Pese a la creación de una nueva institucionalidad que ha reemplazado las funciones del Servicio Nacional de Menores (Sename), es alarmante constatar que parte de las graves vulneraciones que motivaron este cambio no han logrado corregirse. La situación actual denota graves fallas de gestión por parte del Estado y es totalmente incongruente con la definición de un país preocupado por la infancia y la protección de los derechos humanos.
El Fin del Sename y la Creación de una Nueva Institucionalidad
Un Trágico Legado y el Impulso a la Reforma
Las últimas funciones que venía desempeñando el Servicio Nacional de Menores (Sename) han concluido. Este organismo, de triste memoria, fue producto de los numerosos casos de abusos y violencia de que fueron víctimas niños y adolescentes bajo su protección. La muerte de la joven Lissette Villa en 2016 y la conmoción que ello produjo, motivaron la puesta en marcha de una reforma para terminar con el Sename. Esta reforma buscaba crear una institucionalidad a cargo del cuidado de los menores vulnerados y otra que asumiera la responsabilidad de velar por los menores con problemas penales y su reinserción.
Nacimiento de Mejor Niñez y Reinserción Social Juvenil
Con esos fines, se crearon el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”), que inició sus funciones en 2021, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuya puesta en marcha se hizo de forma gradual. El tránsito hacia esta nueva institucionalidad ha concluido, marcando un hito. Si bien el paso de terminar con dicho organismo y separar sus funciones en dos organismos especializados fue correcto, los problemas de vulneración de derechos que motivaron esta reforma aún no logran ser superados.
Persistencia de Vulneraciones Bajo la Nueva Institucionalidad
Denuncias de la Defensoría de la Niñez
Aunque algunos problemas han logrado ser corregidos a partir de la nueva institucionalidad, la Defensoría de la Niñez reporta que, pese a que Mejor Niñez ya lleva algunos años de funcionamiento, siguen registrándose:
- Sobrecupos en residencias.
- Listas de espera para ingresos y para programas reparatorios.
- Dificultades para recibir de vuelta a menores con perfiles complejos.
- Denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia al interior de residencias o situaciones de abuso sexual, entre otras anomalías.
Índices Alarmantes de Vulneración
Chile registra preocupantes índices en materia de vulneración de derechos de niños y adolescentes. En 2024, por primera vez, los menores que ingresaron a algún programa de Mejor Niñez (156 mil) superaron al total de niños nacidos ese año. También es alarmante que, si en 2020 los menores atendidos representaban el 3,9% de la población menor de 18 años, actualmente superan el 5%. La violencia física y psicológica sigue siendo un problema muy extendido, tal como lo reveló la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización (2023), realizada entre estudiantes de 12 y 17 años, según la cual la violencia hacia niños y adolescentes por parte de sus cuidadores aumentó fuertemente en seis años, pasando de un 35% en 2017 a 39%.
El Nuevo Foco Crítico: Convenio entre Sename y ANI
Conmoción y Cuestionamientos sobre Compartición de Información
La reciente revelación de un convenio entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ha generado una profunda conmoción y ha puesto de manifiesto las graves falencias en la protección de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en Chile. Es fundamental que se transparenten los motivos y efectos de la información que el Sename pudo haber compartido con la ANI antes de dejar sin efecto este acuerdo, planteando interrogantes sobre con quiénes más se comparte información sensible y si realmente ha primado el bien superior del niño.
Ruptura de Confianza y Estigma de la Institucionalización
La institución creada para la protección y el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes ha roto el último código de confianza con la sociedad civil. Para quienes egresaron del Sename, incluso hace décadas, el estigma de la institucionalización los acompaña de por vida, evidenciando el profundo impacto de la experiencia. La reacción ante la filtración del convenio, con un comunicado oficial intentando minimizar su alcance, sugiere una operación de inteligencia destinada a controlar la narrativa pública. La sociedad chilena ha despertado ante esta realidad y la infantilización de la infancia y los abusos a los menores institucionalizados deben cesar de una vez por todas.
