El futuro del Servicio Nacional de Menores (Sename) y la protección de la niñez en Chile ha sido objeto de profundos debates y reestructuraciones. En este contexto, diversas figuras y organismos han asumido roles clave, enfrentando desafíos significativos y suscitando cuestionamientos sobre la dirección y el enfoque de estas transformaciones.
Contexto de la Transformación del Sename
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, señaló que “el Sename, tal como lo conocemos, dejará de existir”. Esta afirmación subraya una "deuda histórica que tiene nuestro país con la niñez y adolescencia, especialmente a partir de la crisis que ha sufrido la institucionalidad de protección durante los últimos años".
Creación de una Nueva Institucionalidad
Desde el primer día, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha trabajado "incansablemente por crear una nueva institucionalidad en materia de niñez, una institucionalidad robusta que se haga cargo de las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes vulnerados".
En materia de garantías, se destacó el trabajo realizado sobre la base del proyecto de ley sobre el sistema de garantías de los derechos de la niñez. Este proyecto, iniciado en Mensaje de la entonces Presidenta Michelle Bachelet en 2015, recibió indicaciones en octubre de 2018 y noviembre de 2019, dando cumplimiento a diversas medidas del Acuerdo Nacional por la Infancia. El objetivo era adecuar su contenido a la Convención de los Derechos del Niño y crear un sistema de protección administrativa con bajada territorial y recursos suficientes.
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, comentó que se busca "dar la oportunidad a los niños más vulnerables de Chile, de creer, de confiar, de no perder la esperanza en un nuevo comienzo". Este proceso es de corto, mediano y largo plazo y no solo incluye al Sename, sino también el sistema preventivo, que busca evitar que los niños sean vulnerados.
La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez: Renuncias y Reestructuración
Contexto y Mandato de la Comisión
La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez fue una instancia creada a fines de 2024 por el ex Presidente Gabriel Boric (anunciada en 2024), con el objetivo de esclarecer la verdad sobre las vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Sename y proponer medidas de reparación. Su mandato tiene plazo hasta abril de 2027, tras una prórroga solicitada y aceptada por el ex Presidente Boric.
Renuncia de Comisionados y Motivos
El sábado 2 de mayo, la presidenta y tres comisionados de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva. Soledad Larraín, presidenta de la instancia, renunció a su cargo junto a los comisionados Matías Marchant, Marí Estela Ortiz y Judith Schönsteiner. En una carta, explicaron que dieron un paso al costado porque "no se han resguardado las condiciones mínimas para cumplir el mandato encomendado".
Los renunciantes agregaron que "durante semanas sostuvimos un diálogo de buena fe con las autoridades, presentamos propuestas de ajuste presupuestario, entregamos antecedentes técnicos y advertimos los riesgos", con el "único criterio: proteger a las personas víctimas y garantizar el cumplimiento del mandato del Estado". Apuntaron directamente al Ministerio de Justicia, dirigido por el ministro Fernando Rabat, señalando que "las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -entre ellas, la desarticulación del equipo profesional, la alteración del modelo territorial y el debilitamiento de las condiciones para la toma de testimonios- hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato".
Con estas cuatro salidas, se mantienen en la instancia los comisionados Sebastián Valenzuela, Miguel Cillero y Carmen Domínguez, quienes habrían puesto su cargo a disposición. La instancia cuenta además con una secretaría ejecutiva y 30 miembros destinados a la escucha testimonial, incluyendo una coordinadora.
En conversación con La Tercera, Estela Ortiz, exvicepresidenta Ejecutiva de la Junji, advirtió que no es "totalmente claro que el Ejecutivo mantenga el compromiso con las víctimas". Explicó que "tuvimos reuniones con las autoridades del Ministerio, pero entregamos propuestas y ninguna fue aceptada". Se planteó traspasar la comisión a la dependencia de la subsecretaría de Niñez, lo que implicaba "demasiado retraso". Posteriormente, "empezaron a incidir en cuanto al personal, a incidir en nuestra autonomía y se hizo insostenible". El punto de inflexión fue el intento de cambiar a los profesionales: "comenzaron a despedir a la gente que realizaba las escuchas, las duplas psicosociales que tienen una capacitación, que habían cumplido con un perfil determinado que nosotros hicimos y quienes habían sido validados". Se les informó que "vamos a despedir al 50%" y se planteó "hacer esos procesos de manera distinta".
Ortiz lamentó que "otros organismos que estaban llamados a aportarnos antecedentes nunca enviaron nada, como Educación, Salud, Desarrollo Social. Además, sacaron a la persona de archivo, sin dar ninguna razón". Subrayó que "este es un problema de Estado, de todos los gobiernos, viene desde la época de Piñera hasta ahora, y viene incluso desde la República, desde que empiezan los primeros hogares de beneficencia, un maltrato, un uso del poder que realmente ha sido terrible". Para ella, "en Chile, por casi 50 años, se ha generado un sistema de vulneración de derechos de los niños que están bajo protección".
