El Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de una profunda crisis institucional y de graves denuncias de corrupción y maltrato. A pesar de la contundencia de varios informes que evidencian vulneraciones sistemáticas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela, ha existido un patrón de ocultamiento y retraso en la difusión y acción sobre estos hallazgos.
Hallazgos Alarmantes: Abusos y Maltratos Documentados
El 4 de julio, CIPER reveló el contenido de un estremecedor informe del Poder Judicial y el SENAME, mantenido en reserva por casi cuatro meses. Este estudio, realizado en 10 regiones, analizó fichas de 6.500 menores e incluyó entrevistas con 384 niños. Detectó abusos sexuales por parte de cuidadores y entre los mismos niños, maltratos físicos, medicación no autorizada ni supervisada, y castigos como el aislamiento. Incluso se identificaron redes de explotación sexual infantil. La reacción más significativa fue la del Poder Judicial, que el 10 de julio entregó los antecedentes al Ministerio Público.
Otro informe lapidario fue elaborado por la Comisión Jeldres - conformada por Mónica Jeldres, otras tres juezas de familia, la doctora en derecho Paulina Gómez y la socióloga de UNICEF Carolina Bascuñán. Fue entregado oficialmente el 7 de marzo a Héctor Carreño, ministro de la Corte Suprema, y a autoridades del SENAME. Aunque inicialmente buscaba un diagnóstico de las carencias del sistema, recopiló información de casos que podrían constituir delito. A pesar de la obligación de los funcionarios públicos de denunciar hechos delictuales en 24 horas, el ministro Carreño decidió mantener el documento oculto, argumentando problemas metodológicos.
Evidencias Recopiladas por la Comisión Jeldres por Regiones
Gloria Negroni, quien preside una comisión desde la intervención del Centro de Medidas Cautelares, entregó al fiscal nacional antecedentes de delito de residencias en Arica, Antofagasta, Valparaíso y Coquimbo.
- Arica: Seis proyectos residenciales acogen a 256 menores. El informe de la Comisión Jeldres, entregado por la jueza Gloria Negroni, consideró tres residencias y encuestas a 15 niños. El 20% de las niñas encuestadas en la residencia Ajllasga reconocieron agresiones físicas y días sin comer. El 60% estuvo enferma sin atención médica. Lo más grave: presencia de muchachas que salían del hogar de noche con complicidad de guardadoras, regresando drogadas, lo que "hace altamente probable la existencia de explotación sexual infantil".
- Magallanes: Otras situaciones delictuales fueron descubiertas y un oficio fue enviado al juez respectivo, dando origen a una persecución penal.
- Valparaíso: Una niña de 12 años denunció abusos sexuales en el Hogar Santa Teresa y castigos de aislamiento. Otro niño de 13 años del Hogar Virgen de los Desamparados denunció días sin comer y agresiones físicas y sexuales.
- Coquimbo y Los Lagos: Niños denunciaron agresiones físicas y psicológicas por parte de cuidadores, y días sin alimento como castigo.
Ocultamiento y Retraso en la Acción Institucional
El oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el 14 de junio, consultando sobre las medidas adoptadas, llegó tres meses después de la entrega del diagnóstico. El 9 de julio, tras la difusión de los reportajes de CIPER y la cobertura mediática, el SENAME anunció el cierre de cuatro centros y la intervención de otros siete. Rolando Melo, director nacional del SENAME, afirmó haber enviado el informe a las fiscalías regionales al día siguiente, aunque inicialmente solo lo conoció "informalmente". Melo recibió el documento completo de la jueza Negroni el 7 de marzo, pero, a pesar de sus reparos metodológicos, lo envió a las direcciones regionales para que verificaran la información.
Durante los tres meses entre la recepción del informe por el SENAME y el oficio de la Corte Suprema, no hubo comunicación entre ambas instituciones, según el director del SENAME. El 10 de julio, la ministra de Justicia, Patricia Pérez, reaccionó con más energía, anunciando una intervención total al sistema de residencias y hogares de menores del país (274 centros) a partir del 1 de agosto, por tres meses, a cargo de un equipo interdisciplinario de 50 profesionales.
El Informe de la PDI: Un Hallazgo Crucial Retenido
El 13 de noviembre de 2018, la PDI recibió un Oficio Reservado del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, solicitando un informe encargado seis meses antes sobre 1.313 muertes en el SENAME entre 2005 y 2016. El informe, que sistematizaba los hallazgos de la Fuerza de Tarea Sename en 240 de las 241 residencias del país, estuvo listo en diciembre de 2018. Sin embargo, no fue revelado hasta siete meses después, el 2 de julio, por CIPER.
La PDI confirmó que el informe fue entregado informalmente en marzo a Jorge Abbott, Fiscal Nacional. La Dirección General de la policía civil envió una copia digital al fiscal Emilfork el 4 de febrero y otra al Fiscal Nacional en marzo. No obstante, la Fiscalía Nacional afirmó que el informe se remitió a Emilfork el 25 de abril de 2019. Este retraso de antecedentes cruciales es un punto clave para establecer responsabilidades, como lo ha señalado la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
El informe de la PDI concluye que "en el 100% de los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido -de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". Solo en 2017, la policía constató 2.071 casos de vulneraciones graves, y la mayoría de las residencias carecían de protocolos ante intentos de suicidio, crisis o fallecimientos.