Anulación del Convenio y Críticas a las Prioridades
El entusiasmo por el acuerdo entre la ANI y el Sename duró poco, ya que el subsecretario de Justicia confirmó su anulación. Sin embargo, surge la pregunta: ¿ha puesto la institución el foco en el lugar equivocado, criminalizando a quienes egresan del sistema en lugar de abordar las causas subyacentes de su vulnerabilidad? Se cuestiona la prioridad dada a este convenio en comparación con la urgente necesidad de investigar el estado de salud de los internos y cuidadores durante la pandemia, o el seguimiento de la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, declaró la anulación del convenio "para disipar dudas de nuestro total compromiso con el interés superior del niño". Esto podría interpretarse como un reconocimiento implícito de un fracaso previo en el cuidado de la infancia. La falta de no discriminación e inclusión pone de manifiesto la deuda histórica de Chile en estas áreas, perpetuando la exclusión. Se lamenta la falta de reclamo por parte de los organismos colaboradores que, en su momento, buscaron ser parte del nuevo sistema de protección. Los mismos niños y trabajadores que dicen proteger se vieron expuestos a prácticas cuestionables.
Casos Emblemáticos y Denuncias de Corrupción
Cuestionamientos a la Idoneidad de Directores
La institución debió haber enfocado sus esfuerzos en otras áreas críticas, como la investigación de la idoneidad de los directores a nivel nacional. La reciente denuncia contra la directora de la residencia Nido en Hualpén, Evelyn Oñate, por facilitar niños para el comercio sexual, es un ejemplo alarmante. Otra interrogante sin respuesta es el paradero de miles de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, cuyas cifras policiales difieren.
Niños Desaparecidos y Exclusión
La experiencia personal de quienes fueron institucionalizados revela un marcado estigma, la pérdida del derecho a una familia, la limitación de la libertad por parte de los organismos colaboradores y la exclusión por parte de la clase política.
La Doctrina del "Niño en Situación Irregular"
El cierre del Sename debe ser un momento de inflexión, marcando la transición de una doctrina de "niño en situación irregular" a un enfoque de derechos humanos y sujeto de derechos. Durante décadas, el Estado fue responsable directo del cuidado y protección de niños vulnerados, pero el sistema, lejos de reparar, profundizó el daño con muertes evitables, tratos crueles, negligencias estructurales y la medicalización del sufrimiento.
La Comisión Verdad y Niñez: Una Obligación Ética
Esclarecer la Verdad Histórica
La creación y apoyo a la Comisión Verdad y Niñez es una obligación ética del Estado. El cierre del Sename no puede ser un simple pasar página sin comprender la historia. La verdad no prescribe, y las personas que fueron niños y niñas bajo custodia del Sename son adultos y jóvenes con trayectorias quebradas y violencias normalizadas. La Comisión Verdad y Niñez existe para visibilizar lo que durante años se negó, relativizó o escondió, demostrando que lo ocurrido no fue inevitable, sino consecuencia de decisiones políticas, presupuestarias y culturales. Muchos miraron hacia otro lado o justificaron lo injustificable en nombre del orden y la seguridad.
Avances y Desafíos Pendientes
Se ha iniciado el proceso de investigación de casos por parte de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes resguardados por el Sename. Los silencios, la falta de reconocimiento, verdad, justicia y reparación profundizan el trauma. La muerte de Lissette Villa en 2016 y el Informe Jeldres en 2013, que reveló que el 88% de las residencias registró vulneraciones graves y el 100% de los centros públicos incurrió en prácticas sistemáticas que lesionan derechos, evidenciaron la gravedad de la situación.
A pesar de los avances del actual Gobierno, como la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la reforma al sistema de adopción, la lentitud en detener la violencia es alarmante. La comisión representa una oportunidad para superar la desmentida histórica y los eufemismos.
Deficiencias Continuas en el Servicio Mejor Niñez y Denuncias Laborales
Reportes de ANTRAP y Falta de Coordinación
La Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección (ANTRAP) ha denunciado prácticas antisindicales, acoso y hostigamiento laboral en la región de Coquimbo, así como la ausencia de coordinación entre el servicio de protección y la red de salud, dejando a 597 niños, niñas y adolescentes en total abandono o hacinamiento. El 90% de las residencias del país pertenecen a privados, en su mayoría fundaciones. Se ha expresado preocupación por el estilo de conducción problemático de la directora regional de Mejor Niñez, Julia Sandes Pérez, y la insuficiencia de las medidas tomadas por el Servicio de Protección Especializada.
Preocupaciones sobre la Gestión
La hostilidad se ha extendido a otros trabajadores, afectando el clima laboral y generando elevados índices de ausentismo. Se critica la designación de personas sin suficiente experiencia en la administración pública para ocupar cargos clave en el nuevo servicio. Branislav Marelic opina que la creación del Servicio Mejor Niñez es una declaración del Estado diciendo que van a realizar las cosas bien, «pero no asegura que cambie nada».
