Introducción al Contexto de la Crisis del Sename
La crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile es un problema de larga data. Ya en el año 2006, se evidenciaba la ausencia de programas especializados en el abordaje de niños con patologías psiquiátricas, quienes a menudo se encontraban en conflicto con la justicia. Esto también afectaba a niños de familias con mucha patología, que presentaban problemas de salud mental y carecían de acceso a medicamentos o a psicoterapia especializada.
El Sename, en su esencia, funcionaba como un "tiradero" de niños vulnerables, limitándose a ser un orfanato público. Esto se daba sin un interés genuino, preocupación o cuidado por la rehabilitación familiar o por la implementación de intervenciones con un propósito claro. La falta de programas, medicamentos y atención adecuada para estos niños, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, tenía consecuencias graves. Si un niño con descontrol de impulsos vive en comunas de altos ingresos como Lo Barnechea, La Dehesa, Vitacura o Las Condes, tiene acceso a un psiquiatra y a ayuda psicológica para él y sus padres, logrando mejorar. En contraste, cuando esa ayuda no llega, los niños de sectores vulnerables terminan con problemas escolares o de drogas, situación que contrasta drásticamente con la realidad en el "barrio alto".
Irregularidades, Denuncias y Responsabilidad Estatal
Ya en 2006, se detectaron y denunciaron una serie de irregularidades dentro del Sename. Existían y aún existen varias instituciones interesadas en que esta situación no saliera a la luz. El Ministerio de Salud, por ejemplo, ha mostrado poco interés en asumir la responsabilidad por los problemas de salud mental que afectan a la mayoría de los niños del Sename y a sus familias. Su enfoque durante años ha sido la economía de recursos, no la salud de la población, menos aún la de estos niños pobres, invisibilizados y por quienes "nadie reclama mucho". La percepción ciudadana, influenciada por un posible racismo encubierto, a menudo atribuye los problemas conductuales de estos niños a una "mala educación" o los considera "basura sin retorno".
Existe una clara responsabilidad estatal, más allá de la gestión de un gobierno u otro. Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (y posteriormente la Nueva Mayoría) estaban al tanto de estas problemáticas hace mucho tiempo y no actuaron, impulsando políticas neoliberales que buscaban reducir la expresión del Estado. De hecho, fueron los principales promotores de la privatización del Sename.
Comisiones Investigadoras y la Búsqueda de Justicia
En el ámbito legislativo, se aprobaron dos Comisiones Investigadoras en la Cámara de Diputados. Una de ellas, calificada como "trucha", fue creada de forma apresurada y tenía un plazo de apenas 40 días para investigar, con el objetivo de proponer medidas para evitar futuras irregularidades. Afortunadamente, se aprobó otra Comisión con un mandato más claro y 180 días para investigar.
El objetivo principal de esta segunda Comisión era establecer por qué y cómo un magistrado de la Corte Suprema, el señor Héctor Carreño, tuvo en su poder en noviembre del año pasado denuncias explícitas sobre:
- Niños en el Sename víctimas de abuso sexual.
- Una red de explotación sexual operando en Arica.
- Niños medicados sin supervisión médica, resultando intoxicados en Aysén.
- Niños internados sin ningún plan de tratamiento o reinserción.
El señor Carreño, al recibir esta información, instruyó a Unicef y al Sename que la silenciaran y no hicieran nada. Solo después de que Ciper Chile accediera a estos informes y los hiciera públicos, se designó a un Fiscal para investigar estas irregularidades.
Es importante aclarar que no todo el PPD se coludió para boicotear esta Comisión. Hubo diputados del PPD y de la mayoría de la Concertación que votaron a favor de su constitución con un mandato claro: establecer las irregularidades que impidieron que niños chilenos, víctimas de hechos criminales, no recibieran justicia a tiempo. Personajes vinculados a la Concertación, como María Angélica Marín (encargada de protección del Sename) o miembros de Unicef Chile, la Corporación Opción y ACHNU, han sido señalados por conocer estas irregularidades y lucrar con programas ineficaces financiados por el Sename. La legislación chilena es clara: cualquier funcionario público o adulto que conozca un delito contra un niño, como el abuso sexual, está obligado por ley a denunciarlo.
El problema es más profundo: Chile es un país con claros rasgos de racismo y clasismo. Muchos jueces de familia ven a estos niños como "mestizos, morenos, flaites", no como sujetos de derecho. Si un niño de comunas de altos ingresos como Lo Barnechea, Vitacura o La Dehesa fuera víctima de una situación similar, la justicia operaría de inmediato. Esta visión lleva a que los jueces de familia envíen a los niños a hogares "indecentes" a sabiendas de lo que esto implica, y luego "nunca más vuelven a preguntar qué pasó con ellos", tratándolos como si fueran la "basura de la sociedad".
El Programa 24 Horas: Un Esfuerzo de Intervención
En un intento por abordar algunas de estas problemáticas, el Programa 24 Horas fue diseñado en 2009 y comenzó a implementarse en 2010. Este programa se concibió como una iniciativa intersectorial que involucraba a la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública).
