Personas Vulnerables sin Acceso a Información en Situaciones de Emergencia

Las situaciones de emergencia, ya sean causadas por conflictos o desastres naturales, agravan significativamente los problemas de derechos humanos que enfrentan las personas mayores. La vulnerabilidad inherente a la movilidad limitada, los problemas de salud, la discapacidad y la responsabilidad del cuidado de otros miembros de la familia, presenta desafíos considerables para las personas de edad en cuanto al acceso a la ayuda humanitaria durante estas coyunturas.

A pesar de los graves riesgos a los que están expuestas, las personas mayores a menudo son menos visibles en los procesos de evaluación y planificación. Esto se debe, en parte, a que la labor humanitaria y comunitaria tiende a priorizar a los grupos etarios más jóvenes. La falta de datos específicos sobre las personas mayores afectadas por emergencias tiene consecuencias negativas directas en sus derechos y acceso a servicios.

Por ejemplo, en 2018, aproximadamente 68.5 millones de personas se convirtieron en desplazados forzosos a nivel mundial como resultado de conflictos o violencia generalizada. Una de las escasas estadísticas disponibles sobre personas mayores en situaciones de emergencia, correspondiente a 2017, indicaba que solo el 3% del total de refugiados tenían más de 65 años. En situaciones de desplazamiento forzoso, las personas mayores suelen enfrentar obstáculos que les impiden acceder a la protección social, quedando así excluidas de las iniciativas de recuperación económica.

Infografía: Estadísticas de desplazamiento forzoso y la baja representación de personas mayores.

Recomendaciones para Mejorar la Asistencia a Personas Mayores

El informe sobre personas mayores en situaciones de emergencia contiene diversas recomendaciones para mejorar los servicios que reciben. Estas incluyen:

  • Mejorar el acopio y análisis de datos relativos a los grupos de población afectados.
  • Consultar a las personas mayores para identificar los obstáculos que dificultan su acceso a la asistencia.
  • Aplicar consistentemente el principio de no discriminación en los programas de subsistencia, permitiendo la participación de las personas mayores en su concepción.
  • Asegurar que las necesidades de las personas mayores en materia de asistencia sanitaria se incorporen a todos los planes de atención médica.

Es fundamental tener en cuenta que la edad a menudo agrava otras formas de vulnerabilidad o desigualdad, como el género. Por lo tanto, en situaciones de emergencia, las personas mayores son especialmente vulnerables y sus necesidades deben ser abordadas de manera prioritaria.

El Impacto de la Pandemia de COVID-19 en Personas Mayores Vulnerables en Brasil

La experiencia de una pandemia global como la COVID-19 ha puesto de manifiesto las significativas demandas de las personas mayores en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. Ante este escenario, se ha desarrollado un ejercicio de investigación basado en el marco de la Educación Popular para la investigación de campo, buscando articular teoría y práctica.

Las preguntas centrales que surgieron fueron: ¿Cómo podríamos ayudar, durante el aislamiento, a las personas mayores en situación de vulnerabilidad y riesgo social? ¿Qué posibilidades existen para intervenir en este proceso?

Para contextualizar esta discusión, se analizaron los reflejos del capitalismo en la conducción de las políticas públicas de asistencia social en Brasil, bajo la tutela de un gobierno federal de ultraderecha. Se reflexionó sobre los derechos de la población anciana en esta coyuntura, las atribuciones del Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS) y cómo la Educación Popular puede contribuir a un proceso de confrontación y comprensión integral de la situación.

Ilustración: Personas mayores participando en una sesión de Educación Popular.

Metodología de Investigación Cualitativa

Se llevó a cabo una investigación cualitativa mediante muestreo. Se seleccionaron personas mayores, con una edad promedio entre 60 y 72 años, en situación de vulnerabilidad, que asistían a los CRAS Vila Mathiensen y Jardim Nossa Senhora Aparecida, en barrios periféricos y en situación de extrema vulnerabilidad social en el municipio de Americana/SP, Brasil. A través de un cuestionario semiestructurado, se buscó conocer qué habían visto y oído sobre la COVID-19 y qué medidas habían tomado para enfrentar este escenario.

A partir de las respuestas obtenidas, se analizaron posibles formas de intervención y cómo se podría contribuir a fomentar la información, buscando ofrecer un análisis y reflexión del momento actual y elucidar acciones posibles para estas personas, respetando las medidas de salud.

Contexto Histórico y Político de la Asistencia Social en Brasil

En Brasil, la política de Asistencia Social ha sido históricamente un instrumento para enfrentar la "cuestión social", caracterizada por prácticas asistenciales, religiosas, clientelistas, filantrópicas y solidarias. Con la Constitución Federal de 1988, la Asistencia Social, junto con la Salud y la Seguridad Social, conformaron el trípode de la Seguridad Social, regulado por la Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS) en 1993.

