Introducción: Un Panorama de las Vulnerabilidades Infantiles en Chile
La situación de los niños, niñas y adolescentes en Chile plantea importantes interrogantes sobre las vulnerabilidades que enfrentan hoy. Un ejemplo de aquello es la nueva normativa de migración que se debate en el Senado, donde no se incorpora la perspectiva desde el derecho de la niñez, aunque un número importante de esos infantes viven situaciones de vulnerabilidad. Otra área en la que se observa esta realidad se definió en los procesos eleccionarios que enfrentará el país, donde los menores de 18 años no podrán expresar formalmente su opinión.
Estas temáticas fueron parte de un Seminario Internacional organizado en conjunto por las Universidades de Talca y Politécnica de Valencia en España, que se denominó “Las vulnerabilidades de la infancia y la adolescencia en el siglo XXI”. Este seminario tuvo como objetivo hacer un diagnóstico o radiografía de la situación en diversos países, desde dos perspectivas: los sistemas de protección y la visibilidad social.
Aunque Chile se encuentra entre los países más desarrollados de América del Sur, los niños deben enfrentar varios obstáculos que impiden de manera directa el desarrollo de una vida en la que se respeten y defiendan sus derechos. Entre los problemas que persisten en las vidas de los niños de Chile, se incluyen el trabajo infantil, la trata infantil y la pobreza.
Contexto Demográfico Relevante
- Población de 0 a 14 años: 19%
- Esperanza de vida: 80,33 años
- Mortalidad en menores de 5 años: 7‰
Marco Legal e Institucional para la Protección de la Niñez
Entre 1990 y 2006, se dieron pasos fundamentales hacia el cumplimiento de los derechos de los niños. La coalición de partidos políticos de centroizquierda que fue electa, la Concertación, implementó políticas importantes a partir de 1990 en sus tres gobiernos consecutivos (Aylwin 1990-1994, Frei 1994-2000 y Lagos 2000-2006), por lo que se tomaron decisiones relevantes en cuanto los derechos de los niños.
Adhesión a Tratados Internacionales
El Gobierno de Aylwin estaba fuertemente comprometido con la ratificación de los tratados internacionales que no se había llevado a cabo durante la dictadura militar. El 13 de agosto de 1990, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Respecto de los tratados específicos que ratificó, Chile ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados el 31 de julio de 2003, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía el 6 de febrero de 2003 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 29 de julio de 2008.
Políticas y Programas Nacionales
En 1992, el Ministerio de Planificación desarrolló un Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia gracias al compromiso establecido por el presidente en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990. Este plan es considerado como el primer paso del Gobierno chileno para promover políticas coherentes y coordinadas sobre cuestiones relacionadas con los derechos del niño.
Durante el Gobierno de Frei (1994-2000), se continuó la estrategia del Gobierno anterior; se aprobaron iniciativas legales, entre las que se encontraba una ley que protege a los niños de cualquier forma de discriminación, una ley de adopción contra la discriminación de los niños nacidos fuera del matrimonio, otra contra la violencia doméstica, una regulación contra el secuestro nacional e internacional y la regulación sobre los derechos y las obligaciones de los padres concernientes a los beneficios económicos obtenidos por la pareja. En 1995, el Gobierno estableció el Comité Nacional contra el Abuso Infantil y en 1996 fundó el Comité Nacional Asesor para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
Desafíos Específicos y Áreas de Vulnerabilidad
Derecho a la Educación
En Chile, la educación es obligatoria para todos los niños de entre 7 y 16 años, pero la realidad es que alrededor de 75.000 niños no asisten a la escuela y a menudo se les obliga a abandonar la escuela para trabajar y mantener a sus familias. Además, existen evidentes desigualdades relacionadas con el acceso a la educación, ya que en el sistema educativo superior los costos de matriculación se encuentran entre los más costosos del mundo.
La pandemia de covid-19 tuvo enormes repercusiones sobre el sistema educativo a nivel mundial y, mientras que muchos se trasladaron a un espacio en línea para acceder a la educación, en Chile la brecha digital hizo que solo el 27% de los hogares con menores ingresos tuvieran acceso a la educación digital. La ausencia de dispositivos tecnológicos fue un claro obstáculo a la hora de recibir educación; la falta de Internet sumado a la imposibilidad de obtener almuerzos escolares derivó en la reticencia de los alumnos a conectarse.
