El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, organismo estatal encargado de la protección de niños y adolescentes vulnerables, se ha encontrado históricamente bajo un intenso escrutinio debido a las complejas y a menudo trágicas realidades que viven los menores bajo su tutela. Uno de los problemas más preocupantes es la estrecha relación entre la vulneración de derechos en el sistema de protección y la posterior vinculación de estos niños con la delincuencia, una dinámica que revela profundas fallas estructurales y sociales.
Un Sistema Bajo Escrutinio: Abusos, Negligencia y Muertes
Fallas en la Protección y Casos de Abuso Interno
La red Sename ha enfrentado múltiples denuncias de abusos y negligencias. En marzo de 2010, Aldeas Infantiles S.O.S. tuvo que recurrir a la justicia tras el abuso sexual de cuatro niñas bajo su cuidado. Dos de ellas, de 4 y 6 años, residían en la Aldea Los Aromos, y las otras dos, de 7 y 8 años, en la Aldea Madreselvas. Todas estaban internadas por haber sido maltratadas por sus padres.
Lo más perturbador fue que los agresores no eran adultos, sino jóvenes de 15 y 18 años que, en su momento, también fueron niños victimizados y se albergaban en el mismo hogar o lo habían habitado. Según el Sename, uno de ellos visitó a las guardadoras y, en un descuido, realizó tocaciones a las niñas. Además, en el hogar de Los Aromos, se detectaron "conductas sexualizadas" de una chica de 16 años con un pequeño de 9 años.
Estos incidentes son síntomas de múltiples causas, incluyendo la falta de control y de preparación del personal, así como la falta de criterio en la gestión de casos. Por ejemplo, se denunciaron golpes a niños en dos hogares del Ejército de Salvación, lo que llevó a su cierre por parte del Sename a principios de 2010. Este sistema falla, en parte, porque los niños que llegan a la red Sename ya han sufrido un daño extremo, y las instituciones no siempre están preparadas para recibirlos.
Las Alarmantes Cifras de Muertes bajo Custodia Estatal
La situación más dramática ha sido la muerte de menores bajo la custodia del Estado. Entre 2005 y 2016, más de mil niños fallecieron en centros del Sename, una cifra que abarcó gobiernos de diferentes coaliciones políticas. Esta realidad ha generado indignación y puesto en evidencia la necesidad urgente de asignar responsabilidades y revisar las políticas existentes.
Sin embargo, el "caos estadístico" es una realidad. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. No obstante, un reporte de Unicef reveló que solo en 2010, el número de fallecimientos fue cinco veces mayor al reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra oficial solo incluía a menores del área de "protección", excluyendo a los infractores de ley. Un análisis de los anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014 arrojó 318 fallecimientos, sumados a 77 de la lista de Justicia, totalizando 395.
El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, criticó la falta de claridad en las cifras y la ausencia de cumplimiento de las 200 medidas urgentes que propuso. Incluso Francisco Estrada, exdirector del Sename, expresó su desconfianza en las cifras, señalando que la información podría estar replicada.
Historias que Reflejan la Crisis: Lissette y Guillermina
La muerte de Lissette Villa en abril de 2016, una niña de 11 años que pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, conmovió al país. La justicia la había separado de sus padres a los 5 años debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, Lissette escribía cartas a su madre pidiendo volver a casa.
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia. El día de su muerte, una cuidadora, sin conocimientos de primeros auxilios ni estudios superiores, no le tomó el peso a su crisis. Cuando intentaron reanimarla y buscar ayuda, Lissette ya había fallecido. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó su muerte a una "crisis emocional", una explicación que le costó el puesto y fue considerada poco ética y satisfactoria.
Otro caso desgarrador es el de Guillermina, de 16 años, quien en agosto de 2012 llegó al Centro de Protección Alborada "a medio vestir" y fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después de resistirse violentamente a su reingreso. A pesar de su historial de intentos de suicidio, consumo de alcohol y drogas, y depresión, no se le aplicó ningún protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, ni fue llevada a un hospital para estabilizarla o realizarle un chequeo completo. Su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
De la Protección a la Infracción: El Camino Hacia la Delincuencia
La Transición del Sistema de Protección al Penal Adolescente
Históricamente, se afirmaba que los niños que entraban al sistema de protección terminaban en el sistema penal, convirtiéndose los niños agredidos en agresores. Aunque esta sentencia carecía de cifras de respaldo, los cruces de datos en 2009 mostraron la existencia de este prejuicio. Según el Sename, en el segundo trimestre de 2010, el 16% de los 3.337 adolescentes que ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), es decir, 545 niños, habían estado protegidos por el servicio público. Sin embargo, el porcentaje de atendidos por protección que se transformaron en infractores es menor, lo que sugiere una relación compleja.