Las localidades consideradas como puerta de entrada al Programa 24 Horas incluían: Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt. La focalización de cada modalidad era barrial o comunal, insertándose directamente en el territorio. Se planteó como un modelo de gestión territorial intersectorial, buscando la complementariedad entre proyectos y la generación de sinergias con otras intervenciones.
El objetivo general del programa es contribuir a la superación de situaciones de vulneración y/o a la interrupción de conductas transgresoras en niños, niñas y adolescentes derivados del Programa de Seguridad Integrada PSI 24 Horas. Actualmente, Sename financia 56 proyectos en 8 comunas, lo que ha permitido instalar una red de atención psicosocial significativamente mayor en estas áreas. Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se anunció la ampliación del programa a 7 comunas adicionales en seis regiones: Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Coquimbo, Valparaíso y Los Ángeles.
El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia: Hacia una Nueva Era
La necesidad de una reforma profunda llevó a la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, concebido como el sucesor del Sename. Este nuevo servicio es una entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dicho Ministerio garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y sus colaboradores acreditados.
Naturaleza y Objeto del Nuevo Servicio
El objeto principal del Servicio es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes que se encuentran gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Para ello, deberá asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. Además, se compromete a garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo reconocen la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por Chile. Actuará en consonancia con la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, garantizando el derecho de acceso a la justicia de forma independiente al Servicio.
Este Servicio ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos, siempre acorde con la dignidad humana del niño, niña o adolescente.
Operación y Principios Rectores
El Servicio proveerá las prestaciones correspondientes, asegurando la oferta pública en todas las regiones del país, ya sea directamente o a través de terceros. En caso de que niños, niñas o adolescentes resulten dañados por falta de servicio, la indemnización por daño moral será fijada por un juez, considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado.
Los sujetos de atención del Servicio son los niños, niñas y adolescentes, incluyendo a quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo, cursando estudios, y hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.
Los principios rectores que guiarán la labor del Servicio son:
- El interés superior del niño, niña o adolescente.
- La igualdad y no discriminación arbitraria.
- La autonomía progresiva.
- La perspectiva de género.
- La inclusión.
- La protección social.
- La participación efectiva.
Estructura y Funciones
El Servicio estará dirigido por un Director o Directora Nacional, cuyo nombramiento durará cinco años y podrá renovarse por una sola vez. Contará con direcciones regionales en cada región del país. Tanto el Director Nacional como los directores regionales serán nombrados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.
Las funciones del Servicio incluyen:
- Elaborar la normativa técnica y administrativa de los programas de protección especializada.
- Colaborar con otros órganos del Estado y requerir/entregar información.
- Generar procedimientos para recabar periódicamente la opinión de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.
- Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales relacionadas con la protección.
- Diseñar y desarrollar políticas, programas y actividades de capacitación.
- Solicitar información a cualquier órgano del Estado para el cumplimiento de sus funciones.
- Ejercer acciones para la recuperación de recursos utilizados en contravención de la normativa.
- Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.
Consejo de Expertos y Priorización de Casos
El Servicio contará con un Consejo de Expertos, conformado por cinco miembros con experiencia y trayectoria reconocida en áreas ligadas a la niñez. Los integrantes durarán tres años en su cargo, con posibilidad de una única renovación. Los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio, así como sus familias, deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado, mediante mecanismos que hagan efectiva esta priorización.
Líneas de Acción y Diseño de Programas
Las líneas de acción o modalidades de atención especializada del Servicio son:
- Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia.
- Intervenciones ambulatorias de reparación.
- Fortalecimiento y vinculación.
- Cuidado alternativo.
- Adopción.
Los programas de protección especializada deberán diseñarse basándose en evidencia técnica y territorial, así como en evaluaciones anteriores realizadas por el Servicio o terceros, y atendiendo a las evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia u otros organismos estatales competentes.
Fiscalización y Sanciones a Colaboradores
El Servicio deberá considerar una unidad de fiscalización para supervisar y controlar, pudiendo aplicar sanciones a los colaboradores acreditados en los casos calificados. Solo podrán ser colaboradores acreditados aquellas personas jurídicas que hayan adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, y que aseguren el correcto uso de recursos públicos.
En caso de infracciones graves, el Servicio aplicará sanciones idóneas para el cumplimiento de los fines de protección especializada. Será considerada una infracción gravísima la ocurrencia de delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, y el uso incorrecto de recursos públicos. Una infracción gravísima puede ser sancionada incluso con el término de la acreditación.
Derivación y Adopción
Los niños, niñas y adolescentes para quienes se determine una medida de protección serán derivados a los programas de protección especializada por los tribunales o las Oficinas Locales de la Niñez. La línea de acción de adopción abarcará toda actividad que busque proporcionar al niño, niña o adolescente una familia (cualquiera sea su composición) que le brinde afecto y cuidados, satisfaciendo sus necesidades vinculares y materiales, cuando su familia de origen no pueda hacerlo, conforme a la normativa vigente.
El Servicio mantendrá y administrará un Registro de colaboradores acreditados, el cual deberá estar disponible en su página web y actualizarse anualmente.
Políticas de Personal
El Servicio deberá contar con personal capacitado e idóneo, acorde a los requerimientos para el ejercicio de sus funciones.
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