El conflicto mapuche en la región de La Araucanía, definida por sus habitantes originarios como parte de su territorio o Wallmapu, es un fenómeno complejo y persistente en Chile. Ha estado marcado por episodios de violencia, incluyendo cortes de carretera, ataques incendiarios, huelgas de hambre, y la muerte de jóvenes indígenas a manos de la policía. Una de las escenas más representativas de esta tensión se produjo en Curacautín, donde un grupo de personas coreaba "El que no salta es mapuche" mientras apoyaba el desalojo de edificios municipales tomados por mapuches.
Esta situación se vive casi a diario en la zona, al sur del río Biobío, una región con una profunda historia de resistencia mapuche, donde los conquistadores españoles se vieron obligados a parlamentar y donde, a mediados del siglo XIX, el Estado chileno asentó su dominio a través de las armas. Para entender esta conflictiva relación, es fundamental analizar sus raíces históricas, económicas, sociales y las consecuencias de la violencia en sus comunidades, especialmente en niños, mujeres y ancianos.
Raíces Históricas y el No Reconocimiento Estatal
La Homogeneidad del Estado Chileno
Según la académica mapuche Verónica Figueroa Huencho, postdoctorada del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford y profesora en la Universidad de Chile, la principal explicación del conflicto es histórica y radica en el modelo europeo con que se creó el Estado chileno. "Desde el principio, el Estado de Chile se construye sobre un 'ideal' de homogeneidad que no considera a los pueblos indígenas, olvidando nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro sistema de representación. Y así por 200 años", plantea Figueroa.
Figueroa sostiene que "en Chile no hay Estado plurinacional, no hay cumplimiento activo de pactos internacionales, no hay respuesta a derechos específicos ni colectivos, ni participación política para indígenas. No se ceden escaños en el Congreso, no se crea un Ministerio. No hay voluntad de cambiar las estructuras".
Concepto de "Etnia" y Exclusión Constitucional
Con una población indígena estimada en el 12,7% (más de 2 millones de personas según cifras del censo 2017), Chile, a diferencia de Argentina, Ecuador, Panamá, Perú y otros países latinoamericanos, no reconoce la existencia de "pueblos" indígenas, sino de "etnias", en un concepto que no permite el ejercicio jurídico, explica Figueroa.
"La actual Constitución dice que la soberanía recae en 'la nación', sin mencionar a otros pueblos. Si la Constitución es homogeneizante, entonces todo lo demás lo es. Es difícil encajar las demandas de pueblos indígenas en un Estado que sigue actuando en la lógica de los años 50: lógicas de entrega de becas, beneficios, programas específicos", agrega.
Salvador Millaleo, abogado mapuche y doctor en sociología, cree que en Chile se usa "una idea decimonónica de Estado" como excusa para no abordar las demandas mapuche en forma profunda. "La verdad, hay intereses muy concretos que se escudan en esta idea de un 'Estado Nacional' que ya se está abandonando en el mundo. Es como si tuvieran fe en ideas que ya nadie sustenta. El mundo está lleno de formas distintas de organizar el Estado", le dice Millaleo a BBC Mundo, respecto al temor a que el reconocimiento del pueblo mapuche amenazara el carácter unitario del Estado chileno.
La Dificultad para Negociar y la Deuda Histórica
Isabel Aninat, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y coautora del libro "El pueblo mapuche en el siglo XXI", agrega que existe también una pregunta que el Estado de Chile y la institución política no ha logrado responder: con quién negociar. "Siempre está la pregunta: con quién se llega a acuerdos, con quién se establecen relaciones continuas en el tiempo. Y esa pregunta respecto del pueblo mapuche, por razones históricas, por su estructura, por cómo se han configurado las políticas públicas y por un montón de razones, acrecienta la dificultad de establecer relaciones continuas entre el Estado y las comunidades", dice.
