Los hechos se desencadenaron en la noche del jueves 25 de octubre pasado en una sala especial del cuartel del OS-7 de Carabineros, en avenida La Paz (Recoleta). Allí funciona el sistema ETI de escuchas telefónicas, ordenadas por las fiscalías a Carabineros en todo el país. Un ruido inusual alertó al suboficial mayor Manuel Carrillo, uno de los tres encargados de que la máquina funcione las 24 horas del día.
La gravedad del conflicto instalado lo grafica el inicio de una inédita investigación criminal contra Carabineros por parte del Ministerio Público. Así se lo notificó el lunes 1 de julio el fiscal nacional Sabas Chahuán al general director de Carabineros, Gustavo González Jure. La notificación desencadenó de inmediato numerosos cursos de acción en Carabineros: una reunión de emergencia convocada por el general Gonzalo Blu, director de Investigación Delictual y Drogas, con los jefes de dos importantes unidades, OS-7 y OS-9.
La información entregada indicaba que ese viernes 5 de julio el episodio se haría público y que había pérdidas en registros de escuchas, además de que esa situación no fue informada al Ministerio Público durante los siguientes siete meses. A 48 horas de que el conflicto estallara, había que blindarse. La CIPER señala que no sería ese proceso el único afectado por pérdidas en las grabaciones.
La extraña casualidad hizo que ese 25 de octubre de 2012, cuando el equipo ETI falló, dos de las empresas involucradas en investigaciones por coimas en la compra de equipos antidrogas volvieran a figurar en el episodio de la pérdida de registros. La máquina ETI, comprada en 2001 a Tecnodata (dueño Alfredo Giacoman) y mantenida por Sectrade, de los hijos del ex general director Fernando Cordero Rusque, estuvo bajo este efecto. Tecnodata tenía la representación de Phoenix American Technologies, distribuidora de ETI, y se encargó de la mantención hasta 2011.
En febrero de 2012, Sectrade fue cuestionada por manejos irregulares en licitaciones de Carabineros, lo que no impidió que continuara la mantención del sistema ETI. Esto permitía a los Cordero accesar a la información de las escuchas. Documentos y testimonios de CIPER describen detalles de lo ocurrido tras la detección de la falla. El suboficial mayor Carrillo convocó al técnico de Sectrade, Sebastián Retamal Avalos, quien diagnosticó que tras un corte de energía el sistema entraba las llamadas, pero no eran redirigidas correctamente a los equipos de OS-7 y OS-9.
La falla del sistema era mayor. Los responsables de OS-7 entraron en pánico y convocaron a técnicos de Kepler, especializados en recuperación de información de discos bloqueados. Kepler informó que no podían recuperar la información. A principios de noviembre, el OS-9 informó que algunas grabaciones estaban bloqueadas en un disco duro que ningún técnico lograba liberar. A pesar de la gravedad, el Ministerio Público no fue informado.
El jefe del OS-9 era el coronel Eric Gajardo, quien luego sería premiado y destinado a la agregaduría en Bolivia. Otro hecho grave: BAE Systems debió pagar multas por más de 440 millones de dólares tras acuerdos con el DOJ y la Serious Fraud Office por corrupción en negocios de armas, y, en Chile, la justicia investigaba a la compañía inglesa por motivos similares vinculados a depósitos en cuentas offshore de Augusto Pinochet y a cuentas en el extranjero de uniformados entre 1997 y 2004. Finalmente, Tecnodata reinició el ETI y sus técnicos conocían los equipos de memoria, lo que permitió restablecer el sistema entre el 13 y 14 de noviembre, aunque no rescataron la información.
El informe del fiscal Arias al juez Guzmán el 5 de julio indica que OS-9 no entregó el respaldo íntegro de nueve teléfonos interceptados de 31; un teléfono dejó de registrar 40 días antes. Este hallazgo contradice al general González Jure y genera preocupación porque la pérdida de registros podría afectar otros procesos. La defensa de los detectives formalizados pedía el registro de todas las interceptaciones, y la respuesta de Villarroel sugería que había respaldos, pero podía haber registros no mantenidos.
