La situación de los niños bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile, especialmente aquellos internados en instituciones privadas, ha sido objeto de constante preocupación y escrutinio. Desde la erradicación de niños de las cárceles en los años 90 hasta la disolución del propio Sename en 2021, la red de protección ha enfrentado desafíos sistémicos que afectan la vida y los derechos de miles de menores vulnerables.
Orígenes y Primeros Desafíos del Sistema de Protección
En 1990, el Sename implementó un proyecto con el objetivo principal de erradicar a los niños de las cárceles, donde convivían con menores infractores de ley. Los Centros de Tránsito y Distribución estaban destinados a niños de menor edad, vulnerados en sus derechos o infractores. Sin embargo, esta situación no se resolvió completamente, y en regiones, los niños continuaron siendo alojados en secciones habilitadas para ellos en cárceles de adultos.
Las interrogantes sobre la seguridad de un niño en la cárcel frente a la calle, planteadas hace más de dos décadas, siguen vigentes. El problema no se solucionó con la Reforma Penal Adolescente, y el Estado aún debe terminar con el estigma de haber “pasado por el Sename”, una demanda insistente desde principios de los 90.
Fallos en la Protección: Abusos, Negligencias y Falta de Control
La red de protección ha sido marcada por numerosos incidentes de abusos y negligencias. En marzo de 2010, las Aldeas Infantiles S.O.S. tuvieron que recurrir a la justicia debido a que cuatro niñas bajo su cuidado fueron víctimas de abuso sexual. Dos de ellas, de 4 y 6 años, residían en la Aldea Los Aromos, mientras que las otras dos, de 7 y 8 años, vivían en la Aldea Madreselvas. Las pequeñas habían sido internadas por maltrato parental. En estos casos, los agresores resultaron ser jóvenes que también habían sido víctimas en el sistema; uno de 15 años albergado en el mismo hogar, y otro de 18 años que había vivido en el hogar desde los 6 años. Adicionalmente, en el hogar Los Aromos, se detectaron “conductas sexualizadas” entre una adolescente de 16 años y un niño de 9 años.
Estos incidentes evidencian múltiples causas para los fallos del sistema, incluyendo la falta de control, la insuficiente preparación del personal y la carencia de criterios adecuados. Por ejemplo, dos hogares del Ejército de Salvación fueron cerrados por Sename a principios de 2010 tras denuncias de maltrato físico a niños. La protección también falla debido al profundo daño que ya traen los niños al ingresar a la red Sename, un aspecto a menudo subestimado.
Casos Emblemáticos y Problemas Estructurales
El hogar Cardenal Carlos Oviedo, por ejemplo, ha recibido a jóvenes con historias de abuso severo sin contar con la preparación adecuada para atenderlos. Leontina González, directora del hogar y esposa del ex sacerdote José Luis Artiagoitía, relata casos complejos como el de un niño abusado por su padre durante años que luego intentó abusar de otro interno, demostrando la necesidad urgente de atención especializada que estos centros no pueden ofrecer.
La precariedad financiera es otro factor crítico. La subvención estatal cubre solo alrededor del 60% de lo necesario para brindar una atención de calidad, lo que significa que, si el Sename paga 150 mil pesos mensuales por niño abandonado, lo adecuado serían 250 mil. Esta brecha, sumada a la falta de especialistas de calidad y la ausencia de un catastro de atenciones de salud mental, agrava la situación. La “Comisión Despeje”, un esfuerzo conjunto de jueces de familia y el Sename, reveló problemas delicados, como niños que no estaban presentes durante las visitas a los hogares o la adulteración de la cantidad de menores atendidos en residencias como la Especial Galileo de La Serena.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
Las condiciones de vida precarias son generalizadas en la red. Un informe de la Comisión Despeje corroboró problemas de higiene en la cocina y comedor del hogar de niñas de la fundación Carlos Oviedo, falta de profesionales y atención médica deficiente para niños con problemas de salud mental. El hogar Juan XXIII en Buín, que atiende a niños con discapacidad mental grave o profunda bajo administración de Coanil, fue hallado con jóvenes viviendo en un gimnasio habilitado en condiciones de emergencia, baños en pésimas condiciones de higiene y hacinamiento.
