La comprensión del sistema judicial y sus transformaciones es fundamental para entender la dinámica social y el ejercicio del poder. La relevancia del lenguaje jurídico ciudadano radica en que tiene que ver con el ejercicio del poder, la forma de gobernar, la transparencia y la participación ciudadana que hoy exigen los movimientos sociales y, en última instancia, con la educación cívica que, cuanto mejor funcione, menor será el trabajo de los jueces. Son todos aspectos del sistema penal que inciden positiva o negativamente en la función jurisdiccional.
El Poder Judicial en la Historia Republicana
Desde los albores de la República el Poder Judicial ha sido, salvo períodos excepcionales, un baluarte del Estado de Derecho y de la estabilidad democrática que la comunidad internacional le reconoce a Chile. Se trata de jueces en su inmensa mayoría independientes, imparciales y probos en el ejercicio de sus delicadas funciones a través de todo el territorio nacional, y con prohibiciones legales estrictas que limitan su participación en el debate público.
El Antiguo Sistema Inquisitivo y sus Problemas
Durante la historia republicana de Chile operó un sistema de justicia criminal que concentraba en el juez del crimen las potestades de investigar, acusar y fallar. El sistema inquisitivo, secreto y lento traía aparejados problemas de protección de garantías dada la inexistencia de jueces imparciales, a lo que se sumaba la carencia de defensa penal especializada y la ausencia de órganos profesionales en la persecución criminal.
Estudios de la Corporación de Promoción Universitaria (CPU) y del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) evidenciaban que el tiempo promedio de investigación de causas sencillas era superior a seis años. Esta lentitud y falta de garantías representaban un desafío significativo para la administración de justicia.
La Transformación con la Reforma Procesal Penal
El nuevo sistema de persecución y enjuiciamiento criminal supuso una transformación radical, reemplazando el viejo modelo inquisitivo, escrito y secreto por un proceso penal adversarial, oral y público. Esta reforma sustituyó el expediente por audiencias de debate, creando el Ministerio Público como órgano autónomo a cargo de la persecución penal y la Defensa Pública para representar a los imputados y acusados.
Los tribunales, por su parte, pasaron a desempeñar un rol de protección de garantías y de juzgamiento de los casos. Como resultado de estos cambios se generó un proceso dotado de mayor celeridad, logrando disminuir los tiempos de duración de las causas penales en delitos de baja complejidad y consiguiendo evidentes avances en la resolución de delitos flagrantes.
El proceso penal inquisitivo y sus diferencias respecto a uno acusatorio
Desafíos y Mejoras en la Persecución Criminal
La criminalidad organizada es un tipo de delincuencia que exige esfuerzos por mejorar los modelos de análisis criminal multidisciplinario de la Policía y el Ministerio Público. Esto incluye la necesidad de mejorar los sistemas de inteligencia nacional que nutren la prevención y persecución criminal, y utilizar eficazmente instrumentos como el agente encubierto, el cooperador eficaz o el sistema de informantes y agentes reveladores.
A ello se suma la necesidad de avanzar en modelos que logren afectar el patrimonio de las organizaciones criminales como mecanismos de extinción de dominio, o bien el uso efectivo del comiso aprobado hace algún tiempo en nuestro país. La aprobación de la Fiscalía Supraterritorial y los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) es una buena base para mejorar la persecución criminal de la criminalidad organizada.
Análisis Crítico de la Reforma y Propuestas
Hernán Larraín Fernández, investigador asociado del Programa, publicó un artículo que examina de manera crítica la trayectoria de la Reforma Procesal Penal chilena, a más de dos décadas de su implementación. Larraín destaca el valor transformador de la Reforma Procesal Penal, que marcó el paso desde un sistema inquisitivo y escrito hacia un modelo acusatorio, oral y con mayores garantías procesales, consolidándose como una de las reformas institucionales más relevantes en la historia reciente de Chile.
No obstante, el texto subraya las debilidades que persisten: una creciente sensación de impunidad por el uso excesivo de salidas no judiciales, sobrecarga institucional en el Ministerio Público y brechas de igualdad entre víctimas e imputados. Se agrega la formación profesional, ética y cultural de los abogados, fuertemente arraigada en la resolución adversarial o litigiosa de conflictos en su rol de representar una parte del total de los intereses contrapuestos en los juicios.
Propuestas para el Fortalecimiento del Sistema
Entre las propuestas que Larraín plantea, se incluyen medidas orientadas a fortalecer la autonomía y control del Ministerio Público, con mecanismos de selección más transparentes para fiscales nacionales y regionales, así como la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos.
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