En Chile, el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido durante años el epicentro de una profunda crisis que ha derivado en masivas protestas. Estas movilizaciones buscan visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, a menudo culminando en trágicas muertes.
La Voz de la Protesta: Denuncia y Conmemoración
Una desgarradora intervención realizaron manifestantes sobre el Sename a los pies de la estatua de Baquedano, ubicada en la Plaza de la Dignidad. En ella, se conmemoró a todos los niños y niñas que han sido víctimas del abandono en que se encuentran en el servicio. La situación es alarmante: en 2017, según detalla una nota de CIPER Chile, se cometieron 2.071 abusos al interior de los recintos para menores, 310 de ellos con carácter sexual. Los desoladores datos no terminan ahí: entre el 2005 y 2016 se registraron 1.313 muertes al interior de los centros del Sename, según un informe ordenado por fiscalía en 2016.
Estos datos no hacen más que demostrar que el Estado de Chile lleva tiempo violando sistemáticamente los derechos humanos de la infancia y adolescencia. La frase "con nuestros muertos no se negocia" resuena como un recordatorio de la exigencia de justicia y dignidad para las víctimas.
Incidentes Recientes y la Renuncia de Mario Rozas
La tensión en torno a la protección de los menores bajo el resguardo del Estado se agudizó con incidentes recientes que involucraron directamente a Carabineros. El director de este cuerpo policial, Mario Rozas, presentó su renuncia después de que dos de sus agentes dispararon contra dos menores en la región de Talcahuano. Los menores heridos, de 14 y 17 años, fueron trasladados a un centro de salud, donde se recuperan.
Disparos en un Hogar del Sename
El suceso ocurrió en un hogar para niños y adolescentes gestionado por el Servicio Nacional de Menores (Sename), en la sureña ciudad de Talcahuano. Agentes de Carabineros se acercaron a la residencia del Sename conocida como Carlos Macera, debido a que un joven tenía problemas de salud y la ambulancia que lo iba a trasladar a un hospital había solicitado la presencia de los uniformados. Estando en el lugar, se desataron enfrentamientos entre los carabineros y los jóvenes de la residencia. Uno de los uniformados, después de ser "atacado con palos y piedras por jóvenes del centro", según señaló, sacó su arma de dotación y efectuó varios disparos, impactando a dos jóvenes en las piernas. Grabaciones del incidente muestran a los adolescentes retorciéndose de dolor en el suelo. Además de los heridos, dos jóvenes fueron arrestados bajo acusación de haber atacado a la policía.
Condena y Reacciones
La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, criticó a la policía por usar armas de fuego "de una manera absolutamente injustificada y excesiva", calificándolo como "una manifestación más del horror que representa la violencia estatal ejercida por quienes, debiendo proteger a niños y niñas, los atacan de manera indebida e injustificada". La rama chilena de Unicef también condenó el tiroteo, señalando que "ninguna situación justifica el uso de armas de fuego por Carabineros para contener incidentes que implican a menores, especialmente si están bajo la protección del Estado".
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aceptó la renuncia de Rozas, expresando su solidaridad con los niños lesionados y sus familias. Rozas fue reemplazado por el general Ricardo Yáñez. La oposición llevaba meses pidiendo la dimisión de Rozas debido a las críticas por la represión policial durante las protestas sociales de octubre de 2019, que incluyeron casos emblemáticos como Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes quedaron ciegos por disparos de perdigones y bombas lacrimógenas. Esas movilizaciones dejaron más de 30 muertos y miles de heridos, consolidando la percepción de excesos en el uso de la fuerza pública.
Protesta en la Oficina Central del Sename
La indignación se manifestó también directamente contra la institución. Una decena de personas realizó una protesta en la oficina central del Servicio Nacional de Menores (Sename), en el centro de Santiago, portando lienzos y gritando consignas. Cuatro personas incluso intentaron una toma de las oficinas. Esta acción fue llevada a cabo por integrantes de la Corporación Sofini, que previamente había cuestionado la situación de los menores y la dirección de la institución.