La violencia del Estado hacia las comunidades mapuche en Chile, en particular a niños y niñas denominados pichikeche, tiene una larga data, ya que se inició en 1880, en la llamada «Pacificación de La Araucanía». Este suceso constituyó un hito en el desarrollo de este pueblo, tanto en aspectos territoriales como demográficos, económicos, sociales y culturales. Las fuertes raíces de exclusión normalizada por la legislación chilena contribuyeron a que el llamado conflicto mapuche no desapareciera con los años.
Los sustentos políticos de tales procesos se relacionan, principalmente, con el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, la recuperación de tierras ancestrales entregadas y ratificadas por el Estado chileno mediante los Títulos de Merced luego de la Pacificación de La Araucanía, entre 1884 y 1929. La búsqueda por saldar la deuda histórica que sostiene el Estado con este pueblo, aunque abordada mediante diversos subsidios estatales, ha ignorado la condición de autodeterminación propia de un pueblo cuyos miembros comparten territorio, lengua y costumbres socioculturales.
Pese a las dificultades, el apoyo al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas ha tenido un impulso en los últimos años entre la ciudadanía. En la encuesta Cadem-Plaza Pública de principios de agosto de 2020, un 93% de los encuestados está a favor de que a los mapuches se les reconozca en la Constitución y un 73% cree que deben tener cupos reservados en el Congreso.
Tierra, Recursos Naturales e Intereses Económicos
Pérdida de Territorios y la Ley Indígena de 1993
Desde la formación del Estado chileno en el siglo XIX, los indígenas fueron perdiendo sus terrenos, en muchos casos, a través de prácticas poco claras o derechamente engañosas. Con el tiempo, la tierra fue pasando a manos de colonos europeos, trasladados especialmente al sur a partir de 1850, a sus descendientes y, más tarde, a empresas forestales, lácteas y agrícolas de gran peso en la economía del país.
Un avance importante en el tema indígena se produjo en 1993, cuando durante el gobierno de Ricardo Lagos se aprobó una ley que aborda el problema de la tierra, uno de los puntos clave del conflicto. Entre otras cosas, la legislación establece subsidios para adquisición y regularización de terrenos, cómo velar por la preservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural indígena o la implementación de programas interculturales en salud y educación, entre otros aspectos.
Aninat afirma que "esa ley es un hito muy relevante, donde se regulan muchos aspectos y se establece el fondo de tierra, que se suma a fondos en educación, agricultura y otros". Sin embargo, señala que "todos los gobiernos, todas las campañas y comisiones desde los años 90 hasta ahora, han establecido su propio plan y propuesta, sin una mirada de continuidad. Por eso tenemos demandas incumplidas hace años... Y si las analizas, entre los gobiernos de la centro izquierda y centro derecha las propuestas han sido más o menos las mismas. Pero el conflicto se agrava por esta desconfianza que se basa en promesas que quedan incumplidas una y otra vez".
Modelo Económico y Explotación de Recursos
Los aspectos económicos también son un punto esencial del prolongado conflicto que se vive en Chile. Según la académica mapuche Verónica Figueroa, "el modelo chileno descansa en la explotación de recursos naturales, y buena parte de ellos están en la Araucanía. Cuando tienes una matriz productiva que descansa tanto en los recursos naturales, y esos recursos están tan en pugna como en las demandas indígenas, afectas intereses. Por eso en esta discusión surge con tanta fuerza este otro actor, que es el empresarial".
El historiador Fernando Pairican, postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Universidad Católica, indica que los derechos colectivos que se debaten a nivel internacional de los pueblos originarios plantean que deben generarse consultas para un desarrollo económico o de producción en territorio indígena. Más que ser los indígenas opositores al desarrollo económico, lo que solicitan es un equilibrio entre la producción económica y los recursos naturales, "porque son finitos, agotables, y en ese ámbito, si no se regulan, a las generaciones a futuro habrá una crisis medioambiental y alimentaria".
Millaleo critica que hay "una mirada económica muy de corto plazo". Añade que "lo que uno ve en Nueva Zelanda, en Canadá, es que puede haber colaboración y eso puede favorecer a los indígenas cuando las condiciones son equitativas. Hay más bien el apego de la élite a cierta forma de extracción de recursos que no comparte las ganancias con las personas en esos territorios".
