El sistema de protección a la infancia en Chile, representado históricamente por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), enfrenta una crisis profunda y estructural. A pesar de los esfuerzos por resguardar a los niños, niñas y adolescentes, los informes realizados por organismos como UNICEF, el Poder Judicial y la Policía de Investigaciones (PDI) han revelado una realidad alarmante: la institucionalización se ha convertido, en muchos casos, en una fuente adicional de vulneraciones.
La paradoja de la protección residencial
Actualmente, cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en centros de protección. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia familiar trae aparejada nuevas formas de vulneración: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional. Si bien la separación protege al niño del maltrato de los padres, no cambia la situación de los progenitores; además, esta medida, que debería ser excepcional y transitoria, tiende a prolongarse de manera indefinida.
Un estudio de 2010 encargado por UNICEF y SENAME señala que el tiempo promedio de permanencia es de 2,7 años, transformando lo provisorio en algo permanente. Esta situación se agrava por el diseño de las residencias, donde habitualmente no existen condiciones mínimas para promover relaciones familiares, como horarios de visitas restringidos o espacios inapropiados.
Desarticulación y violencia institucional
La desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial, instituciones que conforman un sistema segregado. La PDI, tras investigar 240 hogares, concluyó que la violación de derechos es sistemática y ocurre en el 100% de los centros administrados directamente por el SENAME, así como en un porcentaje elevado de los gestionados por particulares (organismos colaboradores).
Hallazgos críticos del informe policial
- Maltrato constante: Se constataron 2.071 casos de vulneraciones graves, incluyendo maltratos por parte de adultos y entre pares.
- Abusos sexuales: Se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual, tanto por parte de adultos como de otros menores residentes.
- Falta de protocolos: El 72,9% de los centros no cuenta con protocolos ante conductas suicidas, y el 76,7% carece de medidas para la contención física.
- Deficiencias en salud: En el 66,3% de los centros, la administración de fármacos es realizada por educadores sin formación técnica en salud, a menudo como método de control.
La necesidad de un cambio de paradigma
Abordar el maltrato infantil requiere superar la visión de que el problema se resuelve únicamente mediante la eficiencia administrativa o la entrega de mejores servicios. La restitución de derechos no se limita a la sustitución de un adulto deficiente por otro, o de una familia por una institución. La reparación exige un enfoque comunitario donde el niño sea reconocido como un sujeto pleno de derechos, más allá de sus antecedentes o del estigma de su historia previa.
Si queremos llevar adelante un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos, debemos abandonar la infantilización de la infancia, reconociendo su dimensión política y el contexto en el que se desarrolla la violencia. La reconstrucción de vínculos fragmentados es inviable en un sistema que, en su afán por proteger, repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales que los acompañan.