Asimismo, luego de que las escuelas retornasen a las clases presenciales, hubo varias denuncias de acoso sexual y de comportamientos violentos y sexistas, lo que ocasionó protestas estudiantiles y, a su vez, el cierre de varias escuelas en la capital chilena. De acuerdo con el departamento de educación del Gobierno, las denuncias de acoso sexual entre los estudiantes aumentó un 56% en comparación con el mismo período en 2018.
Derecho a la Salud
Durante más de 25 años, el Servicio Nacional de Salud (SNS) fue fundamental al momento de brindar servicios de salud centralizados y económicamente eficientes. Sin embargo, a medida que el Gobierno se inclinaba por la privatización, el SNS no coincidía con estas nuevas ideas y hubo numerosas repercusiones que perjudicaron a los sectores con menos recursos de la población. En 1981 se creó un fondo de salud nacional (Fonasa) que se convirtió en la fuente más importante de financiación estatal.
Como la seguridad social se privatizó, los individuos pagaban directamente a Fonasa un 9% de sus salarios. La única alternativa era depender de un seguro de salud privado otorgado por las instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). ISAPRES se fundó a mediados de 1981 para financiar servicios de salud privados, estableciendo contratos independientes con personas o entidades. Este sistema podía seleccionar a los clientes según la edad, el tamaño de la familia o el riesgo de contraer alguna enfermedad y tenía el derecho de no renovar las pólizas anuales cuando expirasen.
Como consecuencia, los sectores menos favorecidos no podían pagar los costos de ISAPRES y solo podían acceder a Fonasa. Los hospitales públicos se deterioraron ininterrumpidamente, mientras que miembros más acaudalados de ISAPRES se unieron con grandes grupos financieros que construyeron sus propios hospitales ultramodernos a los que solo podía acceder un sector pequeño pero pudiente de la población. Esto produjo la emergencia de un sistema doble en el que los médicos y otros profesionales de la salud elegían la práctica privada cada vez más y proveían un servicio simbólico o incluso inexistente a los hospitales públicos. Esto hizo que la salud se convirtiera en un lujo y no en una necesidad.
Derecho al Agua y Saneamiento
A pesar de que el país era conocido por sus grandes reservas de agua, en la última década, Chile ha padecido una grave sequía y los niveles de precipitación cayeron entre un 20% y 40%. Según el Instituto de Recursos Mundiales, Chile se encuentra en la lista de los países que enfrentarán un alto estrés hídrico para el 2040. Alrededor de 1,4 millones de chilenos (el 8% de la población) no tienen acceso a agua potable o al saneamiento y la situación es peor en las comunidades rurales, ya que estas deben enfrentarse a grandes empresas por el acceso al agua.
Los glaciares proveen a Chile de gran parte del agua que posee, pero estos corren riesgo de desaparecer debido a que los índices de precipitación descienden y continúa la explotación de los yacimientos de cobre que se encuentran bajo varias zonas glaciales. Se estima que, si Chile no toma las medidas necesarias para preservar sus glaciares, a finales de este siglo la mitad del volumen total del hielo se habrá derretido y, así, el país perdería su mayor fuente de agua dulce.
Durante las dos últimas décadas, los desastres naturales han sido un fenómeno recurrente en Chile, como sucedió en 2017, cuando las inundaciones en Santiago dejaron a millones de personas sin acceso a agua potable. Muchos atribuyen la mayor propensión a las inundaciones al rápido desarrollo urbanístico y a la pérdida de espacios verdes del país, lo que ha causado que el agua no pueda drenarse durante las tormentas.
Trata Infantil y Explotación
Las mujeres y niños de Chile son las víctimas más comunes de explotación en el tráfico sexual del país, así como las mujeres y niñas de Asia y otros países latinoamericanos, especialmente de Colombia. La vulnerabilidad de los migrantes y su incapacidad para evitar el tráfico aumentó durante la pandemia de covid-19; más del 30% padeció la pérdida de empleo y tuvieron escasas o nulas posibilidades de acceder a otro en medio de las restricciones regionales a la circulación.
Las leyes migratorias más estrictas también contribuyeron a agudizar la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes, en especial la venezolana. Los niños que se encuentran en centros de protección de menores corren un mayor riesgo de padecer abusos, incluso la trata infantil. Además, las autoridades chilenas registraron un número significativo de niños involucrados en actividades ilícitas, entre las que se encontraban el tráfico de drogas y el robo, y algunos de estos niños pueden haberse convertido en víctimas de la trata. Los traficantes someten a hombres chilenos para la explotación laboral en Perú y a las mujeres chilenas para la explotación sexual en Argentina y otros países.
