El sistema de residencias de mayores en Madrid está en el centro de la atención tras una serie de multas por graves irregularidades. En los últimos años, el monto total de sanciones superó los 865.000 euros, evidenciando la magnitud de los problemas en centros de gestión público-privada. Las autoridades regionales prevén abrir otros 40 establecimientos similares, pese a las críticas y preocupaciones sobre la calidad del cuidado.
Como destaca El País, las infracciones no solo afectan a las condiciones sanitarias, sino también a la seguridad de las personas mayores. En una de las residencias, Las Peñuelas (Madrid), una mujer falleció debido al uso inadecuado de un cinturón de sujeción. Sin embargo, la sanción se impuso no por el incidente en sí, sino por la demora en notificar a las autoridades. Estas situaciones plantean dudas sobre la eficacia real del控ro y el nivel de responsabilidad de la dirección de los centros.
Problemas de alimentación y personal
En diciembre de 2023, los inspectores detectaron productos caducados en la residencia de mayores Mirasierra, algunos de ellos llevaban más de medio año en mal estado. Por ello, el centro recibió una sanción de casi 48.000 euros. En otros establecimientos se identificaron infracciones similares: intentos de servir puré caducado o falta del personal necesario para el cuidado de los mayores. En un caso, en San Sebastián de los Reyes, un inspector evitó que se sirviera comida en mal estado, y en otro registró la escasez de personal, lo que también ocasionó multas.
Entre otras infracciones figura la falta de información sobre incidentes con residentes. Por ejemplo, en uno de los casos, una mujer mayor fue hospitalizada después de que se hallaran restos de detergente en su botella de agua. Por no informar a las autoridades, la residencia fue multada con 17.000 euros. La multa más alta de los últimos años, superior a 83.000 euros, se impuso a una residencia en Usera por graves problemas en las condiciones técnicas del edificio.
Estado de los edificios y condiciones de vida
En algunas residencias, los inspectores detectaron suciedad, elementos interiores rotos y mal estado de las instalaciones. Por ejemplo, en Parque Coimbra se hallaron paneles de techo sucios y dañados, lámparas rotas y paredes deterioradas. A pesar de la larga lista de deficiencias, las sanciones por estas infracciones han sido mínimas: menos de 2.000 euros por cada caso.
Otro problema es el incumplimiento de las cuotas de empleo para personas con discapacidad. En El Berrueco, una residencia fue sancionada por no poder acreditar el porcentaje exigido de personal con discapacidad. Según la oposición, estas medidas no son suficientes para mejorar la situación, y las multas resultan insignificantes frente a la magnitud de las infracciones.
Respuesta de las autoridades y planes a futuro
En respuesta a las críticas, representantes del gobierno de Madrid aseguran que todas las sanciones se ajustan a la legislación vigente y a las condiciones contractuales. Afirman que las instituciones son supervisadas de forma regular y que la calidad del cuidado a los mayores está bajo constante vigilancia. Cada centro recibe al menos dos inspecciones al año, además de controles adicionales sobre el cumplimiento de los contratos.
Sin embargo, las autoridades regionales planean ampliar la red de residencias para mayores bajo un nuevo modelo: empresas privadas construirán y gestionarán los centros en terrenos municipales, obteniendo ingresos tanto de plazas públicas como privadas. Dentro de este proyecto ya se ha asignado una parcela de 8.000 metros cuadrados en Madrid, donde se abrirá un nuevo centro con 200 plazas. Según El País, estas condiciones son favorables para los operadores privados, que podrán recuperar su inversión gracias a subvenciones estatales y servicios de pago.
En los últimos años, España ha vivido repetidos escándalos relacionados con las condiciones de vida en residencias de ancianos. En 2024, se detectaron casos de violaciones generalizadas de normas sanitarias y falta de personal en varias regiones del país, lo que provocó nuevas inspecciones y un endurecimiento de los controles. Problemas similares se han registrado en otros países europeos, donde también se debate la necesidad de reformar el sistema de atención a mayores. La cuestión de la calidad y la transparencia en el funcionamiento de estos centros sigue siendo relevante para muchas familias y requiere una vigilancia constante por parte de las autoridades.