Prostitución Infantil y Explotación Sexual: Un Problema Persistente
Situación Crítica en Magallanes
Magallanes se ha convertido en un polo de prostitución infantil y juvenil, con hogares considerados los más peligrosos de Chile. Se destaca la necesidad de avanzar en prevención y se valoran las campañas publicitarias que iniciarán el Gobierno Central y regional. Se señala que las niñas y adolescentes no están encerradas en las residencias y pueden salir a socializar, siendo en esas salidas donde se cometen estos delitos. La actual residencia de Punta Arenas no reúne las condiciones adecuadas de infraestructura.
La instalación de una oficina de la Defensoría de la Niñez en la región es un paso positivo, pero aún faltan medidas por ejecutar. La antigua directora reconoció más de 200 denuncias al interior del Servicio de Protección Especializada.
La Realidad de los Recintos Privados
El Ejecutivo tiene la responsabilidad frente a los organismos internacionales de erradicar la explotación infantil. La revelación de fiestas sexuales con menores de edad en Magallanes ha sido estremecedora, y lamentablemente, esta situación no ha sido prioritaria en todos los espacios involucrados. Se reitera la dificultad de fiscalizar a los recintos privados y la necesidad de destinar mayores recursos para enfrentar la dramática situación de los niños, niñas y adolescentes que dependen del Estado. Es ingenuo no reconocer la existencia de redes de explotación sexual infantil y el manto de silencio que las rodea.
Estadísticas Críticas y el Daño de la Institucionalización
Falencias Reveladas por Informes
El informe "estadístico de los niños/as privados de cuidado parental en Chile" ha evidenciado graves falencias en el Sename. En varias regiones, un porcentaje significativo de niños institucionalizados se encontraba en riesgo alto, muchos de ellos pertenecientes a Aldeas SOS Arica. Se registraron casos de abuso intrarresidencial, donde niños participaron en abusos sexuales mientras estaban al cuidado de la residencia, perpetrados por otros menores. En el Maule, un gran porcentaje de niños con discapacidad intelectual, visual y del aparato motor no recibía tratamiento.
Agresiones y Trastornos de Salud Mental
A pesar de que la higiene, el estado de la ropa y la comida fueron evaluados positivamente, un porcentaje considerable de niños afirmó haber sido agredido por adultos dentro de la residencia, y este resultado se elevó al preguntar por agresiones de pares. En 2017, se identificaron vulneraciones de todo tipo, principalmente centradas en una falta de atención generalizada, descuidos básicos como controles médicos o educación. Solo en salud mental, un 69.1% de quienes estaban bajo sistema de protección de derechos presentaba al menos un trastorno de salud mental.
El Legado de Muertes y Negligencias
Entre 2005 y 2016, murieron 1.313 personas mientras se encontraban en algún programa del Sename. El organismo, creado en 1979, ha estado en la mira debido a numerosas negligencias, las cuales se esperan mitigar con la implementación del nuevo Servicio Mejor Niñez. La educación es un proceso fundamental para el avance de la sociedad, sin embargo, hay 1.187 niños en residencias del Servicio que no se encuentran inscritos en ningún establecimiento educacional. Además, existe un problema de género, con más niñas en el sistema residencial que niños. Los casos de abuso sexual dentro de los centros a lo largo del país son una realidad llevada a cabo tanto por los NNA como por el personal.
El Precio de la Corrupción Institucional y la Deuda Transgeneracional
La Necesidad de Verdad y Reparación
El precio de la corrupción institucional que rodea al Sename es la desolación a nivel transgeneracional. Los candidatos a la Convención Constitucional tienen el deber de reconocer el carácter supraconstitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho social a la verdad. Una sociedad cruel con la infancia no podrá pasar impunemente. El Estado no ha estado a la altura para protegerlos, investigar los delitos cometidos ni hacer verdad y reparación. La exigencia de la creación de una Comisión de Verdad sobre el Sename, realizada por Corina, demuestra cómo se manejan las urgencias y prioridades en Chile, donde los niños no suelen estar al frente.
Los Niños como Sujetos de Derechos
La solución no será automática ni mágica. Abordar el maltrato infantil por parte de la familia o las vulneraciones y abusos en manos de instituciones que tienen por principal tarea la protección, no puede desligarse de una discusión que pueda pensar el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia.