Trabajo Infantil
En 2020, Chile hizo avances específicos que buscaban eliminar directamente las peores formas de trabajo infantil. El Gobierno estableció la Ley 21271, que adecuaba el Código del Trabajo para que en este se pida una nueva lista de actividades que se consideren como trabajos peligrosos para los niños y los adolescentes, y ratificó el Protocolo Relativo al Convenio sobre Trabajo Forzoso de 2014 de la OIT. El Gobierno también estableció una mesa redonda biregional en Tacna y Arica para coordinar los esfuerzos realizados por los Gobiernos de Chile y Perú con el fin de erradicar el trabajo infantil en la frontera.
No obstante, a pesar de estos intentos, a los niños en Chile aún se los somete a las peores formas de trabajo infantil, como la explotación sexual comercial, que a veces se produce como resultado de la trata de personas. A los niños también se los obliga a participar en la producción y el tráfico de drogas.
Además, el abandono escolar posee una correlación directa con el trabajo infantil y los niños de entre 5 y 17 años suelen estar involucrados en actividades laborales. También existen grandes diferencias relacionadas con el género en el trabajo infantil, 9,5% de los niños y 3,9% de las niñas forman parte de la fuerza de trabajo. Las industrias de trabajo más comunes incluyen la gastronomía, la hotelería, el comercio, los servicios sociales, la agricultura y la construcción. Asimismo, las condiciones laborales causan graves consecuencias negativas y aproximadamente el 70,6% de los niños llevan a cabo trabajos considerados peligrosos. La ausencia de datos e información pública es una clara muestra de la realidad del país a la hora de abordar el trabajo infantil.
Trabajo infantil perjudica desarrollo de la niñez
Pobreza Infantil
Entre 2017 y 2020, el porcentaje de niños y adolescentes que vivían en la pobreza ascendió de 13,9% a 15,16%, así, alrededor de 703.045 niños padecían pobreza por ingresos. En cuanto a la pobreza extrema, hubo un aumento del 2%: más de 260.000 niños y adolescentes viven en estas condiciones. Por otra parte, los niños indígenas y los niños migrantes son dos grupos marginalizados especialmente susceptibles de padecer pobreza infantil en Chile, ya que los niños de estas comunidades no poseen el mismo acceso a la educación y a los estilos de vida saludables que otros niños debido al menor nivel económico y la discriminación que sufren sus familias. En este país, son considerados inferiores debido a su origen indígena.
Se revelaron los resultados del informe de "Infancia Cuenta 2015: Observatorio de la niñez y adolescencia", en el cual se confirma que la población infantil es la que mayores índices de pobreza tiene en el país.
Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad
No existe un programa específico que trate los derechos de los niños con discapacidad, lo que constituye un problema en Chile. El Gobierno chileno comenzó a reunir información sobre la discapacidad y la dependencia a través de una encuesta nacional que se centró en conocer su prevalencia en el país. El estado financiaría diferentes equipos para proveer apoyo educativo a las personas con discapacidad.
Violencia contra la Niñez y la Adolescencia
Los resultados de la investigación "Infancia Cuenta 2015" dejan al descubierto la situación de violencia que deja vulnerables a los niños en el país. El documento hace un crudo análisis sobre el octavo derecho, “a la protección integral contra el maltrato, abuso y todas las formas de explotación”. Dentro de las observaciones específicas que realizó el Comité de Derechos del Niño en el año 2015, se encuentran aquellas que expresan su preocupación por la presencia de violencia en el hogar. Una medición de Unicef muestra que un 71% de los menores reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia. En ese estudio de 2012, un 25,9% declaraba haber sido víctima de violencia física grave, tendencia que no disminuye desde el año 2000. Asimismo, un índice de la Subsecretaría de Prevención del Delito expresa que ha aumentado sostenidamente la tasa de violencia intrafamiliar leve o psicológica de menores de entre 0 y 17 años, desde 2006 a 2011, de 96,3 por cada 100 mil habitantes, a 236,5.
