La situación de los niños y jóvenes que viven en centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha sido objeto de debate público y de diversas investigaciones en Chile. Estos debates se intensificaron a partir de casos trágicos, como el fallecimiento de Lissette Villa, que revelaron deficiencias sistémicas en el sistema de protección de menores.
El caso Lissette Villa: Un punto de inflexión
En la noche del 11 de abril de 2016, Lissette Villa sufrió una crisis en el hogar Galvarino, administrado por el Sename. Sus cuidadoras, Conne Fritz y Thiare Oyarce, carecían de la capacitación adecuada para manejar la situación. Fritz, asistente de contador, nunca había trabajado como educadora de trato directo, y Oyarce, sin título ni contrato, llevaba cinco meses como educadora sin recibir formación en protocolos ni criterios para atender crisis de menores. Ambas, siguiendo lo que habían visto, inmovilizaron a Lissette boca abajo, lo que, trágicamente, le causó la muerte.
Este suceso impulsó una profunda transformación del sistema de protección de menores en el país, lo que llevó a la publicación del libro "Huellas Imborrables", que recoge testimonios de niños, jueces, gendarmes, directores y funcionarios de distintos centros del SENAME a lo largo de Chile.
Deficiencias en capacitación y fiscalización
Un año y dos meses después del incidente con Lissette, el 21 de junio de 2017, la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó un informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones de la primera comisión de 2014. Las conclusiones fueron desalentadoras, destacando una drástica baja en el presupuesto destinado a capacitación y formación, algo crucial para evitar futuras tragedias.
Según el borrador del informe, el presupuesto para capacitación y perfeccionamiento de funcionarios disminuyó un 399%. Además, se reveló que 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado de menores no habían sido fiscalizados por la administración central en los últimos tres años. El SENAME destinó en 2017 $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestados por privados.
Impacto en el personal y los programas
Funcionarios y colaboradores del SENAME señalaron que el verdadero problema radica en cómo la institución prioriza el destino de sus fondos. Las capacitaciones, además de escasas, aportan poco al trabajo real que desarrollan los funcionarios en contacto con menores. Las fiscalizaciones también son laxas.
- Christopher Simpson, educador de trato directo en el Centro Metropolitano Norte del SENAME, en Til Til, trabaja con menores infractores de ley y teme no saber cómo actuar ante una crisis. En casi cinco años de servicio, solo ha recibido una capacitación insuficiente.
- Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos (Peñaflor), indicó que su centro no ha recibido capacitación de la administración central en al menos cinco años, lo que afecta directamente las competencias de los educadores y obliga a las organizaciones a realizar capacitaciones internas, restando tiempo de trabajo con los niños.
- El psicólogo Matías Marchant destacó que los bajos sueldos de los trabajadores del sistema mantienen a los educadores en la pobreza, a pesar de su labor, y que los sistemas de turnos son irracionales, "reventando" literalmente a las educadoras. A septiembre del año anterior, había 1.275 educadores de trato directo (ETD) contratados en centros del servicio en todo el país.
Problemas en la fiscalización de recursos
El diputado Ramón Farías afirmó que la falta de capacitación incide directamente en otro punto crítico: la fiscalización. Explicó que la ausencia de un presupuesto suficiente para el SENAME reduce las fiscalizaciones, y que la forma en que se realizan es deficiente: "La fiscalización debe ampliarse, porque hoy lo único que hacen es ir y revisar en el lugar con un checklist. ¿Cuántos niños hay?, ¿cuántos extintores?, ¿cuántos camarotes?".
Todos los entrevistados coinciden en que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas colaboradoras (OCAS) es insuficiente. El borrador del informe de la segunda comisión investigadora reveló que 751 programas fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años. Además, la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto para este año empeora aún más la situación.
Un funcionario del área de licitaciones del SENAME explicó que los OCAS "guardan" los fondos por si se cierra un programa y deben pagar finiquitos, lo que rara vez sucede, resultando en que los recursos se desaprovechan. Se plantea que el 70% de los fondos va a los colaboradores y el 30% a los centros administrados directamente por el SENAME, lo que hace "crítico" fiscalizar menos a quienes reciben la mayor parte de los recursos.
