La figura de Paulina Bravo emerge como una voz fundamental en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Chile, abordando aspectos cruciales como la sexualidad y la reproducción. Paralelamente, el Servicio Nacional de Menores (Sename) se ha visto envuelto en una serie de denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de fondos, un tema que resalta la compleja situación de las instituciones encargadas de la protección de la infancia y adolescencia en el país.
La Abogada Paulina Bravo: Una Vida Dedicada a la Defensa de Derechos
A sus 44 años, Paulina Bravo, abogada de profesión, ha dedicado una gran parte de su vida a promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Perdió la vista a los 24 años a causa de una retinitis pigmentosa mientras estudiaba derecho, experiencia que marcó un antes y un después en su activismo.
Ella misma relata cómo su condición la llevó a comprender la situación en Chile: "Cuando quedé ciega me di cuenta de que en Chile solamente hablamos de discapacidad quienes tenemos una. Asumí que si indagaba en el tema y me hacía activista, mi calidad de vida iba a mejorar. Lo hice por mí y por mi futuro, para vivir en un lugar mejor", cuenta Bravo. Hoy, es abogada de la Corporación de Asistencia Judicial y preside el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad (Odisex). Además, es la fundadora de la Corporación de Usuarios de Perros Guía de Chile, donde conoció a Hally, su compañera desde el año 2011.
Su labor no ha sido sencilla en un contexto donde, según ella, la especialización en derechos de personas con discapacidad se da "más bien de manera autodidacta". Paulina Bravo complementa su experiencia local con los conocimientos adquiridos en viajes, donde se reúne "con gente de países que están mucho más avanzados en la materia" para traer "mucha experiencia de fuera".
Disparidad entre Marco Legal y Realidad Social
Paulina Bravo destaca una brecha significativa entre la normativa y el comportamiento social en Chile. Aunque la Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y leyes especializadas garantizan derechos, la sociedad a menudo se resiste a su materialización.
"Hoy, si tú le preguntas a alguien si una persona con síndrome de Down, por ejemplo, puede casarse, probablemente te van a decir que no; si puede tener relaciones sexuales, probablemente te van a decir que no. Entonces, claro, la ley lo garantiza, pero culturalmente es superdifícil materializar una ley cuando la sociedad se resiste", explica Bravo.
Discriminación en el ámbito de la Salud Reproductiva y Paternidad
La discriminación se manifiesta en prácticas como la medicación y esterilización, las cuales están "totalmente legitimadas" en Chile, a diferencia de la mayoría de países donde son consideradas violaciones a los derechos humanos. En estos casos, el personal médico persuade a las familias de que una persona con discapacidad cognitiva y fértil representa "un peligro para la familia", recomendando la esterilización para "evitar el embarazo". Paulina Bravo prefiere llamarlo "esterilización forzada", dado el rol de autoridad del médico. A menudo, a las mujeres se les miente sobre el procedimiento, diciéndoles que es una liposucción y ocultándoles que nunca podrán embarazarse.
Bravo defiende el derecho a la maternidad de las personas con discapacidad cognitiva: "Yo pienso que cualquier persona en el mundo puede ser mamá. La condena que se hace a las mujeres con ese tipo de discapacidad es una injusticia muy grande", cuestionando si todos los niños abandonados en el Sename son hijos de personas con discapacidad, para refutar el argumento de que los males se concentran en la crianza de personas con discapacidad cognitiva.
Los juicios de custodia son otra área de discriminación. Paulina ha defendido a madres con discapacidad auditiva o visual a quienes se les ha privado del cuidado personal de sus hijos. La justificación suele ser la falta de visión o audición, exigiendo al tribunal una "red de apoyo visible y acreditable", algo que no se pide a personas sin discapacidad en situaciones similares. "Hay una injusticia muy grande de la sociedad en su tratamiento hacia las personas con discapacidad. A nosotros nos juzgan a priori", afirma.
Casos Emblemáticos con Involucramiento del Sename
Paulina Bravo ha logrado importantes victorias en casos que exponen la vulneración de derechos y la implicación de instituciones como el Sename:
- Caso Hospital Clínico de Magallanes (Mayo de 2016): Una mujer embarazada y sorda, acompañada de su pareja también sordo, vio cómo tras el parto, el hospital activó un protocolo para que el tribunal de familia decretara una medida cautelar en favor de su recién nacido, alegando el peligro que representaba la discapacidad de los progenitores. El tribunal acogió la solicitud y los padres fueron privados del cuidado de su bebé. Con el apoyo de Paulina Bravo, lograron impugnar la medida cautelar y, al octavo día, se restituyó el cuidado personal del bebé a la madre. El tribunal, además, dictaminó que el hospital público había incurrido en conductas discriminatorias fundadas exclusivamente en la discapacidad de los padres.
