Un informe crucial que detalla abusos sistemáticos en el Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI), estuvo entrampado durante meses en diversas instancias gubernamentales y judiciales, retrasando su difusión pública y la toma de medidas urgentes.
Retraso en la Difusión del Informe
El Informe de la PDI: Hallazgos y Elaboración
El 13 de noviembre de 2018, la Policía de Investigaciones recibió el Oficio Reservado N° 1.391, firmado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Este oficio solicitaba a la PDI un informe que se le había encargado seis meses antes. El fiscal Emilfork lidera la investigación de 1.313 muertes ocurridas en el Sename entre 2005 y 2016.
El fiscal ya estaba al tanto de los "espeluznantes hallazgos" del equipo policial denominado Fuerza de Tarea Sename. El comisario Francisco Ceballos, jefe de este grupo, había informado a Emilfork sobre los descubrimientos realizados en 240 de las 241 residencias para menores en el país. El informe final, que Emilfork urgía, debía sistematizar estos hallazgos y se anticipaba como "una bomba".
El equipo policial aceleró el trabajo y tuvo listo el documento a mediados de diciembre de 2018. Este informe, titulado "Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores", tenía estampada esa fecha en su segunda página. El análisis jurídico correspondiente habría finalizado a principios de febrero de 2019. Así, el 4 de febrero, el informe fue enviado por la Fuerza de Tarea a la Fiscalía Regional de Los Lagos vía correo electrónico.
El Atasco en la PDI y la Fiscalía Nacional
A partir de febrero de 2019, la difusión del informe se empantanó. El documento, crucial para detener los abusos contra menores, no vio la luz hasta siete meses después, cuando fue revelado por CIPER el 2 de julio. Este retraso se concentró en las oficinas del director de la PDI, Héctor Espinoza, y del Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
El informe estuvo entrampado cuatro meses en la jefatura de la PDI, de enero a fines de abril. Aunque el director de la policía despachó informalmente una copia a la Fiscalía Nacional en marzo, allí "durmió" otros dos meses en la oficina de Jorge Abbott.
A fines de abril, recién se cumplió el conducto regular y el informe llegó al fiscal que investiga las muertes en el Sename. Sin embargo, tampoco se difundió de inmediato, ya que Abbott quiso entregarlo al gobierno en un evento formal, fijando una fecha tentativa para el 18 de julio.
La PDI confirmó a CIPER que en marzo la dirección general de la policía civil había enviado informalmente una copia a Jorge Abbott. La Fiscalía Nacional, por su parte, indicó que "la PDI remitió al Fiscal Emilfork el informe ‘Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Sename’ el 25 de abril de 2019". Este desfase generó interrogantes clave sobre las responsabilidades en el retraso de antecedentes vitales para la protección infantil.
Reacciones y Cuestionamientos
Tras la publicación del informe, se supo que todas las autoridades relacionadas con el Sename tenían conocimiento de su procesamiento. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló: "Tengo la información de que en una investigación que llevaba adelante el fiscal Emilfork se pidió este estudio. Tuve conocimiento de que se estaba realizando". El fiscal Emilfork le había mencionado que "se estaba preparando una fuerza de tarea que estaba haciendo un análisis niño a niño y que eso nos lo iba a hacer entrega en algún minuto, cuando estuviera listo".
En el gobierno niegan haber accedido a una copia del informe, a pesar de que este estaba listo en diciembre de 2018 y en su texto se incluía que sería entregado a las autoridades para servir de insumo en la elaboración de políticas públicas sobre el Sename.
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, resaltó el retraso tras conocer la existencia del informe. El fiscal Emilfork también expresó su sorpresa por la demora: "Nos llamó la atención que un informe así y un estudio complementario que debió haber estado listo a fines del año 2018, recién prácticamente a mediados de este año haya llegado a nuestras manos".
Reportajes 24: Sename, el infierno infantil | 24 Horas TVN Chile
Conclusiones del Informe de la PDI
Vulneraciones Sistemáticas en Centros del Sename
La principal conclusión del informe de la PDI es "brutal": "A partir de la información levantada y reportada por los mismos encargados de las residencias, es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido -de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
En solo un año (2017), los policías constataron 2.071 casos de vulneraciones graves contra los niños. Además, verificaron que en la gran mayoría de las residencias no existían protocolos para actuar ante intentos de suicidio, contener a menores en crisis o proceder en caso de fallecimientos.