La aprobación de la Política Nacional de Asistencia Social (PNAS) en 2004, que preveía la implementación del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), representó un hito en la consolidación de la asistencia como garante de derechos. El SUAS, consolidado en la NOBS-SUAS 2005/2012, es un requisito fundamental de la LOAS para efectivizar la asistencia social como política pública.

El Rol del Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS)

La protección social básica tiene como "puerta de enlace" los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS). Estas unidades públicas, con base territorial, facilitan el acceso y la vinculación con los usuarios. En los CRAS se desarrollan servicios, programas, proyectos y acciones que, en conjunto con la red local, buscan garantizar la protección social básica.

Las funciones del CRAS incluyen la prevención a través de la acogida de individuos y familias, y el fomento de la convivencia familiar y comunitaria ante situaciones de vulnerabilidad y riesgo social y personal. El Programa de Atención Integral a la Familia (PAIF) es el principal servicio básico de protección social, centrado en la prevención, la socialización, y el fortalecimiento de la autonomía y la ciudadanía.

Las funciones del CRAS abarcan la "acogida, estudio social, visita domiciliaria, orientación y referencias, grupos familiares, acompañamiento familiar", así como actividades, campañas y movilizaciones para las familias. La complejidad de estos servicios exige que el equipo profesional posea conocimientos especializados para intervenir en las diversas expresiones de la problemática social, buscando una actuación calificada y comprometida con la ruptura de violaciones de derechos.

La Vulnerabilidad ante la Pandemia: Más Allá de la Inmunidad

La precariedad de los derechos ciudadanos afecta directamente las medidas de contingencia ante la COVID-19. Muchos empleados, bajo sospecha de contagio, continúan trabajando para asegurar el sustento familiar. Además, una gran parte de la clase trabajadora opera en el mercado informal, lo que convierte la recomendación de aislamiento social en una falacia.

Por lo tanto, la población vulnerable a la pandemia se extiende más allá de los individuos con menor inmunidad, como ancianos y personas con enfermedades crónicas, para incluir también a quienes viven en extrema pobreza. Las personas mayores negras, en particular, tienen un menor acceso a los derechos de seguridad social y se encuentran en peores condiciones de vida y trabajo.

Fotografía: Personas mayores participando en una actividad comunitaria segura.

Derechos y Realidad de las Personas Mayores en Brasil

La ley brasileña garantiza a las personas mayores, con absoluta prioridad, el derecho a la vida, la salud, la alimentación, la educación, la cultura, el deporte, el esparcimiento, el trabajo, la ciudadanía, la libertad, la dignidad, el respeto y la convivencia familiar y comunitaria (Ley N.º 10.741, de 1 de octubre de 2003).

Sin embargo, la práctica a menudo difiere de lo establecido legalmente. El establecimiento de derechos sociales para esta creciente categoría sociológica requiere cambios profundos en las actitudes de la población respecto al envejecimiento. Brasil, históricamente un país joven, está experimentando un proceso de envejecimiento acelerado, lo que impacta las configuraciones sociohistóricas debido a la disminución de las tasas de natalidad y mortalidad y al aumento de la expectativa de vida.

Ante el incremento de la longevidad, el proceso de envejecimiento adquiere una mayor complejidad para el ser humano, con consecuencias biopsicosociales. El desafío de afrontar el aislamiento social y la pandemia requiere la concepción de nuevas formas de abordar esta etapa de la existencia.

Programas de Apoyo y Protección en Chile

En Chile, existen diversas iniciativas destinadas a brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad:

  • Acompañamiento psicosocial a personas en situación de calle: Se realiza en dependencias propias o directamente en la calle, buscando favorecer la inclusión social de personas mayores de 50 años.
  • Servicios de hospedaje nocturno, alimentación y apoyo básico: Ofrecidos en todas las sedes del país para personas en situación de calle.
  • Vivienda Primero: Un programa pionero financiado por los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, vigente desde 2019, que ofrece vivienda sin condiciones a personas mayores de 50 años con larga experiencia de vida en la calle. Basado en el modelo "Housing First", promueve la seguridad y dignidad como primer paso para la integración social, familiar y laboral.
  • Chile Cuida: Una red que conecta instituciones, programas y servicios para ofrecer apoyos y cuidados a personas que requieren asistencia en actividades diarias, así como a sus cuidadores.
  • Subsistema de protección integral a la infancia: Su misión es acompañar, proteger y apoyar a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
  • Subsistema que forma parte del Sistema de Protección Social: Busca promover que familias y personas accedan a mejores condiciones de vida a través de la superación de la pobreza extrema y vulnerabilidades sociales.
  • Iniciativas para promover hábitos y estilos de vida saludables: Orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Personas mayores: ¿Cómo proteger su salud mental? | Sana Mente

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