El Estado de Chile ha sido señalado por violar sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su tutela. Esta contundente conclusión emana de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, el cual investigó 240 hogares de menores. Los resultados revelaron que en el 100% de los centros administrados directamente por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el 88% de aquellos gestionados por particulares se constataron 2.071 casos de abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual.
Un aspecto particularmente grave de esta situación es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, con copia al gobierno, pero no se hizo público. A pesar de la conmoción nacional generada por la muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016, que impulsó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a tomar medidas para detener los abusos en los hogares del Sename, la situación no ha mejorado sustancialmente.
El mismo documento de la PDI subraya que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". CIPER tuvo acceso a este informe de 257 páginas, el cual resume una extensa investigación contenida en 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. El fiscal investiga las 1.313 muertes ocurridas en centros del Sename entre 2005 y 2016, cifra reportada tras el deceso de Lissette.
El diputado Rene Saffirio, quien hizo pública la existencia del informe el 2 de julio, expresó a CIPER su convicción de que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, debió haber sido informado por la PDI sobre estos hallazgos, solicitando su renuncia ante la gravedad de los hechos. El parlamentario, quien ha denunciado persistentemente los abusos en el Sename, calificó como muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento cuando estuvo listo en diciembre del año pasado.
La gravedad del informe radica en que constata una violencia sistemática, un hallazgo que ya había sido señalado por un documento de la ONU el año anterior. Sin embargo, el reporte de la PDI es considerablemente más completo, ya que el organismo internacional solo visitó cuatro residencias, mientras que la policía abarcó 240 de los 241 centros existentes en todo el país. Esto permite tener una visión sobre los aproximadamente 6.500 niños que el Sename tiene bajo su sistema de residencias.
Por consiguiente, es especialmente alarmante que la PDI haya constatado que la violación sistemática de derechos se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Diversas instituciones deben asumir su responsabilidad pública por este desastre, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda en una posición especialmente cuestionable. Los jueces de familia tienen la obligación de visitar los centros dos veces al año; surge la pregunta de si nunca detectaron estas vulneraciones sistemáticas o si, habiéndolas detectado, no ordenaron su cese, solución o investigación.
Cadena de Informes y Falta de Acción
El documento de la PDI representa el último eslabón en una preocupante cadena de reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esta cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y UNICEF encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres. Los brutales hallazgos del Informe Jeldres dieron pie a una serie de investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, a los que se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
A pesar de los anuncios de medidas, sanciones y reformas tras cada informe, la muerte de Lissette Villa sacó a la luz otras historias similares dentro del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, particularmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para proporcionar una cifra precisa de fallecimientos en los hogares, motivó una investigación penal por parte de la Fiscalía. El fiscal Marcos Emilfork, a cargo de esa indagatoria, conformó un equipo especial de la PDI con dedicación exclusiva para investigar las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
Investigación de la PDI: Hallazgos Detallados
Con el objetivo de recabar información sobre las muertes, el 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI visitar cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives inspeccionaron 240 de las 241 residencias existentes, ya fueran de administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas. Solo un centro se negó a recibirlos.
Los 2.071 casos de graves vulneraciones de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares dentro de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (equipo de la PDI) elaborar un informe resumen de sus hallazgos. Se identificaron casos de urgencia, como los de 40 menores con "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital". Esta lista prioritaria fue comunicada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud para que se adoptaran las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital.
El equipo de la PDI también determinó que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI no contar con información previa a 2017 sobre graves vulneraciones de derechos contra los niños a su cargo, lo que explica que los datos recopilados sean casi exclusivamente de ese año.
Tipos de Maltrato y Abuso
El informe detalla que una parte significativa de los maltratos perpetrados por adultos se concentró en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), que pertenecen al área de protección, se registraron 105 maltratos de adultos hacia menores. En los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes, ocurrieron otros 137 casos similares.
Se constató que en el 50% de los hogares se produjeron abusos sexuales, sumando un total de 310 casos con connotación sexual. De estos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares de organismos colaboradores, 21 en Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). Además, se documentaron 187 abusos sexuales entre menores, la mayoría de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico al afirmar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Fallas en Protocolos y Fiscalización
Un alarmante 62,9% de los hogares (151) presentaron casos de "deserciones del sistema". Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, esta cifra aumenta al 76,2%. A pesar de que el Sename ha establecido protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, diseñados para asegurar un mínimo resguardo a la integridad de los niños, el equipo policial determinó que el 44,5% de los centros no cumple con estos protocolos mínimos exigidos.
Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional carece de protocolo ante conductas suicidas. Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que desencadenó la investigación judicial, se debió precisamente a errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco disponía de un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar la existencia y cumplimiento de estos protocolos. La investigación de la policía determinó que, si bien el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa".
Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros del Sename al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Problemas de Salud y Falta de Personal Cualificado
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es extremadamente alta: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, un 13,9% sufre una enfermedad crónica, un 0,4% se encuentra en estado terminal o en riesgo vital, y un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El análisis de esta situación revela deficiencias críticas: 42 centros no cuentan con un encargado de salud. De los 198 centros que sí tienen uno, la función es ejercida por personal que no cumple el perfil necesario. En 55 centros, la labor de administración de medicamentos la realiza un "educador de trato directo" sin la formación profesional o técnica en el área de la salud. Un educador es un funcionario que solo requiere tener estudios secundarios completos para ser contratado.
Una investigación previa de CIPER en 2016 ya había constatado la falta de control en el suministro de fármacos a niños y adolescentes del Sename, utilizándolos a menudo como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se agrava al considerar que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Reacciones Oficiales y Nuevas Instancias
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó haber conocido el informe de la PDI, calificando de falso lo declarado por el diputado. Afirmó que el Ministerio de Justicia no había recibido dicho informe y que solo tenía conocimiento de que se estaba realizando un estudio para un proceso judicial en el que el Ejecutivo no era parte.
Por su parte, Jaime Gajardo Falcón, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, expresó su esperanza en que una comisión recién creada permita reparar la situación de graves vulneraciones sufridas por los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, enfatizó la importancia de defender los Derechos Humanos, incluyendo la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, reconociendo las responsabilidades del Estado ante vulneraciones ocurridas incluso en democracia, especialmente hacia niños, niñas y adolescentes bajo su protección.
Se anunció que a partir de la creación de la Comisión, se iniciará una etapa de difusión para informar a la ciudadanía sobre su propósito y alcance, asegurando que los interesados comprendan su rol y los mecanismos de acceso. Soledad Larraín Heiremans agregó que la participación ciudadana y la confianza en la Comisión son fundamentales para acercarse a la verdad.
Integrantes de la Comisión y Publicaciones Relevantes
La conformación de la Comisión incluye a profesionales con amplia experiencia en el ámbito de la infancia y los derechos humanos:
- Abogado con más de 35 años de experiencia en protección de la niñez, con especialización en consultoría para UNICEF.
- Abogada y Doctora en Derecho, con amplia trayectoria académica y en políticas públicas de infancia.
- Psicóloga con más de 20 años de experiencia en consultoría sobre protección de derechos de la niñez y violencia contra niños, niñas y adolescentes.
- Psicólogo, Académico y coordinador de estudios interdisciplinarios en infancias.
- Profesora titular y especialista en actores privados y derechos humanos.
- Educadora y consultora nacional e internacional en políticas de niñez, con experiencia en la implementación de políticas de educación en primera infancia.
- Abogado, ex Subsecretario de Justicia, con experiencia en defensa juvenil y docencia en responsabilidad penal adolescente.
Entre las publicaciones relevantes relacionadas con la protección de menores y el Sename se encuentran:
- "Informe Misión de Observación Sename 2017": Detalla los resultados de la observación a residencias Sename públicas y privadas, categorizando hallazgos en áreas clave como condiciones de vida, vinculación con el medio, educación, familia, salud mental, entre otras. Busca informar a la opinión pública y autoridades para la adopción de medidas correctivas.
- "Reporte de situación en Residencias de instituciones colaboradoras acreditadas de SENAME para niñas, niños y adolescentes con discapacidad - Misión de Observación SENAME 2017": Analiza la situación de centros residenciales para NNA con discapacidad, basándose en información recopilada por el INDH en 2017.
- Informe Final del Diagnóstico Institucional de Género para el Servicio Nacional de Menores, 2023.
- Resumen Ejecutivo del Diagnóstico Institucional de Género para el Servicio Nacional de Menores, 2023.
- Informe Final: Estudio para favorecer la intervención con enfoque intercultural con adolescentes y jóvenes migrantes, extranjeros y refugiados ingresados al circuito LRPA del Servicio Nacional de Menores y la formación de los equipos intervinientes.
- Resumen Ejecutivo: Estudio para favorecer la intervención con enfoque intercultural con adolescentes y jóvenes migrantes, extranjeros y refugiados ingresados al circuito LRPA del Servicio Nacional de Menores y la formación de los equipos intervinientes.
- Discusiones y propuestas para un nuevo Chile: La participación de personas privadas de libertad en cabildos penitenciarios. Informe final de sistematización de resultados nacionales.
- Reincidencia de jóvenes que infringieron la ley RPA. Estudio 2015.
- Medición de la reincidencia delictiva de jóvenes infractores de ley penal. Cohortes 2009-2010.
- Estudio modelo y medición de la reincidencia de adolescentes y jóvenes infractores de la ley penal. Resumen ejecutivo.