El presente documento aborda la problemática de la vulnerabilidad social en adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali, Colombia. Se construye un índice para explorar esta condición, basándose en el modelo teórico propuesto por Kaztman (1999) y utilizando datos de participantes del programa TIP - JSF Jóvenes sin Fronteras. Las condiciones de vida de esta población están marcadas por la precariedad, la exclusión social y económica, y una mayor exposición a la violencia, especialmente al pertenecer a estratos socioeconómicos bajos (1 y 2).
La aplicación del Índice de Vulnerabilidad Juvenil (IVJ) a participantes de entre 11 y 24 años reveló que la gran mayoría presenta algún tipo de vulnerabilidad, manifestada en carencias en indicadores clave como el acceso a servicios públicos y la asistencia escolar.
Contexto de Vulnerabilidad en Cali
En Santiago de Cali, una parte significativa de su población juvenil crece en condiciones de vulnerabilidad social, una situación que parece heredarse y condicionar tanto el presente como el futuro de estos individuos. La vulnerabilidad social se entiende como la desventaja social y la adversidad para controlar las fuerzas que modelan el propio destino, así como la dificultad para aprovechar oportunidades y mejorar el bienestar o adaptarse a los cambios sociales (Rodríguez, 2001).
Cali, una de las tres ciudades principales de Colombia, cuenta con más de dos millones de habitantes y se caracteriza por su vocación económica industrial y de servicios, su rica oferta cultural y musical, pero también por ser una ciudad con altos índices de violencia. Históricamente, ha sido un epicentro del narcotráfico, lo que ha generado graves consecuencias en términos de seguridad, situándola entre las ciudades más peligrosas del mundo debido a sus altas tasas de homicidios.
Dimensiones de la Vulnerabilidad y la Pobreza
Para analizar las distintas dimensiones de la vulnerabilidad social, se propone un ejercicio exploratorio sobre indicadores de vulnerabilidad en adolescentes y jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos de Cali. La pobreza, según el DNP (2007), incluye la vulnerabilidad como el grado en que un individuo u hogar sufre episodios de pobreza como consecuencia de un estímulo. La pobreza se entiende como la privación de capacidades básicas para el bienestar o la insatisfacción de necesidades básicas indispensables (Golovanevneky, 2007).
La vulnerabilidad y la pobreza se reflejan en diversos aspectos de la vida, como el empleo, las desigualdades de ingresos, la mortalidad materna e infantil, y la desnutrición infantil. Complementar el enfoque de pobreza con el de vulnerabilidad permite captar factores multidimensionales en las condiciones de vida de las personas desfavorecidas y comprender los procesos de movilidad dentro y fuera de la pobreza.
Ser pobre implica no tener los medios suficientes para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud. Ser vulnerable significa ser susceptible de ser lastimado o de recibir un golpe físico o moral (Stern, 2004). La vulnerabilidad, exacerbada por el contexto y la exposición a riesgos como desastres naturales, crea un círculo vicioso con la pobreza y la desigualdad. A mayor pobreza y desigualdad, menor resiliencia ante crisis, lo que empeora las desventajas preexistentes.
La vulnerabilidad se conceptualiza como la inseguridad e indefensión ante eventos catastróficos y la capacidad de manejo de recursos y estrategias para enfrentar sus consecuencias (Pizarro, 2001).
América Latina y la Vulnerabilidad Social
Existen regiones más vulnerables que otras. América Latina, como región en desarrollo, se caracteriza por una mayor inestabilidad política y un bajo acceso a servicios básicos como salud y educación (Fajardo, Rojas, Romero y Rincón, 2016). Los recursos se distribuyen desigualmente, concentrando apoyo en los sectores menos necesitados y acrecentando las inequidades para los más débiles (Rodríguez, 2001).
El nuevo modelo de desarrollo latinoamericano, marcado por la apertura económica, la extensión de las comunicaciones, el predominio del mercado y el repliegue social del Estado (Pizarro, 2001), ha generado oportunidades para algunos sectores, pero ha debilitado a una gran mayoría. La vulnerabilidad se manifestó en América Latina desde los años noventa en aspectos como el trabajo, el capital humano, el capital físico y las relaciones sociales, exponiendo a muchos trabajadores a mayores riesgos, inestabilidad, precariedad e informalidad laboral.
El acceso al empleo en sectores económicos dinámicos se ha limitado a trabajadores altamente calificados, mientras que para el resto, los trabajos se concentran en sectores de baja productividad y pequeñas empresas con salarios precarios.
El Concepto de Vulnerabilidad Juvenil
La vulnerabilidad social se entiende como la incapacidad de personas y hogares para aprovechar oportunidades que mejoren su bienestar o impidan su deterioro. Esto se asocia con limitaciones o desventajas al acceder y usar los activos distribuidos en la sociedad (Kaztman, 1999; González, 2009). Ser vulnerable implica estar expuesto a condiciones negativas y positivas sin tener la capacidad para enfrentarlas o aprovecharlas.
