La directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, presentó una querella por tráfico de migrantes, tras hacerse público que, además de cuatro niños adoptados irregularmente en Los Lagos, podrían existir otros casos en el país. Calificamos estos hechos de máxima gravedad, y por eso como servicio hemos presentado una querella para hacernos parte de la investigación penal, indicó la autoridad. Dado lo anterior, Huerta anunció también que solicitará un fiscal con dedicación exclusiva. Nuestro interés como Sename es que estos hechos se investiguen para poder esclarecer cuántos niños pueden haber ingresado así y se encuentran en situación precaria desde la normativa de familia, indicó la directora de la institución que no descarta además la ocurrencia de otros delitos.
Contexto y antecedentes inmediatos
El caso que desató esta situación es el de un mayor de carabineros retirado que cumplió una misión de paz en Haití y, junto a su esposa, tenía bajo su cuidado a cuatro menores en la región de Los Lagos, y sólo uno de ellos cumplía con todos los documentos legales de adopción. Además se determinó que en la zona serían diez los niños que en total estarían bajo esa situación. Según informó el Sename, tomaron conocimiento de otros casos similares en otras regiones del país. La PDI y la unidad de Extranjería deben recoger información del movimiento en el ingreso a Chile durante los últimos tres a cinco años.
Historia de la Fundación y las primeras adopciones humanitarias
Entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, tres familias chilenas lograron traer a Chile a tres niñas haitianas mediante adopciones que involucraron a la Fundación Familias Multicolor y su hogar de acogida en Puerto Príncipe. Había también una cuarta niña, Amelia, que no llegó. CIPER reunió piezas que no encajaban: un directorio poco conocido, patrimonio sin registro contable, descontrol de recursos, y un supuesto abogado que resultó ser procurador con contactos para facilitar la salida de niños del país.
Durante la investigación surgieron preguntas como: ¿cuántos niños haitianos fueron ingresados a Chile sin adopción legal? ¿Qué monto recaudaron y quién fiscalizó estos procesos? En 2006, Rosemary Donoso, entonces subgerente de mesa fija de la corredora Larraín Vial, viajó a Haití con la idea fija de adoptar. Bárbara Vigouroux, empleada de una tienda de ropa, también decidió adoptar tras años de sondeos de fertilidad. Ambas se acercaron al Sename, que advirtió sobre la precariedad del sistema haitiano y desaconsejó la adopción en Haití. Aun así, promovieron la adopción por la vía paralela en Haití a través de la fundación antes de su reconocimiento legal.
La fundación, inscrita como entidad jurídica el 30 de diciembre de 2010, difundió públicamente su historia y promovió donaciones para abrir un hogar en Puerto Príncipe. Entre 2010 y 2011, realizaron campañas para recaudar fondos y buscar apoyo de figuras públicas, gestionando viajes con aviones de la FACH y asegurando facilidades logísticas como una franquicia de LAN para trasladar equipaje. La financiación y la estructura de la fundación quedaron en el centro de las investigaciones sobre transparencia y uso de recursos.
Transparencia y funcionamiento interno
La nula transparencia y el manejo defectuoso de las cuentas fueron denunciados por las familias involucradas y por CIPER. Se reprochó la falta de claridad sobre quiénes componían el directorio y la ausencia de una oficina física para la fundación. El costo de mantención de la casa en Haití era elevado y dependía de múltiples cargos, incluyendo cuidadoras y personal administrativo. Se señaló que el supuesto “abogado” que tramaba expedientes cobraba entre 3.000 y 6.000 dólares, según documentos de 2011, con variaciones por complejidad del caso.
Las familias entrevistadas denunciaron condiciones en las que se encontraba el hogar en Puerto Príncipe, con preocupaciones sobre la supervisión de las cuidadoras y la calidad de la alimentación de los niños. También se mencionó la presencia de familiares de las cuidadoras en el hogar. En un documento informativo de 2011 se detallaron costos mensuales de mantención que incluyen arriendo, personal y suministros.
Implicaciones migratorias y educación de niños haitianos en Chile
La llegada de niños haitianos a Chile ha supuesto desafíos en el plano educativo y migratorio. En Chile, la educación de niños migrantes está amparada por leyes que buscan garantizar derechos y prevenir discriminación, pero persisten brechas en interculturalidad y apoyo lingüístico. Es esencial comprender que el creole y el francés son lenguas presentes en Haití y que el español de Chile es la lengua de escolarización mayoritaria, lo que genera retos de comunicación y aculturación.
La Ley 20.845 de inclusión y la Ley 20.370 sobre interculturalidad buscan garantizar educación de calidad e inclusión para estudiantes migrantes, con énfasis en la diversidad cultural. Sin embargo, la articulación práctica de estas normas con la realidad de las aulas y comunidades educativas presenta desafíos, especialmente para estudiantes haitianos cuya lengua materna no es el español.
Estudios señalan que, si bien la presencia de migrantes ha crecido, la proporción de jóvenes infractores migrantes es baja. A julio de 2023, solo un 5,3% de los jóvenes infractores eran migrantes, según datos del Sename. A nivel escolar, se destacan programas y protocolos para atender casos de niños migrantes sin compañía adulta, incluyendo entrevistas adecuadas, derivación a juzgados de familia y medidas de protección.
- El idioma oficial de escolarización es el español, con excepciones regionales por programas interculturales.
- El PEIB busca incorporar lenguas indígenas, pero no cubre plenamente las lenguas haitianas.
- Se promueven Identificadores Provisorios Escolares (IPE) para migrantes sin cédula chilena desde 2017.
Situación actual y perspectivas
El intendente regional señaló que la situación es "tremendamente baja e inaceptable" y anunció que se recurrirá a las vías legales para identificar a responsables. El Sename, por su parte, indicó que, de confirmarse, los hechos podrían constituir delitos graves. A la vez, se mantiene la necesidad de proteger a los niños migrantes y evitar que situaciones de trata o tenencia irregular se repitan.
La hermosa historia de chilena que adoptó a madre e hija haitiana | Muy buenos días
Datos y elementos clave
- Existencia de al menos cuatro casos de adopciones irregulares en Los Lagos y estimaciones de hasta diez niños involucrados en la región.
- Casos de Haití influyeron en cambios de políticas y en la mayor vigilancia de procesos de adopción y migración infantil.
- La opacidad de registros y la falta de transparencia de ciertas entidades complican la determinación de cuántos niños están en Chile en situación irregular.
- Los derechos de los niños migrantes necesitan un enfoque intercultural robusto y una mejor coordinación entre instituciones.
Relevancia para políticas públicas
La situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer la oversight de adopciones internacionales, mejorar la coordinación entre Sename, PDI y Extranjería, y garantizar procedimientos de protección y regularización migratoria para niños sin compañía adulta. También subraya la importancia de una educación intercultural efectiva y de eliminar barreras idiomáticas para haitianos y otras comunidades migrantes en Chile.