REPORTAJE | El informe oculto del Sename - Contigo en La Mañana
Impacto de la Corrupción y la Desidia en la Vida de los Niños
La corrupción institucional que rodea al SENAME tiene un precio devastador: la desolación transgeneracional de los niños, niñas y adolescentes de Chile. La prevalencia de muerte entre los NNA atendidos en el SENAME es significativamente más alta (0,94 por cada 1000 entre 2006 y 2014) que en la población general (0,68 por cada 1000). Es crucial investigar cuántas de estas muertes se deben a negligencia y falta de debida diligencia. El Estado no ha demostrado la altura necesaria para protegerlos ni para investigar los delitos cometidos en su contra, lo que se traduce en un "holocausto" silencioso.
Responsabilidad Estatal y la Necesidad de un Cambio Radical
La responsabilidad del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de los NNA bajo su cuidado implica una investigación profunda de las causas de las 856 muertes en la red del SENAME, abarcando las preguntas estructurales sobre el cumplimiento de su deber de cuidado y la suficiencia de los recursos. La responsabilidad del Estado es la misma tanto en los casos de niños fallecidos en centros del SENAME como en aquellos atendidos en instituciones privadas colaboradoras. La delegación de funciones a proveedores privados no exime al Estado de su plena responsabilidad, que incluye una fiscalización estricta y la garantía del derecho.
El informe de UNICEF y el Poder Judicial revela que cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en residencias de protección. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia trae aparejadas otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional. La separación, que debería ser excepcional y transitoria, se vuelve prolongada, incluso permanente, lo que se refleja en un sistema de visitas con condiciones mínimas inapropiadas para promover relaciones familiares. Esto genera una imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo y solidaridad, lo que en última instancia, repite y actualiza la violencia sobre los niños.
Un sistema de protección de la infancia segregado, donde la desconfianza circula entre organismos colaboradores, SENAME y Poder Judicial, no puede abordar el problema de manera efectiva. La solución no es solo mejorar las prestaciones, sino pensar el lugar de los niños en la sociedad y el contexto en que se reproduce la violencia. La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a suplir carencias afectivas y materiales, sino que requiere la participación de la familia, educadores, profesionales, directores y la comunidad en su conjunto.
El Informe de la ONU: Violaciones Graves y Sistemáticas
El Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas señala graves y sistemáticas violaciones de derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño en perjuicio de los niños y niñas a cargo de la supervisión del SENAME. Estas violaciones evidencian un fracaso total del Estado en la materia. Las víctimas, que se cuentan por miles, son más cercanas a las víctimas de la dictadura chilena que a las que sufren los efectos de un delito común.
De esta violación de Derechos Humanos nace la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera integral. Las medidas de reparación deben abarcar no solo la indemnización económica, sino también la persecución de responsabilidades penales, administrativas y políticas. Es fundamental establecer la verdad de lo ocurrido, las falencias y las consecuencias para los niños, lo que plantea la necesidad de una Comisión de Verdad sobre el SENAME. Un tercer grupo de medidas está destinado a la rehabilitación o reparación de los niños dañados, incluso si ya son adultos, para reintegrarlos a su proyecto de vida.
Corrupción Financiera y Conflictos de Interés en el Nuevo Sistema
Se destinaron 3.600 millones de pesos para el programa SENAME Aseguramiento de la Calidad de las Residencia y de Mejoramiento Continuo (ASCAR). El 71% de los niños del SENAME dicen haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus padres o cuidadores. Además, la fiscalía investiga posibles pagos de subvenciones por niños muertos, indicando un eventual fraude al Fisco. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, entregó al Consejo de Defensa del Estado antecedentes sobre presuntos desvíos de más de tres mil millones de pesos vinculados al caso ASCAR.
A tres años de la desaparición del SENAME y el nacimiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, este nuevo servicio enfrenta un huracán de críticas. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela desórdenes financieros por más de $187.600 millones, transferencias sin respaldo a 377 fundaciones y listas de espera con casos arrastrados desde 2015. Además, hay denuncias periodísticas sobre corrupción: bases técnicas filtradas a fundaciones favorecidas, desvíos de más de $200 millones a empresas vinculadas a dirigentes, y peritajes falsos para separar a padres de sus hijos, como en el PRM Pichilemu.
El caso de Juan Manuel Navarro Rodríguez, separado de su hijo por informes falsos elaborados por el PRM Acogida (Corporación León Bloy en Pichilemu), desnuda la podredumbre del sistema. Los peritajes eran copias de otros expedientes, incluso con nombres cambiados, y se usaban como "informes maqueta" para justificar intervenciones y prolongar ingresos fiscales de $216.700 mensuales por niño. La Fundación León Bloy y la Fundación Ciudad del Niño, con directorios que incluyen figuras políticas como Felipe Kast, han sido señaladas por recibir recursos masivos y mostrar fallas en rendiciones y transparencia. Esto plantea la inevitable pregunta de por qué se cruzan los intereses políticos con el trabajo con niños vulnerados.
El abogado Hernán Fernández, especialista en protección jurídica de la niñez, señala que "en los últimos dos gobiernos no hemos avanzado en nada en materia de protección a los NNA". Destaca la importancia de la formación, supervisión y control de quienes velan por el bienestar de los niños. Propone que ningún servicio de protección funcionará mientras siga en manos de privados bajo una lógica de mercado, y aboga por un sistema 100% público, con financiamiento directo y gestión participativa. Los recursos existen, basta con redirigir rentas de industrias estratégicas, y es urgente gestionar con principios éticos y respeto hacia los NNA, sus familias y la sociedad completa.