Contexto de la Delincuencia Juvenil y la Necesidad de Rehabilitación
La evolución de la delincuencia en Chile ha sido progresiva durante los últimos años, al igual que la necesidad de combatirla. Se realizó una evaluación por región en donde se identificaron los casos de aumento críticos de delincuencia. La cantidad de delitos ingresados al Ministerio Público sigue en aumento, al igual que la población penal. En Chile en 2014 la población penal alcanzó las 95.689 personas, de las cuales 52.983 cumplían condena en recintos cerrados. Esto representó un gran problema país, ya que en la actualidad se contaba con una capacidad para 39.527 internos, lo que generaba una sobrepoblación del 34% (13.456 internos). Esta situación conllevaba a problemas de ejecución en los recintos y dificultaba el proceso de rehabilitación que cada interno debía tener.
Lo anterior se llevaba a cabo en una red de centros administrados por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y a través de programas ejecutados por organismos colaboradores acreditados. Estos articulaban territorialmente a diversos actores, tanto del sector público como de la sociedad civil, con el propósito de generar una oferta programática de calidad que fuera pertinente a las necesidades de reinserción educativa, laboral y/o social de esta población.
El Programa 24 Horas: Un Enfoque Preventivo e Intersectorial
El Programa 24 Horas fue diseñado el año 2009 y comenzó a implementarse el año 2010. Se concibió como un programa intersectorial entre la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública).
- Las unidades de Coordinación Nacional Intersectorial son la puerta de entrada a este programa.
- Se implementa en diversas ciudades del país, incluyendo Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt.
- La focalización de cada modalidad es barrial o comunal y se inserta en el territorio.
- La complementariedad es un pilar fundamental; el Programa 24 Horas se plantea como un modelo de gestión territorial intersectorial, esperando que los proyectos realicen acciones para trabajar de forma complementaria en casos donde participe más de una modalidad. Las intervenciones deben generar sinergia con las que realicen otros programas.
- La gestión territorial es un elemento central del programa, sirviendo de enlace entre el diseño y la implementación.
Colaboración Interinstitucional para una Protección Integral
Diversos objetivos de colaboración intersectorial buscan fortalecer la red de apoyo para niños, niñas y adolescentes, contribuyendo indirectamente a la prevención y rehabilitación:
- Unir esfuerzos entre el Ministerio del Deporte, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional del Deporte y SENAME para facilitar la incorporación de los niños ingresados a la Red del Servicio Nacional de Menores a los Programas y Proyectos ejecutados con el Instituto Nacional de Deporte en los diferentes territorios del país.
- Realizar acciones conjuntas destinadas a promover el desarrollo de actividades de mutua colaboración e intercambio en el ámbito de sus intereses, atribuciones y recursos propios.
- Asegurar el intercambio y cooperación en lo relativo al desarrollo de políticas y acciones destinadas a la niñez, la adolescencia y la familia en Chile.
- Compartir información de niños, niñas y adolescentes atendidos por SENAME para que, en aquellos casos que se encuentren dentro del sistema educacional, puedan recibir de manera oportuna y eficiente el apoyo de los distintos programas y becas con los que cuenta la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
- Establecer mecanismos de coordinación y colaboración conjunta para contribuir a la erradicación de la explotación sexual comercial infantil, proteger adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y de aquellos que viven en la calle, y perfeccionar los procedimientos policiales relacionados.
- Garantizar el desarrollo del proyecto "Sistema de Registro único de las Peores Formas de Trabajo Infantil", un método para obtener información cuantitativa y cualitativa de niños, niñas y adolescentes identificados en peores formas de trabajo infantil, con el fin de diseñar políticas y programas para su erradicación progresiva.
Evolución Institucional: Del SENAME al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRJ)
A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de sus derechos. Con la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 para la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRJ), el país tendrá en funcionamiento una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
El SRJ es creado por ley como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se regirá por el Sistema de Alta Dirección Pública y tendrá su domicilio en Santiago. Este Servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley N° 20.084, de responsabilidad penal adolescente.
Principios Rectores del SRJ
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil orienta su gestión bajo los siguientes principios:
- Principio de especialización: En la atención de adolescentes sujetos a medidas y sanciones penales.
