En el año 2018, un grupo transversal de senadores y senadoras en Chile ingresó al Parlamento un proyecto de reforma a la Ley 19.418. Este proyecto, aunque perfectible, se orienta en la dirección correcta, puesto que incorpora algunas cuestiones esenciales para el fortalecimiento del tejido social.
El Contexto de las Organizaciones Sociales en Chile
Evolución Histórica y Desafíos Actuales
La historia de las organizaciones vecinales en Chile ha sido dinámica. Hasta 1973, existía un proceso ascendente de organización vecinal, principalmente relacionado con las luchas por la vivienda. Este proceso fue favorecido por la primera Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, la cual reconoció y otorgó estatuto jurídico a estas organizaciones en el año 1968.
Posteriormente, la dictadura prohibió y luego intervino fuertemente a las Juntas de Vecinos, según señala Espinoza (2003). En 1989, poco antes del término de la dictadura, se realizó una modificación trascendental a la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, pues se abrió la posibilidad de existencia de varias juntas de vecinos en el territorio de la unidad vecinal.
Desde entonces, las organizaciones vecinales comenzaron a debilitarse y aparecieron más bien como clientes de los diversos programas gubernamentales, o como competidores en conseguir ganarse algún proyecto concursable. Este debilitamiento se refleja en varios desafíos actuales:
- Baja participación: La cantidad de personas que participan en estas entidades es baja. De acuerdo a varias encuestas citadas por Manuel Castells en su artículo “Movimiento de pobladores y luchas de clases en Chile”, en los años 70 más del 50% de los chilenos y chilenas participaban de organizaciones vecinales, un panorama que no ha cambiado significativamente en los años recientes.
- Atomización: Las organizaciones están atomizadas. En un territorio donde viven de 6 mil a 10 mil habitantes (por ejemplo, una unidad vecinal) existen Juntas de Vecinos y otras tantas organizaciones que responden a asuntos específicos, como jóvenes, deporte, adultos mayores o acceso a la vivienda, entre otros.
- Agendas limitadas: Las organizaciones tienen agendas limitadas. Sus temas se acotan a un territorio muy pequeño (una población o villa) y generalmente a problemas relacionados con equipamiento, infraestructura y servicios municipales urbanos.
Los Problemas Estructurales: Contención, Despolitización y Burocratización
Además de los desafíos mencionados, el funcionamiento de muchas organizaciones sociales se ve afectado por fenómenos estructurales que limitan su capacidad de acción y transformación:
- Contención: Se refiere al encapsulamiento espacial de las relaciones sociales. Se privilegia el cierre de las relaciones al interior del propio barrio en desmedro de vinculaciones más abiertas, diversas y plurales que permitirían conectar con actores que están más allá de las fronteras del barrio.
- Despolitización: Este fenómeno opera de dos maneras. Por un lado, se desconecta el barrio-comunidad de la ciudad (como totalidad urbana) y de la sociedad (como totalidad política). Se asume que lo que ocurre en lo local tiene sus causas en lo local y no está conectado ni con procesos urbanos ni con procesos sociales de mayor escala. Esto reduce las agendas a temas de pequeña escala, lo que reproduce la fragmentación. Por otro lado, al desconocer las causas estructurales y multidimensionales de los problemas que se viven en lo local, lo vecinal se desconecta también de la complejidad de las vidas de los habitantes.
- Burocratización: Ante la necesidad de permanecer dentro de los sistemas de recompensas y financiación que ofrecen los gobiernos, las organizaciones y sus dirigentes buscan encuadrarse dentro de los marcos que se les imponen. En general, el espacio para prácticas disruptivas o innovadoras es menor. Lo instituido ahoga lo instituyente y cualquier nuevo poder que emerja en el interior del barrio puede ser visto como una amenaza para la organización que detenta el poder formal o para el equilibrio de las relaciones con la autoridad. Lo que importa son los reglamentos, los procedimientos, las rutinas y la jerarquía.
La Propuesta de Reforma a la Ley 19.418
Origen y Objetivos del Proyecto de Ley
El proyecto de reforma a la Ley 19.418, ingresado en 2018, propone un cambio significativo para las organizaciones sociales, incorporando cuestiones esenciales como:
- Amplía las atribuciones y competencias de las organizaciones.
- Resguarda su autonomía.
- Otorga reconocimiento a las articulaciones territoriales que estas constituyan.
- Establece el compromiso de brindarles apoyo técnico y capacitación para el desarrollo de sus funciones.
Adicionalmente, el proyecto establece la creación de un registro nacional de organizaciones sin fines de lucro y crea un Fondo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
Trayectoria Legislativa
En el año 2020, el proyecto pasó desde la Comisión de Vivienda y Urbanismo a la de Gobierno, Descentralización y Regionalización, donde hoy se encuentra alojado a la espera de que se ponga en tabla. Este es un momento propicio para retomar su discusión y abrirla al conjunto de la sociedad.
Marco Legal Vigente y Mecanismos de Participación Ciudadana
La Ley 20.500 y sus Principios
La Ley 20.500, promulgada en 2011, partió de la premisa de que «la democracia se construye colectivamente» y que la participación ciudadana es «indispensable para la cohesión social, la justicia y la gobernabilidad democrática». Esta ley estableció principios y mecanismos importantes como los planes de participación, cuentas públicas participativas, consultas y Consejos de la Sociedad Civil.
El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Por lo tanto, indica que los órganos de la Administración del Estado deberán establecer cuáles son las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones sociales en el ámbito de su competencia.
Fortalecimiento de los Mecanismos Existentes
Dentro de los mecanismos de participación ciudadana, los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) son particularmente relevantes. Los COSOC son un mecanismo de participación que busca asegurar la participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Su función es acompañar a la máxima autoridad en los procesos de toma de decisiones en políticas públicas. Son mecanismos consultivos y autónomos, toda vez que podrán emitir opiniones sobre las materias en las que son consultados por el órgano administrativo respectivo; sus opiniones deberán ser consideradas, aunque no son vinculantes.
La reforma busca mejorar los mecanismos existentes, fortaleciendo y densificando normativamente los mecanismos de participación ciudadana, como las cuentas públicas participativas, los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) y las consultas ciudadanas.
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La Urgencia de la Reforma y el Futuro de la Participación
Hemos observado con atención procesos que tienen la capacidad de transformar el marco de acción actual. Se trata de diversas experiencias que en los últimos años han buscado romper la lógica fragmentada de la acción comunitaria y que se intensificaron a partir del estallido social de octubre de 2019. Estas experiencias van en contra de la cultura vecinal predominante y señalan la necesidad de un cambio profundo.
En este sentido, los objetivos fundamentales deben ser promover el fortalecimiento de la asociatividad comunitaria vecinal y asegurar formas de participación incidente en los distintos niveles territoriales del Estado.
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