La Violencia y la Vulnerabilidad de los Niños
Periódicamente, emerge la violencia como un problema recurrente dentro de los hogares de Sename. Los niños, que han sufrido mucho y tienen dificultades para controlar sus impulsos, son víctimas de maltrato. Sin embargo, los recursos de Sename no permiten contratar personal especializado para manejar estas situaciones. Casos como el del Hogar Helmuth Hunner, donde la esposa del director fue acusada de golpear a un niño, y el hogar El Broquel, donde una mayoría de niñas había sido agredida por sus padres o convivientes, ilustran la gravedad de la situación.
Historias de Vida que Reflejan la Crisis
- Niño de 9 años: Ingresó por violencia intrafamiliar, abandono y abuso sexual. Vivió con el padre hasta su muerte, sin contacto con la madre.
- Niña de 7 años: Ingresó por negligencia parental, maltrato psicológico y abuso sexual por parte del conviviente de la madre contra su hermana mayor. La niña no tiene mayor identificación con su madre, a quien apenas conoce.
- Hermanos de 4 y 3 años: Escasas posibilidades de egreso debido al abuso de cocaína por parte de la madre y sospecha de abuso sexual por parte del padre.
- Hermanas de 13 y 17 años: Ingresaron por abuso sexual del padre biológico y violencia de la madre. Una hermana mayor, que vive como allegada, es identificada como adulto responsable.
La brecha entre los recursos estatales y las necesidades de los niños se cubre a menudo con caridad. Las instituciones realizan colectas y buscan apoyo empresarial. Aquellas con mayores redes obtienen más recursos, ofreciendo mejores profesionales y hogares. Las que tienen redes pequeñas, se limitan a lo que permiten los fondos públicos, resultando en hogares precarios y sin especialistas. La asignación de niños a hogares depende de los cupos y la decisión de un juez.
Mitos y Realidades: La Transición al Sistema Penal
Tradicionalmente, se afirmaba que los niños en el sistema de protección terminaban en el sistema penal. Sin embargo, estudios de 2009 desmintieron esta idea. En el segundo trimestre de 2010, de 3.337 adolescentes que ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), un 16% (545 niños) habían estado protegidos por el Sename. Si se analiza cuántos de los atendidos por protección se convirtieron en infractores, el porcentaje es significativamente menor.
La investigadora Lisandra Muñoz destaca las diferencias entre los jóvenes de ambos mundos, señalando que los niños abandonados son educados estrictamente en los hogares y a menudo desarrollan perspectivas de encierro. También les cuesta asumir el abandono familiar, a pesar de haber sido víctimas de violencia. Un centro en el sur de Chile guardaba regalos de los niños para el Día de la Madre que nunca fueron recogidos, un símbolo doloroso de esta realidad.
Perspectiva Histórica y Propuestas de Solución
Académicos como Ximena Illanes y Miguel Morales han subrayado la necesidad de una perspectiva histórica para entender la crisis del Sename, relacionando la situación actual con el abandono infantil a lo largo de la historia, desde la Barcelona del siglo XV hasta el Chile contemporáneo. Remiten a los objetivos de los hospitales bajomedievales que acogían a menores abandonados: su supervivencia y su integración en la sociedad. Se preguntan cuáles son las estrategias del siglo XXI y cómo ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia, proponiendo que las instituciones de protección no solo resguarden los derechos, sino que vean a la infancia como parte integrante de la construcción social.
El Caso de Guillermina y la Cuestión Estadística
El trágico caso de Guillermina, de 16 años, quien se suicidó en el Centro de Protección Alborada en agosto de 2012, puso de manifiesto fallos graves en los protocolos de manejo de menores vulnerables. A pesar de su historial de intentos de suicidio, consumo de alcohol y drogas, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o hacerle un chequeo completo. Su muerte fue registrada como un "egreso" del sistema, un término que equipara el fallecimiento con el escape o la reinserción familiar.
El caos estadístico es una constante. Las cifras sobre muertes de menores bajo tutela estatal son inconsistentes. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 fallecimientos entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de UNICEF reveló que solo en 2010 la cifra era cinco veces mayor. La falta de claridad en las cifras es reconocida incluso por autoridades como María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
Según el diputado René Saffirio, el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia y desconoce el número exacto de niños en sus establecimientos, así como las causas de sus fallecimientos. Las comisiones investigadoras del Congreso han presentado medidas urgentes, pero ninguna se ha cumplido.
