La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile ha sido objeto de una profunda crisis y escrutinio público debido a las sistemáticas vulneraciones de derechos que experimentan, muchas de las cuales los encaminan directamente hacia el sistema penal. Casos emblemáticos y alarmantes informes revelan un sistema "en estado terminal", donde la protección se convierte en un factor de riesgo para la marginalidad y la delincuencia.
Un Sistema en Crisis: Las Deficiencias del SENAME
Opacidad y Caos Estadístico
El primer gran problema respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno salió a aclarar, entonces, que la cifra solo incluye a los menores del área "protección".
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. El diputado Saffirio afirma que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, añade: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Abuso, Negligencia y Sobremedicación en los Centros
Más allá de los números exactos, lo que ha quedado en evidencia tras una serie de investigaciones es un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores. Ortiz señala que "este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños".
Por primera vez, y a partir de una seguidilla de muertes bastante cuestionadas, esos niños comenzaron a tener rostro. El caso de Lissette, de 11 años, cuya muerte detonó la crisis por los fallecimientos, es un ejemplo trágico. Pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Su evaluación incluía maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. En el centro donde estaba internada, Lissette sufrió una crisis que las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios, no supieron manejar. No se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales, evidenciando que "la institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel", según Ortiz.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que "mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) que en la cantidad que se le daba actuaba como antipsicótico, además de haber estado expuesta a antidepresivos por años. Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves de dosificación y manipulación. Esta situación es alarmante, considerando que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico", según el senador Alejandro Navarro.
La situación de Guillermina, de 16 años, quien fue encontrada colgada con sus propios cordones en un centro de protección, es otro ejemplo de esta negligencia. Tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, pero nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave. "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada.
El Informe Lapidario de la PDI: Violaciones Sistemáticas de Derechos Humanos
Un informe lapidario de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
Estos abusos se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros", es la categórica conclusión del informe policial.
Además, el equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". Resulta alarmante que el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas y un 76,7% no posee protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". La gran mayoría tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa".
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Un 14,2% presenta alguna patología médica, 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En 42 centros no hay encargado de salud, y en 159 centros (66,3% del total) "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud", a quien solo se le exige cuarto medio rendido. El 93,8% de los centros "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
El Camino del SENAME a la Cárcel: Un Vínculo Innegable
Estadísticas Alarmantes: La Reincidencia y el Estigma
La relación entre la marginalidad infantil, la vulnerabilidad y la posibilidad de vínculo con el delito y el ingreso en prisión es innegable. Un estudio realizado por la Fundación San Carlos de Maipo revela que uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores durante su infancia o adolescencia. La investigación concluye que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil reincidirá antes de los 24 meses. El sacerdote Nicolás Vial, presidente de la Fundación Paternitas, asegura que "perfectamente uno de cada dos presos pasó por Sename, y más (...) Es realmente penoso".
Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos, afirma que "el Sename, sin la intervención terapéutica adecuada, lo que hace es catalizar estas conductas disruptivas. O sea, corrompe más que sana. En el mejor de los casos, no hace nada". Pilar Larroulet, en un reciente estudio, afirma que un 27% de las personas privadas de libertad declara haber estado en el Sename como medida de protección de derechos, y 36% por infracción de ley. También casi un 30% reportó haber vivido en la calle antes de cumplir 18 años.
El último estudio elaborado por el Sename para determinar el número de niños que egresaron de protección para ser reingresados al sistema bajo alguna medida de justicia juvenil data del año 2012. Este indica que de los 20.111 que ingresaron por estar vulnerados en sus derechos y que egresaron ese año, 1.600 reingresaron al sistema, pero ahora por ser infractores de ley. El 77% de ellos comenzó a desarrollar dentro del sistema conductas que antes no desplegaba.
La Realidad en los Centros de Internación Provisoria (CIP): Casos del Estallido Social
La situación en los Centros de Internación Provisoria (CIP) es particularmente grave. La historia de "J", quien desde los 11 años vivió en las calles y fue detenido a los 17 por saquear un supermercado y a los 18 por lanzar una bomba molotov, es un claro ejemplo. "J" alcanzó a estar 286 días en el CIP de Antofagasta, donde bebió alcohol gel para embriagarse, robó medicamentos psiquiátricos, fue golpeado y hostigado por compañeros, orinado, intentó colgarse y se realizó cortes profundos. Los informes internos advirtieron de ideas suicidas, pero no se tomaron en serio. Lo que sucede, dice la especialista, es que se piden y privilegian castigos o sanciones para los adolescentes infractores sin que se aplique "una comprensión estructural del tema".