La investigación también apunta a posibles intervenciones dolosas de terceros y a la magnitud real de los registros faltantes. Se cuestiona por qué el sistema ETI falló y si hubo una intervención externa. A nivel institucional, la preocupación se centra en la posibilidad de que las pérdidas afecten otros juicios y procesos judiciales, y en si existen fallos estructurales en la cadena de control y supervisión.
Otro frente es el costo y la renovación del sistema de escuchas. El equipo de la PDI, adquirido en 2011 por 2.420.975 euros sin licitación, marcó un parámetro para Carabineros, que buscaba una actualización similar para monitorear miles de llamadas y correos electrónicos. El precio de ETI para el intermediario que lo vendió a la PDI en 2011 fue de aproximadamente 1.600.000 euros, y la falta de licitación pública en esas negociaciones alimenta sospechas de manejo irregular de recursos.
La investigación de CIPER también aborda la relación entre la política y la industria de las pensiones. Una ley para retirar el 10% de los fondos previsionales provocó reacciones en el mundo político y entre las AFP. CIPER detectó 77 nombres relacionados con cargos públicos o políticos que figuran en la CMF, con 35 desempeñando cargos directivos o asesorías pagadas por las AFP, y 44 como representantes en directorios de empresas vinculadas a estas administradoras.
El radar de la investigación se extiende a prácticas de remuneraciones: entre 2015 y 2019 las AFP pagaron millones en dietas a directores y altos ejecutivos, con Habitat y Provida entre las que mayor remuneración reportaron. En 2019, por ejemplo, Habitat pagó dietas que superaron el millón de dólares a su equipo directivo; Provida reportó cifras similares y otros cargos relevantes en el sector.
El debate sobre la regulación de las relaciones entre el poder político y la industria de las AFP continúa, con cambios y resignificaciones en el terreno de la política y las finanzas. CIPER revisó memorias y registros de las administradoras para seguir el rastro de las dietas, remuneraciones y vínculos entre directivos y actores institucionales, incluyendo ex ministros, subsecretarios y parlamentarios.
Propuestas y zonas de riesgo en la actualidad
La necesidad de transparencia y control se imprime como eje central: monitorear la magnitud de las interceptaciones, garantizar la integridad de las grabaciones y asegurar que las actualizaciones del sistema se realicen sin oscurantismo ni favoritismos. Las autoridades buscan establecer salvaguardas para evitar que fallas técnicas o intervenciones indebidas comprometan procesos judiciales y derechos fundamentales.
En este escenario, la discusión sobre reestructurar las compras y licitaciones de tecnología de vigilancia se convierte en un tema crítico. La experiencia mostrada por el caso ETI subraya la importancia de auditorías independientes, trazabilidad de componentes y contratos claros para evitar conflictos de interés y asegurar la continuidad operativa de un servicio tan sensible.
Datos clave del caso y su repercusión
- Desperfecto en el sistema ETI provocó pérdidas de interceptaciones y atrasos en la entrega de pruebas judiciales.
- La falta de notificación al Ministerio Público durante siete meses agrava la sospecha de encubrimiento y desinformación institucional.
- Empresas involucradas en licitaciones previas y actuales aparecen en la secuencia de eventos, generando un mosaico de intereses y posibles conflictos.
- La magnitud de las pérdidas podría impactar múltiples procesos y provocar desestimaciones de interceptaciones en juicios relevantes.
- El debate sobre la renovación tecnológica y la transparencia en las compras de equipos de vigilancia continúa como eje de reforma institucional.
Implicaciones para la reforma del sistema de vigilancia y de pensiones
La experiencia con ETI y las prácticas de remuneración en AFP muestran la necesidad de una mayor separación entre políticos, empresas proveedoras y administradoras de pensiones. Una mayor transparencia, auditorías independientes y reglas claras de conflicto de interés pueden fortalecer la legitimidad del sistema y reducir incentivos de corrupción.
| Aspecto | Situación descrita | Implicaciones |
|---|---|---|
| Falla ETI | Pérdidas de grabaciones, registros bloqueados, información no informada al Ministerio Público | Riesgo de nulidad de pruebas y extensión de procesos |
| Empresas involucradas | Tecnodata, Sectrade, Phoenix, Kepler; licitaciones cuestionadas | Conflictos de interés y posible corrupción |
| Remuneraciones AFP | Dietas altas a directores y ejecutivos | Posibles influencias políticas y conflictos de interés |