La preocupación por los derechos de las personas mayores constituye una temática cada vez más visible y relevante a nivel global. Respecto al bienestar de este grupo poblacional, hoy existe un tránsito necesario desde un enfoque asistencialista hacia uno basado en la defensa de los derechos humanos. El Estado tiene la responsabilidad de brindar la protección necesaria para mantener la integridad física, psíquica y social de quienes alcanzan una edad avanzada.
El contexto social y el fenómeno del edadismo
La edad avanzada es un constructo social que varía según los contextos. A menudo, las personas mayores son consideradas erróneamente como dependientes. El edadismo -conjunto de estereotipos, discriminaciones y actitudes prejuiciosas por razón de edad- fomenta una visión de la vejez asociada a la enfermedad, la pasividad y la fragilidad. Esto afecta incluso a personas de 40 o 50 años en el ámbito laboral, donde sufren discriminación al buscar empleo.
La protección de los derechos humanos de las personas mayores es, en muchos casos, débil o inexistente. Según la OMS (2014), apenas el 40% de los países contaba con leyes contra abusos en entornos institucionales como residencias, y solo el 59% disponía de legislación general contra el maltrato a este sector.
Derechos fundamentales reconocidos
De acuerdo con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, los Estados deben garantizar el pleno ejercicio de derechos, entre los que destacan:
- Derecho a la igualdad y no discriminación.
- Derecho a la vida y a la dignidad.
- Derecho a la independencia y autonomía.
- Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia.
- Derecho al consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
- Derecho a la seguridad social, trabajo, educación y cultura.
- Acceso a la justicia y reconocimiento como persona ante la ley.
Impacto de las crisis: Conflictos armados y pandemias
Las personas de edad avanzada son particularmente vulnerables durante las crisis humanitarias. En conflictos armados (como en Ucrania o Nigeria), suelen ser las últimas en huir, enfrentando riesgos mortales superiores a los de otros grupos etarios debido a discapacidades o falta de información. Durante la pandemia de COVID-19, las políticas gubernamentales en residencias de diversos países resultaron en miles de muertes evitables, marcadas por el aislamiento y la falta de insumos médicos.
Estrategias de promoción y protección
Para garantizar el bienestar y la dignidad, diversas instituciones impulsan estrategias centradas en la prevención y el empoderamiento:
Acciones estatales y judiciales
- Defensor Mayor: Asesoría legal especializada para enfrentar situaciones de abuso o vulneración de derechos.
- Protocolos de acceso a la justicia: Implementación de atención preferente y representación jurídica gratuita.
- Canales de información: Implementación de servicios como el "Fono Mayor" para garantizar el acceso oportuno a información y acompañamiento psicológico.
El rol de la participación social
La participación activa es un factor protector de la salud física y mental. Más del 35% de las personas mayores participa en organizaciones sociales, demostrando que este grupo poblacional es diverso y heterogéneo. El voluntariado y los consejos de residentes en establecimientos de larga estadía son ejemplos de cómo las personas mayores pueden ejercer una ciudadanía activa y protagónica.
Hacia una vejez con fuerza
El desafío actual es consolidar un cambio cultural que valore la diversidad y la experiencia de los mayores. Amnistía Internacional y diversas organizaciones promueven campañas para erradicar el edadismo y exigir a los gobiernos un compromiso permanente con los derechos humanos durante todo el ciclo vital. La solidaridad intergeneracional, basada en la cooperación y el apoyo mutuo, es el pilar fundamental para construir sociedades más integradoras y justas.