"R", otro adolescente que pasó por el CIP del Sename acusado de delitos durante las protestas, fue víctima de perdigones y condenado por la quema de las puertas de la catedral de Antofagasta. Al igual que otros adolescentes internados, "R" fue medicado con psicofármacos durante su período en el CIP.
"A", otro joven acusado de quemar el vagón del tren, desarrolló una depresión profunda en internación provisoria, y su dosis de psicofármacos fue elevada. "C", de 16 años, fue encontrado esposado y amarrado con cadenas a la cama en el CIP, con gendarmes custodiándolo, antes de que su medida cautelar fuera modificada a arresto domiciliario nocturno.
Los abogados, defensores públicos y funcionarios del Sename han señalado que los intentos de suicidio son habituales al interior del CIP de Antofagasta. Además, en el CIP de Antofagasta, los adolescentes reciben atención psiquiátrica periódica, pero las recetas de psicofármacos también les son suministradas por un médico cirujano sin esa especialidad. Esta práctica es defendida por el Sename, argumentando que no hay irregularidades.
La Inimputabilidad y la Criminalización Temprana
Luis Valencia, quien pasó dos tercios de su vida bajo los cuidados del Sename, ingresó por protección antes de los cinco años y salió justo antes de los 18, ya no como un niño vulnerado, sino como un infractor de ley. Su historia da cuenta de cómo a los 9 años comenzó su precoz vida delictual. Sánchez es crítico de la situación de los niños menores de 14 años, inimputables según la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, quienes son devueltos por los tribunales a sus familias o enviados a centros del Sename que no cuentan con oferta técnica especializada. Alicia del Basto, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, señala que "un niño al que sus padres lo han abandonado convive con nombres como el "Cisarro" y todos esos chicos que han sido de conmoción pública".
En 1990, el Sename puso en marcha un proyecto cuyo principal objetivo era erradicar a los niños de las cárceles, donde convivían con menores infractores de ley. Los Centros de Tránsito y Distribución serían el lugar para los niños de menor edad, vulnerados en sus derechos o infractores de ley. Sin embargo, la situación no se resolvió y, especialmente en regiones, los niños siguieron yendo a secciones habilitadas para ellos en cárceles de adultos. Hoy, las interrogantes siguen vigentes.
Hacia una Reforma Integral: Desafíos y Propuestas
Diagnóstico y Críticas Institucionales
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó, en 2018, que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. La Defensoría de la Niñez, en su análisis, logró determinar que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas al interior de la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados.
El diputado Saffirio, quien ha denunciado permanentemente los abusos, presentó un informe con 200 medidas urgentes, "ninguna se han cumplido". El problema abarca a gobiernos de distintas coaliciones. Es imperativo asignar responsabilidades y revisar las políticas que hicieron posible no solo las muertes sino también que hasta ahora la ciudadanía desconociera la realidad. La pregunta sigue siendo: ¿cómo es posible que ninguna autoridad haya intervenido en algo tan demencial como mantener unidos los servicios que están a cargo de los menores en protección con aquellos que son infractores de ley? Es evidente que el Sename requiere cirugía mayor.
No podemos desconocer la existencia de la ecuación que asocia la marginalidad infantil con la posibilidad de vínculo con el delito y el ingreso en prisión. No podemos contentarnos con afirmar que quien cometió delito merece la cárcel, desconociendo que en el origen del delito está la vulnerabilidad y marginalidad infantil que el Sename no logra proteger. La evidencia empírica ha demostrado el nulo efecto reparador que tiene la cárcel. ¿No será esta una ocasión para preguntarse sobre el sentido de la prisión de quienes cuidan a los niños y los dejan a la deriva cuando son encarcelados?
Pilares para una Solución Definitiva
Según el análisis de Estrada, un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva. "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle".
El segundo pilar tiene que ver con que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño".
Por último, Estrada plantea que es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
Recomendaciones y el Futuro del SENAME
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. Sin embargo, "el problema es que los niños no pueden esperar". La Defensoría de la Niñez recomendó al gobierno, en 2020, la "creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación" para establecer con claridad los graves hechos de violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, petición que no recibió respuesta.
Es fundamental priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, poniendo atención a los problemas adyacentes, y que inciden directamente en que los niños lleguen al Sename. Más aún, en que salgan del Sename a la calle o la cárcel.
