Este artículo explora diversas irregularidades y acciones legales que han sacudido al Servicio Nacional de Menores (SENAME) y al sistema judicial chileno, detallando casos de presunto abuso, negligencia y malas prácticas que afectan a menores bajo la tutela del Estado y el funcionamiento interno de las cortes.
Denuncia contra Gastón Pinochet y la Respuesta del SENAME
Orígenes de la Investigación y Nexos Influyentes
En 2018, una denuncia remeció al SENAME en la Región del Maule: el abogado Gastón Pinochet, entonces representante legal de la Corporación de Ayuda a la Familia -entidad a cargo de ocho residencias de protección para niños, niñas y adolescentes-, era investigado por el Ministerio Público como sospechoso de abusar sexualmente de una niña. Gastón Francisco Pinochet Donoso, un hombre con redes influyentes en el Maule, ha sido ministro del Tribunal Electoral de la región desde al menos 2021, cargo que debería mantener hasta 2027. Sus nexos también alcanzan la administración del SENAME: Pablo Bravo Rodríguez, primo hermano de la esposa del abogado, fue director de la sede regional de ese servicio durante 2020. La querella inicial contra Pinochet en 2018, que alertó sobre el delito, fue presentada por la psiquiatra de la niña, quien entonces tenía solo cuatro años, y se investigaba abuso sexual infantil.
Visitas de Menores a la Parcela de Pinochet y Autorizaciones Judiciales
Un año después de iniciada la investigación por abuso sexual infantil, el Tribunal de Familia de Talca autorizó que tres niñas de la Residencia Victoria, gestionada por la corporación representada por Pinochet, visitaran su parcela a las afueras de San Clemente, comuna de la Región del Maule, conocida como "la casona". Las visitas, según un oficio del SENAME, se realizaron para el “esparcimiento” de las niñas. La primera fue el 7 de julio de 2017, cuando tres menores y una educadora viajaron por el día. La segunda fue más extensa: 13 niñas de la residencia, junto a seis funcionarias, incluida la directora del hogar, se alojaron en la parcela entre el 12 y el 18 de febrero de 2018. Cuando el Tribunal de Familia de Talca autorizó la tercera salida el 12 de diciembre de 2019, Gastón Pinochet llevaba más de un año como imputado por abuso sexual infantil. No es la primera vez que la justicia autoriza que niños bajo cuidados del Estado estén próximos a sospechosos de delitos sexuales; en enero pasado, Ciper reveló cuatro casos similares.

Reacción Tarda del SENAME y la Intervención de la Contraloría
La visita de las niñas a la parcela de Pinochet en 2019 generó una reacción tardía en el SENAME. Fue recién en mayo de 2021 cuando la institución abrió un sumario interno para investigar estas visitas autorizadas. No obstante, las instituciones declaran que no fue posible encontrar registros de ese sumario. El 19 de marzo de 2019, una familiar de la presunta víctima envió una carta al entonces director del SENAME del Maule, Juan Lara, solicitando una investigación sobre las visitas a la casona. La denunciante se reunió con la directiva regional un mes después. La abogada defensora de Pinochet, Grace Salazar, negó que él hubiera estado presente durante las visitas. Cuando la Contraloría se involucró en la denuncia, su dictamen del 19 de octubre de 2020 fue categórico: el SENAME tenía la “obligación” de investigar las visitas, aunque Pinochet fuera parte de una corporación colaboradora. La Contraloría también hizo un llamado de atención a Pablo Bravo Rodríguez, entonces director regional del SENAME y primo hermano de la esposa de Pinochet, quien en su respuesta del 25 de agosto de 2020 había intentado desestimar la denuncia.
Desenlace Legal y Críticas a la Impunidad
La fiscalía ha liderado al menos dos investigaciones contra Pinochet, que se cerraron sin declararlo culpable ni inocente. Una causa penal iniciada en 2020 lo imputó por abuso sexual, violación, amenazas y producción de pornografía infantil. Sin embargo, la investigación de esa causa no perseveró, y la Corte Suprema ratificó esta decisión en marzo pasado, argumentando la falta de antecedentes suficientes para acusarlo o formalizarlo. A pesar de una resolución del SENAME de septiembre de 2021 que ordenaba apartar a Gastón Pinochet de sus funciones como representante de una corporación colaboradora, este no dejó la corporación hasta marzo de 2023. La elección del directorio de la Corporación de Ayuda a la Familia en 2023 también fue controversial, ya que la Contraloría objetó que se eligiera como presidente al hijo de Gastón Pinochet, Matías Pinochet Aubele. El abogado querellante, Fernando Leal, expresó una fuerte crítica: “Los órganos del Estado (…) permitieron la impunidad más escandalosa y nauseabunda en este caso.”
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Adopciones Ilegales y Querella en el SENAME Valparaíso
El Caso Norma Caamaño y Adopciones Encubiertas
Alex Hernández, director del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Valparaíso, presentó una querella contra la abogada Norma Caamaño tras el descubrimiento del cuarto caso de adopción ilegal en San Antonio, Quinta Región. Raquel Morales, jefa de la unidad de adopción del SENAME, declaró que este recurso legal se interponía contra todos los responsables de este procedimiento que contraviene la legislación chilena. Esta adopción encubierta fue comprobada por la magistrada subrogante del tribunal de menores de San Antonio, Sandra Faúndez, quien descubrió otros tres casos con características similares: madres que otorgaban la tuición de sus hijos a matrimonios extranjeros mediante la abogada santiaguina Norma Caamaño, utilizando un escrito ante notario. Sin embargo, para sacar a un menor del país, este trámite no es suficiente y requiere ratificación ante un tribunal de menores, lo que llevó a recurrir al juzgado de menores de San Antonio. Morales no descartó la responsabilidad de funcionarios del tribunal en estos hechos.