Simpson añadió que las inspecciones son superficiales, con registros principalmente cuantitativos que dificultan establecer avances reales en la intervención. Las inspecciones financieras se limitan a revisar que las boletas "cuadren", sin un análisis detallado.
Vacíos legales y uso ineficiente de fondos
El psicólogo Matías Marchant cree que la supervisión de los recursos profundiza las deficiencias del sistema, ayudando más a "ocultar las falencias que a encontrarlas". La Ley 20.032 establece mecanismos para subvencionar gastos asociados a la intervención, licitando por un monto máximo y luego rindiendo cuentas. Sin embargo, los convenios no especifican la "glosa", una planilla que detalla cuánto se gastará del presupuesto en cada ítem, lo que ha provocado que la supervisión financiera del servicio nunca haya tenido control sobre esto.
Esto significa que si un programa se licitó para atender teóricamente a cien niños, pero en la práctica atendió solo a 20, igual se paga por los cien. Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, defiende el rol de los OCAS, explicando que la subvención de $180 mil mensuales por niño para 90 menores es insuficiente para garantizar un buen cuidado. Su hogar cuenta con 35 funcionarios, incluyendo educadores de trato directo, un psiquiatra, un nutricionista, tres asistentes sociales y dos psicólogos.
Una perspectiva histórica sobre la infancia vulnerada
La académica Ximena Illanes y el doctorante Miguel Morales, del Instituto de Historia UC, han aportado una perspectiva histórica a la crisis del SENAME. Afirman que los casos de menores fallecidos en este contexto, que ascienden a 1.313 desde 2005, parecen ser "hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo".
Estos autores señalan que los políticos y especialistas han puesto el foco en "las causas de las muertes, los problemas de atención médica, especialmente psiquiátrica, la mala infraestructura y las responsabilidades del Estado". Consideran que los menores vulnerados e institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia", no solo en Chile, sino en todo el mundo.
Illanes y Morales enumeran hechos históricos donde se vislumbra la temática de la infancia vulnerable, como las instituciones de asistencia de la Baja Edad Media que acogían a miles de criaturas abandonadas en los espacios urbanos, ejemplificado en la Barcelona del siglo XV. En Chile, los registros también mencionan historias de maltratos y abusos, lo que dificultaba la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad.
Recalcan que el uso del concepto de abandono en estos casos puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema". Sugieren que las estrategias futuras deberían relacionarse con "la conservación de los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas".
Testimonios de las vivencias en el SENAME
La periodista Rosario Moreno, junto a cinco estudiantes de periodismo, publicó "Huellas Imborrables", un libro que recopila testimonios en primera persona sobre la vida en el SENAME. Moreno destaca la historia de María, una adolescente de 16 años que llegó al SENAME tras reiteradas violaciones de su padre. María expresó que para mejorar el SENAME, el Estado debe considerar las vivencias de los niños y no basarse solo en académicos que no conocen el día a día. María quería trabajar, pero no tenía papeles, siendo una "verdadera NN".
También resalta la historia de la Jueza de Familia Mónica Jeldres, quien en 2010 recorrió Chile para investigar la realidad de los centros. Su informe, muy completo, fue "curiosamente" guardado por la Corte Suprema. Jeldres relató que muchas veces se dictaba sentencia, pero no se cumplía, lo que demostraba que "la justicia no estaba funcionando".
Incluso los gendarmes, a menudo vistos como "carceleros", tienen historias que contar, según Moreno. Un gendarme relató su sorpresa al descubrir que un saludo afectuoso entre un hijo y una madre en un centro de menores infractores se transformó en un trato de amantes, lo cual no era "maternal".
Responsabilidades y cambios necesarios
Tras la investigación, se concluyó que el SENAME no es el único culpable. Los primeros responsables son los padres que abandonan a sus hijos debido a la drogadicción, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar. Sin embargo, el SENAME también tiene fallas sistémicas, y se hace necesario un cambio radical porque se violan los derechos humanos de niños y jóvenes en plena democracia.
La jornada laboral de los funcionarios es "terrible", con sueldos bajos, pero con el incentivo perverso de horas extras que pueden llegar a 48 horas seguidas. Moreno afirma que el SENAME "cuida niños, pero no los forma", y que las actividades buscan "matar el tiempo, pero no formar".
La voz de los que vivieron en el sistema clama por justicia y un "nunca más".