El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, encargado de la protección de niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha estado envuelto en una profunda crisis marcada por casos de muertes, abusos y negligencias. Una serie de investigaciones y reportes oficiales han puesto de manifiesto graves falencias en el sistema, revelando un patrón de vulneración de derechos que ha impactado la vida de miles de menores bajo tutela estatal.
Muertes en centros del Sename: Un problema de cifras y causas
La falta de claridad en las estadísticas sobre el número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado ha sido uno de los puntos más críticos. Aunque un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos solo en 2010 fue cinco veces superior al reportado. El análisis de anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 de un período similar en la lista de Justicia, darían un total de 395.
Sin embargo, ni siquiera estas cifras parecen confiables para quienes las publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló que es posible que la información esté replicada, ya que "si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Causas de muerte y falta de protocolos
Las autopsias, según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado René Saffirio, han revelado causas de muerte sorprendentes por su grado de violencia. Se han registrado casos de lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), menores muertos por golpes en la cabeza debido a caídas de altura, así como homicidios y suicidios por ahorcamiento. Dentro de las causas frecuentes de muerte en lactantes o preescolares está el ahogamiento con sus propios fluidos.
Un factor alarmante es la ausencia de protocolos adecuados. Un informe de la PDI de 2017 reveló que el 44.5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. El 72.9% de los centros a nivel nacional carece de protocolo ante conductas suicidas, y un 76.7% no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". La gran mayoría de los hogares tampoco tenía un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Casos emblemáticos de negligencia y abuso
El caso de Lissette Villa
La muerte de Lissette Villa, de 11 años, en abril de 2016, fue un catalizador para la crisis del Sename. Lissette pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del servicio, tras una decisión judicial a los 5 años que consideró a sus padres no capacitados para su cuidado. Las evaluaciones del Sename incluían maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono.
El 11 de abril de 2016, Lissette sufrió una crisis. Según el testimonio de una cuidadora al programa "Contacto", la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera a cargo de 20 niñas tenían conocimientos en primeros auxilios. La institución no aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la visitó. Esta explicación, considerada insatisfactoria y poco ética, le costó el puesto.
Sobremedicación en el caso Lissette
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que la menor estaba sobremedicada. Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en las dosis administradas, actuaba como antipsicótico. Además, Lissette estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que la mayoría no tienen un efecto demostrado en niños y algunos, como la sertralina, pueden tener efectos adversos como aumentar la agresividad e impulsividad.
Francisco Estrada señaló la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros, donde el stock está en cualquier parte y cualquiera lo manipula, generando problemas con la dosificación. El senador Alejandro Navarro indicó que el 63% de los niños en Sename estaban bajo tratamiento farmacológico, y más de 3.000 carecían de atención médica especializada.
El suicidio de Guillermina
En agosto de 2012, Guillermina, de 16 años, fue encontrada colgada con sus propios cordones en el Centro de Protección Alborada del Sename. Había llegado a "medio vestir" y con dinero a las 04:19 de la mañana, traída por la policía. Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Contrario a los protocolos internacionales de manejo de menores vulnerables, no fue llevada a un hospital para verificar su estado de salud o estabilizarla.
La querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
El caso de Sophia
El 25 de enero de 2018, se registró otro crimen impactante. Francisco Ríos y la madre de la bebé Sophia llegaron a un centro de salud con la niña sin vida, alegando una caída. Sin embargo, exámenes posteriores demostraron que Ríos la golpeó en reiteradas ocasiones al perder el control ante su llanto. Sophia había ingresado 29 veces al servicio de emergencia entre 2016 y 2017, lo que indica un patrón de violencia.
Caso Sophie: declaran culpable a su padre por parricidio
Investigaciones y hallazgos
En julio de 2016, el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó al fiscal Marcos Emilfork investigar las presuntas responsabilidades penales en la muerte de niños, niñas y adolescentes residentes en centros del Sename y organismos colaboradores.
Informe PDI de 2017: Vulneración sistemática de derechos
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, pero no se hizo público. La diputada Marcela Sabat destacó la gravedad del informe, que no había visto mayor avance en la Cámara.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares dentro de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
El 50% de los hogares presentaba casos de abusos sexuales. Un 62.9% de los hogares (151) registraba "deserciones del sistema", cifra que ascendía a 76.2% al excluir residencias para lactantes y discapacitados. El 93.8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Salud mental y discapacidad
El informe de la PDI reveló que el 37.3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica. Un 14.2% presenta alguna patología médica, el 13.9% sufre una enfermedad crónica, y el 0.4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Además, el 19.8% presenta algún tipo de discapacidad. En 42 centros no hay encargado de salud, y en 55 centros, esta función la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
En 159 centros (66.3% del total), la persona encargada de la administración de fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin formación profesional o técnica en salud, un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido.
Conclusiones de otras investigaciones
La PDI también constató que al menos 88 residencias denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos.
Esta cadena siniestra de reportes incluye el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), que expuso la brutalidad de los hallazgos y dio pie a comisiones investigadoras de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU.
El diputado Saffirio, quien históricamente denunció los abusos en el Sename, renunció a su partido por "falta de apoyo" en la investigación de las muertes de menores.
La nueva institucionalidad: Servicio Mejor Niñez
A más de cinco años del inicio de la indagatoria, la Fiscalía Regional de Los Lagos mantiene abiertas 25 de las 347 causas instruidas para esclarecer las muertes de menores bajo custodia del ex Sename. De las 322 causas terminadas, 78 finalizaron con sobreseimiento definitivo. Se han logrado cinco condenas, la mayoría de exfuncionarias.
El 1 de octubre pasado, entró en funcionamiento el nuevo Servicio Mejor Niñez, que asumió el sistema de residencias del antiguo Sename con modificaciones, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social. El Sename, en tanto, sigue funcionando bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo solo de los infractores juveniles.
María José Castro, directora de Mejor Niñez, señaló que están trabajando en un cambio de paradigma. La nueva institucionalidad exige que el 75% del personal que trabaje directamente con niños sea profesional o técnico, realiza evaluaciones periódicas a los cuidadores y fiscaliza constantemente las residencias. Se busca terminar con el modelo masivo de residencias (CREAD) para dar paso a "espacios más acogedores, donde no vivan más de 17 niños".
Rosario Martínez, directora nacional del Sename, afirmó que se revisan constantemente los protocolos de prevención del suicidio y conductas violentas entre pares.
Soluciones propuestas
Francisco Estrada planteó tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Unidades polivalentes con niños medicados adecuadamente y personal dedicado que trabaje también con las familias.
- Reunificación familiar como objetivo final: Romper el círculo de la pobreza y el maltrato, entregando herramientas y acompañamiento a las familias en lugar de solo internar a los niños.
- Defensa jurídica adecuada: Asegurar que los niños vulnerados cuenten con defensores que velen por sus derechos, a diferencia de la situación actual donde a menudo son "más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
El Consejo para la Infancia, al mediano plazo, pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que se espera "dejar instalado" antes de 2019. Sin embargo, la urgencia de la situación resalta que los niños no pueden esperar.