Un Legado de Abusos y Falencias en el Sename
La crisis del Sename no es un fenómeno reciente. El Servicio Nacional de Menores (Sename) comenzó a operar el 1 de enero de 1980, reemplazando al antiguo Consejo Nacional de Menores (Coname), el cual ya acumulaba críticas por falta de transparencia. Aunque se valoró la mayor transparencia inicial del Sename, rápidamente afloraron deficiencias en infraestructura, focalización de recursos y una serie de incidentes al interior de los recintos.
Crisis Tempranas y Documentación Oficial
Según el exdirector Francisco Estrada, "el Sename trató de arreglar algo y a los tres años ya las cosas estaban peor que antes, y eso se va a repetir". Desde 1988 en adelante, se registraron 11 incendios e incidentes entre menores bajo la tutela del Sename, que generaron un centenar de heridos y fallecidos. Uno de los hechos más complejos ocurrió el 31 de diciembre de 1988 en el "Hogar de Menores San Francisco", donde fallecieron 11 niños de entre 12 y 17 años producto de un incendio. La situación interna del Sename durante el fin de la dictadura no fue distinta a la convulsión social del país, con un ascenso de motines y fugas, registrándose 286 fugas solo en 1989. En junio de 1990, la subsecretaria de Justicia, Martita Worner, ya señalaba que las fugas de menores tenían justificación debido a la "falta de alimentación suficiente, desatención increíble y muchísimas veces malos tratos" en los centros.
Con la llegada de la democracia, los problemas se hicieron aún más visibles. Un informe elaborado en 2012 por el Poder Judicial, el denominado "Informe Jeldres", dio cuenta de una serie de irregularidades al interior de los centros, detectando constantes abusos sexuales cometidos incluso por los propios guardadores. La magistrada Mónica Jeldres, quien encabezó el informe, señala que permitió "conocer un sistema que se mantenía oculto, bien cerrado, en que miles de niños vivían y viven maltrato, abuso y explotación".
Reconocimiento Internacional de Violaciones a los Derechos Humanos
La magnitud de la crisis alcanzó una dimensión internacional. En 2017, tras diversos informes e investigaciones, el Comité de Derechos del Niño, dependiente de la ONU, estableció que el Estado de Chile violó sistemáticamente los derechos humanos de los menores de edad bajo su cuidado. Candy Fabio, oficial de protección de Unicef, sostiene que "son muchos los factores que influyen en que las instituciones no logren dar protección efectiva a todos los niños y niñas que lo requieren, especialmente a quienes ya han sido vulnerados en sus derechos".
La Trágica Muerte de Lissette Villa: Un Punto de Inflexión
La tarde del 11 de abril de 2016, Lissette Villa, una niña de tan solo 11 años, falleció mientras se encontraba bajo el cuidado del Sename en el Cread Galvarino de Estación Central, luego de ser inmovilizada a la fuerza por dos de sus cuidadoras. Este trágico suceso expuso públicamente la fragilidad del sistema.
Un informe de la Fundación para la Confianza reveló que entre 2006 y 2020, 1.836 menores de edad murieron mientras estaban en el sistema, y desde febrero de 2018 la institución comenzó a reportar las muertes, determinándose que el 50% de estas se debe a causas violentas y el 41% por problemas de salud. Para Francisco Estrada, "con la muerte de la niña Lissette, y el mal manejo de las autoridades de la época, la cuestión explota", generando un cambio a nivel de Estado y un incremento de recursos y nuevas políticas públicas.
El complejo clima político generado tras la muerte de Lissette Villa gatilló la salida de la entonces directora del Sename, Marcela Labraña, y de la exministra de Justicia, Javiera Blanco. A pesar de los esfuerzos, la Defensoría de la Niñez elaboró un informe que dio cuenta de que de todas las muertes investigadas por el Ministerio Público, solo el 2% tiene una condena. Anuar Quesille, defensor de la Niñez, ha instado a la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, una recomendación que también hizo el Comité de los Derechos del Niño.