- Principio de orientación de la gestión hacia el sujeto de atención: Focalizándose en las necesidades individuales de los adolescentes.
- Principio de separación y segmentación: Asegurando el tratamiento diferenciado de los jóvenes.
- Principio de coordinación pública: Para una acción concertada entre diversas instituciones.
- Principio de innovación: Buscando integrar de manera permanente la innovación, tanto interna como externa, en el desarrollo de programas.
- Deber de reserva y confidencialidad: Con causales de reserva legal para proteger la información de los adolescentes.
Entre sus funciones, el SRJ debe coordinar con los órganos de la Administración del Estado competentes la elaboración y ejecución de planes, estrategias y programas y prestaciones relacionados con reinserción, rehabilitación e intervenciones socioeducativas amplias.
Estructura Organizativa del SRJ
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos determinará la estructura organizativa interna del Servicio mediante un reglamento. El SRJ contará, a lo menos, con una Subdirección Técnica y una Subdirección Administrativa, las que dependerán del Director Nacional. Además, considerará, a lo menos, las siguientes unidades: Asesoría Jurídica; Desarrollo de Tecnologías de la Información; Planificación y Control de Gestión; y Auditoría Interna.
El Servicio se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales, con un Director Regional en cada región del país.
El Consejo del Servicio, presidido por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, estará conformado por cinco miembros expertos en las áreas ligadas a las funciones del servicio y con experiencia y reconocida trayectoria en el área de su competencia. Además, participará como asesor técnico el Director del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
La ley que crea el SRJ comenzará a regir en forma gradual. El Presidente de la República, a partir de la publicación de la ley, podrá nombrar al primer Director Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para efectos de la instalación del Servicio.
Modelo de Intervención y Estándares para la Ejecución de Medidas y Sanciones
El Servicio establecerá un modelo de intervención de aplicación nacional para la ejecución de las sanciones y medidas. Este será un instrumento que deberá contener la información de cada adolescente. El sistema de ejecución de programas contemplará un conjunto de estándares que se aplicarán a la ejecución de medidas y sanciones, tanto privativas de libertad como de ejecución en libertad.
Las personas jurídicas sin fines de lucro (entidades) deben tener como objeto la ejecución de programas de reinserción social. La Dirección Nacional del Servicio debe realizar las convocatorias para la acreditación de organismos, así como de personas naturales y programas.
Los jóvenes tienen derecho a defensa gratuita y, en caso de ser enviados a centros privativos de libertad, no son derivados a recintos carcelarios adultos, sino a centros especiales.
Medidas y Sanciones en la Responsabilidad Penal Adolescente
Las medidas y sanciones en el ámbito penal juvenil pueden ser privativas o no privativas de libertad, y son ordenadas por los tribunales durante la investigación o como resultado de una sentencia.
Medidas Cautelares
Los tribunales pueden ordenar estas medidas mientras se realiza la investigación.
- Medida Cautelar Ambulatoria (MCA): Asegura que se lleven a cabo los fines del procedimiento penal, favoreciendo que el adolescente imputado participe en todas las diligencias de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y las actuaciones decretadas por los tribunales de justicia.
- Internación Provisoria: Se ejecuta en centros de internación provisoria (CIP). Se trata de una medida cautelar excepcional que impone al adolescente imputado un estado de privación de libertad, decretada por el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal a solicitud del fiscal o del querellante.
Alternativas a la Persecución Penal
La participación en programas específicos puede ser una de las condiciones consideradas por el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento. Junto con los acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, constituyen instrumentos que permiten prescindir de la persecución penal en aquellos casos en que no se considera aconsejable la aplicación de una pena. La población del programa que accede a estas alternativas corresponde a "imputados".
Sanciones No Privativas de Libertad
- Servicios en Beneficio de la Comunidad y Reparación del Daño (SBC y RD): Consiste en el cumplimiento de la medida asignada por un juez, en que el adolescente debe realizar actividades de servicio no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad. La sanción de reparación del daño causado implica que el joven debe subsanar a la o las víctimas el perjuicio causado con la infracción, por medio de una prestación en dinero, la restitución o reposición de la cosa u objeto de la infracción, o un servicio no remunerado en su favor.