Pese a la gran cantidad de recursos naturales que tiene la región, La Araucanía tiene el mayor índice de pobreza del país, alcanzando un 17,4% según la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).
Racismo, Discriminación y Falta de Diálogo
Verónica Figueroa asevera: "Hay falta de diálogo y hay ignorancia. Nunca ha habido interculturalidad en Chile. Esta nación chilena sabe de indígenas lo que aprendió en alguna asignatura en el colegio, pero no estamos presentes en nada más. No nos conocen. Los libros escolares tradicionalmente nos han tratado como un grupo de personas que existimos en algún momento en el pasado. Se plantea que no tenemos conocimiento, que no estamos en lógica de modernidad".
DE LA CALLE A LA CONVENCIÓN #6: IDENTIDAD(ES) MAPUCHE: ENTRE LA INVISIBILIDAD Y LA RESIGNIFICACIÓN
A ello se suman los prejuicios y estereotipos: "Y a eso además le sumas los prejuicios, los estereotipos, las burlas que se hacen de nuestros apellidos, la descripción de indios, salvajes, curiches. Hay un racismo escondido, una cosa inconsciente que se asoma en distintas expresiones: 'se te paró la pluma', o 'qué indio', cuando alguien se enoja... Hay una identidad indígena que no encuentra espacio en Chile, pero que hoy, está diciendo: quiero recuperar mi lengua, mi identidad y desde aquí quiero hablar", agrega Figueroa.
Pairican observa que "el racismo siempre ha estado presente, porque el país se construye en el siglo XIX en torno a la clase y la raza, y eso se continúa en el siglo XX. Hoy lo que observas es que hay personas chilenas, descendientes de agricultores, que salen a la calle a combatir a los mapuches con un discurso racial, que a mí me retrotrae a 1880, cuando uno puede leer en la prensa de la época sobre 'los indios, los indígenas, los bárbaros'. Esa dinámica está presente todavía".
Sin embargo, en los últimos años se han visto algunos cambios destacables. A partir de 2016, las personas que se identifican con el pueblo mapuche han aumentado en más de un 20% y un 60% apoya, por ejemplo, la restitución de tierras indígenas, según el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales del Centro de Estudios Interculturales Indígenas.
La Escalada de Violencia y Sus Consecuencias
Incidentes Clave y Medidas Gubernamentales
La violencia en la zona se evidencia en el creciente despliegue de recursos policiales y se manifiesta en atentados incendiarios, cortes de ruta, allanamientos o enfrentamientos. Los incidentes vividos a fines de julio en Curacautín están relacionados con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, en enero de 2013, y la huelga de hambre que inició en mayo de 2020 Celestino Córdova, líder ancestral para su pueblo, junto a otros presos mapuches. Córdova pedía cumplir parte de su condena en arresto domiciliario. En solidaridad con su demanda y acusando la existencia de presos políticos, se realizó la toma de los municipios.
La tensión se ha intensificado a niveles tan álgidos como los que suscitó en 2018 la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien recibió un disparo policial mientras se encontraba sobre su tractor.
En octubre de 2021, el presidente Sebastián Piñera declaró estado de emergencia en cuatro provincias de la "macrozona sur" de Chile por "grave alteración del orden público". Esta medida implicó que las Fuerzas Armadas asumieran la gestión de la seguridad en el área, pudiendo realizar tareas de vigilancia y patrullaje junto a la policía, brindar apoyo tecnológico y logístico, y controlar reuniones sociales y el tránsito. Piñera justificó la medida aludiendo a "graves hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado" que cometen grupos armados.
Según cifras del gobierno, ese año se registraron 1.475 hechos de violencia rural en el territorio, un 46% más que en 2020, y 462 detenidos, correspondiendo al 53% de los arrestos de los últimos 4 años en la zona de conflicto.