Estudios más recientes, como el de Pilar Larroulet, revelan que un 27% de las personas privadas de libertad declara haber estado en el Sename como medida de protección, y un 36% por infracción de ley. Además, casi el 30% reportó haber vivido en la calle antes de los 18 años. Esta información subraya la innegable ecuación que asocia la marginalidad infantil con la posibilidad de vincularse con el delito y el ingreso en prisión.
La Fundación San Carlos de Maipo documentó que uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores durante su infancia o adolescencia. La investigación concluye que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil reincidirá antes de los 24 meses. Esto, según Marcelo Sánchez, director de la fundación, demuestra el "fracaso de las políticas públicas" y agrava el problema, ya que el Sename, sin intervención terapéutica adecuada, "cataliza estas conductas disruptivas", corrompiendo más que sanando.
Perfiles de los Jóvenes Infractores con Pasado en Sename
La investigadora Lisandra Muñoz ha documentado que los niños abandonados en hogares son educados muy estrictamente, a veces desarrollando personalidades conservadoras y tradicionalistas. A estos niños les cuesta asumir que su familia no los quiere, y a pesar de ser testigos y víctimas de violencia, no creen que esto justifique su "encierro". Un estudio de 2012 del Sename indicó que de los 20.111 niños que ingresaron por vulneración de derechos y egresaron ese año, 1.600 reingresaron al sistema por ser infractores de ley. De ellos, la mayoría había ingresado por situación de calle o trabajo infantil, y el 77% comenzó a desarrollar conductas delictuales dentro del sistema que no presentaba antes.
El Caso de Luis Valencia: Una Trayectoria Ejemplar
La historia de Luis Valencia, quien hoy tiene 21 años, ilustra esta trayectoria. Pasó dos tercios de su vida bajo el cuidado del Sename, ingresando por protección antes de los cinco años. Salió del sistema justo antes de los 18, ya no como un niño vulnerado, sino como un infractor de ley liberado de un régimen de Internación Provisoria. Tras la separación de sus padres, fue derivado a diversas familias guardadoras, pero ninguna pudo contenerlo. A los 9 años, comenzó a robar en supermercados y a los 12, ya recorría las calles de Santiago con una pistola.
A los 14, fue detenido por robar un millón de pesos y, calificando dentro de la edad punible por la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, fue derivado a un sistema de supervisión semicerrado. A los 16, asaltó una joyería con su hermano, lo que lo llevó a un Centro de Internación Provisoria.
La historia de Luis refleja la creencia del sacerdote Nicolás Vial, presidente de la Fundación Paternitas, de que el sistema no ha estado a la altura de las necesidades de los individuos que buscan ayuda.
Reportajes 24: Sename, el infierno infantil | 24 Horas TVN Chile
Desafíos Estructurales y la Brecha en la Atención Especializada
Insuficiencia de Recursos y Precarias Condiciones de Vida
Uno de los problemas centrales del Sename es la insuficiencia de recursos. Se estima que el Estado paga alrededor del 60% de lo que se necesitaría para brindar una atención de calidad. Si el Sename paga 150 mil pesos mensuales por niño, lo adecuado serían 250 mil. Esta brecha financiera es tan grande que la situación difícilmente cambiará radicalmente en los próximos años. La solución no es solo económica; requiere especialistas de mejor calidad y dedicación por más tiempo.
Muchos centros operan en condiciones precarias. El hogar Cardenal Carlos Oviedo ha enfrentado problemas graves, como la falta de preparación para niños con daño extremo. En este hogar, Leontina González, actual directora, describe casos complejos como el de un niño abusado por su padre que, al ser aceptado en un hospital, intentó violar a otro interno. También menciona a un chico con retardo mental severo con fijación sexual por la mascota del centro, evidenciando la necesidad de una atención especializada que el centro no puede ofrecer. Las condiciones precarias son extensas en toda la red, con problemas de higiene y falta de profesionales.
El hogar Juan XXIII en Buín, que atiende a niños y niñas con discapacidad mental grave, presentaba jóvenes viviendo en "condiciones de emergencia en un gimnasio", con baños en "pésimas condiciones de higiene". Aunque se instalaron mediaguas, el hacinamiento persistía, y los niños "vagaban por un patio que era más bien un tierral, con algunos árboles, sin estímulos ni actividades".
La situación se agrava con la dependencia de la caridad para cubrir la brecha de recursos. Las instituciones que logran recaudar más fondos ofrecen mejores profesionales y hogares, mientras que las que tienen redes pequeñas solo pueden ofrecer lo que permiten los dineros públicos, lo que a menudo se traduce en infraestructura deficiente y carencia de especialistas.
