En el año 2015, una investigación de largo aliento liderada por la Fiscalía Local de Freirina, en conjunto con la PDI de Copiapó, permitió desbaratar una red de explotación sexual infantil que operaba en la Región de Atacama. La red involucraba a niñas que habían escapado de centros pertenecientes o colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename).
El caso de Freirina: funcionamiento y detenciones
La investigación demostró que la banda concertaba encuentros con niñas menores de edad tras fugarse de residencias del Sename. Una mujer, integrante de la organización, trasladaba a las víctimas a fiestas clandestinas donde se facilitaba el consumo de alcohol y drogas. Posteriormente, las menores eran llevadas a domicilios particulares donde se concretaban los contactos sexuales.
Tras una operación masiva que involucró a una treintena de efectivos, se logró detener a once hombres y una mujer. Los delitos imputados por la Fiscalía incluyeron:
- Favorecimiento a la prostitución y explotación de menores.
- Obtención de servicios sexuales de menores de edad.
- Violación impropia (en el caso de cuatro de los detenidos).
En este contexto, la justicia dictó condenas significativas para algunos de los involucrados:
| Imputado | Condena | Delito principal |
|---|---|---|
| Yerko Robles Cepeda | 4 años | Violación impropia y almacenamiento de pornografía |
| Jorge Vega Madariaga | 5 años | Violación impropia y almacenamiento de pornografía |
| Erick Gallardo Gallardo | 541 días | Favorecimiento de la explotación sexual |
Protocolos de protección y respuesta institucional
Ante el descubrimiento de esta red, el Sename Atacama presentó querellas contra los responsables y, por disposición del Tribunal de Familia, coordinó la reubicación inmediata de las adolescentes en otras residencias de la región y el país. El objetivo principal fue cortar cualquier contacto con los explotadores.
Desde el Sename se ha señalado que es una política permanente presentar denuncias ante el Ministerio Público cada vez que se detecta un posible caso de explotación dentro de sus centros. No obstante, la situación del sistema ha sido cuestionada por diversas instituciones, señalando deficiencias graves en el diseño y ejecución de los planes de protección a la infancia.
Las nuevas residencias para menores víctimas de graves vulneraciones
Alcance nacional y desafíos en la investigación
La problemática se extiende a nivel nacional. A finales de 2016, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente identificó redes de presunta explotación sexual comercial infantil que involucraban a cerca de 50 menores vinculadas a centros de protección. La investigación reveló que muchas víctimas presentan un alto grado de vulnerabilidad, con consumo problemático de alcohol y drogas, y viven en situación de calle.
Las autoridades policiales, como la jefa de la Brisexme de la PDI, Claudia Domínguez, han indicado que las dificultades para indagar estos casos radican en la desprotección de las menores: "Como pasan de un centro a otro, esta red se va multiplicando. Además, son reticentes a entregar un relato y no se sienten víctimas".
Definición de la problemática
La explotación sexual infantil es definida como el abuso sexual por parte de uno o varios adultos, constituyendo un tipo de coerción y violencia equiparable a la esclavitud contemporánea. Actualmente, las fiscalías trabajan mediante equipos coordinados a nivel regional para informar sobre la aparición de nuevos casos y fortalecer la persecución penal contra los responsables.