Chile ha implementado un importante cambio en su sistema de protección a la infancia y adolescencia, con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, organismo sucesor del antiguo Sename. Este nuevo servicio busca garantizar de manera especializada los derechos de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados, lo que requiere de un equipo humano altamente capacitado y una estructura de personal robusta.
El Nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia: Contexto General
El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se encuentra bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este Ministerio garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y sus colaboradores acreditados.
El objeto del Servicio es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Para ello, deberá asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. Además, garantizará, en el ámbito de su competencia y atribuciones, el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección. El Servicio actuará de un modo acorde a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, y ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos, concordante con la dignidad humana del niño, niña o adolescente.
Radiografía del Personal en la Transición del Sename al Nuevo Servicio
La transición del Sename al nuevo Servicio ha puesto de manifiesto la complejidad de la labor y los desafíos en la gestión del personal, así como la necesidad de una mayor inversión en recursos humanos.
Desafíos en la Gestión y Clima Organizacional
Los funcionarios del Sename han enfrentado complejidades para realizar una buena labor con los niños, la cual no es solo cuidarlos, sino trabajar con ellos para ayudarlos a superar sus daños. A menudo, esta tarea se ve dificultada por condiciones como la sobrepoblación en las residencias. Por ejemplo, en centros como Pudahuel, que ha llegado a tener entre 80 y 85 niños, existe una sobrepoblación, ya que no debiera albergar más de 60, lo que afecta directamente el trabajo de los funcionarios. Quienes conocieran un Playa Ancha o un Pudahuel verían centros masivos, grandes, que algunas personas describen como "tipo carcelarios".
Adicionalmente, el clima organizacional se ha visto afectado por una cantidad importante de funcionarios que están con sumarios. Se ha reportado la existencia de más de 900 sumarios abiertos en todo el Sename, lo que genera impacto y empeora el ambiente laboral. Se ha señalado la necesidad de mejorar la gestión de estos sumarios para cerrarlos lo antes posible, identificando si corresponden a medidas disciplinarias graves o no tan graves, y analizando un alto número relacionado con posible maltrato.
La Polémica de la Priorización de Vacunación
Durante un período, surgió una polémica significativa respecto a la priorización de la vacunación contra el COVID-19 para el personal. La comunicación del Ministerio de Salud se percibió como un "engaño comunicacional enorme", ya que la vacunación en el Sename correspondía únicamente a trabajadores que ejercen en hogares y residencias, tanto del área pública como en la privada (organismos colaboradores). Sin embargo, no se informó al Ministerio de Salud sobre la complejidad en la que se ejerce dentro de la red Sename.
Esta situación dejó a 16 mil trabajadores sin prioridad de vacuna. Se observó que el Sename no poseía las facultades legales para intervenir en la esfera laboral y contractual de los trabajadores de los organismos colaboradores, a pesar de que el sector privado ejecuta el 96 por ciento de las acciones. La confusión se generó porque los funcionarios en los vacunatorios no distinguían entre programas de protección y residencias, llevando a que se vacunara a personal sin prioridad, lo que podría haber implicado un uso ineficiente de dosis en contextos de escasez.
Incremento y Calificación del Personal en el Nuevo Modelo de Atención
Para abordar las deficiencias y fortalecer la atención, el nuevo Servicio contempla un significativo aumento y mejora en la calificación de su personal.
Aumento Significativo de Profesionales
Una medida clave es el aumento en la dotación de personal, especialmente en áreas críticas. Por ejemplo, en Magallanes se incorporarán siete nuevos funcionarios para el Centro Privativo de Libertad. A nivel nacional, se implementa una medida que implica aumentar en un 94% la cantidad de profesionales que se desempeñan en los centros cerrados del Sename, pasando de 286 a 554. Esta expansión redundará positivamente en la intervención directa con los jóvenes y en los programas de reinserción social.
Con la incorporación de estos profesionales, el total de funcionarios que tienen relación directa con los adolescentes aumentará de 829 a 1.097, fortaleciendo la capacidad de atención y seguimiento.
Perfiles y Capacitación Requerida
El Servicio deberá contar con personal capacitado e idóneo según los términos requeridos para el ejercicio de sus funciones. Esto incluye el uso de capacitación externa y apoyo externo, especialmente en términos de gestión de cambio. Se están redefiniendo los perfiles adecuados para las nuevas modalidades de atención, y se planea implementar estos nuevos modelos progresivamente, comenzando en regiones como Coyhaique y la Quinta Región con residencias más pequeñas, de máximo 15 niños, buscando un ambiente más familiar.
Estructura y Gobernanza del Servicio
La dirección y funcionamiento del Servicio están diseñados para asegurar una gestión eficiente y transparente.
Dirección y Gestión
El Servicio es dirigido por un Director o Directora Nacional, cuyo cargo tiene una duración de cinco años y puede renovarse por una sola vez. Además, contará con direcciones regionales en cada región del país. Tanto el Director Nacional como los directores regionales son nombrados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, garantizando la selección de profesionales con experiencia y trayectoria.
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El Rol de los Colaboradores Acreditados y la Unidad de Fiscalización
El Servicio proveerá las prestaciones correspondientes, asegurando la oferta pública en todas las regiones del país, por sí o a través de terceros. En este esquema, los colaboradores acreditados juegan un papel fundamental. Solo podrán ser colaboradores acreditados las personas jurídicas que hayan adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, y que aseguren el correcto uso de recursos públicos. El Servicio mantendrá un registro de estos colaboradores, disponible en su página web y actualizado anualmente.
Para asegurar el cumplimiento de la normativa, el Servicio deberá considerar una unidad de fiscalización. Esta unidad realizará supervisión y fiscalización, aplicando sanciones a los colaboradores acreditados en los casos calificados. La ocurrencia de delitos que afecten la integridad de los niños o el uso indebido de recursos públicos será considerada una infracción gravísima, pudiendo ser sancionada hasta con el término de la acreditación.
Principios Rectores y Enfoque del Servicio en la Labor con Niños, Niñas y Adolescentes
La labor del Servicio se rige por principios fundamentales que orientan todas sus acciones y el diseño de sus programas.
Entre los principios rectores se encuentran el interés superior del niño, niña o adolescente, la igualdad y no discriminación arbitraria, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva. Los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio, y sus familias, deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado.
Los programas de protección especializada deberán diseñarse en base a evidencia técnica y territorial, a evaluaciones anteriores realizadas por el Servicio o un tercero, y atendiendo a las evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia u otros organismos del Estado competentes. Los niños, niñas y adolescentes respecto de quienes se adopte una medida de protección serán derivados a estos programas especializados por los tribunales o las Oficinas Locales de la Niñez.