El Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile, un organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido objeto de graves cuestionamientos por las condiciones en las que viven los niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. La muerte de Lissette Villa Poblete en 2016 desencadenó una serie de revelaciones e investigaciones que sacaron a la luz un historial de vulneraciones y un alarmante número de fallecimientos en sus centros, que se remontan a años anteriores, incluyendo el año 2010.
El Caso Lissette Villa: Un Detonante de la Crisis
La Vida y Muerte de Lissette Villa
Lissette Villa Poblete, de 11 años, se convirtió en el tercer caso de muerte en un hogar bajo la supervisión del Sename en un lapso de 24 meses. Lissette, descrita por su familia como inquieta, confrontacional, directa y deslenguada, vivía en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino desde fines de 2014. Su vida estuvo marcada por una serie de reingresos a hogares y vueltas a casa. En 2010, ingresó por petición de su madre al hogar San Francisco. En 2013, fue trasladada al hogar María Ayuda de Maipú, y posteriormente al área de tratamiento psiquiátrico del Hospital San Borja con un diagnóstico de "trastorno conductual secundario originado por maltrato y abuso".
El 9 de abril de 2016, tras una discusión familiar, su madre, Juana Poblete, decidió no asistir a visitarla. Lissette, que nunca se tomaba mal la falta de visitas, esperaba poder hablar con su madre, pero la llamada no fue devuelta por el centro. Al mediodía del domingo, después de una de sus tres dosis diarias de sedantes, le informaron que no tendría visitas. La mañana del lunes 11, Lissette, visiblemente afectada, se dirigió a la oficina de dirección del Centro Galvarino, saliendo más tranquila, aunque, según funcionarios, tenía un dolor en el hombro que persistió.
Esa madrugada, cerca de la una, carabineros y funcionarios del Sename notificaron a Juana el fallecimiento de su hija a las 21 horas en el hogar Galvarino. Se informó que la causa fue un paro cardíaco y que los intentos de reanimación fueron infructuosos. Tras las frustradas maniobras, todavía quedaban funcionarios del Samu y bomberos en el lugar. El hogar había sido desalojado y los niños residentes, trasladados. Lissette Catalina Villa Poblete se convertía en el tercer caso de un menor fallecido al cuidado de un centro residencial de protección del Estado en los últimos dos años.
Reacciones y Acusaciones tras el Fallecimiento
La entonces directora del Sename, Marcela Labraña, atribuyó el paro cardiorrespiratorio a un "cuadro agudo de angustia" y a un "estrés postraumático producto de un abuso sexual intrafamiliar". Esta explicación generó duras críticas. El abogado de la madre de Lissette, Sebastián Lafaurie, afirmó que "Lissette no tuvo protección del Estado" y que las versiones de los testigos indicaban que la niña estaba "sobremedicada".
La salida de Labraña de su cargo fue el 22 de abril, ante la creciente presión. A las críticas se sumaron la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse) y médicos, quienes desestimaron que la muerte pudiera deberse solo a inestabilidad emocional. La presidenta de Afuse, Alicia del Basto, denunció la falta de espacio en los hogares y problemas eléctricos, advirtiendo sobre el riesgo de incendios.
Las Revelaciones de Cifras y Abusos Sistémicos
Investigaciones y Falta de Transparencia
La muerte de Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. Sin embargo, la dificultad de las autoridades para entregar cifras precisas de los niños fallecidos motivó una investigación penal a cargo del fiscal Marcos Emilfork. Se instruyó una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas del Sename, sumándose a otras 23 indagatorias en curso por irregularidades en el Cread Galvarino.
Un informe lapidario de la PDI, realizado en 2017 y entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, pero no hecho público hasta julio de 2019 por CIPER Chile, investigó 240 hogares de menores. Este documento reveló que en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El informe señalaba que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
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Escalofriantes Estadísticas de Fallecimientos
Las cifras de fallecimientos en el Sename han sido un punto de controversia debido a la falta de claridad y a la manipulación de datos. Según un informe del Ministerio de Justicia solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe inicial.
Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que sumados a los 77 de ese período de la lista de Justicia, daban un total de 395. El diputado Saffirio acusó a la ministra de Justicia de adulterar las cifras, señalando que los anuarios del Sename mostraban 292 fallecidos entre 2010 y 2014 en el sistema RPA (Responsabilidad Penal Adolescente), lo que, sumado a los 185 informados por Justicia, elevaba la cifra a 477 menores.
El Sename, tras un trabajo de revisión, entregó la cifra de 210 niñas, niños y adolescentes fallecidos en el sistema de protección residencial entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016, y 33 fallecimientos en centros de justicia juvenil en el mismo período. Sin embargo, datos más recientes de la Defensoría de la Niñez, en 2018, indicaban "1836 niños fallecidos en el sistema de protección desde 2010".
Fallas Sistémicas y Falta de Protocolos
La PDI también constató que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos. El 72,9% de los centros a nivel nacional carecía de protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no tenía protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que el caso Lissette Villa fue un ejemplo de esta deficiencia. La mayoría tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
La investigación de CIPER de 2016 reveló que los fármacos se suministraban sin control, a menudo como paliativo. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la menor estaba "sobremedicada" con fármacos que, en las dosis administradas, actuaban como antipsicóticos y podían generar agresividad. Además, el 66,3% de los centros tenía a un educador sin formación profesional o técnica en salud a cargo de la administración de medicamentos.
El 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos". A esto se suma que el 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica y un 14,2% presenta alguna patología médica, con un 0,4% en riesgo vital.
Casos Emblemáticos y Propuestas de Reforma
Guillermina: Un Ejemplo de Abandono Institucional
La muerte de Guillermina en agosto de 2012, a los 16 años, también ilustra las deficiencias del sistema. Ingresada al Centro de Protección Alborada, Guillermina, con historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, se resistió violentamente a su reingreso. Fue encontrada colgada con sus propios cordones, y su muerte fue registrada como un "egreso" del sistema. Contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital ni se le realizó un chequeo completo. Su caso, como muchos otros, evidenció la falta de protocolos y personal capacitado, además de una visión reduccionista que equipara la muerte con un "egreso".
Críticas al Poder Judicial y Llamados a la Acción
Varias instituciones, no solo el Sename, deben responder por esta situación, incluyendo el Poder Judicial. Los jueces de familia, que deben visitar los centros dos veces al año, no habrían detectado estas vulneraciones sistemáticas. El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena de informes (Informe Jeldres, ONU, Contraloría) que, a lo largo de los últimos siete años, han denunciado la situación.
Especialistas como Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, y Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, coinciden en la urgencia de cambios. Estrada propone unidades polivalentes, medicación adecuada, personal dedicado que trabaje con las familias, y una defensa jurídica adecuada para los niños. Ortiz enfatiza que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia" y que la solución no es solo quitar a los niños de sus familias, sino "romper el círculo" de abandono y violencia.
Hacia un Nuevo Modelo de Protección a la Infancia
La Defensoría de la Niñez, creada en 2018, está en alerta por la situación. Su titular, Patricia Muñoz, aboga por cambios estructurales, de financiamiento y modelo de intervención, personal con mejores competencias, atención en salud mental, y asegurar el derecho a la educación, la cultura y el esparcimiento. También subraya la necesidad de coordinación con otras instituciones del Estado para la prevención. El año pasado se aprobó la ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia, el cual debería reemplazar al Sename, una medida que, aunque positiva, se considera insuficiente sin cambios profundos.