Muertes y Riesgos Vitales
Desde que se terminó el informe en diciembre de 2018, han seguido falleciendo residentes en los hogares del Sename. Un reporte remitido al Congreso por la directora del servicio, Susana Tonda, el 17 de abril de 2019, da cuenta de que solo en marzo se registró el deceso de diez personas bajo la tutela del Sename. Cinco de ellos murieron en algunos de los centros residenciales a su cargo.
El informe de la PDI había detectado 40 residentes en centros del Sename que se encontraban "con alta complejidad médica y posible riesgo vital". Estos antecedentes, por su urgencia, fueron remitidos en junio de 2018 a la Fiscalía, al Sename y a los ministerios de Justicia y de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud afirmó haber recibido el informe recién en julio, remitido por el Sename "para supervisar la atención médica de un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y adultos residentes", una cifra menor a la consignada por la PDI.
La directora del Sename, Susana Tonda, aclaró a CIPER que "no son 40, son 28. La mayoría, por no decir todos, están en situaciones complejas de salud y en lugares de discapacidad. Yo diría que más de la mitad son adultos, que llegaron cuando eran niños. Son personas con graves problemas de salud que están teniendo una vida lo más digna posible".
Acciones y Propuestas Legislativas
Reunión entre Fiscal Nacional y Presidente
El fiscal nacional Jorge Abbott se reunió con el Presidente Sebastián Piñera el 4 de julio en La Moneda, donde el informe sobre el Sename fue uno de los temas tratados. Abbott, junto con Susana Tonda y el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, señalaron que "lo que se levanta en dicho informe (de la PDI) es una información de campo de una realidad existente en 2017. Luego de eso ha habido varios estudios".
El Presidente Piñera manifestó que el Ministerio de Justicia realizó un estudio "caso a caso, niño a niño, a través de todas las instituciones del Sename". Calificar el informe de la PDI como un "aporte adicional" a lo ya realizado por el gobierno, "es restarle importancia al documento de la PDI y sobrevalorar la gestión del Ejecutivo".
El fiscal Emilfork, por su parte, ordenó a la Fuerza de Tarea de la PDI cruzar la información del informe sobre el funcionamiento de los hogares con los antecedentes de las más de 1.300 muertes ocurridas en los centros desde 2005, con el objetivo de dar con los responsables finales.
Propuestas de Modificación a la Ley
El 3 de abril de 2018, el Gobierno envió un mensaje a la Presidenta de la H. Cámara de Diputados, manifestando un "compromiso ineludible con los derechos de la infancia y adolescencia". Las propuestas incluyen:
- Aumentar al doble el monto máximo de la subvención que se puede recibir por la línea de Centros Residenciales, a un rango de "15 a 30 USS mensuales".
- Agregar como principio de acción del Sename y sus organismos colaboradores la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales para evitar su uso indebido.
- Facultar al Sename para emitir instrucciones a los colaboradores acreditados en caso de incumplimiento de convenios.
- Diferenciar y supervigilar a las entidades coadyuvantes, pudiendo requerirles información necesaria.
El mensaje subraya la importancia de la "transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos que conforman la subvención, en su destinación a la atención de los niños, niñas y adolescentes".
El 11 de julio de 2018, el Ejecutivo formuló indicaciones adicionales al proyecto de ley. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento informó el 17 de julio de 2018 sobre el proyecto, destacando la necesidad de modificar la Ley 20.032 y el D.L. N° 2465 de 1979 para aumentar la subvención base y fortalecer la fiscalización.
Debate Parlamentario y Desafíos
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, explicó que el proyecto busca duplicar la subvención de los centros residenciales, lo que forma parte del programa de Gobierno del Presidente Piñera, dado el cierre de varios centros por problemas financieros.
El jefe del departamento de asesoría y estudios, Milton Espinoza, enfatizó que, mientras la Comisión de Infancia trabaja en un nuevo modelo, el sistema residencial actual necesita un aumento inmediato de la subvención para mejorar la atención, fijándola en un rango de 15 a 30 USS mensuales.
El Subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Ossa, aclaró que el proyecto no pretende resolver la problemática de la infancia vulnerada, sino evitar cierres de centros por falta de financiamiento, garantizando el buen uso de los recursos mediante estándares de fiscalización.
Diputados como Boric, Fuenzalida, Soto, Cruz-Coke y Alessandri plantearon diversas interrogantes y propuestas, incluyendo la necesidad de repensar el método de subvención, fortalecer la fiscalización, considerar un mínimo de organismos públicos por región, y evaluar modelos internacionales como el de familias de acogida que postulan directamente a la subvención.