La transición de la niñez a la adultez representa un periodo crucial, especialmente para aquellos jóvenes que egresan del sistema de protección del Estado en Chile. Este proceso ha sido objeto de una profunda reforma y ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de establecer redes de apoyo efectivas para garantizar una vida digna y el pleno ejercicio de sus derechos.
Evolución del Sistema de Protección a la Niñez y Adolescencia en Chile
Contexto del Servicio Nacional de Menores (Sename) y Programas Anteriores
El Servicio Nacional de Menores (Sename) fue el organismo encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes en Chile durante décadas. En este contexto, se diseñó e implementó el Programa 24 Horas en 2009 y 2010, respectivamente, como una iniciativa intersectorial clave. Este programa fue el resultado de la colaboración entre la Subsecretaría de Carabineros, el Sename (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública).
El Programa 24 Horas se concibió como un modelo de gestión territorial intersectorial, con una focalización barrial o comunal que se insertaba en el territorio. Se esperaba que los proyectos generaran sinergia y complementariedad con otras intervenciones, especialmente en casos donde participaban múltiples modalidades. Ciudades como Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt fueron algunas de las puertas de entrada a este programa. La gestión territorial fue un elemento central, sirviendo de enlace entre el diseño y la implementación.
El Nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez)
El 23 de diciembre de 2020 se promulgó la ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido también como Mejor Niñez, reemplazando al Sename. Este servicio es una entidad pública descentralizada, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, y se encuentra bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dicho ministerio garantiza el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y sus colaboradores acreditados.
El objeto principal del Servicio es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes que se encuentren gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Para ello, debe asegurar la provisión y ejecución de programas especializados destinados a abordar casos de mediana y alta complejidad. Además, se compromete a garantizar, en el ámbito de su competencia y atribuciones, el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos de especial protección, haciendo respetar sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. El Servicio actuará en concordancia con la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, garantizando el derecho de acceso a la justicia de los sujetos de atención, de forma independiente al Servicio. Sus funciones se ejercerán con un enfoque de derechos, acorde con la dignidad humana.
Principios Rectores del Servicio
El Servicio se rige por una serie de principios fundamentales para su operación:
- El interés superior del niño, niña o adolescente.
- La igualdad y no discriminación arbitraria.
- La autonomía progresiva.
- La perspectiva de género.
- La inclusión.
- La protección social.
- La participación efectiva.
Funcionamiento y Estructura Organizacional
Para asegurar las prestaciones, el Servicio proveerá la oferta pública en todas las regiones del país, ya sea de forma directa o a través de terceros. En los casos en que niños, niñas o adolescentes resulten dañados por falta de servicio, la indemnización por el daño moral será determinada por un juez, quien considerará la gravedad del perjuicio y la modificación de las condiciones de existencia del afectado.
La dirección del Servicio está a cargo de un Director o Directora Nacional, nombrado por un período de cinco años, con la posibilidad de una única renovación. Además, el Servicio cuenta con direcciones regionales en cada región del país. Tanto el Director Nacional como los directores regionales son nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública. El Servicio también dispone de un Consejo de Expertos, compuesto por cinco miembros con reconocida experiencia en áreas ligadas a la niñez, quienes cumplen un mandato de tres años, renovable por una sola vez.
Las funciones del Servicio incluyen:
- Elaborar la normativa técnica y administrativa para cada programa de protección especializada.
- Colaborar con otros órganos del Estado y requerir o entregar información cuando corresponda.
- Generar procedimientos formales y permanentes para recabar periódicamente la opinión de los niños, niñas, adolescentes sujetos de atención, sus familias o quienes los tengan bajo su cuidado.
- Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección especializada.
- Diseñar y desarrollar políticas, programas y actividades de capacitación periódica.
- Solicitar información a cualquier órgano del Estado para el buen cumplimiento de sus funciones.
- Ejercer acciones para la recuperación de recursos utilizados en contravención de la normativa.
- Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.
Los programas de protección especializada se diseñarán basándose en evidencia técnica y territorial, así como en evaluaciones previas realizadas por el Servicio o terceros, y en las evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia u otros organismos competentes del Estado. Las líneas de acción o modalidades de atención especializada del Servicio son:
- Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia.
- Intervenciones ambulatorias de reparación.
- Fortalecimiento y vinculación.
- Cuidado alternativo.
- Adopción.
Fiscalización y Colaboradores Acreditados
El Servicio contará con una unidad de fiscalización encargada de la supervisión y aplicación de sanciones a los colaboradores acreditados en los casos calificados. Para ser colaboradores acreditados, las personas jurídicas deben haber adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, así como el uso correcto de los recursos públicos. El Servicio mantendrá un registro público de estos colaboradores, actualizado anualmente en su página web.
En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones. Las infracciones graves serán determinadas buscando la idoneidad de la aplicación para el cumplimiento de los fines de protección especializada. Se considera una infracción gravísima la ocurrencia de delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, o el uso indebido de recursos públicos, pudiendo esta sanción llegar hasta el término de la acreditación. Finalmente, el Servicio debe contar con personal capacitado e idóneo para el ejercicio de sus funciones.
