El Legado de Críticas del Servicio Nacional de Menores (Sename)
El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, a lo largo de sus 46 años de funcionamiento, fue objeto de una profunda crisis que evidenció graves problemas en la protección de la infancia y adolescencia. La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas a niñas, niños y adolescentes en sus recintos entre 1979 y 2021 ha sido un punto central de esta problemática.Contexto Histórico y Creación de la Comisión de Verdad y Niñez
En diciembre de 2024, se creó la Comisión de Verdad y Niñez, una instancia estatal de asesoría presidencial, en respuesta a la categórica resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta comisión inició sus operaciones en 2025. Su función principal es permitir a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondientes para ser objeto de investigación, incluyendo también los casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de la existencia del Sename, según un informe de UNICEF. La Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informados al presidente de turno, con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.
Fallecimientos y Vulneraciones: La Sentencia de la CIDH y el Caso "Tiempo de Crecer"
La Comisión nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la CIDH, que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer”, ocurrida en 2007 bajo la tutela del Sename, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país: Limache, Rancagua, San Miguel y el mismo centro donde se produjo el trágico accidente. El fallo internacional no solo abordó las consecuencias del incendio, sino que también puso el foco en un problema estructural más amplio. Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales -como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento- en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país. De acuerdo con los antecedentes, estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal. Previo a la resolución de la CIDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos y reforzó la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado.El Cierre del Sename y la Transición a Nuevos Servicios
El Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021, tras una seguidilla de cuestionamientos por parte de organismos nacionales e internacionales. Fue reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta reestructuración, motivada por años de críticas y graves problemas, buscaba mejorar la protección de los derechos de los menores y delimitar las responsabilidades en justicia juvenil. Uno de los factores determinantes para esta decisión fue el alarmante número de fallecimientos de menores bajo custodia estatal, así como las denuncias sobre el uso indiscriminado de tranquilizantes y la falta de atención médica adecuada.Análisis Detallado de los Problemas: Hacinamiento y Condiciones Precarias
La problemática del Sename ha sido abordada en innumerables informes que han revelado las carencias y la violación sistemática a los derechos humanos que han padecido niños, niñas y adolescentes dependientes del Estado.Informes del Poder Judicial y UNICEF (2019)
Un informe nacional de visitas a hogares y residencias de protección de 2019, elaborado por el Poder Judicial, encendió nuevamente las alertas. Este documento de 60 páginas evaluó las visitas realizadas durante el primer semestre de 2019 a 254 residencias del país, tanto de administración directa como organismos colaboradores.Cifras de Sobrepoblación y Estado de Infraestructura
De acuerdo con esta información, se estimó que la sobrepoblación en las residencias alcanzó el 24% ese año, un punto porcentual mayor a 2018. En total, se identificaron 31 residencias que superan el límite de niños disponible y 45 con sobrepoblación. El número de niños internados también aumentó, pasando de 6.027 en diciembre de 2017 a 6.219 en junio de 2019. En términos de infraestructura, se concluyó que, "sin perjuicio de advertirse mejoras en términos generales, sigue habiendo una problemática asociada al aseo e higiene de las instalaciones". Además, se destacó que "un porcentaje alto de las residencias son inmuebles antiguos y deteriorados".
Calificación del Personal y Atención en Salud Mental
Con respecto a los funcionarios, el estudio identificó "falencias importantes", al considerar que el personal se encuentra "poco calificado para la atención, con baja preparación en el caso del personal técnico". Uno de los puntos más cuestionados por el Poder Judicial fue la falta de tratamientos de salud mental: "Las condiciones actuales que ofrece nuestro sistema proteccional no permiten hacerse cargo de menores de edad con patologías médicas de salud mental". Para Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, "a pesar que el gobierno plantea en el discurso que los niños están primero, en términos concretos los cambios no están llegando de la manera como uno esperaría". Muñoz cuestionó que "aquellas materias que tienen un impacto directo en los niños y niñas, como atención en salud mental o consumo de alcohol y drogas, no se abordan, sino que se siguen dilatando". Natalia Castillo (RD), parlamentaria de la Comisión de Infancia de la Cámara de Diputados, calificó el informe como "lapidario", pues "constata, una vez más, que el sistema de protección no otorga las garantías necesarias para asegurar la efectiva restitución de derechos de niños y niñas vulnerados".Incendio en Residencia de Valparaíso: Un Ejemplo de Riesgo