Visión del Ministerio de Justicia
Según conoció Emol, al interior de Justicia las razones de la salida apuntan a "otros factores, especialmente relativos a los escasos avances que habría tenido la instancia". La comisión, si bien fue creada a fines de 2024, comenzó a funcionar en febrero de 2025. Los siete miembros principales (ahora tres) recibían un pago. Fuentes de Justicia apuntan a que cuando asumió el actual gobierno, se les solicitó un resumen con los logros alcanzados, el que habría arrojado que hasta marzo, los encargados de las escuchas (quienes tendrían un sueldo cercano a los $3 millones) solo habían avanzado con 233 casos.
Estos cuestionamientos de Justicia señalan un "avance mínimo", considerando que el universo de casos para escucha es de 700 mil, que abarcan entre 1979 y 2024. Los cálculos de Justicia sostienen que los encargados de las escuchas lograron "apenas 0,9 entrevistas al mes", un proceso que no alcanzaría el objetivo de las 700 mil escuchas hasta el plazo final de 2027.
En abril, se prorrogaron los contratos a la espera de avances y se habría propuesto que el comité superior (los 7 miembros de la comisión) estuviera ad honorem en su cargo, es decir, sin recibir pago, lo que "tensionó el ambiente entre la comisión y la cartera de Justicia". También se propuso pagar por hora de escucha de testimonio, lo que habría sido rechazado por los comisionados. Asimismo, se tomó la decisión de no renovar contrato a 14 de los 30 profesionales a cargo de las escuchas.
Estela Ortiz criticó la justificación de bajo desempeño: "Este no es un programa en que hay que cumplir metas administrativas, con números. Esto implica un compromiso con la niñez. Es un compromiso con los jóvenes que nosotros violentamos como Estado". Añadió que la gente que se atrevió a hablar tuvo que hacer un "proceso previo que es muy complejo, y creíamos que el primer acto de reparación que se podía tener con ellos era escucharlos como correspondía".
Aunque desde el ala política el subsecretario de Justicia, Luis Silva, es quien está a cargo de la comisión, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, es quien ha estado presente en la mayor parte de las reuniones del último tiempo. Desde Justicia, destacan que Mira es la persona indicada debido a su "conocimiento en materia de derechos humanos".
Nombramiento del Nuevo Secretario Ejecutivo
En paralelo a las renuncias y reestructuración, se nombró a Pedro Natho como nuevo secretario ejecutivo titular para tomar las labores operativas. Natho comenzará sus labores el lunes 4 de mayo y su principal tarea será reformular y potenciar la comisión.
El subsecretario Mira envió una carta a los integrantes de la comisión para anunciar la incorporación de Natho. En el texto, agradeció el trabajo realizado, enfatizando: "tengo plena conciencia de que esta labor ha sido especialmente exigente, tanto en lo profesional como en lo personal, y valoro profundamente la dedicación, el compromiso y el cuidado con que han llevado adelante esta tarea". Subrayó que "como Ministerio, estamos totalmente comprometidos con acompañar y fortalecer el trabajo de la Comisión, procurando generar mejores condiciones para su eficiencia y desarrollo, siempre resguardando la confianza que las víctimas y las organizaciones han depositado en este importante proceso que estamos llevando a cabo como Estado".
Pedro Natho, a quien calificó como "un excelente profesional y con un profundo compromiso con la niñez y adolescencia", es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un Magíster en Development and Poverty de la Universidad de Sussex. Posee cerca de 10 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas de impacto social, con especial foco en infancia y protección social, tanto en Chile como en el extranjero, así como experiencia en coordinación interinstitucional y en el desarrollo de modelos de intervención basados en evidencia enfocados en niños, niñas y adolescentes.
Dirección del Sename: Nombramiento de Rosario Martínez
Antecedentes de la Designación
Sebastián Piñera nombró a la nueva directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Rosario Martínez, tras un concurso de Alta Dirección Pública. Esto se dio luego de que ese cargo estuviera por seis meses en subrogancia, debido a la intempestiva renuncia de Susana Tonda en mayo de este año.
Susana Tonda dejó la dirección de este servicio luego del polémico acuerdo de colaboración que firmó el Sename con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y que luego el Ministerio de Justicia debió retrotraer.