Desde una visión multidimensional, la vulnerabilidad incluye restricciones para acceder a capital físico, humano, financiero, productivo y social, provistos por el Estado, el mercado y la comunidad (Kaztman, 2000).
Tipos de Capital y Vulnerabilidad
- Capital físico: Incluye el capital financiero (recursos monetarios, acceso a créditos) y el capital físico propiamente dicho (bienes tangibles del hogar, condiciones de la vivienda). Vivir en una vivienda precaria refuerza la percepción de limitaciones para el desarrollo económico y social.
- Capital humano: Se refiere al estado de salud, destrezas, habilidades y atributos educativos del individuo.
- Capital social: Se basa en la reciprocidad y la confianza, permitiendo la interacción social para adquirir otros activos, obtener información sobre oportunidades laborales y circular bienes materiales y simbólicos. Las redes de apoyo son un recurso básico de supervivencia para familias en condiciones de precariedad.
La Juventud como Etapa de Riesgo
La juventud es una etapa de transición entre la niñez y la adultez, marcada por cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales que aumentan los riesgos de vulnerabilidad. Estos riesgos se agrupan en tres dimensiones (Rodríguez, 2001):
- Dimensión vital: Riesgos inherentes a la posición en el ciclo vital.
- Dimensión institucional: Desventajas en la relación con las instituciones.
- Dimensión de inserción socioeconómica: Riesgos asociados al sistema educativo y al mercado de trabajo.
La vulnerabilidad juvenil también depende de factores como el género, el nivel socioeconómico y la etnia. Ciertas exposiciones a riesgos alcanzan su pico entre los 15 y 29 años, incluyendo:
- Riesgos negativos: Inicio y adicción a drogas, violencia, suicidio, delincuencia.
- Riesgos demográficos: Trayectoria reproductiva (enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros), que de no manejarse adecuadamente pueden reproducir condiciones de vulnerabilidad.
Los jóvenes (19 a 24 años) mantienen relaciones asimétricas con actores clave en su desarrollo. La familia y la comunidad son fuentes de dependencia emocional y económica, así como de transmisión de recursos y activos. El Estado y el mercado también son actores importantes que pueden potenciar o limitar las condiciones juveniles.
Factores que Aumentan la Vulnerabilidad Juvenil
Según Rodríguez (2001), la vulnerabilidad juvenil se incrementa por:
- La incapacidad del mercado laboral para absorber personas con baja cualificación.
- La escasa cobertura de prestaciones sociales en empleos precarios donde abundan los jóvenes.
- Las dificultades del Estado para reformar la educación y adaptarla a las cambiantes demandas de aptitudes y destrezas.
Para enfrentar la vulnerabilidad juvenil, es crucial incrementar su participación y acción en políticas públicas que faciliten su tránsito exitoso de la niñez a la adultez, abarcando las dimensiones de educación, trabajo, salud y vivienda.
Metodología y Diseño del Índice de Vulnerabilidad Juvenil (IVJ)
El ejercicio empírico propuesto es de carácter exploratorio y de caracterización. Se basa en indicadores de vulnerabilidad social obtenidos de la población adolescente y joven de estratos 1 y 2 en Cali, participantes del programa TIP - JSF. Este programa, desarrollado por el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali, busca ofrecer atención integral, restitución de derechos y ciudadanía efectiva a integrantes de grupos juveniles, especialmente en comunas de la zona oriente y ladera, identificadas como territorios de disputa entre pandillas.
Al ingresar al programa, se encuestó a cada participante con 134 preguntas estructuradas en cinco módulos:
- Características sociodemográficas y de vivienda.
- Atención psicosocial y de salud.
- Deporte y cultura.
- Educación y desarrollo económico.
- Relaciones familiares, dinámicas de grupo y ciudadanía.
Con esta información, se caracteriza la población y se calcula un Índice de Vulnerabilidad Juvenil (IVJ) compuesto por catorce indicadores divididos en cinco dimensiones. Cada indicador asigna un valor de 1 si existe vulnerabilidad y 0 en caso contrario. Finalmente, se clasifica a los jóvenes como no vulnerables, vulnerables o extremadamente vulnerables según el número de características de vulnerabilidad en cada dimensión.
La información analizada corresponde al momento del ingreso al programa TIP - JSF, que contó con la participación de 1.574 hombres y 787 mujeres.
#DesdeLasRegiones: Con los jóvenes de Cali
Marco Jurídico y Políticas Educativas en Colombia
Los Estados, al firmar tratados de derechos humanos, se comprometen a crear las condiciones necesarias para transformar las situaciones de vulnerabilidad. En el ámbito del derecho, existen compromisos internacionales y nacionales. Colombia ha ratificado diversos instrumentos jurídicos y ha creado normativas para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Constitución Política de Colombia establece la educación como un derecho y un servicio público con función social, buscando el acceso al conocimiento y la cultura. La Ley General de Educación regula el servicio público educativo.