Un incendio en la residencia familiar de Cerro Alegre, en Valparaíso, obligó a la evacuación de siete niñas y 11 funcionarios. Se trató del primer hogar presentado por el gobierno enfocado en un modelo de intervención personalizado. Según informó Sename, el incendio afectó parte del segundo piso y el entretecho de la vivienda, investigándose una posible falla eléctrica como causa.Denuncias y Hallazgos de Maltrato y Abuso
Diversos informes han documentado la magnitud de las vulneraciones dentro del Sename, desde maltrato hasta abuso sexual, destacando la sistematicidad de estas prácticas.Informe de la PDI (2017-2018): Violencia Sistemática
En 2017, la PDI investigó 240 hogares de menores a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indagaba las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. El documento policial de 257 páginas reveló que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática.Tipos de Vulneraciones Graves de Derechos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. Gran parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.Prevalencia del Abuso Sexual
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread y 10 en otros centros), y 187 abusos sexuales fueron cometidos por otros menores. El informe policial fue categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”.Incumplimiento de Protocolos y Fiscalización Deficiente
El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Preocupa que el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar estos protocolos, sin embargo, la PDI determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa".La Problemática de la Salud Mental y la Administración de Fármacos
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El informe revela que 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 159 centros (el 66,3%) la administración de fármacos es realizada por educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud. El líder de Anfur, Rubén Munizaga, explicó que "no tenemos capacidad de atender a niños con trastornos siquiátricos, sin embargo, la mayoría de los menores que tenemos tienen alguna patología asociada, El problema es que el Ministerio de Salud no se hace cargo de esto". Agregó que "muchos niños que no tienen trastornos siquiátricos terminan con uno porque debido al hacinamiento, debe relacionarse con aquellos que sí están enfermos. El 70% de los pequeños que tenemos requiere sicofármacos, y un 10% de ellos internación".Misión de Observación del INDH (2017): Perfiles y Condiciones
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó una visita a 171 centros de todas las regiones del país. Se realizaron entrevistas a directores, encuestas a trabajadores y a 401 niños, niñas y adolescentes (NNA) residentes.Perfil de NNA y Trabajadores en Centros
De la muestra de 401 NNA entrevistados, se desprende que la población de estos centros es fundamentalmente femenina, con un 63,5% de niñas y adolescentes mujeres. El 60% de ellas tiene entre 8 y 13 años de edad. Del total de trabajadores entrevistados, el 87,9% corresponde a mujeres, lo que demuestra una feminización del personal.Condiciones de Vida, Vinculación Familiar y Educación
Las necesidades básicas (camas, acceso a baños, comedor y cocina) están satisfechas; sin embargo, la calidad de las instalaciones no es óptima y no se provee adecuada calefacción, recreación o privacidad. Es preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños de menor edad, o que no se les separe por sexo, con una prevalencia cercana al 20%. Los centros, además, presentan un 21% de sobrecupo. En materia de alimentación, es crítico que en un 1,6% de los establecimientos los NNA reciban solo entre 1 y 2 comidas diarias, y un 16% de los entrevistados declara pasar hambre. Un 22% de los NNA considera que el personal no siempre le da un trato respetuoso y cariñoso, y un 34% declara trato discriminatorio. En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados para hablar con el juez directamente. Aunque el 93% de los entrevistados asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, con un 20% de retraso escolar. Un 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar y un 57% se encuentra fuera de la comuna de origen familiar.
Violencia Institucionalizada y entre Pares
8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses por parte del personal, incluyendo privación de contacto con la familia (15%), ser dejado sin comida (7%), ser encerrado (7%) o "contenido físicamente" (12%). El 46% reportó maltrato psicológico y el 18% agresión física. En cuanto a la violencia entre pares, el 48% de los NNA indicó haber sido objeto de maltrato físico y/o psicológico de manera reiterada. Un 19% de los centros no cuenta con protocolos para atender estas situaciones.Abuso Sexual: Prevalencia y Víctimas
El estudio arrojó que en 23 casos se reportó el sufrimiento de abuso sexual durante los últimos 12 meses, lo que corresponde a una prevalencia del 6,4%. Es tristemente destacable que 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas. En el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor de edad, mientras que en un 7% fue efectuado por un adulto del centro. El 69% de las víctimas sigue en contacto con el presunto agresor, y el 52% declara haber sufrido abusos en reiteradas oportunidades.Causas Fundamentales de la Crisis y Críticas
La crisis del Sename ha sido identificada como un problema multifactorial, arraigado en la gestión, la asignación de recursos y una visión institucional deficiente.La Influencia Política y la "Lógica del Cuoteo"