Atención a Jóvenes Mayores de 18 Años: Un Enfoque Crucial
Un avance significativo del nuevo Servicio es que, si bien su acción se centra en niños, niñas y adolescentes, también considera a aquellos que alcanzan la mayoría de edad. El Servicio continuará atendiendo a quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años. Esta extensión de la protección busca brindar un acompañamiento fundamental en una etapa vital.
Desafíos en la Transición a la Vida Adulta y la Necesidad de Redes de Apoyo Holísticas
Cada año, aproximadamente 1.500 jóvenes en Chile alcanzan la mayoría de edad, lo que implica que su permanencia en las residencias de protección se vuelve voluntaria. La transición a la vida adulta para estos jóvenes es un periodo de alta vulnerabilidad. Ya en 2018, un estudio del Hogar de Cristo, “Del dicho al derecho: Estándares de calidad para residencias de protección de niños y adolescentes”, señaló expresamente el deber de asegurar servicios de soporte para esta población, al menos hasta los 25 años.
Carlos Vöhringer, director técnico de Hogar de Cristo, subraya que este acompañamiento debe ser holístico y considerar múltiples dimensiones:
- Alternativas habitacionales seguras, hasta que puedan arrendar o comprar su propia vivienda.
- Beneficios financieros que apoyen el inicio de su vida independiente.
- Soporte educacional para el acceso a capacitación y/o programas de educación superior.
- Programas de apoyo al empleo.
- Acceso a asesoría legal.
- Acceso a servicios de salud, especialmente para jóvenes con trastornos de salud mental.
Jóvenes con acceso al conocimiento pero sin el poder | Manuel Fernández Burda | TEDxRiodelaPlata
La Cruda Realidad de la Situación de Calle
La realidad que organizaciones como Hogar de Cristo enfrentan es alarmante: muchos jóvenes en situación de calle tienen como denominador común haber pasado por el Sename. Un catastro de 2011 reveló que el 46% de los jóvenes en situación de calle, entre 18 y 28 años, había estado en el Servicio Nacional de Menores.
Daniela Moreno, jefa de la hospedería de Hogar de Cristo en la Región de Valparaíso, ha observado una señal de alarma creciente: mujeres cada vez más jóvenes, que llevan meses en situación de calle, buscan refugio. Moreno enfatiza la necesidad de generar estrategias de red que deriven en políticas más efectivas de apoyo, dado que estas mujeres a menudo sufren situaciones de extrema violencia y abuso. Además, señala que una hospedería mixta, con adultos mayores de larga trayectoria en calle, no es el entorno óptimo para jóvenes con historias de vulneración, aunque un aspecto positivo es que ellas no desean volver a vivir en la calle.
La Fundación Sentido, dirigida por Margarita Guzmán, ha trabajado por 9 años con niños, niñas y jóvenes bajo la protección del Estado. Guzmán ha constatado que muchos de estos jóvenes terminaban en la calle "sencillamente porque no tienen un techo sobre sus cabezas", lo que imposibilitaba cualquier intento de reinserción o continuidad educativa.
Una mejora importante en la normativa fue la eliminación del requisito de certificado de alumno regular del Ministerio de Educación para que los jóvenes permanecieran bajo protección hasta los 24 años. Anteriormente, esta exigencia excluía a muchos que no estaban en el sistema formal. Gracias al lobby de organismos colaboradores, el nuevo Servicio Mejor Niñez ahora acepta certificados de instituciones colaboradoras acreditadas.
Propuestas y el Camino hacia una Vida Interdependiente
A pesar de los avances, dado que centenares de jóvenes egresan anualmente del sistema, es imperativo que la nueva ley asegure programas de transición a la vida adulta con vivienda. La experiencia demuestra que mientras los jóvenes se encuentran en situación de calle, ningún programa ambulatorio puede ser efectivo para que continúen sus estudios o se desarrollen.
Chile es, actualmente, el único país de Latinoamérica sin un programa de transición hacia la vida independiente para jóvenes que salen del sistema de protección. Ante esta realidad, se han iniciado gestiones con el Ministerio de Vivienda para emular iniciativas como "Vivienda Primero" para personas en situación de calle, proponiendo un subsidio de arriendo colectivo para estos jóvenes. También se busca un proyecto piloto que permita a fundaciones abrir nuevas casas en situaciones de emergencia.
Finalmente, se propone un cambio de paradigma en el enfoque de las residencias: pasar de la preparación para la vida "independiente" a la preparación para la vida "interdependiente". Esto implica alejarse de la búsqueda de autosuficiencia y, en cambio, promover el desarrollo de habilidades sociales en los jóvenes y apoyar la construcción de una red social a la cual pertenecer. Existe una gran expectativa y suma urgencia para que el nuevo Servicio Especializado para la Niñez y Adolescencia logre evitar que estos jóvenes lleguen a la situación de calle, garantizando su protección y una transición digna a la vida adulta.