El Factor "Lissette": Un Punto de Quiebre
El fallecimiento de Lissette Villa, de 11 años, en abril de 2016, detonó una crisis de visibilidad sobre los niños del Sename. Lissette, que había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename debido a maltrato físico, psicológico, abuso sexual y abandono, murió por causas indeterminadas, posiblemente por la sobremedicación y la negligencia de cuidadoras sin capacitación. La autopsia reveló que las causas de muerte en lactantes o preescolares incluyen ahogamiento con fluidos gástricos o respiratorios, golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
Lissette, conocida por sus episodios de rabia, sufrió una crisis que sus cuidadoras interpretaron como una "pataleta". Al intentar levantarla, se desvaneció y murió. Ni ellas ni sus compañeras a cargo de 20 niñas tenían conocimientos de primeros auxilios o estudios superiores. La falta de protocolos y normativas con altos estándares es un problema generalizado. La ex directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó la muerte a una "crisis emocional", una explicación que le costó el puesto.
Sobremedicación y Falta de Especialistas
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que la niña estaba sobremedicada con benzodiacepinas y antidepresivos, fármacos que en dosis elevadas o sin control especializado pueden ser perjudiciales para menores. La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es un problema "generalizado", donde el personal no especializado no puede asegurar la correcta dosificación o administración.
El senador Alejandro Navarro afirmó que el 63% de los niños en Sename están bajo tratamiento farmacológico, y más de 3.000 no reciben atención médica especializada. A esto se suma la alta tasa de suicidio adolescente en Chile y la escasez de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Hay pocos psiquiatras infantojuveniles, y la mayoría prefiere trabajar en el sector privado, dejando a regiones enteras sin acceso a estos especialistas.
Propuestas y el Camino hacia la Transformación
Francisco Estrada, abogado experto en infancia, propone una solución en tres pilares: unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias; el objetivo final de reunificar a los niños con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y el maltrato; y una defensa jurídica adecuada para los niños vulnerados, contrastando con la buena defensa de los menores infractores.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
El Consejo para la Infancia, con María Estela Ortiz a la cabeza, planteó el cierre del Sename y la transición a un nuevo servicio, con miras a implementarlo antes de 2019. Sin embargo, la urgencia de la situación es evidente, y los niños no pueden esperar. Se ha detectado una drástica baja del 399% en el presupuesto de capacitación para el Sename, afectando directamente la formación del personal.
Además, hay 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado de menores, cuyas cuentas no han sido revisadas en los últimos tres años. El presupuesto de 2017 para estos programas fue de 146 mil millones de pesos. La falta de fiscalización, la mala calidad de las capacitaciones y la precarización laboral del personal son problemas persistentes. Los inspectores de Sename realizan fiscalizaciones superficiales, centradas en aspectos cuantitativos más que en el avance real de la intervención. La supervisión financiera es igualmente deficiente, sin control adecuado sobre la glosa presupuestaria, lo que permite que se paguen programas por cien niños aunque solo atiendan a veinte.
En este contexto, la Ley 20.032, que establece los mecanismos de subvención, presenta falencias que profundizan las deficiencias del sistema. Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, defiende el rol de las Organizaciones Colaboradoras Acreditadas (OCAS), pero destaca que la subvención de 180 mil pesos mensuales por niño es insuficiente para garantizar una atención de calidad con personal especializado. A más de un año de la muerte de Lissette, la percepción es que las mejoras en el hogar Galvarino y en el Sename han sido mínimas.
La Comisión de Verdad y Niñez y la Desaparición del Sename
La Comisión de Verdad y Niñez, creada en diciembre de 2024 a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene como objetivo investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en recintos del Sename entre 1979 y 2021. Sin embargo, su continuidad está en riesgo debido a recortes fiscales. La Comisión busca identificar nuevos casos de abusos y recomendar reparaciones a las víctimas. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron por estos centros.
La sentencia de la CIDH de 2024 evidenció uno de los episodios más graves: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer” en 2007 y las infracciones de derechos humanos a 271 jóvenes en cuatro recintos. El fallo concluyó que el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales, señalando la carencia de medidas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal.
Previo a esta resolución, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados ya habían advertido sobre el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social. Finalmente, el Sename fue reemplazado en octubre de 2021 por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, como respuesta a los constantes cuestionamientos.