Obstáculos en la Adopción y Convivencia con Infractores
Edad como Factor Limitante
El 68% de los niños bajo protección del Sename tiene más de ocho años, lo que impide su adopción. La falta de padres interesados y el cuidado por la reputación del sistema dejan a la mayoría de estos menores institucionalizados de por vida, conviviendo con infractores a la ley. La historia de Violeta Lara, quien escapó de un hogar del Sename a los 18 años, evidencia la falta de oportunidades y la ausencia de redes de apoyo. Muchas niñas y niños que cumplen las condiciones para ser adoptados no encuentran familias interesadas, especialmente a medida que crecen.
Lento Proceso de Adopción
A pesar de que la ley permite iniciar causas de adopción hasta los 18 años, en la práctica, la edad es un factor limitante. El psicólogo Carlos Soto señala que a mayor edad, menor es la posibilidad de encontrar padres interesados. Para que un menor sea declarado candidato a la adopción, un Tribunal de Familia debe investigar diversas situaciones, como el abandono o la inhabilidad parental. La falta de coordinación y la lentitud en los informes de los hogares del Sename retrasan el proceso. La jueza Luz María Barceló explica que la demora en los informes de los hogares del Sename, que pueden tardar hasta seis meses, duplica el tiempo legalmente establecido. La inhabilidad parental es el factor más difícil de probar y el que más extiende el proceso, que puede durar 16 meses en promedio. El Tribunal de Familia de Santiago ha declarado adoptables a seis menores, ninguno de los cuales supera los ocho años de edad, lo que confirma que el sistema prioriza a los más pequeños.
Rutas Confusas y la Permanencia Institucional
Los menores que nunca fueron adoptados ni declarados susceptibles de adopción conviven con menores que cometen delitos, especialmente en la Región Metropolitana. Los niños vulnerados en sus derechos que no son adoptados y que han delinquido terminan en los Centros de Reparación Especializada (CREAD). Los niños que infringen la ley y tienen menos de 14 años van a parar a los CREAD, pero lo más grave es que adolescentes mayores de 14 años con delitos previos son derivados a protección y llegan a los CREAD con conductas de reclusión. La falta de claridad en las rutas que siguen los niños dentro del sistema contribuye a esta convivencia. Los informes de fiscalización del Sename en 2014 y 2015 señalaron la carencia de mapas de procesos y la falta de registro sistemático de los niños en ADOPSEN (base de datos de la Unidad de Adopción).
Persistencia de la Violencia y el Impacto Psicológico
Jerarquías Violentas y Abusos Intrarresidenciales
La violencia dentro de los centros del Sename ha sido documentada, con menores portando armas y formando jerarquías violentas. Los "perkins" son los jóvenes más vulnerables, que sufren abusos, incluso sexuales, por parte de los líderes. La experiencia de Matías Orellana, quien vivió 12 años en una residencia del Sename, destaca las marcas de la institucionalización y la falta de preparación para la vida independiente. El Programa de Preparación para la Vida Independiente, que comienza a los 15 años, es criticado por su superficialidad.
El Daño Proporcional al Tiempo de Institucionalización
La psicóloga Lorena Bustamante explica que a mayor tiempo institucionalizado, mayor es el daño y la dificultad para generar vínculos familiares. El daño es directamente proporcional al tiempo que los menores permanecen en el sistema de protección. Un estudio de 2010 - "Focalización del sujeto de atención y propuestas metodológicas para la intervención con niños, niñas y adolescentes en protección residencial" -, encargado por UNICEF y Sename, señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años. La situación provisoria pasa a ser prolongada e incluso permanente. Lo anterior se puede observar en la forma que está diseñado el sistema de visitas al interior de las residencias, donde habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados o distancia excesiva.
Reflexiones sobre la Protección Integral y la Sociedad
La Separación Familiar: ¿Protección o Castigo?
Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia, trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias. Se entiende que la separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria, dados los graves efectos psicológicos, estudiados hace más de 60 años, que tienen este tipo de acontecimientos. En Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758, cuando se fundó la primera casa de expósitos de Santiago. Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo antes que constituirse como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos.
Hacia un Modelo Comunitario y el Reconocimiento del Sujeto de Derechos
En este contexto de gran adversidad, se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Aquel desencuentro es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado. Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que, en su afán por proteger, repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Si queremos llevar adelante un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, no infantilicemos la infancia negando su dimensión política y proponiendo sencillamente que este es un problema de eficiencia o voluntarismo.
La restitución de los derechos requiere de otros: de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad. De esa forma, la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.