- Caso Pequeño Cottolengo (Agosto de 2013): Antonio (28 años) y Carmen (40 años), ambos con discapacidad intelectual y ella además física, tuvieron un hijo sin discapacidad. El hogar dio aviso al Sename, que inició una causa de susceptibilidad de adopción del niño, a pesar de que ambos padres estaban dispuestos a asumir su paternidad. Con el apoyo de Paulina Bravo, lograron dejar sin efecto el juicio que les quitaría a su hijo. El niño quedó al cuidado de su padre, Antonio, por solicitud de la madre (Carmen), ya que habían terminado su relación. Carmen mantiene visitas regulares y prefirió que Antonio asumiera los cuidados con el apoyo de una familia colaboradora, sin sustituir su rol de padres.
UN DÍA NORMAL - Inserción laboral, discapacidad y sus tópicos.
El Rol de la Ley Zamudio en la Lucha por los Derechos
Desde la entrada en vigencia de la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio) en 2012, de 319 demandas, solo 90 han finalizado. De los fallos, 24 son por discapacidad. Paulina y su equipo decidieron utilizar esta ley, a pesar de sus "defectos". Mientras que el activismo pro diversidad sexual fue crítico inicialmente, Paulina Bravo señala: "Nosotros, en cambio, la usamos y hemos tenido muchas ventajas. Conseguimos que personas con discapacidad puedan abrir espacios al ejercicio de sus derechos sexuales".
Para ella, es fundamental que una persona con discapacidad, ya sea adolescente o adulta, viva en un entorno que "le permita la intimidad para el desarrollo de su sexualidad". Si esto no se cumple, "estamos incurriendo en un acto discriminatorio". Añade que las personas adultas institucionalizadas en hogares de menores deben tener garantizados espacios para ejercer sus derechos sexuales, a pesar del argumento de que son "hogares para niños", ya que son adultos bajo la responsabilidad del Estado.
Críticas al Movimiento Feminista y la Ley de Aborto en 3 Causales
Paulina Bravo también critica al movimiento feminista chileno, al que considera "tremendamente segregador" en ciertos aspectos. "El movimiento feminista chileno no quiere escuchar que las mujeres con discapacidad somos iguales a ellas. Nos siguen considerando como sus hermanas menores y son ellas las que hablan por nosotras", explica.
Un ejemplo de esta discriminación se ve en la ley que autoriza el aborto en 3 causales, la cual "obliga a las mujeres con discapacidad cognitiva a pedirle permiso a un juez, a diferencia de lo que hace con las adolescentes de 14 años". Bravo lamenta: "Para esta ley, las chicas de 14 están mucho más facultadas que una adulta con discapacidad cognitiva. Entonces mientras las mujeres en Chile conquistan espacios y derechos, las mujeres con discapacidad seguimos enquistadas en un sistema del 1800 y seguimos siendo discriminadas por las propias mujeres". Esta discriminación es la bandera de lucha de Paulina: reivindicar el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar del sexo y del placer sexual, un aspecto que considera fundamental para la felicidad.
Denuncia por Irregularidades en la Gestión de Fondos del Sename
El Servicio Nacional de Menores (Sename) se encuentra bajo la lupa debido a una denuncia por fraude al Fisco, interpuesta por su directora, Rosario Martínez, ante la Fiscalía Centro Norte, a través del Oficio Reservado N° 460, el 8 de noviembre.
Contexto y Naturaleza de los Fondos
El Sename destina cerca de $240 mil millones anuales a organismos colaboradores externos (OCAS), entidades privadas que administran residencias o programas de atención a menores. Según cifras del propio servicio, en el año 2018, el 96,4% de los centros residenciales de la red Sename estaban a cargo de estos prestadores privados. Cada año, una parte de estos recursos no es gastada por los OCAS o el gasto es rechazado por el Sename. Este remanente se conoce como "saldos sin ejecutar" o "saldos por cobrar".
Detalles de la Denuncia
La denuncia de fraude se relaciona específicamente con la ausencia de rastros contables de estos saldos sin ejecutar o por cobrar. La inexistencia de documentación de respaldo para establecer el destino de estos fondos podría estar ocultando una "enorme pérdida de fondos públicos" destinados a la protección de la niñez vulnerada.
La directora del Sename, Rosario Martínez, quien asumió su cargo en octubre de 2020, indicó que su objetivo era hacer un traspaso de información hacia Mejor Niñez, la nueva institución. Sin embargo, se encontró con "inconsistencias persistentes en la información contable" tras "ocho meses de trabajo y diversos esfuerzos institucionales" para levantar los saldos pendientes de rendición de OCAS.
La denuncia de Martínez se suma a una previa. La jefa de Administración y Finanzas del Sename, Karina Sepúlveda, también presentó una denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República el 3 de noviembre de 2021. Sepúlveda habría informado a la dirección sobre estos hechos sin ser escuchada, asegurando haber denunciado ante el Ministerio Público "saldos pendientes de rendición en el servicio desde 2014". Ella misma confirmó a CIPER su denuncia, excusándose de dar más detalles para no entorpecer la investigación. La directora Martínez relató que Sepúlveda, en una reunión por retrasos reiterados en la entrega de información contable, refirió que no podía entregar datos concluyentes debido a que "presume que hubo delito en 2014".