El Estado de Chile, a través de funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), fue acusado de torturar a niños, niñas y adolescentes vulnerables bajo su custodia. Lamentablemente, una de ellas, Lissette Villa, de 11 años, falleció a causa de la aplicación de dichos apremios ilegítimos. Este trágico evento, ocurrido hace dos años, es el foco de una investigación y juicio oral, donde se busca probar estas graves acusaciones.
La Investigación del Fiscal Marcos Emilfork y la Querella del CDE
El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, lidera la investigación sobre las acciones que funcionarios del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino ejercieron contra Lissette Villa. La Fiscalía ha sostenido desde un inicio la hipótesis de "muerte por apremios ilegítimos".
Esta tesis recibió un espaldarazo significativo con la ampliación de querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Tras revisar los antecedentes de la indagatoria, el CDE decidió ejercer acción penal por el delito de torturas con resultado de muerte en el caso de Lissette, y por lesiones en otros casos que involucran a menores. Esta acción del organismo, que representa los intereses del Estado, es vital para la inédita tesis de Emilfork, quien sostiene que el propio Estado, en democracia, violó los derechos humanos de una niña vulnerable que estaba llamado a proteger, causándole la muerte a través de apremios.
Inicialmente, el 28 de septiembre del año pasado, el CDE se había querellado por cuasidelito de homicidio contra las educadoras de trato directo de Lissette, Thiare Oyarce García y Conne Fritz Castillo. Sin embargo, tras nuevas diligencias incorporadas al expediente, el organismo recalificó los hechos al delito de "apremios ilegítimos", también conocido como torturas.
Los Querellados y el Contexto de los Abusos
Según un documento al que accedió La Tercera PM, "en el período comprendido entre abril del año 2015 y a fines del primer semestre del año 2016 en el CREAD Galvarino, dependiente del Servicio Nacional de Menores ubicado en calle Bascuñán Guerrero N° 910 de la comuna de Santiago, región Metropolitana, se desempeñaban como funcionarios públicos los querellados Mónica Monje, Jéssica Figueroa, Leonardo Lefian, Orfelina Valdés, Cinthya Galaz, Luis Cerda Silva, Luis Campónico, Conne Fritz, Thiare Oyarce y Juan Arrué". A estos funcionarios les correspondía, entre otras tareas, reparar el daño sufrido por niños, niñas y adolescentes (enviados por tribunales) expuestos a situaciones de alta complejidad y que se encontraban bajo la custodia permanente del Estado, privados de su libertad ambulatoria.
A juicio del CDE, fue en este contexto y en diversas ocasiones que los imputados, en el ejercicio de sus funciones públicas en el Sename, "aplicaron tratos crueles, inhumanos y degradantes de diversa entidad e intensidad a distintos niños y niñas del Centro, transformándose dichos comportamientos en prácticas abusivas y reiteradas, llegando incluso las imputadas Fritz y Oyarce a provocar la muerte de una de las víctimas (Lissette Villa)".
La historia que remeció al Sename: A 5 años de la muerte de Lissete Villa
Episodios de Violencia Contra Lissette Villa
La querella detalla un episodio de violencia contra Lissette ocurrido en el Cread Galvarino el 16 de abril de 2015, mucho antes de su fatal desenlace. "En represalia al comportamiento de la niña Lissette V.P. consistente en pegar patadas al cojín en el cual otra menor tenía su cabeza, la apremiaron ilegítimamente sujetándola contra su voluntad violentamente, envolviéndola en una frazada, inmovilizándola durante varios minutos." La niña tenía diez años en ese momento y se encontraba privada de libertad en dicho Centro desde el 21 de noviembre de 2014.
El CDE narra varios episodios vividos por la pequeña el 16 de abril de 2016, fecha de su fallecimiento. Esa fatídica jornada, según la querella, finalizó cuando los apremios a los que fue sometida Lissette Villa le quitaron la vida.
Violación Sistemática de Derechos: El Informe de la PDI
La muerte de Lissette Villa conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, pero la detención de los abusos en los hogares del Sename no ocurrió. Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017 reveló que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Este informe, que investigó 240 hogares de menores, constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares.
Lo grave es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El documento de 257 páginas, al que CIPER tuvo acceso, es un resumen de una extensa investigación realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia de este informe en julio de 2019, calificó de muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento, que constata una violencia sistemática. Este reporte de la PDI es más completo que uno similar de la ONU del año anterior, que visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de las 241 existentes, abarcando a los cerca de 6.500 niños en el sistema de residencias del Sename.
Cadena de Reportes y Fallas Institucionales
El informe de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes" elaborados por diversas instituciones a lo largo de siete años. En esta serie destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres. Los hallazgos de este informe dieron pie a múltiples investigaciones, incluyendo comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, las autoridades han anunciado medidas, sanciones y reformas, pero la situación de vulneración persiste.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente la ministra de Justicia Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de niños fallecidos en los hogares, motivó la investigación penal de la Fiscalía bajo Marcos Emilfork. Se mandató a un equipo especial de la PDI para indagar sobre las 1.313 muertes en 12 años.
En noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó a la PDI visitar 240 de los 241 centros dependientes del Sename (ya sea con administración directa o gestionados por instituciones privadas); solo uno se negó a recibirlos.
Hallazgos Específicos del Informe PDI
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename confeccionar un informe, que incluyó una nómina de 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta fue informada en mayo de 2018 a los Ministerios de Justicia, Sename y Salud, para que se adoptaran medidas urgentes.
Además, se constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron. La mayoría de los directores no contaba con información de vulneraciones anteriores a 2017. Los maltratos por adultos se concentraron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), así como en los Cread y hogares de organismos colaboradores (OCAS).
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales (310 en total), siendo 123 por adultos y 187 por otros menores. El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Deficiencias Estructurales y de Protocolo
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra asciende a un 76,2%. Alarmantemente, "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename".
Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales.
Salud Mental y Capacitación del Personal
La situación de salud de los menores en Sename es crítica: 37,3% padece alguna enfermedad psiquiátrica, 14,2% alguna patología médica, 13,9% una enfermedad crónica, 0,4% está en estado terminal o riesgo vital, y 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
La carencia de personal cualificado es notoria: 42 centros no tienen encargado de salud, y en 55 la función la realiza un técnico de área distinta a la salud. Más grave aún, en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, cuando a un educador solo se le exige cuarto medio rendido.
Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministran sin ningún control, muchas veces como paliativo para contener a los niños y adolescentes. Esta situación se agrava al considerar que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Reacciones Políticas y Temas Pendientes
Tras la denuncia del diputado Saffirio sobre el informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento, aunque sí tuvo conocimiento de que se estaba realizando el estudio para un proceso judicial.
El Sename fue creado en 1979 durante la dictadura militar. Las Organizaciones Colaboradoras de Sename (OCAS) han sido objeto de críticas por los bajos sueldos y la flexibilización laboral de sus trabajadores, quienes muchas veces se encuentran en completo abandono. Los recursos destinados a la protección de la infancia son insuficientes, y se han reportado sueldos impagos y problemas contractuales. Los trabajadores de Sename y la población más empobrecida siguen luchando por sus derechos.