La promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia ha dotado a Chile de un marco normativo general para abordar de manera integral la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con la implementación del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021, destinado a la atención de aquellos que han sufrido vulneraciones, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que establecerá un sistema de justicia especializado con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente, el país busca consolidar una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
Reformulación del Sistema de Protección y Reparación
Es fundamental que estas iniciativas se acompañen de políticas públicas que garanticen a las familias condiciones socioeconómicas adecuadas para que puedan cumplir su rol protector. En el ámbito de la vulneración de derechos, se hace imperativo avanzar en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias. Esto aseguraría que todos los niños y niñas bajo cualquier medida de protección especializada (cuidado alternativo familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar o en programas de protección especializados) tengan acceso a todas las prestaciones de protección social.
Cuidado Alternativo Residencial y Familias de Acogida
Además, es necesario reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masificación de niños y niñas en residencias y garantizar su protección y buen trato dentro de ellas. Para lograr esto, es crucial fortalecer el trabajo con las familias de origen de estos niños y niñas, ayudándolas a superar las vulneraciones y posibilitando la reunificación familiar, asegurando así su derecho a vivir en familia. UNICEF ha apoyado esta reformulación, con el objetivo de concretar el cierre de los CREAD y consolidar el funcionamiento de nuevas residencias familiares. También colabora con el rediseño de los programas de familias de acogida y el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años. Asimismo, se busca rediseñar los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y evitar la separación de los niños y niñas de sus familias.
Disminución de la Violencia
Para reducir los índices de violencia, UNICEF apoya la articulación de diversos actores institucionales para avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018 - 2025. Se requiere un compromiso transversal para abordar coordinadamente estos índices que los niños, niñas y adolescentes enfrentan en diversos ámbitos de su vida, como el familiar, escolar, institucional y entre pares.
Responsabilidad Penal Adolescente
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se busca establecer el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado, actualmente en discusión en el Congreso Nacional. Este servicio coordinaría y ofrecería una oferta programática orientada a la efectiva reinserción social y a la promoción de conductas que permitan a los adolescentes desistir de la comisión de delitos. Además, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad de los adolescentes, tanto en infraestructura y habitabilidad como en la supervisión de la aplicación de los programas internos.
Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus Consecuencias
El Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas subraya la existencia de graves y sistemáticas violaciones de derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño en perjuicio de los niños y niñas bajo la supervisión del SENAME. Que un órgano de Derechos Humanos de Naciones Unidas, encargado de la cautela de un tratado internacional, sostenga que existen violaciones en un país, es un hecho relevante en sí mismo, marcando la imagen internacional de un Estado. Estas violaciones son consideradas graves por el enorme daño que miles de niños han sufrido en las últimas décadas al transitar por el sistema.
Caracterización de la Crisis y Obligación de Reparación
La magnitud de estas violaciones de derechos, al adquirir características graves y sistemáticas, evidencia un fracaso total del Estado en la materia. Cuando se habla de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de los niños y niñas en el SENAME, las víctimas, que se cuentan por miles a lo largo de las décadas, son personas más cercanas a las víctimas de la dictadura chilena que a las que sufren los efectos de un delito común. De esta violación de Derechos Humanos nace la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera integral. Estas medidas de reparación son variables y dependerán en gran medida del caso específico, pero también, y por sobre toda otra consideración, del tipo de naturaleza de la vulneración. En el caso del SENAME, dadas las características del tipo de violación incurrida, la mera indemnización no es suficiente.
Responsabilidades y Verdad
La responsabilidad a perseguir no solo es penal, sino también administrativa y política, ya que interesa saber quién pudo haber hecho algo y, finalmente, permitió que esto ocurriera. En este punto, se espera que se determine no solo la responsabilidad de los autores directos, sino también la de quienes dirigen, ejecutan y aplican políticas y medidas en las instituciones vinculadas a la protección en Chile, especialmente en el sistema residencial.
Un segundo grupo de medidas, parcialmente realizadas a través de los Informes de Diagnóstico de la realidad del SENAME, busca establecer la verdad de lo ocurrido: los hechos, las falencias y las consecuencias que los niños y niñas arrastran por su paso por el sistema. Esto abre un debate pendiente sobre la necesidad de una Comisión de Verdad sobre lo ocurrido con los niños y niñas bajo la protección del SENAME.
El tercer grupo de medidas está destinado a la rehabilitación o reparación propiamente tal de los niños y niñas dañados por su paso por el SENAME, incluso si ya son adultos. Estas medidas, esenciales para reintegrar a las víctimas a su proyecto de vida, incluyen la indemnización económica, ya sea en forma de pago único o pensión por un determinado tiempo (o vitalicia), aunque esta última suele focalizar la atención pública.
Compromiso Estatal y Comisión Asesora Presidencial
El Informe de la ONU tendrá numerosas consecuencias en la forma en que el Estado debe abordar la niñez vulnerada, siendo su efecto más relevante los antecedentes que aporta para caracterizar esta crisis como grave y sistemática. Se abre un horizonte de acciones en la defensa y seguimiento de la responsabilidad imputada al país, así como en la organización de las entidades de defensa de derechos.
Jaime Gajardo Falcón, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, expresó que se espera que la creación de la Comisión asesora presidencial contribuya a reparar la situación de graves vulneraciones que sufrieron los niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado, ya sea a través del SENAME o de organismos colaboradores en residencias bajo sus programas. La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, enfatizó la importancia de nunca olvidar que la defensa de los Derechos Humanos incluye la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Señaló que las vulneraciones ocurridas en democracia son responsabilidades que el Estado debe asumir, especialmente hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su protección y custodia.
A partir de la creación de la Comisión, se iniciará una etapa de difusión para informar a la ciudadanía sobre su propósito y alcance, asegurando que las personas interesadas comprendan su rol y los mecanismos de acceso. Soledad Larraín Heiremans destacó la importancia de generar una participación significativa y que la población confíe en la Comisión para que puedan compartir sus testimonios, acercándose así a la verdad, que es el objetivo principal de esta instancia.