El Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile, una institución dependiente del Ministerio de Justicia, tiene un rol crucial en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Sin embargo, a lo largo de los años, ha estado envuelto en una profunda crisis marcada por la sistemática vulneración de derechos. En este contexto, la psicología jurídica emerge como una disciplina fundamental para analizar, comprender e intervenir en las complejas dinámicas que atraviesan a los NNA institucionalizados, así como a los profesionales que los atienden.
El SENAME y el Marco Jurídico de Protección
El SENAME fue creado con el objetivo de representar legalmente a niños, niñas y adolescentes que asisten a algún programa de su red y que han sido vulnerados en sus derechos, sea constitutivo de delito o no, en distintos tribunales de Justicia. Esta misión se enmarca en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que busca salvaguardar la integridad y el desarrollo de los menores.
Según investigaciones, el SENAME ha problematizado la construcción del concepto de niño a través de modelos de intervención que decantan en la institucionalización. La historia de la institucionalización infantil en Chile está marcada por este concepto y la creación y crisis de la institución.
Programas de Representación Jurídica y Defensa
En el ámbito de la representación jurídica para NNA bajo la tutela del SENAME, existen diversos programas:
- Un programa específico del SENAME tiene como objetivo representar legalmente a NNA que asisten a la red del servicio y que fueron vulnerados en sus derechos. Actualmente, existen 16 de estos programas a nivel nacional.
- Otro programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, iniciado en 2017 como piloto en cuatro regiones y expandiéndose a nueve en 2019, tiene como principal objetivo representar jurídicamente a NNA que se encuentran en alguna residencia del SENAME. Este programa es ejecutado por las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ).
- En el área de Justicia Juvenil, una unidad de defensa penal especializada presta servicios a adolescentes que se encuentran imputados bajo la Ley 20.084, la cual establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal. El SENAME es el encargado de supervisar estos programas, ejecutados por organismos colaboradores.
Existen diversos tipos de programas según el tipo de sanción aplicada a los adolescentes infractores de Ley, que pueden ser privativas o no privativas de libertad. Dentro de la primera línea, los centros privativos de libertad pueden ser provisorios, cerrados o semicerrados.
La Crisis Institucional: Evidencia de Vulneraciones Sistemáticas
La grave crisis en el SENAME se hizo visible ante la opinión pública tras la muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016. Este trágico suceso conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en los hogares del servicio.
El Informe Lapidario de la PDI
En 2017, la Fiscalía encargó a un equipo especial de la PDI la investigación de las 1.313 muertes en centros del SENAME (entre 2005 y 2016), reportadas tras el deceso de Lissette. El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó a la Fuerza de Tarea SENAME de la PDI visitar cada uno de los centros dependientes del servicio.
Un lapidario informe de la PDI, que investigó 240 hogares de menores en 2017, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. El documento policial, de 257 páginas, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público en ese momento.
Entre los hallazgos más graves, se constató que en el 100% de los centros administrados directamente por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se produjeron vulneraciones. El informe indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del SENAME se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Otros Informes Relevantes
El reporte de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de informes elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años, evidenciando una violencia sistemática. Destacan:
- Un documento de la ONU, aunque menos completo, que ya había señalado la violencia sistemática tras visitar cuatro residencias. El informe de la policía consideró 240 de un total de 241 centros a nivel nacional, abarcando a cerca de 6.500 niños.
- El Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de sus hallazgos dio pie a varias investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del SENAME en 2017 y varios informes de la Contraloría.
Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero las vulneraciones han persistido.
Reacciones Políticas y Negaciones
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó la investigación penal del fiscal Marcos Emilfork.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe de la PDI en julio, denunció la gravedad de que ni la Fiscalía ni el gobierno lo hubieran dado a conocer. Sin embargo, el ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento, afirmando que su cartera no había recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el SENAME, y que el estudio era parte de un proceso judicial del que el Ejecutivo no era parte.