La Lucha por la Reforma: Avances y Desafíos
El historial de reformas para el sistema de protección a la infancia en Chile es largo y, en gran parte, infructuoso. En junio de 2000, el expresidente Ricardo Lagos anunció la primera gran reforma, buscando separar la atención de niños vulnerados de aquellos infractores de la ley, pero los cambios nunca se concretaron más allá de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en 2005. Otros intentos de reforma fueron anunciados por Michelle Bachelet en 2006 y Sebastián Piñera en 2010, pero tampoco lograron materializarse.
A meses de la muerte de Lissette Villa, en 2016, durante el segundo periodo de Bachelet, se presentó un "Plan de Acción, Servicio Nacional de Menores" que proponía nuevamente la separación de los servicios. Cuatro años después, el Congreso aprobó el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y, dos años más tarde, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que comenzará a operar prontamente. Con estos cambios, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, concluye que se cumple "una deuda pendiente de nuestro país en relación a la adecuación de la institucionalidad a las exigencias de especialización en la materia".
Sename y el Estallido Social: La Rabia de los Invisibles
El lema "No más Sename" se convirtió en una consigna recurrente en las murallas y monumentos del centro de Santiago desde los primeros días del estallido social del 18 de octubre de 2019. Entre los cientos de jóvenes y adultos que formaron la columna vertebral de la llamada "Primera Línea", muchos eran niños y adolescentes que pasaron por un hogar colaborador o Cread del Sename, o que aún vivían en la calle tras fugarse. Ellos afirmaban que desde la Primera Línea devolvían la violencia que habían vivido por años.
Testimonios de la Primera Línea
Jóvenes como Jonathan, de quince años, quien reconoció estar al borde de "caer" en un Cread, confesaba que le daba miedo por los relatos de sus amigos: "les pegan, que de repente no tienen qué comer, los tienen a todos encerrados y hay muertes. Puras cosas así". Jonathan, que participa en la Primera Línea, explicaba que al principio era por diversión, pero luego se interesó en las noticias y la desigualdad. Aseguraba que "en la Primera Línea todos los más chicos son del Sename o se escaparon de esos lugares".
Jason, de 16 años, que vivió en la calle, reveló que los mensajes "No más Sename" en las paredes le dieron una "alegría" y una forma de "liberarse de esa rabia" que tenía dentro. "Creo que uno termina en la Primera Línea o en las barricadas porque es una forma de desahogarse de todo el odio que tú tienes contra el sistema, en sí uno es resentido por todo lo que has vivido", expresó.
Otros como Byron, de 25 años y de ascendencia mapuche, relataban experiencias de maltrato en el Sename, como haber visto a un compañero al que "le tiraron agua caliente". Estos testimonios evidencian cómo las experiencias de abuso y abandono en el Sename alimentaron la ira y la participación de muchos jóvenes en las protestas, visibilizando la conexión entre la violencia estatal y la desigualdad social.
Otros Casos Emblemáticos de Muertes en Centros
La muerte de Lissette Villa no ha sido un caso aislado. Ocho adolescentes de entre 14 y 17 años murieron en un incendio en un reformatorio de menores en la ciudad de Puerto Montt en 2015. Al parecer, los muchachos murieron asfixiados por el humo del incendio, que ellos mismos provocaron durante un motín. Según Filomena Rebolledo, coordinadora del Centro de Rehabilitación Tiempo de Crecer, dependiente del Sename, los adolescentes se amotinaron en protesta por las malas condiciones del centro, negándose a deponer su actitud y quemando colchones tras bloquear los accesos a los dormitorios. Este incidente, como muchos otros, subraya la precariedad y los riesgos inherentes al sistema de protección de menores en Chile.