- Libertad Asistida (PLA): Se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida. El adolescente debe ingresar a un programa ambulatorio con intervención personalizada a cargo de un delegado, requiriéndose su asistencia a actividades educativas, de terapia, de promoción de derechos, de participación, y su asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que le corresponda.
- Libertad Asistida Especial (PLE): Se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida Especial. El adolescente está sujeto a una intervención ambulatoria intensiva controlada por un delegado, de acuerdo a un plan de intervención personalizado que, para todos los casos, será aprobado por el tribunal. Dicho plan estará basado en programas y servicios que favorezcan la integración social del adolescente.
Sanciones Privativas de Libertad
- Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social (CRC): Se ejecuta en centros de régimen cerrado, donde se implementan programas orientados a la reinserción social de los jóvenes.
Programas Específicos de Rehabilitación
Un ejemplo de programa específico es el Programa Ambulatorio Medio Privativo del CIP-CRC, Berit Shalom, desarrollado por el centro terapéutico TABOR a través de un convenio técnico financiero con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). Este programa cuenta con 8 profesionales, entre ellos trabajadoras sociales, médico, educadora, psicólogo y psiquiatra.
A través de este programa, los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a tratamiento ambulatorio en un medio privativo, lo que representa una oportunidad de recuperación, principalmente para abordar el consumo de drogas o sustancias en el medio libre. Esto también les permitirá después continuar en su contexto.
Un aspecto relevante valorado por el director regional de SENDA es la vinculación familiar, que se trabaja directamente con el programa, permitiendo que los jóvenes también tengan espacios de encuentro y de desarrollo personal. Para la Coordinadora del Programa Ambulatorio Intensivo (PAI) Berit Shalom, Carolina Mondaca, la implementación del nuevo dispositivo ha sido favorable, observando cómo hay jóvenes que venían con consumo y es necesario prepararlos una vez que salgan del proceso, adaptándose bien a las condiciones del recinto y los protocolos de seguridad. Los jóvenes y adolescentes atendidos en el Servicio Nacional de Menores Antofagasta también realizaron un positivo balance tras la instalación del programa, agradeciendo que las autoridades se hayan tomado el tiempo de explicarlo y pedir sus opiniones. El director regional (s) del Sename Antofagasta, Róbinson Alcayaga, manifestó la importancia que tiene este programa para los jóvenes del centro.
Desafíos y Proyecciones para la Protección y Reinserción Juvenil
Para fortalecer la protección y reinserción, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector. En el ámbito de la vulneración de derechos, se debe avanzar en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias, para asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes con cualquier medida de protección especializada (cuidado alternativo familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar y en programas de protección especializados) el acceso a todas las prestaciones de protección social.
Adicionalmente, se requiere reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen trato dentro de ellas. Con este fin, es necesario fortalecer el trabajo con las familias de estos niños y niñas, de manera que puedan superar las vulneraciones y reunificarse con sus hijos e hijas, asegurándoles su derecho a vivir en familia. UNICEF se encuentra apoyando esta reformulación para concretar el cierre de los CREAD (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa) para el año 2021 y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares. Además, para contribuir a que niños, niñas y adolescentes se desarrollen en una familia, UNICEF colabora con el rediseño de los programas de familias de acogida, con el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y con el rediseño de los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y lograr que no sean separados de sus familias.
Para disminuir los índices de violencia, UNICEF apoya la articulación de diversos actores institucionales para avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018 - 2025. En esta línea, se requiere también un compromiso transversal para trabajar coordinadamente estos índices que los niños, niñas y adolescentes enfrentan en distintos ámbitos de su vida (familiar, escolar, institucional, entre pares).
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se debe mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad de los adolescentes en cuanto a infraestructura y condiciones de habitabilidad, así como la supervisión en la aplicación de los programas que se brindan al interior de los mismos. Además, la identificación de indicios graves de vulneración de derechos de los adolescentes, especialmente si existe amenaza a su derecho a la vida o integridad física y/o psíquica, debe activar protocolos de protección inmediata y efectiva.