Índices y Formas de Violencia
La violencia intrafamiliar ejercida por padres, cuidadores o adultos responsables del niño en el hogar puede adoptar múltiples formas. Por un lado, la violencia física es la que se ejerce mediante golpes, azotes o sacudones, causando un daño físico al niño. La violencia psicológica es aquella que se realiza a través de amenazas, gritos, intimidaciones y humillaciones, haciendo sentir al niño que es despreciado e incapaz. La violencia sexual implica forzar o seducir al niño a formar parte en actividades sexuales inapropiadas para su edad con el objetivo de satisfacer las necesidades de los adultos. Destacando que las más afectadas son las niñas entre 14 y 17 años, de las cuales una tasa de 708,5 -de cada 100 mil habitantes- sufre maltrato intrafamiliar.
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA)
Según el último boletín de la plataforma “Actuar es Urgente”, entre 2022 y el 2023 se registró un aumento del 29% en los casos de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA). En solo cinco años, las denuncias se han más que duplicado, afectando principalmente a niñas y adolescentes mujeres, quienes constituyen el 86% de las víctimas, lo que es inaceptable. La comisión investigadora de la Cámara Baja del año 2021 expuso cómo, incluso en centros de protección del Estado, se operaban redes que victimizaban a niñas. Ante aquello, es urgente asignar los recursos adecuados y fortalecer los programas de protección especializada en explotación sexual infantil y adolescente, asegurando su cobertura y eficacia en todo el territorio nacional. No podemos seguir dejando a nuestras niñas y niños desprotegidos.
Impacto de las Tecnologías de la Información
Las tecnologías de la información también pueden llevar asociado un grave riesgo de violencia incluidos abuso y explotación sexual en línea, más conocido como grooming.
Trabajo infantil perjudica desarrollo de la niñez
La Voz de la Niñez y la Juventud: Participación y Desarrollo
El espacio llamado “Mi voz cuenta”, se creó en alianza con la Unicef, la Defensoría de Derechos de la Niñez, y la organización América Solidaria, buscando dar una plataforma a la expresión de los menores. Sin embargo, persisten desafíos.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 30 millones de jóvenes de Latinoamérica no estudian ni trabajan en forma remunerada, limitando su desarrollo y sus oportunidades de futuro. Esta estadística no es exclusiva de Chile. Un amplio abanico de razones explicaría esta situación: educación deficiente y excluyente, falta de asesoramiento, desajuste entre las capacidades desarrolladas y requisitos del mercado. Además, muchos de ellos deben asumir labores no remuneradas en el hogar. En la actualidad la población joven de América Latina y el Caribe está sufriendo una crisis de exclusión social y desempleo, que se manifiesta en el incremento de 3 puntos porcentuales en el último año (18,3%) según la OIT.
Aldeas Infantiles SOS trabaja en diversos programas, que preparan a los jóvenes para la vida independiente, apostando al desarrollo de sus capacidades y al fortalecimiento de sus competencias para facilitar su autonomía, empoderamiento y realización personal.
Un Llamado Urgente a la Acción y la Coordinación
Como presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados y representante de la región del Bío Bío, he sido testigo directo de la grave crisis que enfrenta la niñez en nuestro país. En el Bío Bío, como en muchas otras regiones de Chile, hemos visto cómo estas historias desgarradoras se repiten, dejando cicatrices profundas en las vidas de nuestras infancias más vulnerables. No podemos seguir siendo un país que mira hacia otro lado mientras nuestros niños sufren en silencio.
Por lo mismo, recientemente se convocó a una sesión secreta al Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, para recibir información sensible sobre los casos denunciados durante el último tiempo. Esta instancia fue necesaria para proteger a las víctimas, pero también para dejar en evidencia la gravedad de una realidad que sigue oculta y desatendida. La falta de coordinación entre las instituciones del Estado, ONG’s y la sociedad civil ha sido una de las principales barreras para enfrentar este delito de manera integral. Además, es fundamental contar con información actualizada que permita comprender la magnitud del problema y diseñar políticas públicas efectivas.
Como Estado, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras infancias. Es necesario que el Ministerio Público reduzca el archivo de causas, garantice los peritajes requeridos y resguarde la seguridad de las víctimas. Organizaciones como “Actuar es Urgente” han demostrado ser aliados estratégicos en esta lucha. El momento de actuar es ahora. No podemos permitir que esta tragedia siga ocurriendo en silencio. Es urgente que Chile se proponga como desafío país una disminución de sus niveles de violencia.
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