Debate Político y Percepción de la Violencia
La medida generó una fuerte polémica en Chile. Mientras políticos y parlamentarios de derecha apoyaron la decisión, sectores de izquierda y agrupaciones mapuches aseguraron que la presencia del ejército solo incrementaría el conflicto. Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional en ese momento, afirmó que "lo que la ciudadanía aquí necesita son soluciones políticas, soluciones en torno a llevar adelante procesos económicos que permitan superar la pobreza que afecta a las comunidades. La Macrozona Sur y el Wallmapuche necesita paz y no más militares".
Isabel Aninat reflexiona que "la violencia lo que hace es que conflictúa toda conversación. En el tema indígena en Chile, siempre hay que ver quién pesa más: si el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio del Interior (a cargo de la seguridad). La violencia hace que siempre pese más la mirada de Interior, independiente de quién esté en el cargo". Aninat agrega que esto "complejiza todas las otras cuestiones en las que se podría avanzar más rápido. Porque, nuevamente, nos vamos a la mirada de seguridad, delincuencia, orden público, y además, con un pasado muy marcado por el uso de la Ley Antiterrorista (contra los mapuches), lo que ha generado condenas a Chile por la Corte Interamericana".
Aunque muchos atentados han terminado con la detención de mapuches, no se sabe con certeza cuántos de estos ataques son realmente en nombre de la causa del pueblo indígena, entre otras cosas, por la aparición de fenómenos como el robo de madera de las forestales. Salvador Millaleo señala que "nadie tiene una información precisa. No sabemos si todos los atentados se relacionan con la causa mapuche realmente". El abogado asegura que problemas como el narcotráfico y el crimen "parasitan" del conflicto cultural mapuche y "dificultan aún más que se resuelva el problema mayor".
Según diversas encuestas, una amplia mayoría de los mapuches (más del 70%) rechaza la violencia como vía para resolver el conflicto y no justifica los ataques incendiarios, ni el uso de armas entre agricultores, ni el uso de la fuerza policial para disolver protestas. Millaleo sostiene que "no hay una guerra civil entre grupos étnicos. Aquí hay un conflicto que no se ha resuelto bien, con denegación de derechos históricos, pero que podría tener una salida plenamente institucional que ha sido bloqueada por ciertos actores".
El sociólogo afirma que "hay un deterioro de las vías políticas y un incremento de las acciones violentas". Sin embargo, el actual proceso constituyente que se lleva a cabo en Chile, y donde participan activamente los pueblos indígenas, "es una nueva esperanza".
Impacto en Niños, Mujeres y Ancianos: Los Pichikeche
El uso de la violencia por parte del Estado chileno como medio de resolución de conflictos ha afectado a los miembros de las comunidades mapuche sin distinción de género o edad. Dado que la población menor de 14 años alcanza el 30.1% en La Araucanía, estos procedimientos afectan a un alto porcentaje de pichikeche (niños y niñas mapuches).
La Cosmovisión Mapuche y la Vulneración Infantil
Desde la perspectiva del conocimiento mapuche, el pichikeche es considerado un ser sumamente frágil que requiere de cuidados especiales dentro de la comunidad y como una responsabilidad colectiva, que goza de respeto y protección especial. En la cosmovisión mapuche, el período correspondiente a la infancia es de suma importancia, y la formación que reciban niños y niñas reflejará la calidad de la familia a la que pertenece. Si el núcleo familiar central se ve amenazado, esto puede influir de manera significativa en su proceso de desarrollo.
En las operaciones policiales, los funcionarios estatales han sido responsables de una grave vulneración de derechos, incluyendo:
- Asfixias por bombas lacrimógenas en los hogares e instituciones educativas.
- Golpes con armas y torturas.
- Persecución y allanamientos.
- Discriminación racial y secuestro.
- Tratos inhumanos durante las detenciones y violencia psicológica racista.
- Interrogatorios sin el debido cuidado a los menores.
- Detenciones sin aviso a los padres, hostigamiento e incluso amenazas de muerte (Fundación Anide, 2012).
La UNICEF (2006) refiere que defender los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes compromete a los gobiernos a cumplirlos y protegerlos de la violencia, el abuso sexual, la pobreza, el analfabetismo y la exclusión. No obstante, en la actualidad, no existen medidas concretas por parte del Estado chileno respecto a la gravosa vulneración que sufren los pichikeche en comunidades que son políticamente activas por sus derechos territoriales.