La nueva directora Martínez es socióloga de la Universidad Católica, con experiencia en el servicio público, y experta en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas basadas en la evidencia, en áreas como la prevención de delitos y reinserción social de niños, niñas y adolescentes, así como la prevención de violencia contra la mujer e implementación de herramientas tecnológicas para la coordinación intersectorial. El Ministro Hernán Larraín destacó que “en Sename se necesitan a los mejores, para hacerse cargo de los enormes desafíos que tiene el servicio”. Por su parte, el Subsecretario Sebastián Valenzuela, agregó que “la elección de la nueva directora nacional fue un proceso largo, que encabezó el Servicio Civil y que tuvo como prioridad seleccionar a los profesionales más calificados durante sus diferentes etapas”.
Informe Especial: "Los sobrevivientes del Sename en riesgo" | 24 Horas TVN Chile
Cuestionamientos y Críticas al Nombramiento
El nombramiento de Rosario Martínez fue cuestionado por el foco en seguridad frente a un problema que reclama expertos en salud.
Conflicto de Intereses y Enfoque de Seguridad Pública
Gloria Requena, directora de la ONG Activa -organización que estudia la violencia contra la infancia-, tiene una opinión crítica sobre el nombramiento de Rosario Martínez. “Espero que esta nueva directora pueda dejar en su casa, guardada en una caja, la mirada con la que ha trabajado toda su vida, y pueda entender que esto no es seguridad pública, sino que proteger la infancia, ese es su rol”, enfatizó.
Sobre el nombramiento, Requena recordó el polémico acuerdo de colaboración del Sename con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en abril de este año. “Esto refuerza lo que pasó con ese acuerdo y no te garantiza que no vuelva a ocurrir. Hay muchos programas que se contrataron a través del Ministerio del Interior, que lo que hacen respecto a reinserción es trazabilidad de los menores. En el fondo el tratamiento es desde lo criminológico, no es desde la atención del niño vulnerado. El objetivo del Sename, debería ser reestablecer estas vulneraciones para que los niños y adolescentes puedan tener una vida plena. Esa debe ser la mirada, desde la infancia y no desde la seguridad pública”. Requena señaló que un tema importante es la "transferencia de información", lo cual podría significar un conflicto de interés, ya que "muchos de estos menores llegan o llegaron a los programas de la Subsecretaría del Delito o son objeto de investigación desde el punto de vista criminal. La pregunta es si los van a tratar con la misma óptica. Por eso hubiera sido preferible una persona independiente”.
Otro que opinó sobre este punto fue el diputado independiente René Saffirio, quien se ha dedicado a fiscalizar al Sename durante largos años, en particular el tema de las muertes al interior de hogares dependientes de este servicio. Saffirio también recordó el episodio del acuerdo entre la ANI y el Sename, y la gravedad que tiene la comunicación entre dos reparticiones públicas que tienen objetivos tan distintos. "Esto ya se produjo con el acuerdo entre la ANI y el Sename, afortunadamente detectamos eso a tiempo y pudo frenarse, pero yo creo que la información siempre la han estado entregando [del Sename a Interior], eso nunca se detuvo". Para Saffirio, "que un servicio que tiene a su cargo la protección y responsabilidad penal juvenil actúe así, entregando esa información, y con un gobierno que actúa así, es extrapolar la misma represión que se ejerce respecto de los adultos en los niños, niñas y adolescentes que el Estado debiera proteger. Es un abuso más dentro del sistema del Sename".
Compromiso del Estado y el Futuro de la Niñez Vulnerada
Percepciones sobre el Compromiso Actual
María Estela Ortiz expresó: "Yo creo que es cosa de mirar el contexto, lo que está pasando en el tema de derechos humanos. Claramente tenemos una visión diferente. Y no soy solo yo. Aquí estamos hablando de una comisión de verdad de graves vulneraciones de derechos que se cometieron con personas que nunca tuvieron apoyo de nadie, gente que no sabemos donde está, que hay que buscar, saber qué necesita y avanzar en propuestas". Al ser consultada sobre si cree que desde Justicia se advierte que no se ha llegado a las metas, respondió: "Me parece que es no entender el proceso de escucha, lo que costó llegar a la gente, todo el proceso que tuvimos que hacer, que estaba sin acompañamiento ni de los municipios. Este es un trabajo muy lento y si tú no tienes recursos, si no tienes apoyo, todo se demora mucho más. Entonces no entendieron eso y tampoco se dieron el espacio para trabajar juntos y buscar resolverlo".
Los comisionados renunciantes esperaban poder reunirse con el nuevo director ejecutivo de la Comisión, Pedro Natho, manifestando no conocerlo y habiendo sabido de su nominación por un acercamiento del propio Natho a dos comisionados.
Desafíos y Expectativas
La Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, enfatizó: "Ahora, podremos dar los primeros pasos para concretar una institucionalidad más completa, parte de un proceso de corto, mediano y largo plazo que no solo incluye a este servicio, sino también el sistema preventivo, que busca evitar que los niños sean vulnerados, para llegar antes de que sea necesario reparar, antes del sufrimiento."