La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido diversos informes y pronunciamientos que detallan irregularidades y deficiencias significativas en la operación y supervisión de los programas del Servicio Nacional de Menores (Sename). Estos hallazgos abarcan desde problemas en la infraestructura y la gestión de personal hasta el incumplimiento de convenios y la falta de control en los organismos colaboradores.
Auditoría de la Contraloría en programas de protección (2018)
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, la Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades tras fiscalizar los programas de protección del derecho de los menores del Sename, por lo que se instruyó un nuevo sumario. Según el informe emitido el 31 de diciembre del 2018, se analizó el cumplimiento de la supervisión técnica y financiera del Sename sobre los Programas de Prevención Focalizada y el Programa Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Grave, ejecutados por organismos colaboradores del servicio.
Hallazgos principales de la fiscalización
El informe final abordó el cumplimiento de las supervisiones técnicas y financieras realizadas por el Sename a los señalados programas y reveló múltiples deficiencias:
- Documentación incompleta: Se detectaron carpetas con fichas de menores incompletas o desactualizadas.
- Personal con experiencia insuficiente: Se identificaron profesionales con experiencia insuficiente en temas de infancia y adolescencia.
- Fallas de seguridad: Se encontraron fallas de seguridad en los sistemas informáticos.
- Control de personal: La Contraloría identificó falta de control del personal contratado en los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS).
- Planes de intervención: Uno de los temas que cuestiona Contraloría es que detectaron graves retrasos en la elaboración de los planes de intervención de los niños, los que deben generarse durante el primer mes de acogida del menor.
- Deficiencias de infraestructura: Otro de los hallazgos es la falta de infraestructura; “se observó que en algunos hogares de la región del Bíobío los dormitorios son ocupados por personas de distintos sexos de entre 4 y 21 años”. En un hogar de la Región de Los Ríos se detectó que "los baños no se encontraban provistos de jabón, toallas, ni papel higiénico."
Irregularidades en la gestión de personal y convenios
Específicamente, se investigaron los procesos disponibles para controlar la asistencia del personal y las justificaciones para sus ausencias, la implementación de procedimientos de supervisión técnica y financiera para garantizar la ejecución eficiente de programas de protección de derechos, y las condiciones estipuladas en convenios suscritos con los organismos colaboradores.
Incumplimientos de jornada laboral
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, Contraloría encontró 649 registros de 91 funcionarios que habrían trabajado menos de una jornada ordinaria, significando una pérdida de 1.437 horas en total. Junto a esto se han registrado 626 atrasos por parte de 73 funcionarios, marcando una pérdida total de 701 horas, situaciones que no se ajustarían con la legalidad vigente.
Como consecuencia, el Sename deberá remitir a Contraloría “los cálculos que cuantifiquen monetariamente los incumplimientos de la jornada laboral, efectuando los descuentos al personal y reintegros correspondientes, en caso de corresponder, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final, lo que será verificado por la Unidad de Apoyo al Cumplimiento”.
Convenios fuera de vigencia
Yendo más allá, Contraloría descubrió 11 convenios fuera de vigencia, el más antiguo de los cuales caducó en 2016, pero que se han seguido pagando mediante resoluciones de urgencia. Por ejemplo, en enero de 2017 el PRM Talita Kum llegó a atender hasta 206 usuarios, sobrepasando el límite de 80 plazas convenido inicialmente.
Dicha práctica “contraviene los principios de eficiencia, eficacia y celeridad previstos” en la Ley, por lo que se exigió al Sename solicitar a la dirección nacional la regularización de estas situaciones en menos de 60 días hábiles. Consultado al respecto por BioBioChile, el director del Sename en Atacama, Victor Silva, aseguró que la mayoría de las observaciones de Contraloría ya han sido subsanadas. No obstante, hay dos acciones principales de “mayor complejidad”, que quedan pendientes, para las cuales ya se están abordando las medidas administrativas.
Investigación sobre la Corporación Opción
La Corporación Opción, el organismo colaborador más importante de Sename y que más recursos estatales recibe, ha sido objeto de una investigación por parte de la Fiscalía de Tarapacá, a raíz de un informe de Contraloría que determinó irregularidades en la rendición de gastos.
Irregularidades detectadas y denuncia
Un informe de Contraloría determinó irregularidades en la rendición de gastos de dos programas del área de Justicia Juvenil, lo que llevó al Sename a presentar la denuncia correspondiente para determinar las responsabilidades penales. Tras el resultado de la auditoría, que se conoció en julio de 2016, el Sename presentó una denuncia ante la Fiscalía para indagar los presuntos delitos de falsificación y fraude.
Las irregularidades detectadas en aquella ocasión por Contraloría se relacionan con gastos no acreditados y adulteración de documentos en la empresa de transporte Los Puquios, que emitió facturas por concepto de arriendo de vehículo con chofer, incorporados a la contabilidad como egresos, que no se pudieron validar.
“Se pudo determinar que los gastos por $5.152.500, correspondientes a la empresa Los Puquios Limitada, no cuentan con la documentación original.” Por su parte, Opción asegura que las irregularidades fueron cometidas por la empresa proveedora del servicio cuestionado y también presentaron una denuncia para que se investiguen los hechos. Desde la Corporación Opción informaron que además de reintegrar el dinero, terminaron inmediatamente la relación con la empresa y se presentó también una denuncia en Fiscalía para la investigación de los hechos.
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Supervisión técnica de los programas
En cuanto a la supervisión técnica de los programas, se detectó, por ejemplo, que el Sename no verificaba que las atenciones directas informadas por Opción, realmente se hayan realizado y se dictaminó abrir un sumario para establecer responsabilidades administrativas. Al respecto, Osvaldo Vásquez, coordinador nacional de los programas cuestionados, planteó al medio La Estrella de Iquique que “la Contraloría exige la existencia de un verificador. Desde este mes se exige que los adolescentes firmen cada acción.”
El oficio de Contraloría concluye: “Se concluye que un número importante de las acciones registradas en el sistema de información de Sename, no corresponden a intervenciones directas, dando inicio al proceso de reliquidación de las subvenciones pagadas durante el periodo, a fin de proceder a los descuentos respectivos”.
Pronunciamientos y solicitudes a la Contraloría
El Sename, según su artículo 3°, numeral 8, dispone que a ese servicio le corresponderá impartir instrucciones generales y regulares destinadas a la adecuación y mejora constante de los servicios prestados.
Resoluciones sobre remuneraciones de turnos
En particular, el organismo de control establece que los trabajadores que cumplen turnos no podrán percibir el pago promedio de las horas consideradas “extraordinarias” durante feriados, licencias médicas o permisos con goce de remuneraciones.
Las Asociaciones señalaron que han pedido audiencia a la Contraloría, pero que no se les ha respondido. Subrayan que “actualmente se están realizando gestiones judiciales y administrativas, [y] es fundamental reconocer que la solución definitiva requiere una modificación legal que establezca expresamente la naturaleza continua y especial de los sistemas de turno de ambos servicios.”
Solicitudes de pronunciamiento sobre resoluciones exentas
Por su parte, en presentaciones separadas, la Fundación Ciudad del Niño, la Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social Llequén, la Corporación para la Atención Integral del Maltrato al Menor (CATIM) y la Asociación Gremial de Instituciones de Infancia y Adolescencia (AINFA A.G.), solicitan un pronunciamiento respecto de la legalidad de las resoluciones exentas N°s. 673 y 1.939, ambas de 2020, del Sename.
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