Los planes de desarrollo y los planes decenales de educación son herramientas clave para legitimar, priorizar y orientar las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. El Plan Decenal de Educación 2016-2026 ha sido una hoja de ruta, y actualmente se formula el IV Plan Decenal de Educación (2026-2036) con participación pública.
Dimensiones de la Política Educativa
La política educativa en Colombia se aborda desde tres dimensiones:
- Estructura y tamaño del sistema educativo: Marco general de las acciones de política.
- Intervenciones para el funcionamiento del sistema:
- Currículo y modelos de gestión institucional.
- Docentes.
- Infraestructura, tecnología y equipamiento.
- Transferencias de bienes y recursos financieros.
Estructura del Sistema Educativo Colombiano
El sistema nacional de educación comprende:
- Educación formal: Con niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media.
- Educación para el trabajo y el desarrollo humano (educación no formal): Orientada a la formación laboral en artes y oficios.
- Educación informal: Conocimiento libre y espontáneamente adquirido.
Los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) son fundamentales para la gestión escolar. La Ley 1732 de 2014 ordena la inclusión de la Cátedra de la Paz.
La educación para personas adultas, la educación a distancia y semipresencial, la educación inclusiva (para población con discapacidad) y la educación para grupos étnicos (con decreto 804 de 1995) son modalidades que buscan garantizar el acceso y la pertinencia educativa.
La educación campesina y rural, fomentada por el gobierno, incluye formación técnica en actividades agrícolas y agroindustriales. El Plan Especial de Educación Rural (PEER) busca mejorar las condiciones de vida y producción en el campo.
La educación para la rehabilitación social ofrece programas integrales para la reincorporación a la sociedad. La formación de docentes se enfoca en su profesionalización y especialización.
Niveles Educativos y Matrícula
La educación inicial abarca desde el nacimiento hasta los 3 años. La educación preescolar está orientada a niños de 3 a 5 años.
La educación general básica obligatoria dura nueve años (primaria y secundaria). La educación media, de dos años, habilita para estudios superiores.
La educación superior, regida por la Ley 30 de 1992, abarca niveles técnico profesional, tecnológico y universitario, así como posgrados. En 2023, la matrícula nacional en educación formal fue de 9.547.160 estudiantes, siendo básica primaria y secundaria los niveles con mayor número de matrículas.
Vulnerabilidad y Educación en el Contexto de la Pandemia
La pandemia de COVID-19 generó cambios drásticos en la educación, obligando a estudiar y enseñar desde casa. Esto evidenció la fragilidad del sistema educativo colombiano y la necesidad de fortalecer sus bases, especialmente para la población vulnerable.
La conectividad digital se convirtió en un factor crucial. Sin embargo, el acceso limitado a dispositivos tecnológicos y a internet en la educación pública colombiana creó brechas digitales significativas. La falta de conectividad y equipos tecnológicos limita la comunicación efectiva y el acceso a la información, afectando especialmente a hogares de bajos ingresos y al sector rural.
Desafíos de la Educación Colombiana ante la Pandemia
La pandemia expuso las dificultades de la educación colombiana, incluyendo la falta de herramientas tecnológicas y conectividad. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señaló que Colombia tenía una baja penetración de Internet móvil. Muchas comunidades carecen de conectividad, y algunas zonas, incluso cercanas a la capital, no tienen acceso a clases virtuales, televisivas o radiales.
Las estrategias adoptadas para la continuidad educativa fueron diversas, pero los recursos para acceder a ellas eran limitados. Un alto porcentaje de bachilleres no tenía acceso a Internet en sus hogares, y en zonas rurales, la disponibilidad de computadores era mínima.
Las dificultades tecnológicas y de conectividad se originan en la precariedad de los recursos económicos asignados a las instituciones educativas. La escasa asignación presupuestal, las brechas de ingresos entre el sector rural y urbano, y los textos desactualizados son factores que limitan el desarrollo de competencias básicas.
Impacto de la Repitencia Escolar
Colombia presenta tasas de repitencia escolar elevadas, especialmente en educación primaria y básica secundaria, superando el promedio de países de la OCDE. El cierre de colegios durante la emergencia sanitaria incrementó exponencialmente estas cifras. Las instituciones públicas presentan tasas de repitencia significativamente más altas que las privadas, reflejando profundas desigualdades estructurales.
Las regiones más afectadas por la repitencia escolar, como Vichada, Vaupés y Guainía, enfrentan desafíos como baja cobertura, infraestructura precaria y escasez de docentes, lo que limita el nivel académico.
La crisis de repitencia escolar evidencia la necesidad de priorizar la educación como pilar fundamental para el desarrollo del país y de implementar políticas públicas que aborden las desigualdades geográficas y de acceso al servicio educativo.
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