Visibilización y Denuncias
Para visibilizar esta realidad, la Defensoría de la Niñez presentó el caso Catrillanca a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en marzo de 2019. Este refiere el asesinato de un comunero mapuche en noviembre de 2018 por parte de la policía chilena, en presencia de un menor de edad, el cual fue vulnerado severamente por esta. Se hicieron observaciones sobre brechas críticas que afectan a los pichikeche de pueblos indígenas y se efectuaron recomendaciones con enfoque de Derechos Humanos, las cuales aún continúan vigentes, ya que no ha habido cambios significativos en las políticas públicas.
El problema de la violencia institucional normalizada tiene antecedentes discriminatorios que afectan esencialmente la vida de los pichikeche, ya que las circunstancias y la forma en la que se producen tales interacciones influyen en cómo el niño se relaciona con su mundo y agencia su propio desarrollo. A partir de la revuelta de octubre de 2019, donde inicialmente participaron estudiantes, se observó una alarmante falta de respeto por los Derechos Humanos de la población infantil en la represión ejercida. "En un 90% de las denuncias recibidas por la Defensoría de la Niñez se imputa la agresión al niño, niña o adolescente ejercida por parte de un funcionario policial de Carabineros de Chile" (Defensoría de la Niñez, 2020).
El Movimiento Social Mapuche y el Biopoder del Estado
El proceso reivindicatorio del pueblo mapuche se define como un movimiento social, donde existe un proceso recursivo entre sujeto (pichikeche y comunidades) y estructura (Estado), es decir, ambos se construyen y deconstruyen permanentemente. Los movimientos sociales buscan objetivos comunes frente a las autoridades, élites u oponentes, y se distinguen por tener un sentido de acción que busca la constitución de un sujeto, una dimensión instrumental reivindicativa y una dimensión política-histórica que apunta a la transformación de la sociedad.
En Chile, en un análisis respecto a la institución estatal y la represión a la que se somete a los movimientos sociales, particularmente al movimiento social mapuche y a las nuevas generaciones, se podría observar la ejecución del biopoder. Este es definido por Foucault (2016) como un "conjunto de mecanismos y procedimientos cuyo papel o función y tema aun cuando no lo logren, consisten precisamente en asegurar el poder".
En la realidad social chilena, con relación a los movimientos sociales mapuche, el Estado aplica mecanismos legales, disciplinarios, de vigilancia y corrección, así como los dispositivos de seguridad descritos por Foucault. Con la implementación de estos mecanismos, el Estado somete a las comunidades mapuche con el fin de asegurar su poder sobre sus miembros, sin distinción de género ni condición etaria, violentando a personas en pleno proceso de construcción de imaginarios de la sociedad que quieren vivir, aun cuando aquello implique la transgresión de sus Derechos Humanos fundamentales.
Los imaginarios sociales aluden a la capacidad colectiva de crear, lo que explicaría las diferencias entre sociedades. El sustento del cambio desde los movimientos sociales implica primero la imaginación de un futuro y, con ello, el intento de hacer realidad lo que se imagina. Si estos movimientos sociales son reprimidos con una violencia que transgrede la identidad colectiva del buen vivir por parte de las instituciones estatales, se pierde el principio de humanidad común; el otro se transforma en un enemigo posible y deseable de destruir totalmente. De este modo, los movimientos sociales podrían perder su sentido de creación de un mundo mejor y quedarse en la dimensión negativa de los imaginarios sociales.
Las acciones de violencia estatal transgreden la cultura del respeto a los Derechos Humanos que se promueve en la humanidad como una identidad colectiva, cuestionando los eventos de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. El informe del INDH (2019) sobre la Misión a Chile menciona que la discriminación en contra de los pueblos indígenas también formó parte de las quejas subyacentes a la ola de protestas, donde se expresaba la desigualdad en la participación de ciertos grupos de la población en aspectos democráticos y políticos.