, donde hay 793 menores. En cambio, en Punta Arenas son 34 internos, quienes recibieron un promedio de $2.474.662 cada uno.
No obstante, en el documento se advierte que el costo mensual no solo está relacionado con la cantidad de menores atendidos. Por ejemplo, en el caso del centro de internación provisoria y régimen cerrado de Antofagasta, se entregaron $911.882.701 para la total ejecución del presupuesto del primer semestre, para 866 atenciones. Esto dio un promedio de $175.497 como costo mensual por menor atendido. Sin embargo, en el recinto de internación provisoria y régimen cerrado de Coronel, en la VIII Región, se ejecutaron $1.696.880.303 para la atención de 477 menores. Es decir, se destinó más dinero para un centro donde se hizo casi la mitad de las atenciones que se realizaron en Antofagasta.
Según se señala en la introducción del informe de la glosa presupuestaria, los gastos "reflejan el total de ejecuciones en los meses de enero a junio de 2017, que consideran:
- Subtítulo 21: Sueldos, viáticos y honorarios.
- Subtítulo 22: Compras de bienes y servicios (alimentación, mantenciones, consumos básicos, entre otros).
- Subtítulo 29: Adquisiciones de activos no financieros (maquinarias y equipos, mobiliarios, equipos y programas informáticos).
Ingreso y Gasto Público
Reacciones y Explicaciones
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe (PPD), señaló que "esto evidencia una falta de proporcionalidad en la inversión para rehabilitar a un infractor de ley, no se le puede exigir a un funcionario que rehabilite a una persona con $198 mil. Es fundamental que haya mayor equilibrio entre las regiones".
El centro donde hubo el promedio más bajo de inversión por niño fue el establecimiento semicerrado La Cisterna, con un costo de $98.437 por atención mensual. Desde el Sename explicaron que "no corresponde comparar centros que funcionan con modalidades distintas y que tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, en justicia juvenil, los centros semicerrados son aquellos donde los adolescentes cumplen con una sanción que implica pernoctar en dichos recintos todas las noches, y durante el día asisten al colegio y/o a talleres apropiados para cumplir su sanción. En cambio, un centro de internación provisoria o de régimen cerrado cuenta con perímetro resguardado por Gendarmería y los jóvenes están privados de libertad, lo que implica que consumen todos sus alimentos del día, tienen colegios y talleres de capacitación que funcionan al interior".
Sobre las diferencias en los gastos por niño, explicaron que "independientemente de la cantidad de niños o adolescentes atendidos en los centros, hay costos fijos que deben cubrirse, tales como el pago de los funcionarios que trabajan en ellos, mantenciones de los edificios, etc. Por eso, hay casos de centros donde se atienden menos niños o adolescentes y el promedio de costo mensual es mayor".
Gasto en Centros de Protección de Derechos
El informe también considera el gasto en los centros destinados a la Protección de Derechos, en recintos de administración directa del Sename. En los 11 recintos del servicio considerados en el documento hubo un costo mensual por niño de $231.912. El Sename explicó que "los centros de protección atienden a niños y niñas por tramos de edad, y que debido a ello tienen necesidades diferentes por su alimentación y los cuidados específicos que requieren".
Hacia una Reforma Integral y Especializada
Para el gerente de Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, "es necesario definir de manera precisa si la diferencia de esas asignaciones está referida a un modelo de prestaciones diferenciadas, por ejemplo, si involucra una intervención terapéutica u otra que signifique duplicar el gasto por niño".
En el marco de la reforma, el Servicio de Reinserción Social Juvenil espera contar con la aprobación de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, su Plan de Acción Nacional (2025-203) y los Planes de Acción Regionales respectivos. Así mismo, se espera la implementación del nuevo programa de Mediación Penal Juvenil, que busca resolver colaborativamente el conflicto generado a partir de un delito que no tuvo consecuencias graves, realizándose a la fecha un total de 786 mediaciones.
Estas iniciativas buscan avanzar en la especialización del sistema de justicia, capacitando a jueces, fiscales y defensores. Uno de los cambios estructurales del nuevo sistema dice relación con el cambio en el sistema de registro. Se espera que el expediente único de ejecución se encuentre operando en todo el país, contando con interoperatividad con el Registro Civil, Minsal y Mineduc, y permitiendo consultas simultáneas al Servicio de Protección Especializado.
Contexto Presupuestario General y Recortes
En un contexto más amplio, el pasado viernes 24 de abril, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó un decreto que establece una reducción presupuestaria de $32 mil 721 millones para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Según consignó La Tercera, el recorte, materializado mediante una modificación presupuestaria, implica una disminución de recursos en múltiples servicios de esa cartera. El documento se difundió este martes y fue firmado el mismo día en que se generó controversia por una circular de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Dicha circular recomendaba “descontinuar” o reformular decenas de programas estatales, lo que provocó críticas tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo.
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