La Comunidad de Madrid ha sancionado con 33.820 euros a la empresa que gestiona la residencia de mayores Moscatelares de San Sebastián de los Reyes, Macrosad, por servir comida que llevaba más de un año caducada. El pasado 13 de febrero un técnico de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia hizo una visita a la residencia en la que pudo observar tarrinas de puré de merluza, zanahoria y arroz con fecha de caducidad del 11 de febrero de 2022. La empresa, por su parte, basó sus alegaciones en las diferencias entre la fecha de caducidad y la de "consumo preferente", pero sin aportar, según la Consejería, "ningún dato que desvirtúe el incumplimiento detectado", que se fundamenta en las afecciones "a la cantidad o a la calidad de los alimentos suministrados a los usuarios". Por ello, entiende que se produjo un "incumplimiento grave" de los pliegos del contrato de gestión. Macrosad, que gestiona una veintena de residencias y centros de día para mayores, tiene adjudicada la gestión de la residencia Moscatelares hasta el 31 de diciembre de 2024, en virtud a un contrato formalizado en junio de 2022. La mayoría de las residencias de esa empresa se encuentran en las provincias de Granada, Jaén y Sevilla. En Madrid, además, tiene adjudicada otra residencia en el distrito de Usera de la capital.
Una empresa con varias sanciones. La sanción a la empresa por servir comida caducada fue firmada el pasado 13 de junio, y ese mismo día se le impuso una segunda penalidad, en este caso por importe de 16.910,23 euros y propiciada por la intoxicación de una usuaria que no fue comunicada a la Consejería. Según relata la orden, el 18 de marzo de 2023 una residente pidió a un auxiliar que le rellenara una botella de agua; cuando fue a beber, notó "un olor extraño como a colonia", y minutos después empezó a sufrir irritación de garganta, náuseas y vómitos. El personal médico constató que había espuma en la botella, con "riesgo de aspiración" para la usuaria, que tuvo que ser derivada al hospital. Según señala la Consejería, "en ningún momento a lo largo de ese día" el centro informó de este hecho a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, como estaba obligado a hacer, lo que representa un incumplimiento grave de los pliegos del contrato. También en septiembre de 2022 un usuario de la residencia Moscatelares, Mariano Turégano, denunció en el pleno municipal de San Sebastián de los Reyes las "malas condiciones" del centro, con "falta de cuidadores" y una alimentación "tan deleznable" que a veces pasan "horas y horas sin comer nada".
Tras aquella denuncia, la Comunidad de Madrid se puso en contacto con las familias de las residencias para analizar las "posibles deficiencias". "Lo que hay que hacer es actuar. Durante la fiscalización, las autoridades descubrieron que la falsa casa de reposo, ubicada en la intersección de Las Mariposas con Nueva de Matte, entregaba comida y medicamentos vencidos a los adultos mayores. En específico, su dieta estaba limitada a sopas, cremas y otros alimentos entregados por el Cesfam, algunos de los cuales habían expirado en noviembre del año pasado. “Se está llamando uno a uno a todas las familias para que los vengan a buscar. Algunos ya han venido por ellos, otros no. Por su parte, una de las familiares aseguró desconocer las condiciones en las que vivía su madre: “No tenía idea de nada de eso.”
04 abr. El consumo de alimentos vencidos puede traer consecuencias graves para la salud. "Son altos los riesgos, son graves, desde síntomas gastrointestinales hasta enfermedades más graves, producto de una deshidratación que requiera una hospitalización”, señala. Uno de los errores más frecuentes es relativizar la fecha de vencimiento, especialmente en alimentos que no parecen estar en mal estado. Sin embargo, la especialista es enfática: “Fecha de vencimiento es fecha de vencimiento. Luego, recalcó que aunque un alimento pueda “oler, tener el mismo sabor, tener la misma textura”, eso no garantiza que sea seguro. Los alimentos perecibles son los que presentan un riesgo más alto una vez superada su fecha de vencimiento. “El fabricante tiene un estudio previo sobre la seguridad y la estabilidad del alimento, y ahí lo deja plasmado. El incumplimiento de esta fecha puede derivar en “contaminación por bacterias o por parásitos”, especialmente en productos como “lácteos, carnes y pescados”.
Más allá de la fecha, existen otros aspectos clave para evitar el consumo de productos en mal estado o adulterados. La doctora también alerta sobre irregularidades en el etiquetado. El problema no solo afecta al consumidor individual, sino que también puede convertirse en una alerta sanitaria. El impacto puede ser mayor si se consumen alimentos no regulados o vencidos: “Va a haber más intoxicación alimentaria, se pueden colapsar los servicios de urgencia y el consumidor pierde credibilidad en la alimentación, en lo que está regulado”. Los efectos de ingerir alimentos vencidos pueden manifestarse de distintas formas. “Todo alimento que se consuma vencido tiene el mismo riesgo”, afirma la doctora. Nota importante: Este artículo tiene un carácter meramente informativo y por ningún motivo debe reemplazar las indicaciones u órdenes de su médico tratante.