La administración del Sename ha sido fuertemente criticada por supuestos "cuoteos" políticos y el uso de recursos para pagar favores. Bernardo Neira, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sename, denunció un "monopolio en cuanto al posicionamiento real de la DC en todos los puestos en el Sename", desde la dirección nacional hasta los asesores y directores de centros. Se señaló que el servicio ha entrado en una "lógica del cuoteo político", donde militantes del partido ocupan cargos sin necesariamente tener la experiencia o idoneidad requerida.Irregularidades en Organismos Colaboradores
Más del 90% de los centros del servicio son privados, con un presupuesto anual de 118 mil millones de pesos que en su mayoría se destina a estas casas de acogida. Diversos informes, incluyendo uno de Contraloría, han revelado irregularidades y negligencias en los organismos colaboradores. Se detectaron casos de personal sin los requisitos académicos ni la experiencia laboral necesaria, falta de certificados de antecedentes, e irregularidades en las instalaciones. La Defensoría de la Niñez y SINTRASUB criticaron que el Estado, a través de convenios, no cumplía con sus obligaciones básicas de protección, vulnerando la Convención de Derechos del Niño.Falta de Recursos y Visión Adultocéntrica del Estado
El psicoanalista Matías Marchant sugirió que la crisis no era solo del Sename, sino una crisis social y cultural sobre la representación de la niñez, que incidía en la institucionalidad del sistema de protección social. Se añadió la perspectiva de una crisis del "Estado adultocéntrico", donde se legitima una jerarquización entre grupos etarios. La falta de recursos, la mala asignación y el mal uso de los fondos públicos han sido constantes. Se ha criticado la realización de costosos seminarios y el pago de altos sueldos a asesores sin experiencia, mientras faltan recursos para contratar personal y brindar atención especializada. En muchas regiones, los psicólogos del Sename son insuficientes para atender a la gran cantidad de niños, y la derivación a psiquiatras depende de cupos limitados en hospitales.El Rol Cuestionado del Poder Judicial
La investigación realizada por el Poder Judicial y UNICEF sobre las condiciones de vida de los niños en el sistema de protección evidenció la presencia de abuso sexual y violencia, ligada a fallos y renuncias de los organismos encargados. Se criticó el intento del Poder Judicial de mantener en reserva los resultados de la investigación y, sobre todo, su falta de investigación sobre los antecedentes constitutivos de delito. La jueza Mónica Jeldres, quien encabezó la investigación, renunció tras ser intervenida la comisión. Se cuestionó la priorización de metas de gestión judicial para cerrar causas rápidamente, afectando los casos de protección de niños y violencia intrafamiliar. Los jueces, a pesar de tener facultades para intervenir hogares y terminar con los abusos, no siempre lo hacen, cerrando causas prematuramente para cumplir con las estadísticas.Propuestas y Reflexiones para la Mejora del Sistema
Las conclusiones de diversos estudios han generado importantes recomendaciones para la mejora del sistema de protección de la niñez. A raíz de la crisis y los múltiples informes, el senador Alejandro Navarro comentó la necesidad de "hacer cambios normativos" y que "existen 143 proyectos de ley en tramitación asociados a la infancia". Resaltó que "no puede ser que los centros estén sobrepoblados" y que "se necesitan más recursos para solucionar la actual precariedad del sector, pero también definiciones políticas respecto a la necesidad de una política integral de la infancia". La presidenta de la Asociación Funcionarios, Alicia del Basto, confesó que los cambios realizados en los últimos años para mejorar la infraestructura no son adecuados, afirmando que los centros "se parecen más a prisiones y deberían ser escuelas de formación". Walter Arancibia, presidente de Antrase, destacó que los CREAD, pensados para niños altamente complejos, reciben muchos casos que no cumplen ese perfil, sobrecargando el sistema.El estudio del INDH resaltó las siguientes necesidades:- Toda prohibición de relación entre un familiar y el niño o niña bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución de la autoridad judicial, en base a su interés superior.
- El Estado debe establecer criterios uniformes para las residencias en la regulación de visitas de familiares u otros adultos significativos, así como de las actividades, supervisión y desarrollo de las mismas.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas a niños o niñas o su comunicación con familiares, ya sea por mala conducta del residente o por atrasos de los familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños y niñas residentes, como la existencia de un "libro de vida" para reconstruir su pasado y registrar su experiencia.
- Atender la estabilidad emocional de los cuidadores y profesionales para que puedan cumplir su función de sostén y contención.
- Promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes elaborados por Sename, y de la ley N° 21.013 que sanciona el maltrato.
- Generar las condiciones que garanticen el derecho de los niños y niñas a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual. El mecanismo de denuncia no debería ser una sola pregunta.
- Capacitar a los trabajadores de las residencias para una escucha efectiva a los niños o niñas, a fin de identificar situaciones de riesgo o de abusos sexuales consumados.