La Crisis de Salud Mental y la Sobremedicación
La salud mental es una crisis dentro del Sename. El 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica, y un 14,2% presenta patología médica. Sorprendentemente, el 42% de los centros no tiene un encargado de salud, y en muchos casos, esta función es ejercida por personal sin el perfil necesario, como técnicos de áreas distintas a la salud o educadores de trato directo (con solo cuarto medio rendido).
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que Lissette estaba "sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico y estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que algunos pueden volver a los menores "más agresivos, impulsivos e irritables". Francisco Estrada advierte sobre la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos, donde el stock está en cualquier parte y cualquiera lo manipula, llevando a problemas graves de dosificación. El senador Alejandro Navarro afirmó que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños no tienen la debida atención médica especializada. Esta realidad se agrava porque Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
Vacíos Legales y la Inimputabilidad de Menores
El sistema también presenta vacíos legales. La Ley 20.084 no define sanciones ni procedimientos para los niños entre 8 y 14 años que cometen ilícitos penales, dejándolos como inimputables. Esto significa que miles de menores son devueltos a sus familias o enviados a centros del Sename pensados para niños con vulneración de derechos, sin una oferta técnica especializada. La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, señala la paradoja de un niño abandonado conviviendo con jóvenes infractores de alto perfil público.
Falta de Protocolos y Fiscalización Ineficiente
Un informe de la PDI de 2017 reveló que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. El 72,9% no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y el 76,7% carece de protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue causada por errores en la contención de una crisis. Además, la mayoría de los hogares no tenía un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, estas supervisiones son "coordinadas de manera previa", lo que reduce su efectividad. Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Hacia una Reforma Urgente: Propuestas y Perspectivas Futuras
El Informe de la PDI y la Violación Sistemática de Derechos
En 2017, un lapidario informe de la PDI investigó 240 hogares de menores en Chile. La investigación constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. El documento, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, reveló una "violencia sistemática" y que la violación de derechos se había "instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
De los abusos con connotación sexual, 123 fueron cometidos por adultos y 187 entre menores. El informe también detalla que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron. Además, el 62,9% de los hogares presentaba casos de "deserciones del sistema", una cifra que crece al 76,2% si se excluyen residencias para lactantes y discapacitados.
El documento de la PDI es el último de una serie de informes que han expuesto la brutalidad de los hallazgos en el Sename, incluyendo el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef) y reportes de la ONU y la Contraloría. Estas revelaciones han puesto en entredicho no solo al Sename, sino también al Poder Judicial, al cuestionarse si los jueces de familia, con sus visitas semestrales, detectaron o actuaron ante estas vulneraciones sistemáticas.
La Visión de Expertos y la Necesidad de un Cambio Integral
Expertos como Francisco Estrada proponen una solución definitiva basada en tres pilares: unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias; el objetivo final de que los niños regresen con sus familias de origen para romper el círculo de maltrato; y una defensa jurídica adecuada para los menores. Estrada lamenta que, a menudo, quienes toman las decisiones carecen de formación y optan por la solución más fácil: internar al niño.
Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, coincide en que no hay niños del 50% más rico del país en el Sename, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son transversales, lo que sugiere una "estigmatización de la pobreza".
La comunidad profesional sostiene que el problema no puede ser resuelto solo por el Sename. Es imperativo priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, prestando atención a los problemas adyacentes que influyen directamente en que los niños lleguen al Sename y, más aún, en que salgan del Sename a la calle o la cárcel.
El Programa 24 Horas: Un Enfoque Intersectorial
El Programa 24 Horas, diseñado en 2009 e implementado en 2010, busca ser un modelo de gestión territorial intersectorial. Es un programa entre la Subsecretaría de Carabineros, el Sename (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública). Se focaliza en barrios o comunas específicas y espera que los proyectos trabajen de manera complementaria para generar sinergia con otras intervenciones.
El Impacto de la Prisión Parental y la Lucha contra la Exclusión Social
Es crucial revisar el sentido de la prisión, ya que la evidencia empírica internacional demuestra su nulo efecto reparador. La prisión parental es un factor de riesgo para una amplia gama de problemas en niños y adolescentes, incluyendo comportamiento delictivo, problemas de salud mental, abuso de drogas, fracaso y deserción escolar, y desempleo. En Chile, dos tercios de los niños vivían solamente bajo el cuidado de la madre cuando esta fue detenida.
Finalmente, es evidente que el Sename requiere una "cirugía mayor", pero la intervención del servicio por sí sola no es suficiente. El problema tiene múltiples aristas, incluyendo situaciones de pobreza, indefensión y consumo de drogas, que se relacionan con problemas sociales profundos, políticas públicas inadecuadas y malas asignaciones de recursos. La solución pasa por un enfoque integral que reconozca la historia familiar y el destino de estos niños, y por una lucha más amplia contra la pobreza y la exclusión social.