Detalle de las Vulneraciones y Fallas del Sistema
El informe de la PDI detalló la magnitud y la naturaleza de las vulneraciones de derechos encontradas en los centros del SENAME. Los datos levantados corresponden casi exclusivamente a 2017, ya que la mayoría de los directores de los centros no contaban con información anterior sobre vulneraciones graves.
Estadísticas de Maltrato y Abuso Sexual
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos. Buena parte de estos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), donde van los adolescentes procesados. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos, y en hogares de organismos colaboradores, otros 137 casos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 310 abusos con connotación sexual. De ellos:
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread y 10 en otros centros).
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial fue categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que crece hasta un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Incumplimiento de Protocolos Esenciales
El SENAME ha establecido protocolos prioritarios para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Este dato es especialmente grave considerando que la muerte de Lissette Villa fue causada justamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Deficiencias en la Fiscalización y Supervisión
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del SENAME, estas supervisiones son, en su mayoría, coordinadas de manera previa, lo que compromete su efectividad. Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, en dos hogares solo realizaron visitas anuales, según confirmó la PDI.
Precaria Atención de Salud Mental y Física
La situación de salud de los residentes es dramática:
- La cifra de menores que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes.
- Un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica.
- El 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital.
- Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Las deficiencias en la atención médica son notorias: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros, la función la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Además, en 159 centros (el 66,3% del total), la administración de fármacos en jornada diurna es realizada por un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en el área de la salud, lo que según una investigación de CIPER de 2016, a menudo ocurre sin ningún control y como paliativo para contener a los niños. A esto se suma que el 93,8% de los centros “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
El Rol y los Desafíos de los Psicólogos en el SENAME
Las investigaciones, incluyendo las del Poder Legislativo, Judicial y la Contraloría General de la República, confirman que el Estado de Chile vulnera los derechos de NNA institucionalizados en el SENAME. Para comprender el impacto de estas vulneraciones, se han estudiado los modos en que los psicólogos responsables de su cuidado las procesan.
Un artículo de N. Pinochet (2017) profundiza en la crisis del SENAME desde una mirada psicoanalítica sobre el sujeto de Derecho y la institución de protección de la infancia. La investigación cualitativa a profesionales de modalidad residencial, que concentra el mayor volumen de NNA institucionalizados, reveló importantes desafíos:
- Condiciones Laborales Precarias: Los psicólogos trabajan con bajos sueldos, experimentan alta rotación, sobrecarga de funciones y mecanización del trabajo.
- Supervisión Inefectiva: La supervisión del SENAME es percibida como formal, burocrática y desconectada de las necesidades reales de los NNA y de los propios profesionales.
- Falta de Formación Especializada: Aunque los psicólogos reconocen la salud mental como una variable relevante para favorecer la desinstitucionalización, carecen de formación especializada para intervenir en la salud mental de NNA traumatizados y afectados por graves trastornos psiquiátricos/emocionales.
- Institucionalización Prolongada: Si bien se reconoce que la institucionalización prolongada es dañina, los profesionales a menudo no saben cómo evitarla.
Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de fortalecer la psicología jurídica en el SENAME, dotando a los profesionales de mejores condiciones laborales, formación especializada en trauma y salud mental infanto-juvenil, y una supervisión que realmente apoye su compleja labor.
Acceso a la Asesoría Jurídica y Orientación
Cualquier persona puede acceder a los servicios de orientación e información de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). El trámite está disponible durante todo el año en el sitio web y oficinas de la CAJ Metropolitana (con competencia sobre las regiones de Metropolitana, O'Higgins, Maule y Magallanes).
La solicitud no requiere de formalidad alguna, solo la petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. Cualquier otro documento, si existiere, que acredite que el NNA se encuentra amenazado o vulnerado en sus derechos, puede ser presentado. Como resultado del trámite, se obtiene orientación o información, o se solicita asesoría.
Para el patrocinio o firma de un abogado o abogada y la tramitación de un juicio, la CAJ proporciona apoyo de forma gratuita a personas de escasos recursos que no cuenten con los medios suficientes para costearlos. Para ello, se realiza una evaluación socioeconómica por intermedio de un asistente social, quien determinará si la persona puede ser representada judicialmente por un profesional de la CAJ.
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