Denuncias de Delitos Sexuales en Residencia Nido de Hualpén
Cierre de Residencia y Acusaciones contra la Directora
La Dirección Regional del SENAME, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció el término del funcionamiento de la Residencia Nido de Hualpén. Esta decisión se tomó tras una querella presentada por la Defensoría de la Niñez que denuncia delitos sexuales reiterados contra dos menores de 6 y 8 años, los cuales habrían ocurrido en el recinto. Además, se instruyó al organismo colaborador que separara de funciones a las tres personas involucradas en la acusación, incluyendo a la directora de la residencia, Evelyn Oñate Camaño, contra quien apunta la acción judicial por ser presunta encubridora de los ilícitos. Según el documento, Oñate habría sido la encargada de llevar a los pequeños a habitaciones separadas, donde eran abusados sexualmente por adultos, quienes, según la acción judicial, realizaban un pago a la directora, identificados por ella como “donantes”. Los menores, separados de sus familias en septiembre de 2014, permanecieron en el centro hasta mayo de 2019.
Acciones Inmediatas y Traslado de Menores
El convenio con la residencia, que finalizaba el 1 de mayo, no fue renovado “dada la gravedad de los hechos denunciados el 14 de abril por profesionales del programa ambulatorio Refugio Esperanza de Curanilahue, ante el Ministerio Público”. El SENAME informó que propuso al Tribunal de Familia de Concepción un plan de traslado para los 11 niños y niñas que aún permanecían allí, tras la salida de un primer grupo de 12 niños y niñas el 17 de abril. El 14 de abril, el seremi de Justicia del Biobío, Sergio Vallejos, “solicitó al Programa Mi Abogado de la CAJ, la realización de diversas acciones judiciales en resguardo de los niños que se encuentran en la residencia, lo que se materializó mediante la interposición de una querella criminal y la presentación de medidas de protección ante el Tribunal de Familia respectivo”.
Informe del INDH y la Crisis del SENAME
Graves Vulneraciones y Precarias Condiciones
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó 25 denuncias ante el Ministerio Público (entre febrero y abril de 2017) para investigar posibles delitos cometidos al interior de hogares de la red del SENAME. Este es el primer efecto concreto del polémico informe del INDH, basado en un trabajo de campo realizado entre febrero y abril de 2017. El estudio, publicado el 25 de enero, se suma a otras tres investigaciones con recursos públicos en los últimos cinco años que constatan graves vulneraciones y precarias condiciones de vida para los niños y niñas bajo la tutela del SENAME. La violenta muerte de Lissette Villa en abril de 2016 y la revelación del fallecimiento no aclarado de 1.313 menores en esos hogares entre 2005 y 2016 generaron conmoción e indignación ciudadana, llevando a una especial preocupación del gobierno por la infancia y la situación del SENAME. La “Comisión Jeldres”, encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres, también recogió hechos violentos que motivaron la creación de comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados.

Cifras Alarmantes y Falta de Mecanismos de Denuncia
El informe del INDH presenta cifras alarmantes: de 401 niños entrevistados, 23 (18 niñas y 5 niños) afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual en el último año, principalmente tocaciones, voyerismo e insinuaciones sexuales, siendo el 57.5% menor de 14 años. El 52.4% de los que sufrieron abusos indicó que la agresión se repitió “varias o muchas veces”. El 21.2% de los centros acoge a más menores de los que tiene capacidad. Además, el 22% de los niños denunció maltrato por parte de sus cuidadores; ocho de cada 10 menores dijeron haber sido castigados en el último año, y algunos relatos incluyen castigos como no comer o ser ignorados por compañeros y cuidadores. El 35.8% de las instituciones solo permite visitas familiares en días hábiles, excluyendo a la mayoría de los padres trabajadores, y el 12.7% las suspende por mal comportamiento. Un alarmante 67.9% de los niños entrevistados afirmó no tener acceso o vía para denunciar sus carencias o abusos al juez que visita el hogar. Además, tres centros reportaron tener “personal judicializado” por denuncias de abuso sexual entre 2016 y marzo de 2017, sin especificar si seguían en contacto con los niños. El informe también detalla que 17 menores no habían ido al colegio en más de un año, y muchos carecían de elementos básicos como juegos (43.2%), lectura (42.9%) o la posibilidad de personalizar su espacio (6%).
Propuestas para la Reestructuración del SENAME
El próximo ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, explicó que el nuevo gobierno tiene la determinación de poner en ejecución una política discutida desde hace al menos nueve años: intervenir el SENAME para separar a los menores infractores de ley de aquellos en riesgo social. “No hay igualdad de oportunidades si no resolvemos los problemas de los niños”, afirmó Moreno. Mientras la atención se centra en la reestructuración del servicio, la situación de los niños en los hogares del SENAME sigue siendo una preocupación urgente.